Protección contra Intendencia de la Región de Tarapacá

Iquique, catorce de mayo de dos mil veinte.

VISTO:

nombre reservado, Senador de la República, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce acción de protección en contra de la Intendencia de la Región de Tarapacá, representada por nombre reservado; la Secretaría Regional Ministerial de Salud Tarapacá, representada por nombre reservado; la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Tarapacá, representada por nombre reservado; el Jefe de Zona de la Región de Tarapacá, nombre reservado; la Asociación Gremial de Dueños de Taxi Bus Línea Uno; la Sociedad de Transporte de Pasajeros y Servicios Alto Hospicio S. A Línea 3; la Sociedad Comercial Inmobiliaria y Servicio Arturo Prat Limitada; la Sociedad de Transporte nombre reservado Limitada; la Sociedad de Transdieciocho Limitada y Transportes Nueva Línea Seis Limitada, en favor de nombre reservado; nombre reservado y nombre reservado, dirigentes de las empresas señaladas y en favor de todos los conductores de empresa de transporte público de la Región de Tarapacá y sus familiares, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Primeramente, se refiere a la crisis sanitaria mundial por la pandemia de Coronavirus e indica que las empresas recurridas son dueñas aproximadamente de 500 buses o máquinas y en ellas laboran cerca de 800 conductores, que hoy ven mermados sus ingresos y también ven con temor un posible contagio. Destaca que se ha solicitado a distintas entidades públicas, en especial a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, sanitizar las maquinas, recibiendo a la fecha sólo algunos bidones con cloro por intermedio de la SEREMITT de la Región. Agrega que nada han hecho las autoridades del transporte por la situación de precariedad laboral de los conductores.

Refiere tener noticia de dos conductores de transporte público contagiados de COVID-19 en la Región, lo cual, indica, se transformará rápidamente en un peligro, no sólo para trabajadores sino también para usuarios. Señala que los choferes trabajan hasta 18 horas por día, muchos sin contrato de trabajo, obteniendo apenas 6 mil pesos diarios, tienen contacto directo con muchas personas durante el viaje, manejan dinero, el cual es fuente de contagio de virus y afirma que no se cumple con la normativa de sanitización como corresponde, pues los trabajadores han denunciado que están sanitizando sólo las pisaderas de los microbuses y que además no se les ha provisto de mascarillas ni guantes en algunas líneas. Expone que entre ellos se encuentran personas con problemas de salud, como diabetes e hipertensión y adultos mayores, quienes requieren de medidas eficaces, a efectos de resguardar su indemnidad, tales como overoles plásticos, mascarillas de respiración, guantes, máscaras de mica, y una correcta y completa sanitización de los microbuses.

Sostiene que las empresas recurridas debieron haber otorgado medidas preventivas e inclusive haber paralizado su funcionamiento y añade que el Intendente, el Jefe de la Defensa Nacional, o los respectivos SEREMI de Salud o Transportes y Telecomunicaciones, no han ordenado el cumplimiento de ninguna medida preventiva para el transporte público, ni su fiscalización, pese a ser un sector crucial de contagio. Invoca como garantías vulneradas el derecho a la vida e integridad física, junto con el derecho a igualdad ante la ley de los trabajadores y alude al artículo 184 bis del Código del Trabajo, afirmando que las empresas no han tomado las medidas necesarias y que no ha existido fiscalización suficiente por parte de la Seremi de Transportes y la Inspección del Trabajo. Afirma que las omisiones denunciadas tiene el carácter de ilegales y arbitrarias.

