Protección contra Tesorería Regional de Tarapacá

Iquique, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, empleada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Regional de Tarapacá, por la decisión arbitraria e ilegal de embargar y retener dineros de su cuenta en Banco Estado, lo que atenta en contra de la garantía establecida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrida, mediante resolución de 12 de julio de los corrientes, según da cuenta el expediente administrativo, ordenó trabar embargo sobre su cuenta RUT del Banco Estado, puesto que registra bienes susceptibles de dicha medida en poder de Bancos e Instituciones Financieras, hasta la suma de $4.753.306. Así, refiere que el 12 de agosto se procedió a dar cumplimiento a la medida por la suma de $3.960.480, según da cuenta acta de embargo.

Hace presente que el embargo practicado recayó sobre sus remuneraciones ahorradas, por la suma de $3.105.058, pues labora como auxiliar de aseo en la faena minera Quebrada Blanca, recibiendo una remuneración liquida mensual promedio de $600.000, la cual es pagada por su empleador mediante transferencia electrónica a su cuenta RUT.

Reclama que dicho acto es ilegal y arbitrario, pues ha soslayado su derecho a la vida e integridad física y psíquica, puesto que, como ya ha sido zanjado por la Ilustrísima Corte Suprema, impera en este caso la inembargabilidad de las remuneraciones consagrada en el artículo 57 del Código del Trabajo, por sobre la norma especial del artículo 170 del Código Tributario. Razona entonces que la recurrida solamente puede practicar la medida de embargo en todo aquel monto que supere las 56 UF mensuales, que en la especie corresponde a la suma de $1.878.767, según la UF a la fecha del embargo, por lo que, solo podía embargar la suma de $855.422. Asimismo, alude que el acto ha conculcado su derecho contenido en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución.

Pide se acoja el recurso, declarando arbitraria e ilegal las actuaciones desplegadas, se ordene que cesen las acciones de embargo de las remuneraciones, dejando sin efecto la resolución dictada que la afectó, y en definitiva, se disponga la devolución del exceso de dinero embargado por la recurrida las cuales corresponden a remuneraciones. Acompaña documentos.

Evacúa informe doña nombre reservado, Directora Regional Tesorera (S) de la Tesorería Regional de Tarapacá – Iquique, solicitando su total rechazo, por improcedente, con costas.

Primeramente, alega la improcedencia del recurso por falta de acto administrativo recurrido, por cuanto se dirige en contra de resoluciones judiciales emitidas en el proceso de cobranza dirigido en los expedientes administrativos 10887-2020 Iquique y 10129-2021 Iquique por deudas de impuesto fiscal, ascendentes a la fecha a la suma total de $4.954.005, por lo que los pretendidos agravios sufridos por la recurrente, son producto de resoluciones o actuaciones del orden procesal judicial, y por ende, ya se encuentran bajo el imperio del derecho. Añade que dichas actuaciones y resoluciones, sólo pueden ser dejadas sin efecto de oficio o a petición de la parte interesada, por medio de los medios y recursos procesales idóneos, en la misma causa en que se dictaron.

En el mismo sentido, alega la improcedencia de la acción deducida, por la existencia de recursos e instancias jurisdiccionales destinadas a solucionar el conflicto, destacando el carácter excepcional de la presente acción cautelar. Desarrolla el procedimiento ejecutivo especial para el cobro de las obligaciones tributarias en dinero, el que contempla mecanismos para que la recurrente haga valer sus derechos.

En cuanto al fondo, invoca la improcedencia de la acción por facultades suficientes del Tesorero Regional, indicando que la resolución de embargo que dictó tesorería corresponde a toda suma de dinero que registraba la contribuyente morosa al momento de la traba del embargo en poder del banco e institución financiera, ya sea que dichos dineros provengan de cuentas corrientes, cuentas vistas, cuentas de ahorro, depósitos a plazos, fondos mutuos, cajas de seguridad, especies guardadas en esta últimas, acreencias bancarias o financiera respectiva, hasta la concurrencia del monto adeudado. Aclara entonces, que la naturaleza de los fondos embargados por tesorería, obedecen a fondos disponibles en cuenta bancaria, susceptibles de ser embargados, cualquiera sea su origen y no corresponde a remuneraciones, como lo señala la recurrente, toda vez que en ningún caso se ordenó en dicha resolución de embargo, el embargo de las remuneraciones de la contribuyente.

Concluye que no se ha lesionado ningún derecho garantido por la Constitución Política de la Republica, por cuanto el embargo realizado no corresponde a embargo de remuneraciones, sino que a embargo de fondos disponibles en cuenta bancaria en donde se han seguido todas y cada una de las reglas especiales dispuestas tanto en el Código Tributario, como en leyes anexas.

Pide rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido, con expresa condenación en costas. Adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que, del recurso se desprende que el acto reprochado por la recurrente está constituido por el embargo de ciertos montos desde su cuenta bancaria, que correspondería a sus remuneraciones, todo en el marco de un proceso de cobranza por parte de la recurrida. Ello, a su vez, conculcaría su derecho contenido en artículo 19 N° 1 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, la Tesorería Regional, al evacuar su informe, señala que las resoluciones cuestionadas que ordenaron dicho embargo fueron emitidas en el proceso de cobranza dirigido en los expedientes administrativos 10887-2020 Iquique y 10129-2021 Iquique por deudas de impuesto fiscal, ascendentes a la fecha a la suma total de $4.954.005, proceso en el que la actora no ha ejercido recurso alguno cuestionando su procedencia.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, de lo expuesto y peticionado, emana que la declaración perseguida mediante la interposición del presente arbitrio, excede el ámbito de esta acción cautelar, desde que lo discutido constituye una cuestión de derecho que no puede ser dilucidada en el contexto de un recurso de protección, pues este procedimiento especialísimo se encuentra destinado a resolver situaciones de hecho, cuya tramitación debe ser breve y sumaria, y donde no se admiten mayores probanzas que las indispensables para justificar las peticiones del caso, en el contexto del resguardo de derechos indubitados, situación que justamente no ocurre en el caso sub lite, donde la naturaleza y características del asunto a resolver requiere que las alegaciones se sustancien en el procedimiento que corresponda.

QUINTO: En consecuencia, al exceder la pretensión de la recurrente la naturaleza y objeto de la presente acción cautelar, lo que impide conocer del fondo del asunto debatido, el presente arbitrio deberá ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Tesorería Regional de Tarapacá.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 2477-2022 Protección.

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