ASOCIACION GREMIAL DE DUEÑOS DE TAXI BUSES URBANOS LINEA 1 CONTRA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE IQUIQUE

IQUIQUE, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.

VISTO:

Comparece el Abogado Germán González Valerio, en representación de la Asociación Gremial de los Dueños de Taxi Buses Urbanos Línea 1, empresa del giro de su denominación, locomoción colectiva urbana licitada de pasajeros, interponiendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, solicitando dejar sin efecto la Resolución N° 1156/16/13 de fecha 16 de marzo de 2016.

Explica que con fecha 14 de marzo del presente año, la fiscalizadora de dicha entidad, nombre reservado, luego de una paralización efectuada por los choferes, concurrió al terminal de buses de la recurrente, exigiendo la documentación de los trabajadores, para luego constatar en la resolución de multa, las faltas de: No escrituración del contrato de trabajo; no llevar registro de asistencia y de las horas de trabajo; no entregar comprobante de pago de remuneraciones; no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales; y, no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales del seguro de cesantía, aplicando diversas multas por cada una de estas infracciones.

En dicha resolución, la autoridad estimó que se daba una relación de subordinación y dependencia de los trabajadores que indica en la misma resolución, con la recurrente, sin perjuicio que aquellos tienen contrato de trabajo con los dueños de cada uno de los buses a quienes la recurrente arrienda las máquinas.

De esta manera, estima que la recurrida, determinó la existencia de una relación laboral entre los conductores con la Asociación Gremial, desconociendo que el único vínculo entre las partes es un arrendamiento entre esta última con los dueños de los buses, en virtud del cual se establece que los dueños del terminal, administran y responden de los servicios de recorridos de Línea de Buses N°1, entregando en arrendamiento los recorridos licitados a los dueños de los buses, previo pago de una suma de dinero, explotando cada propietario por su cuenta los beneficios económicos del recorrido, de manera que no existe relación laboral entre los dueños del recorrido y los choferes de los taxibuses.

Explica que con el actuar la recurrida vulnera lo dispuesto en el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo, incurriendo en una actuación ilegal, afectando el articulo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, en cuanto a no ser juzgado por comisiones especiales, dado que la recurrida asumió la función de decidir un asunto litigioso. Añade que respecto a aquellos trabajadores que prestan servicios para la Asociación, sí se acompañó la documentación requerida en forma oportuna.

En cuanto a la arbitrariedad, la fiscalizadora sólo entregó una hoja de requerimiento de información, la que sin realizar investigación alguna aplicó las multas.

En cuanto al derecho, estima que la autoridad ha excedido de sus atribuciones legales y se ha atribuido funciones judiciales, afectando con ello el debido proceso, la igualdad de cargas y la propiedad sobre los derechos personales y obligaciones emanadas del contrato de trabajo.

Señala que tal actuación es ilegal porque vulnera el principio de legalidad contenido en el artículo 6 y 7, dado que ha actuado fuera de la esfera de sus atribuciones, al determinar la existencia de una relación laboral y para tal efecto cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en el Rol N° 3192-96 y en la publicación realizada en la revista fallos del mes N° 367, página 11.

Por lo anterior considera que se ha incurrido en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, dado que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.

La arbitrariedad de la resolución se constata en que se ha procedido contra la ley y la razón, dictando una resolución sólo por capricho del fiscalizador actuante y las órdenes impartidas, obviando los elementos de la relación jurídica existente entre los dueños de los buses y la Asociación Gremial. En dicho contexto indica que también se ha vulnerado la garantía del artículo 19 N° 16 incisos 1 y 2, en cuanto obliga a la recurrente a celebrar contrato de trabajo con 160 personas, negando la eficacia a los contratos de arriendo válidamente celebrados.

Además, afecta al artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, dado que la recurrente desarrolla una actividad económica sin vulnerar las normas laborales.

Alega que se han vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 N° 3, en la hipótesis de no ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y la igual protección en el ejercicio de sus derechos en cuanto se ha aplicado las multas indicadas, en la forma que se ha descrito.

También se afecta el derecho de propiedad, porque los efectos que generan las instrucciones de la autoridad administrativa sobre el patrimonio de la recurrente vulneran gravemente el derecho de propiedad en cuanto ascienden a un total de 550 UTM y 157.25 UF, lo que resulta improcedente si no se ha vulnerado ninguna disposición laboral o previsional.

Por todo ello, solicita acoger el recurso de protección y dejar sin efecto la resolución de multa N°1156/16/13, restableciendo el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Adjunta a su libelo los siguientes documentos: Copia de la resolución recurrida; la copia del acta requerimiento de información a la recurrente; copia de acta de constatación de hechos; copia de contrato de arrendamiento – tipo celebrado por los dueños de los buses y, lista de personas que se tuvo a la vista para aplicar multa.

