UNIVERSIDAD ARTURO PRAT CONTRA INSPECCION TRABAJO

Iquique, doce de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece don Eduardo Cáceres Aliste, abogado, en nombre y representación de Universidad Arturo Prat, persona jurídica, Corporación de Derecho Público, sin fines de lucro, nombre reservado° 70.777.500-9, con domicilio en domicilio reservado, por quien deduce acción de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique, de don nombre reservado (en su calidad de Director Regional Subrogante de la Dirección Regional del Trabajo de Tarapacá), y en contra del señor nombre reservado, Inspector del Trabajo, unidad de fiscalización, por privar, amenazar y/o perturbar sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, en el marco de un proceso de fiscalización ilegal y arbitrario.

Cita que la recurrente ha sido demandada en tres procesos laborales ordinarios ante el Juzgado del Trabajo de Iquique, en los que se pretendió establecer la existencia de una unidad económica laboral, todos rechazados.

Refiere que en el tercero de ellos, causa RIT O-51-2021, se demandó a la Universidad Arturo Prat, la Sociedad Educacional Arturo Prat S.A. y la Fundación Educacional Universidad Arturo Prat; y el tribunal, en cumplimiento al artículo 3 de Código del Trabajo, libró el Oficio N° 1414 de fecha 26 de abril de 2022, por el cual solicitó a la Inspección del Trabajo de Iquique evacuara el informe a que se refiere la norma antes citada, es decir, que investigara y determinara la existencia o no de una Unidad Económica Laboral. Dicho informe fue cumplido el 8 de agosto pasado, remitido al tribunal mediante un oficio.

Por otro lado, relata que el 29 de julio pasado, la Universidad recibió un correo electrónico desde la casilla del recurrido señor nombre reservado, quien en el asunto indicó solamente “notificación de procedimiento de fiscalización N° 1010/2022/976” y en su contenido revela el inicio de un procedimiento de fiscalización, solicitando la remisión de diversos documentos.

Ante ello, indica que tomó contacto telefónico con dicho funcionario, a fin de aclarar la situación, pues estima que las acciones se encuentran apartadas de la ley, con infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, con un actuar sin un respaldo legal ni resolución judicial que los amparase, ya que cumplido el informe por la misma Inspección, la facultad judicial conferida se había agotado. Como respuesta, el funcionario habría señalado que tenía la facultad legal y haber recibido una orden.

No obstante, expone que el mentado funcionario se presentó el 23 de agosto ante las dependencias de la Universidad, solicitando tomar entrevistas al Rector y demás funcionarios presentes, por lo que nuevamente pidieron aclarara la investigación, a lo que manifestó que sus actuaciones las estaría realizando en el contexto de la causa laboral RIT O-51-2021 del Juzgado del Trabajo de Iquique, a fin de complementar el informe ya finalizado. Alega que la situación es de sumo gravísima, apartada de la legalidad, falta de transparencia y faltando a los principios de objetividad e imparcialidad.

Invoca que los informes sobre multi-rut se encuentran regulados en el artículo 3 inciso 7° del Código del Trabajo, en relación a los artículos 507 y 420 del mismo cuerpo legal, concluyendo que queda claro que la competencia sobre determinación o no de existencia de unidad económica laboral queda radicada única y exclusivamente en los Juzgados del Trabajo, autorizándose la actuación e intervención de la Inspección del Trabajo sólo a propósito de los informes que le sean requeridos por los Juzgados del Trabajo.

Todo, alude que afecta las garantías de la institución recurrente contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, en sus numerales 3 inciso quinto y 2. Cita jurisprudencia al respecto.

Pide acoger el recurso en todas sus partes y en definitiva declarar: Que el proceso de fiscalización N° 0101/2022/976, incoado con fecha 29 de julio de 2022, llevado a cabo por los recurridos, fuera de un marco legal y sin resolución judicial que lo autorice, resulta del todo ilegal, arbitrario, y atenta a las garantías constitucionales protegidas de la recurrente; que como resultado de todo lo anterior, se acoja el recurso en todas sus partes y en consecuencia se ordena dejar sin efecto el proceso de fiscalización N° 0101/2022/976, iniciado con fecha 29 de julio de 2022; que se condene en costas del recurso a los recurridos; y todas las demás medidas que se sirva adoptar a fin de restablecer el imperio del derecho. Acompaña documentos.

Evacúa informe doña nombre reservado, en representación de todos los recurridos, solicitando el rechazo del recurso.

Contextualiza que el Manual de Procedimientos de Fiscalización de la Dirección del Trabajo regula las bases de la actuación fiscalizadora, debiendo entenderse que el procedimiento es flexible, por cuanto no es posible regular el actuar ante las diversas situaciones que en la práctica se pueden presentar, pudiendo desarrollarse en tres modalidades.

En cuanto a las investigaciones de Dirección Laboral Común o Multi Rut, señala que las instrucciones vigentes contenidas en dicho Manual, disponen que el objetivo de la investigación es determinar la existencia de hechos y condiciones que permitan resolver a los tribunales de justicia si dos o más empresas puedan ser consideradas como un solo empleador, y su diligenciamiento tiene su origen por requerimiento de tribunales o en casos calificados, debidamente autorizados por la Dirección Regional respectiva o el Jefe de Departamento de Inspección.

Asimismo, indica que se pueden distinguir 3 tipos de procedimientos investigativos: General, Simplificado y Especial. Respecto de este último, explica que su aplicación tiene dos supuestos, demanda de declaración de unidad económica interpuesta por una o más organizaciones sindicales y complemento de informe requerido por el tribunal en que se solicita expresamente la concurrencia de del inspector/a del Trabajo de manera presencial a las empresas demandadas. En ese caso, será obligatoria la visita presencial por parte del inspector.

