Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes

Iquique, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado recurriendo de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, por vulneración a los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que es trabajadora de la empresa Detacoop Cooperativa de Ahorro y Crédito, con contrato de trabajo de 03 de abril de 2023, que en su liquidación de sueldo del mes de junio del presente año se descontó bajo la nomenclatura “Préstamo Caja Los Andes o Com” una suma total de $91.358 y, asimismo, que en su liquidación de sueldo de julio, por el mismo concepto, se realizaron descuentos por $468.664, $46.321, $46.292 y $45.888. Se le explicó por personal de Recursos Humanos que los descuentos obedecen a un crédito social contratado con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes.

En ese sentido, refiere que entre los años 2012 y 2017 trabajó para Banco Santander, encontrándose afiliada a aquella Caja solicitó un crédito en enero de 2016 por $5.581.570, pactado en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $161.517, siendo el primer vencimiento el día 31 de enero del 2016. Precisa que en noviembre de 2017 dejó de trabajar para el Banco, encontrándose cesante hasta su actual empleo.

Hace consistir el acto ilegal y arbitrario el hecho de cobrar extrajudicialmente una deuda contraída hace siete años, acumulándose en solo dos meses descuentos por $698.523, pese a que la obligación es inexistente y que las acciones de cobro de parte de la recurrida se encuentran frustradas, atendida su propia negligencia, como queda demostrado en la tramitación de la causa Rol C-2495-2019, en que la demanda se tuvo por no presentada, y causa Rol C-2739-2019, archivada el 04 de mayo de 2020, ambas del 3° Juzgado de Letras en lo Civil de Iquique. De esta forma, como la recurrida no cuenta con título ejecutivo actualmente exigible optó, a su conveniencia, a ordenar el descuento por planilla sin fundamento legal y en ejercicio abusivo de la facultad establecida en la ley de Cajas de Compensación.

En el derecho, relaciona las garantías que invoca vulneradas, con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, conforme al cual, “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora”, entendiendo que aquello solo es aplicable cuando la deuda es exigible, porque el objetivo de la norma es garantizar el cobro de las acreencias, pero no su imprescriptibilidad, considerando asimismo que la Caja optó por la vía judicial para el cobro.

Solicita se acoja el recurso de protección y se ordene el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones de la recurrente, reajustada y con intereses y abstenerse de disponer descuentos por parte de Detacoop o cualquier otro empleador futuro, con costas.

Acompaña las liquidaciones de los meses de junio y julio del presente año, copia de pagaré respectivo, copia de correo electrónico del empleador en relación a los descuentos efectuados, tres certificados de nacimiento y copia de cese de la convivencia.

Evacúa informe la abogada Inés Riquelme Arao en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, reconociendo la operación de crédito en los mismos términos que la recurrente, precisando que se encuentra en cobranza judicial, manteniendo las cuotas N° 23 a la 60, de los meses de noviembre de 2017 a diciembre de 2020, en estado moroso. Complementa que además la recurrente presenta dos créditos de farmacia por $60.000, cada uno.

Funda su accionar en lo dispuesto en el citado artículo 22, transcrito parcialmente en esta parte expositiva, haciendo presente que la acción de cobro no ha sido declarada prescrita judicialmente, conforme lo exige el artículo 2492 y siguientes del Código Civil, por lo que descarta la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario.

Sin perjuicio de aquello y sin reconocer los fundamentos del recurso, señala que dispuso el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y la restitución de las sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros en junio de 2023, solicitando el rechazo de la acción constitucional por haber perdido oportunidad.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, del recurso se colige un reclamo en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por descuentos en las remuneraciones debido a un crédito social, que ha sido cobrado anteriormente por la vía judicial, fuera de los márgenes permitido por la ley que regula la materia. A su turno, la institución recurrida sostiene que pese a que los descuentos son legales y procedentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 18.833, por tratarse de una deuda morosa cuya prescripción no ha sido declarada, se dispuso la restitución de los montos descontados y, asimismo, no continuar con ellos en el futuro.

TERCERO: Que encuadrado el marco fáctico de la acción constitucional y siendo el recurso de protección una herramienta de naturaleza cautelar, cuya finalidad es poner pronto remedio a la vulneración de alguna de las garantías fundamentales consagradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, provocada por un acto u omisión catalogado de ilegal o arbitrario, el deducido no puede prosperar.

Para ello, debe mencionarse que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, dispone en su inciso primero que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”

CUARTO: Que, asentado lo anterior, es inconcuso de las propias afirmaciones de las partes la existencia de un crédito social, que existen cuotas morosas cuya prescripción no ha sido declarada, que se efectuaron descuentos en las remuneraciones de la actora y que se iniciaron gestiones judiciales de cobro, las que no prosperaron hasta la fecha.

QUINTO: Que sin perjuicio del informe de la recurrida, no consta que efectivamente haya restituido las sumas descontadas en la liquidación de sueldo de la actora o, en su caso, no se acompañó antecedente alguno que proporcione cierto grado de certeza en cuanto a que esta conducta se repita en el futuro, lo que motiva que se efectúe pronunciamiento, de todas formas, respecto del fondo del asunto.

SEXTO: Que, en tal sentido entonces, la acción constitucional no puede prosperar porque el hecho que la deuda haya sido objeto de conocimiento de un tribunal civil, aun cuando el procedimiento se encuentre archivado, no impide la aplicación del artículo 22 de la ley N° 18.833, toda vez que la citada norma no contempla dicha excepción, y esto permite a la Caja de Compensación pagarse de su acreencia por medio del descuento en sus remuneraciones, no solo porque la obligación no se encuentra prescrita, sino porque se trata de un mecanismo legal especialmente contemplado en la ley para los créditos sociales.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, es posible estimar que en la especie la conducta de la recurrida importa el ejercicio de una facultad legal que de modo imperativo regula la procedencia de las deducciones de las cuotas de los créditos sociales, en tanto exista una deuda. De esta forma, al no verificarse la ilegalidad o arbitrariedad denunciada por el actor, la presente acción no podrá prosperar, ya que no se configura este requisito, ni tampoco la infracción de garantías fundamentales que se denuncia en autos, por lo que la acción constitucional será desechada.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-2525-2023.