RENDIC HERMANOS S.A. CONTRA INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE ALTO HOSPICIO

Iquique, uno de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece don Rodrigo Donoso Baraona, abogado, en representación de Rendic Hermanos S.A., empresa del giro supermercadista, RUT N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por quien deduce acción de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Alto Hospicio, por privar, amenazar y/o perturbar sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 3 inciso 5°, 21, 2, 22 y 24 de la Constitución Política de la República, mediante la conducta arbitraria e ilegal consistente en la dictación de la Resolución de Multa (S) N° 8871/22/14, de 24 de junio 2022, que le impuso la sanción de multa a beneficio fiscal de 60 UTM.

Cita el Ordinario N° 503 de 30 de marzo de 2022, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, que sirvió de antecedente a la dictación de la Resolución que impugna, y el que se originó en una solicitud formulada por la Federación Nacional de Sindicatos UNIMARC, para determinar la legalidad de las cláusulas contenidas en un anexo de contrato.

En cuanto a la resolución de multa, sostiene que constituye un acto arbitrario e ilegal, por cuanto en su dictación la Inspección Comunal del Trabajo ha excedido su ámbito de competencia al interpretar cláusulas contractuales y, en virtud de ello, imponer una multa que carece de todo fundamento. Ello, pues sin entregar ninguna otra fundamentación a su respecto, se concluye habría infringido lo dispuesto en el artículo 10 N° 3, en relación con el artículo 506, ambos del Código del Trabajo, razón por la cual la sanciona con una multa.

Dicha resolución concluiría que la manera en que ha definido el cargo denominado “operador de tienda” en el anexo del contrato suscrito con los trabajadores individualizados en la misma resolución, sería ambigua y, en consecuencia, no proporcionaría certeza jurídica respecto de la prestación de servicios que dicho cargo conlleva, resultando contrario al ordenamiento jurídico vigente, específicamente, al artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 506 del mismo cuerpo legal.

Controvierte lo anterior, manifestando que en el contrato de trabajo se determina clara y específicamente en qué consiste el cargo de “operador de tienda”, así como también, los lugares en que deben prestarse los servicios asociados al mismo, de manera que no se observa elemento alguno que permitiría justificar la interpretación que de él se hace en la referida resolución.

Refiere que dentro de las atribuciones de la Dirección del Trabajo y, por ende, de las Inspecciones del Trabajo, no se incluye, en forma o de manera alguna, la de interpretar contratos de trabajo o resolver contiendas laborales, excediendo así la recurrida el ordenamiento vigente.

Finalmente, señala que la actuación ilegal y arbitraria ocasiona privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en particular a lo referido a ser juzgado por el tribunal señalado por la ley; en el legítimo ejercicio de su derecho a desarrollar cualquier actividad económica respetando las normas legales que la regulen; el legítimo ejercicio de su derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria en materia económica; y, por último, en el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad.

Por último, destaca que la resolución carece de base jurídica en la medida que las cláusulas contractuales a que se refiere cumplen plenamente con el ordenamiento legal vigente en nuestro país, por lo que la multa impuesta resulta improcedente.

Pide dejar sin efecto el recurso y dejar sin efecto la referida resolución, con condena en costas. Acompaña documentos.

Evacúa informe doña nombre reservado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de Alto Hospicio, solicitando el rechazo del recurso.

Relata que la resolución de multa tiene su origen en un Programa de Fiscalización establecido en la Circular N° 29 de 17 de mayo de 2022 de la Dirección del Trabajo, la que se generó producto de denuncias dirigidas por parte de organizaciones sindicales, por contratos y anexos que establecen el cargo de Operador Tienda – Operador sala de ventas, en infracción a la legislación laboral vigente. Precisa que en diciembre de 2021, la Federación Nacional de Sindicato Unimarc, solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad de las cláusulas segunda y tercera de contratos de trabajo y sus anexos, las que carecían de la especificidad requerida por la ley. Indica que los hechos constatados fueron verificados por el fiscalizador actuante en visita inspectiva de 24 de junio pasado, en el domicilio de la empresa en la comuna de Alto Hospicio.

Alega la inadmisibilidad e improcedencia del recurso deducido, ya que el procedimiento para reclamar de las resoluciones que imponen multas administrativas se encuentran reguladas en los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo. Cita jurisprudencia.

En segundo lugar, alega Litis pendencia, dada la existencia de causa RIT I-6-2022 seguida ante el Juzgado del Trabajo de Alto Hospicio, en la que se ha reclamado judicialmente de la misma multa objeto del presente recurso de protección. Asimismo, alude que la acción cautelar ha sido utilizada como sustituto procesal, al no ser la vía idónea para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa de orden laboral, reiterando lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo.

Por último, asegura la inexistencia un acto arbitrario e ilegal, toda vez que la resolución impugnada se ha dictado ejerciendo las facultades y competencias que la ley le ha entregado al Servicio, específicamente los artículos 1 y 5 del DFL N° 2 de 1967 y 505 del Código del Trabajo. Asimismo, manifiesta que la resolución fue dictada dentro de un procedimiento administrativo que se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 505-A del Código del ramo y demás normas contenidas en la Ley N° 19.880.

Hace presente que los hechos descritos en la resolución fueron constatados in situ por el fiscalizador, el que además constató que se incumplió lo dispuesto en el artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo, al carecer de la especificidad exigida por el legislador en cuanto a la función. Por otro lado, controvierte la afectación a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

Pide declarar la improcedencia del recurso o, en subsidio, rechazarlo en todas sus partes, con costas. Adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, en síntesis, lo reclamado por la recurrente radica en la dictación de la Resolución (S) N° 8871/22/14 de 24 de junio 2022, que le impuso la sanción de multa a beneficio fiscal de 60 UTM, emanada de la autoridad recurrida, atribuyendo que dicho acto conculcaría sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 3 inciso 5°, 21, 2, 22 y 24 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, en lo referente a la declaración que persigue la recurrente, excede el ámbito de esta acción cautelar, tornándola improcedente tal como alega la recurrida, pues constituye una cuestión de derecho que no puede ser dilucidada en un recurso de protección, ya que esta acción constitucional fundamentalmente se encuentra destinada a resolver situaciones de hecho cuya tramitación debe ser breve y sumaria, no admitiendo mayores probanzas y opera sobre la base en que el derecho no se haya discutido por los contendientes, lo que es justamente la situación que se presenta en el caso sub lite, motivo por el cual está vedado, por esta vía, obtener la declaración de un derecho que se encuentra discutido.

CUARTO: Asimismo, resulta improcedente esta acción cautelar pues la naturaleza de la cuestiones debatidas exigen un proceso controversial, el que se encuentra reglado y previsto en el Código del Trabajo, que establece normas sobre reclamación de las multas impuestas por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente, y que el tribunal competente para conocer de contiendas que se promuevan será el Juez de Letras del Trabajo correspondiente.

QUINTO: Refuerza la conclusión arribada precedentemente, la existencia de la causa RIT I-6-2022 seguida ante el Juzgado del Trabajo de Alto Hospicio, en la que se observa que con fecha 03 de agosto pasado se ingresó reclamo judicial de la misma multa objeto del presente recurso de protección, en un procedimiento monitorio, la que se encuentra en tramitación y con citación a audiencia única para el día 26 de diciembre del año en curso.

SEXTO: Que, así las cosas, no concurriendo los presupuestos de procedencia de la acción deducida, ésta será desechada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y con lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección presentado por Rendic Hermanos S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Alto Hospicio.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte Nº 2329-2022 Protección.