Protección contra Contraloría Regional de Tarapacá

Iquique, quince de abril de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don Guillermo Danilo Oyanadel Anabalón, abogado, en representación de don nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Contraloría Regional de Tarapacá, representada por su Contralora Regional doña Paula Isabel Vera Robles, por haber dictado los oficios N° NUM000 y NUM001, actos ilegales y arbitrarios que conculcarían su garantía fundamental del artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental.

Al respecto, señala que perteneció al Servicio de Salud de Tarapacá, desempeñándose como Director del Hospital Regional, cuya autoridad dispuso en marzo del año 2024 un sumario en su contra a raíz de una denuncia formulada en su contra por un atraso en las labores derivadas de su caso.

En ese contexto, expresa que el fiscal instructor formuló cargos en su contra los cuales, en síntesis, se referían al retraso en la dictación de diferentes actos y resoluciones correspondientes a su cargo. Expresa que el 17 de enero de 2025 se presentaron los descargos, solicitando en los mismos la realización de determinadas diligencias, a los cuales el fiscal tuvo por formulado los descargos, acogiendo diligencias y rechazando otras, abriéndose un término probatorio de 10 días, todo mediante resolución de 5 de febrero de 2025.

Posteriormente, la Directora del Servicio de Salud mediante resolución exenta NUM002 estableció su responsabilidad administrativa, desestimando los descargos formulados, aplicando la medida disciplinaria de censura y una anotación de demérito de dos puntos, por infringir lo consignado en los artículos 61 letra a) y c) y artículo 84 inciso primero y letra b) del D.F.L. 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

En ese orden de ideas, señala que en dicho acto se dispuso que la notificación debía ser realizada mediante carta certificada en el domicilio laboral del Servicio de Registro Civil de Coyhaique. Dicha notificación habría acontecido el día 18 de julio de 2025, fecha en la cual es recepcionada en la oficina de Correos de Chile de Coyhaique y con misma fecha hace entrega del sobre con la resolución. Señala que el 29 de julio dedujo dentro de plazo legal recurso de reposición y apelación en subsidio, en los términos del artículo 131 y 141 letra a) de la ley 18.834.

Sin embargo, menciona que el 2 de septiembre de 2025 fue rechazado dicho arbitrario, fundamentado en que habría sido presentado fuera de plazo puesto que la carta certificada fue despachada el día 8 de julio de 2025 por carta certificada, por lo que de conformidad a la presunción legal establecida en el artículo 131 inciso final del estatuto administrativo, se entendió notificada el 11 de julio, venciendo el plazo el 21 de julio del mismo año.

Aquel acto, también fue convalidado por el órgano de control del servicio al desestimar por extemporáneo su arbitrario con fecha 5 de diciembre de 2025. Sin embargo, expresa que la fundamentación entregada por dicho órgano considera que la notificación practicada al recurrente en su domicilio laboral fue de forma personal y no por carta certificada, supuestamente con un reconocimiento de su parte en la reclamación de ilegalidad.

Frente a lo anterior, refiere que presentó un recurso de reposición frente a dicha decisión, acompañando antecedentes que dan cuenta que la notificación que se practicó a su representado con fecha 18 de julio fue mediante carta certificada, fecha a partir de la cual, y como lo mandata el artículo 131 de la ley 18.834 se cuentan los 3 días. No obstante, dicho recurso fue desestimado con fecha 16 de febrero, en una interpretación arbitraria y antojadiza del ente de control, manteniendo el raciocinio de que lo efectuado fue de forma personal por lo cual prevalecería sobre la presunción legal del inciso 131 del estatuto administrativo.

Expresa que la autoridad recurrida ha actuado de manera ilegal y arbitraria atendido a que se dispuso la notificación de la resolución por carta certificada, sin haber practicado la notificación personal mandatada por el artículo 131 de la Ley 18.832, y que, con todo, la carta certificada fue recepcionada el día 18 de julio en la oficina de correos de Coyhaique y dejada en las dependencias de su trabajo el mismo 18 de julio. Añade que la Contraloría ha aplicado un criterio contrario a sus propios dictámenes que cita, puesto que en aquellos señala que para que opere la presunción de conocimiento en materia de notificaciones por carta certificada y por ende darse por notificado al tercer día.

En cuanto a las garantías conculcadas, expresa que serían las establecidas en el artículo 19 N°3 incisos 1, 2, y 5 de la Carta Fundamental.

Previa citas legales y jurisprudenciales, solicita se ordene a la recurrida que declare la ilegalidad de la resolución exenta NUM003 y resuelve que el Servicio de Salud de Tarapacá reciba a tramitación el recurso de reposición presentado en contra la Resolución Exenta NUM002. Evacúa informe la Contraloría Regional de Tarapacá solicitando el rechazo del recurso. En primer término, alega la extemporaneidad del arbitrario, atendido a que si bien se dirige en contra de los oficios dictados por dicho órgano, lo que en verdaderamente se impugna es la resolución exenta N°NUM003 de 12 de agosto de 2025 mediante la cual el Servicio de Salud deniega el recurso de reposición. En el mismo sentido, el primer oficio impugnado es el N°NUM000 de 2025 respecto al cual también es extemporáneo al haber sido dictado el 13 de noviembre de 2025.