Con fecha 2 de mayo, comparece por la entidad recurrida, la Abogado Carmen Gloria Gallardo Toledo, emitiendo informe en el cual solicita el rechazo del recurso con condena en costas, por adolecer de manifiesta falta de fundamentos, ya que el principal argumento del recurrente es que la Inspección Provincial ejerció facultades que son propias de los tribunales de justicia, al tenor del artículo 420 del Código del Trabajo vulnerando así las garantías de igualdad de la ley en el ejercicio de los derechos; el debido proceso; la igualdad de cargas y derecho a la propiedad.

Afirma que las alegaciones de la recurrente son erróneas puesto que el artículo 2 del Código Laboral, además de reconocer la función social del trabajo, le entrega al Estado la misión velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de servicios, misión que cumple la Inspección del Trabajo Indica que en base al artículo 505 del Código del ramo le corresponde fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, correspondiendo su interpretación a la Dirección del Trabajo.

En el caso de marras, es el propio recurrente quien con fecha 3 de febrero de 2015, solicitó al Servicio se pronunciara si los operadores de transporte público urbano están obligados a suscribir contratos de trabajo, a lo que se respondió de manera afirmativa mediante Oficio Ordinario N° 664 de 29 de enero de 2016 emanado del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo. Respecto de esta conclusión, la recurrente solicitó reconsideración con fecha 17 de febrero de 2016, petición que fue resuelta de manera contraria a los intereses del recurrente, con fecha 9 de marzo de 2016, a través del Oficio Ordinario N°1378 del Director del Trabajo, de lo cual se desprende que ésta estaba en conocimiento de su incumplimiento a la normativa laboral.

En lo sustantivo, señala que el recurso de protección tiene por objeto concreto prevenir, cautelar o resguardar el respeto a determinados derechos y garantías que establece la Carta Fundamental, cuando estos se ven amenazados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, teniendo el carácter de breve y sumario en su tramitación, pero no ha sido creado en reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflicto entre partes con derechos en pugna, resultando que en el caso de marras, ha sido utilizado como un sustituto jurisdiccional de las acciones judiciales y administrativas que el ordenamiento jurídico provee, como expresamente se establece en los artículos 503, 511 y 512, todos del Código del Trabajo.

Adjunta a su presentación, el informe de Fiscalización Comisión N°01012016448 de fecha 18 de marzo de 2016, el Ord. 664 de 29 de enero de 2016 y Ord. 1378 de 9 de marzo de 2016.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la Acción Constitucional de Protección ha sido concebida en nuestro derecho como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, de modo que cualquier persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que esta acción cautela, pueda reclamar del Tribunal a quien el propio Constituyente ha encargado su conocimiento, la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la recurrente estima que el acto ilegal y arbitrario consiste en la aplicación de determinadas multas por incumplimiento de la legislación laboral, aplicadas por una fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo, fundándose en que la recurrida se irrogó facultades entregadas a los tribunales de justicia, al haber determinado la existencia de contratos de trabajo entre su representado y los choferes de los buses, con los cuales desconoce todo tipo de vínculo laboral, indicando sí, en el escrito por el cual interpone el recurso y en estrados, que la Asociación Gremial de Dueños de Taxi Buses Línea 1, mantiene trabajadores, respecto de los cuales se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

TERCERO: Que en este contexto, ante el reconocimiento de mantener vínculo de dependencia con algunos trabajadores, y dado que de la documentación acompañada no es posible desprender cual es el universo de éstos, no es posible concluir que la recurrida haya hecho uso de las facultades que le confiere la ley de manera arbitraria e ilegal o que éstas sean producto de una apreciación antojadiza.

CUARTO: Que en armonía con lo anterior, del mérito de los antecedentes, resulta evidente que la presente no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar, extraordinaria, o de urgencia, de manera que aun cuando se hubieren acompañado los citados antecedentes, los hechos y la materia reclamados, exceden del margen del presente arbitrio constitucional, dado que ésta no constituye una instancia de discusión y establecimiento de derechos sino que es de naturaleza cautelar, es decir, persigue resolver cuestiones que siendo indubitadas, se encuentren amagados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, lo cual en la especie no se observa.

QUINTO: Que a mayor abundamiento, la pretensión del recurrente se encuentra protegida por el ordenamiento jurídico, específicamente en la legislación laboral, consistentes en las reclamaciones de las que pueden hacer uso aquellos ciudadanos que, sintiéndose afectados por el obrar de la Inspección del Trabajo, hagan valer sus derechos administrativa o judicialmente.

Por lo considerado y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción de protección interpuesta por el abogado Germán González Valerio, ya individualizado en representación de la Asociación Gremial de los Dueños de Taxi Buses Urbanos Línea Uno.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol I. Corte 241-2016 Civil (Protección).

Pronunciada por los Ministros Sra. Mónica Olivares Ojeda, Srta. Mirta Chamorro Pinto, y la Abogado Integrante, Sra. Marcela Wachtendorff Valencia. No firma la Ministro Sra. Olivares Ojeda, por encontrarse ausente con licencia médica. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

En Iquique, a diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.- 6