ARIDOS CASCADA SPA CONTRA SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Iquique, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece la sociedad Áridos Cascada SpA., representada por don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional de Iquique, por vulneración de su derecho a desarrollar cualquier actividad económica y a no ser discriminada por los órganos estatales en materia económica, vinculados al artículo 19 N° 2, 21 y 22 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el 16 de junio de 2023 solicitó al Servicio de Impuestos Internos a través de su página web efectuar el timbraje electrónico de documentos y facturas, con su respectiva firma autentificada. El portal del Servicio le informó negativamente la factibilidad de facturas electrónicas y que debía acercarse a sus oficinas para solucionar su petición.

De esta forma, con posterioridad, concurrió a las dependencias del Servicio y le señalaron que previamente debía realizar el trámite de verificación de actividad en la misma página web de dicha institución, lo que no pudo realizar por carecer de la documentación requerida, que nada tiene que ver con el ámbito de fiscalización de dicha institución. Estima que este hecho es una negativa del Servicio a efectuar la autorización de timbraje de documentos, porque hasta la actualidad se encuentra imposibilitado de emitir facturas electrónicas, por no contar con un empadronamiento en ENAMI, solicitud carente de sentido, debido a que la sociedad realiza actividad de venta de áridos, como actividad de apoyo a la explotación de canteras, sin tener interés en realizar ventas de minerales a la empresa estatal.

Argumenta que se trata de un acto arbitrario e ilegal porque la legislación pertinente, artículo 8 inciso primero del Código Tributario, reconoce el derecho de los contribuyentes a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para su giro o actividad, debiendo darse aviso al Servicio en la forma que éste determine. Complementa que, por otro lado, no se ha dictado ni notificado un acto administrativo que, fundadamente, difiera, revoque o restrinja esta posibilidad, por las causas que establece la ley.

Solicita se acoja el recurso y se ordene como medida de protección que se autorice la emisión de documentación electrónica o cualquier otra medida que se estime pertinente.

Acompaña certificado de aviso de inicio de actividades e información de domicilio de la empresa, emitidos por el Servicio de Impuestos Internos, escritura pública de arrendamiento de pertenencia minera, contratos de arrendamiento de maquinarias, órdenes de compra de proveedor y certificado de estatuto actualizado de la sociedad compareciente.

Evacua informe don nombre reservado, Director Regional (S) de I Dirección Regional Iquique del Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso deducido.

En relación a la empresa recurrente, constituida el 04 de abril de 2022, señala que actualmente la única actividad vigente es de “apoyo para la explotación de otras minas y canteras prestados por empresas”, debido a lo cual se encuentra afecta al impuesto a las ventas y servicios, conforme al artículo 2° del Decreto Ley N° 825 de 1974, por lo que debe emitir una factura o boleta electrónica de ventas y servicios, según corresponda. Áridos Cascada SpA se encuentra acogido al Régimen Pro-Pyme del artículo 14 letra D) N° 3 de la ley sobre impuesto a la renta.

Afirma que la actora mantiene pendiente el trámite de “verificación de actividad”, regulado en la Circular N° 10 de 1998 del Sr. Director del Servicio y, además, no registra inscripción y/o certificación, en su caso, ante este Servicio para ser facturador electrónico, como se encuentra establecido en la Resolución Exenta N° 99 de 2014, en relación con la Resolución N° 45 de 2003. Asimismo, desde la fecha de su inicio de actividades hasta el presente, no ha emitido documentos tributarios electrónicos (DTE), ni ha presentado declaraciones mensuales y anuales de impuesto.

Explica que el trámite de verificación de actividad, contemplado en el artículo 8 ter del Código Tributario, que condiciona la autorización de los documentos electrónicos a la presentación, por los medios electrónicos que dispone el Servicio, de una declaración jurada y simple, sobre la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que, de acuerdo a la naturaleza de las actividades o giro declarado por el contribuyente, permiten el desarrollo de los mismos. El objetivo de este trámite es evitar que personas o empresas inicien actividades con el solo objeto de obtener documentos electrónicos, que posteriormente respaldarán transacciones inexistentes o sencillamente se utilizarán para su comercialización.

De esta forma, no se ha exigido a la recurrente cumplir con ningún trámite improcedente, que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario, porque esta verificación se encuentra dentro de las facultades del Servicio. Complementa que una vez realizado el trámite de inicio de actividad el contribuyente debe inscribirse o certificarse como facturador electrónico ante el Servicio, indicando si usará el software gratuito o uno de mercado, entre otras circunstancias.

Sostiene que no existe acto arbitrario o ilegal porque el recurrente intentó realizar a través del sitio web del Servicio, el trámite de verificación de actividad, dos que fueron eliminadas por el propio contribuyente y otra que se encuentra pendiente y no enviada, de modo que no se han formalizado y no ha existido un pronunciamiento de parte de la recurrida.

Descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, reiterando que el trámite de verificación de actividad, es un gestión previa exigida para todos y cada uno de los contribuyentes que declaren inicio de actividades, que den aviso de cambio de domicilio, cambio o ampliación de giro o apertura de sucursales y que refieren la realización de actividades por las que se deban emitir documentos que respalden transacciones afectas al Impuesto a las Ventas y Servicios y que den derecho a Crédito Fiscal IVA, como es el caso del contribuyente. Aduce, además, la falta de prueba respecto de la afectación de derechos en estos autos, lo que obsta acceder al recurso deducido.

Acompaña Memorándum N° 8 de 25 de julio de 2023, emitido por el Jefe del Departamento de Asistencia, de la I Dirección Regional Iquique, del Servicio de Impuestos Internos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del tenor del recurso se deduce que la actora censura mediante esta acción constitucional el hecho de no obtener autorización, de parte del Servicio de Impuestos Internos, para emitir facturas o documentos tributarios electrónicos, lo que constituiría una discriminación arbitraria en materia económica, fundada en las disposiciones constitucionales que cita. Por su parte, el Servicio requerido señala que no ha existido pronunciamiento de fondo respecto de su petición, debido a que se encuentra pendiente de efectuar, por parte de la sociedad recurrente, la verificación de actividad en conformidad al artículo 8 ter del Código Tributario, lo que la habilita para emitir documentos tributarios de manera electrónica.

TERCERO: Que del mérito de los antecedentes acompañados por la recurrente y la recurrida, valorados según las reglas de la sana critica, no puede establecerse la existencia de un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio de Impuestos Internos. En efecto, como señala la institución recurrida, no existe un pronunciamiento que niegue la emisión de documentos o facturas electrónicas por parte de la sociedad, lo que constituye motivo suficiente para rechazar la acción constitucional intentada.

Por otro lado, el actuar del Servicio se encuentra justificado en la legislación tributaria que cita y en sus facultades fiscalizadoras, siendo responsabilidad del contribuyente cumplir con las exigencias para emitir documentos tributarios electrónicos, siendo elemental formular la petición en la página web habilitada al efecto, encontrándose en consecuencia bajo su responsabilidad el hecho que imputa al ente fiscalizador.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-2464-2023.