En cuanto al fondo, alega la falta de emplazamiento del Servicio de Salud de Tarapacá puesto que lo verdaderamente impugnado sería la resolución dictada por el servicio de Salud que rechazó el recurso de reposición deducido contra la resolución exenta N°NUM004 de 4 de julio de 2025 que aplicó la medida de censura al recurrente.

Alega, además, la falta de legitimación pasiva del Entre Contralor puesto que lo pretendido por el recurrente es que se deje sin efecto la resolución dictada por el Servicio de Salud y no las de dicha entidad fiscalizadora. Lo anterior, además, estaría corroborado por las peticiones concretas del arbitrio.

Asimismo, expresa que el asunto controvertido es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección puesto que lo pretendido por el recurrente es resolver una controversia interpretativa en torno a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 18.834, cuestión que no corresponde ser dilucidado en la presente sede.

Añade que no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad atendido que ha actuado estrictamente dentro de su competencia constitucional y legal de velar por la legalidad de los actos de la Administración. Argumenta que el oficio impugnado se encuentra debidamente fundado en los antecedentes del expediente administrativo y en la normativa que rige las notificaciones de los órganos municipales, descartando cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad.

Finalmente, en cuanto a las alegaciones del recurrente expresa que en dicha sede de control se desestimó la reclamación por cuanto se verificó que el recurso de reposición fue presentado fuera de plazo, atendido a que la notificación fue practicada en su lugar de trabajo el día 18 de julio de 2025.

Agregando que en el oficio N°NUM001 de 6 de febrero de 2026 se desestimó el recurso de reposición puesto que la construcción argumentativa del recurrente en torno a computar el plazo desde el cual se tiene por notificado al recurrente – en virtud de la presunción simplemente legal del artículo 131 del Estatuto Administrativo- no se ajusta a la jurisprudencia. Precisa que no cabe aplicar la mencionada presunción, ni la notificación tácita, toda vez que el mismo recurrente tuvo conocimiento efectivo de la resolución de censura el 18 de julio pasado.

Previa citas legales, solicita el rechazo del arbitrio.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que se colige que el acto impugnado es la decisión de la Contraloría Regional de Tarapacá de desestimar el reclamo de ilegalidad del artículo 160 del Estatuto Administrativo interpuesto por el recurrente, acto que conculcaría su garantía fundamental del artículo 19 N°3 de la de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, es dable mencionar que en definitiva el acto impugnado es el rechazo del reclamo de ilegalidad interpuesto por el recurrente, lo que aconteció con la dictación del oficio N°NUM000 de 2025 el 13 de noviembre de 2025, razón por la cual fue interpuesto fuera de plazo.

Asimismo, la dictación del Oficio N° NUM001 de 2 de febrero de 2026 en nada altera lo ya razonado, puesto que resuelve un recurso de reposición sin añadir algún antecedente distinto a la resolución de 13 de noviembre de 2025.

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, de los antecedentes que obran en la causa se desprende que el acto impugnado no es ilegal, toda vez que ha sido dictado por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y de control de legalidad administrativa, de conformidad con lo establecido en su Ley Orgánica Constitucional N°10.336.

Asimismo, el acto se encuentra debidamente fundamentado, atendido a que la Contraloría realizó un análisis de la normativa y de los antecedentes fácticos de la notificación por carta certificada practicada al recurrente en sede administrativa, concluyendo que el recurso fue interpuesto fuera de plazo, sin que se observen vicios de ilegalidad.

QUINTO: Que, por otra parte, la decisión de la recurrida tampoco es arbitraria, puesto que lo resuelto no constituye un acto carente de fundamento, razonabilidad o lógica, ni es producto del mero capricho.

Por el contrario, la Contraloría se ha pronunciado respecto de las alegaciones del recurrente, exponiendo los motivos de hecho y legales por los cuales no acogió su pretensión.

En este sentido, se advierte que lo pretendido por el actor es, en realidad, disentir de los fundamentos entregados por la Autoridad Contralora, cuestión que excede el objeto del arbitrio constitucional de protección.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, del petitorio del arbitrio se observa que aquel excede del ámbito de competencia del presente recurso, al solicitar se deje sin efecto la resolución exenta N°NUM003 dictada por el Servicio de Salud que se pronunció sobre el recurso de reposición y jerárquico presentado por el recurrente.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, al no verificarse una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la Contraloría Regional de Tarapacá, la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Contraloría Regional de Tarapacá.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N°230-2026 Protección.