En cuanto a la comisión N° 0101/2022/976 objeto del recurso, tiene su origen en una instrucción impartida por el Dirección Regional del Trabajo, a fin de complementar la fiscalización comisión N° 0101/2022/467. Precisa que en causa RIT O-51-2021 del Juzgado del Trabajo de Iquique, mediante oficio de 26 de abril del año en curso se solicitó se informara acerca de la unidad económica de las demandadas, procediendo a dar respuesta a través de oficio de 8 de julio, el que contenía informe de fiscalización de Multi Rut.

Continúa relatando que con fecha 1 y 3 de junio, el Coordinador Inspectivo había observado e instruido el informe N° 0101/2022/496, orientado a la inspectora provincial que se terminare el informe realizando una visita inspectiva a la única empresa activa a esa fecha, pues se había realizado una fiscalización general, en circunstancias que conforme el requerimiento del tribunal correspondía una fiscalización con procedimiento especial.

Es ante ello que el Director Regional (S) del Trabajo ordenó el 19 de julio complementar el informe comisión, instruyendo generar una nueva comisión. Así, la comisión fue asignada al funcionario nombre reservado nombre reservado, quien al finalizar la gestión y revisar el informe, fue enviado al Tribunal.

Sostiene que no existe acto arbitrario ni ilegal que conculque las garantías constitucionales denunciadas, toda vez que corresponde al ejercicio exclusivo de facultades de la Dirección del Trabajo, en base a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, y artículos 1 letra a) y 8 letra b) del DFL N° 2 de 1967 (Ley Orgánica de la Inspección del Trabajo). Asimismo, hace presente que la complementación encuentra su fundamento en la aplicación del principio de conservación del acto administrativo y lo regulado en el artículo 13 inciso final de la ley 19.880, aplicándose todos los principios contenidas en dicha ley.

Pide rechazar el recurso, con costas. Adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, en síntesis, lo reclamado por la recurrente radica en el procedimiento de fiscalización N° 0101/2022/976, incoado con fecha 29 de julio de 2022, denunciado como vulnerador de las garantías reconocidas en el artículo 19 numerales 2 y 3 de la Carta Magna.

A su turno, la recurrida expresó que el acto reclamado se realizó en el contexto de la causa laboral RIT O-51-2021 del Juzgado del Trabajo de Iquique, a fin de complementar el informe ya finalizado y remitido al tribunal, debido a la instrucción del Director Regional (S) del Trabajo; añadiendo en estrado que ello se debió a que el primer informe no había sido realizado in situ y reconociendo que no existió una nueva orden del tribunal para practicar un informe complementario luego de haber presentado el que le fuera ordenado.

TERCERO: Que, conforme los antecedentes expuestos y acompañados al expediente, se deprenden los siguientes hitos:

1) Por resolución dictada en audiencia de 26 de abril de 2022, se requirió por el Juzgado de Letras del Trabajo a la Inspección del Trabajo de Iquique, que evacuara el informe a que se refiere el artículo 3 del Código del Trabajo, es decir, que investigara y determinara la existencia o no de una Unidad Económica Laboral.

2) Aquel fue allegado a los autos RIT O-51-2021 el 23 de agosto, mediante un oficio fechado 08 de julio de 2022.

3) Asimismo, consta a folio N° 282 de la carpeta digital de la mentada causa, tenida a la vista en este acto, que se remitió un Ordinario N° 0583 fechado 24 de agosto de 2022 por la recurrida, que contiene un Informe denominado de fiscalización complementario.

CUARTO: Que, el inciso 6° del artículo 3 del Código del Trabajo establece que: “Las cuestiones suscitadas por la aplicación de los incisos anteriores se sustanciarán por el juez del trabajo, conforme al Párrafo 3° del Capítulo II del Título I del Libro V de este Código, quien para resolver el asunto podrá solicitar informe de la Dirección del Trabajo o de otros órganos de la Administración del Estado, la que procederá siempre a petición del trabajador. El ejercicio de las acciones judiciales derivadas de la aplicación del inciso cuarto, así como la sentencia definitiva respectiva, deberán, además, considerar lo dispuesto en el artículo 507 de este Código.”

QUINTO: Que, conforme los hechos consignados en el considerando tercero y lo asentado en estrado por ambas partes, fluye con claridad que el segundo informe – el denominado complementario- no fue solicitado ni ordenado por el Juzgado de Letras del Trabajo en los autos Rol 0-51-2021, ni en otro proceso, pues el requerido en su oportunidad fue remitido por la autoridad fiscalizadora e incorporado al proceso.

SEXTO: Que, en dicho sentido, tal como alega el recurrente, la actuación de la recurrida se aparta de la legalidad y racionalidad, pues su actuación ya se había agotado al emitir el Oficio N° 0467 de 08 de julio de 2022, no encontrando sustento legal alguno para efectuar una nueva fiscalización inspectiva, ni remitir uno nuevo o complementarlo, como lo hizo.

A mayor abundamiento, en estrado, la apoderada de la recurrida no aportó justificación fáctica alguna sobre la pertinencia o necesidad de la elaboración del segundo informe, lo que, en definitiva, impide justificar al actuar reclamado, por lo que el recurso será acogido en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo.

SÉPTIMO: Que, por último, evidentemente dicha actuación constituye una afectación a las garantías invocadas por la institución recurrente, pues se constituye como una comisión especial al haber obrado sin mandato del tribunal en un proceso en tramitación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y con lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección presentado por Universidad Arturo Prat, y en consecuencia, se deja sin efecto el proceso de fiscalización N° 0101/2022/976, iniciado con fecha 29 de julio de 2022.

Póngase en conocimiento del Juzgado del Trabajo de Iquique, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte Nº 2391-2022 Protección.