Protección contra Sociedad de Transportes Transdiaram Limitada

Iquique, catorce de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Sociedad de Transportes Transdiaram Limitada, representada legalmente por don nombre reservado, por amenazas al legítimo ejercicio de los derechos de las organizaciones sindicales, manifestación del artículo 19 N° 19 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho de sindicarse en los casos y formas que señala la ley, en su dimensión de derecho de afiliación voluntaria.

Refiere que el 17 de abril del presente año se constituyó ante ministro de fe Sindicato Transportes TDR y el 24 del mismo mes y año se depositó copia de su Acta de Constitución y dos copias de sus Estatutos ante la Inspección Provincial del Trabajo de San nombre reservado, siendo inscrita con el RSU 13021559 en el Registro Sindical Único de dicha Inspección, según certificado N° 1302/2023/227 de 02 de mayo de 2023. Señala que tomó conocimiento de los hechos que fundan el recurso en comparendo de conciliación de 28 de junio de 2023, llevado a efecto ante la Dirección del Trabajo de Iquique, entre la parte reclamante nombre reservado y la reclamada Sociedad de Transportes Transdiaram Limitada, por vulneración de derechos fundamentales.

Argumenta que días antes y después de la constitución del sindicato y hasta la fecha, el empleador ha realizado actos arbitrarios e ilegales que buscan amedrentar a quienes ingresaron o ingresen al sindicato, mediante diversas represalias, y comenzó a despedir a quienes formaron el sindicato, pese al fuero, y aquellos que trataban de ingresar, sin justificación legal, constituyendo un acto discriminatorio. Estas prácticas, que califica de antisindicales, generan miedo reverencial de los trabajadores y los inhibe de formar parte del sindicato.

Precisa que se formó un grupo de WhatsApp llamado “Anti Sindicato”, donde se masifica información como el hecho que, por resolución del Juzgado del Trabajo de Iquique, se dejó sin efecto la reincorporación de un trabajador despedido, con la finalidad de amedrentarlos, y que desde el 18 de julio del presente año se cerraron los baños de los trabajadores como medida de presión, vulnerando de esa manera las medidas que debe adoptar el empleador para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, iniciándose un sumario sanitario al respecto.

En cuanto al derecho, vincula la disposición constitucional que invoca con el concepto de actos de discriminación del artículo 2, incisos 3 y 4, del Código del Trabajo y los tratados internacionales de derechos humanos que tratan el derecho de asociación y la libertad sindical.

Solicita se acoja el recurso de protección que deduce, declarándose que la recurrida actuó de forma ilegal y arbitraria, vulnerando el derecho fundamental de sindicalizarse, y se ordene la publicación en un diario de circulación local y en un lugar visible de la empresa de transporte de la parte resolutiva de esta sentencia, que se instruya al recurrido a la observancia de la ley, especialmente en relación con los despidos de sus trabajadores con fuero sindical y asociados, y que de insistir en las prácticas antisindicales los trabajadores deberán ser reintegrados a sus labores, o las medidas que estime pertinente esta Corte.

Acompaña documentos.

Evacúa informe don nombre reservado por la sociedad recurrida, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida, con costas, por falta de claridad respecto de las personas por quien interpone el recurso y hechos que se imputan como vulneratorios.

Señala que las imputaciones formuladas en el recurso son vagas e imprecisas, alegando que el sindicato fue constituido bajo la forma del “sindicato del día después”, debido a que su único dirigente sindical habría sido desvinculado antes de su formación y fuera del plazo de fuero retroactivo, lo que está siendo conocido en la causa RIT N° S-3-2023 del Juzgado del Trabajo de Iquique, por lo que se trata de una materia que escapa del ámbito de esta acción cautelar. Hace presente, asimismo, que interpuso demanda por práctica antisindical, causa RIT N° S-49-2023, del Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, la que no ha podido ser notificada atendida la inexistencia del domicilio informado por la organización sindical.

De la misma forma, refiere que la denuncia del trabajador nombre reservado, relacionada con el comparendo de 28 de junio de 2023 relatado en el recurso, es vaga, se trata de un trabajador que no es parte en este recurso y que aquel anunció el ejercicio de acciones legales en sede laboral, las que todavía no han sido notificadas. Complementa que las publicaciones de ofertas laborales realizadas por el empleador, no afectan los derechos constitucionales del recurrente y, además, desconoce antecedentes en relación a la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “Anti Sindicato”, que provocaría temor entre los trabajadores. Respecto de los despidos que el recurso califica de antisindicales, señala que dos se encuentran entregados a los tribunales laborales y respecto del resto existe finiquito laboral firmado, sin temas pendientes. Descarta que la empresa haya atemorizado o amenazado con despedir a los trabajadores. Finalmente, señala que el cierre de baños imputado por el recurrente terminó sin sanciones por la Dirección del Trabajo.

Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del tenor del recurso se deduce que el actor denuncia que la empleadora ha adoptado diversas medidas que inhiben a los trabajadores a formar parte del sindicato de la empresa, afectando de esta forma el derecho de afiliación voluntaria, constitucionalmente garantizado. A su turno, la empresa niega los hechos expuestos en el recurso y refiere que el sindicato es de naturaleza instrumental, para que, por vía del fuero sindical, no pueda despedirse a sus directores.

TERCERO: Que los antecedentes acompañados por la parte recurrente y recurrida, son insuficientes para sostener una vulneración al derecho de sindicación, garantizado en el artículo 19 N° 19 de la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile, tratándose de una materia propia de un procedimiento lato ante el correspondiente Juez del Trabajo, quien deberá dilucidar la existencia de eventuales afectaciones a los derechos laborales, en la forma que determina el Código del Trabajo, no siendo esta acción cautelar y de emergencia la vía idónea para resolver la controversia traída a estrados.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-2503-2023.