Pide se restablezca el imperio del derecho ordenando que las empresas recurridas entreguen a todos los choferes, en cantidades suficientes, mascarillas, guantes plásticos, máscaras de mica, overoles y alcohol gel suficiente para prevenir el contagio por manejo de monedas y billetes como medida de prevención del coronavirus; que dispongan de todas las medidas de seguridad e higiene que permitan el aislamiento absoluto de los conductores respecto a los pasajeros, esto, creando una separación dentro de los buses por medio de algún plástico transparente o tela especial; que establezcan como máximo la cantidad de 20 pasajeros durante los viajes, y que los pasajeros entren todos por la puerta trasera del bus, igualmente pide que el Intendente, el Jefe de la Defensa Nacional y la SEREMI de Salud, todos de la Región de Tarapacá, ordenen la entrega de los implementos de protección ya referidos a las empresas recurridas, y en caso de que estas manifiesten la carencia de recursos para adquirirlos, sean estas autoridades, coordinadamente, las que provean de los mismos; asimismo pide que el Jefe de la Defensa Nacional, y la SEREMI de Salud de la misma Región, apliquen efectivamente el Plan de Sanitización Química de manera adecuada y completa, no sólo en las partes exteriores de los vehículos de transporte público y que las mismas autoridades fiscalicen el cumplimiento de las medidas, junto con cualquier otra medida que se estime pertinente.

Evacuando informe nombre reservado, en representación de la Sociedad Transdieciocho Limitada, señala que desde la llegada de primer caso confirmado de COVID-19 al país, su representada comenzó a estudiar las medidas a tomar y dentro de las primeras medidas adoptadas indica la vacunación de todos sus dependientes contra la influenza, desde el 16 de marzo de 2020, igualmente señala se disminuyó el funcionamiento de sus buses a la capacidad del 50%, quedando sólo en circulación permanente dentro de la ciudad 13 de los 26 buses de transporte público. Asimismo refiere que se determinó que los trabajadores que se encontraran dentro de grupos de riesgo, permanecerían en sus hogares, conservando sus ingresos y fuente de trabajo regular.

Añade que en función de lo anterior, actualmente su representada se encuentra trabajando con 25 de sus 32 conductores, los cuales se rotan en dos jornadas distintas para llevar a cabo su trabajo, de 6 horas cada una; la primera de 06:30 a 13:00 horas y la segunda de 13:00 a 19:30 horas. Menciona que además para la adecuada protección de todos los trabajadores, se ha proporcionado desde el 22 de marzo, a cada uno, dos mascarillas de tela, lavables y reutilizables, las cuales cuentan con un mecanismo efectivo de protección y que fueron aprobadas por la SEREMITT de la Región; todo ello, inclusive, antes de la entrada en vigencia de la normativa que hizo obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público.

Afirma que junto con las demás medidas, se ha considerado indispensable, junto con equipar a cada uno de los trabajadores con alcohol gel, la implementación de micas plásticas que dividen y separan el lugar de conducción del trabajador y el resto del bus, en cada uno de los vehículos que se encuentran en circulación, situación que, señala, deja en evidencia el resguardo de los derechos fundamentales, no sólo de los de los trabajadores, sino que de la comunidad toda. Agrega que desde principios de abril del presente, se está distribuyendo guantes plásticos a cada conductor, eliminando la primera fila de asientos en las micros y disminuyendo la capacidad de transporte de cada bus de 50 personas a 20 por vehículo.

Luego, en relación a la sanitización, señala que cada vez que se completa el recorrido de cada uno de los buses de la línea, se procede a sanitizar completamente cada uno de los vehículos, abarcando la misma, pisadera, piso, asientos, manilla de sujeción, puertas, etc. También informa que se ha contratado los servicios de una profesional de enfermería, con la finalidad de instruir a los trabajadores.

Sostiene que no es efectivo lo señalado por el recurrente y que se han tomado los resguardos para la protección adecuada de los derechos fundamentales de sus trabajadores, afirmando que no se han vulnerado los derechos invocados como conculcados, ajustándose su representada a la normativa legal imperante.

Pide se declare improcedente el recurso interpuesto y en subsidio, se decrete su absoluto rechazo, con costas. Acompaña documentos.

Evacuando informe don nombre reservado y don nombre reservado, en representación de Sociedad de Transportes nombre reservado Limitada, señalan que siempre han acatado las disposiciones sanitarias del Ministerio de Transportes y de Telecomunicaciones, como del Ministerio de Salud, procediendo al retiro de las cortinas y fundas de los vehículos. Indican que se les ha distribuido gratuitamente a los conductores, personal administrativo y de aseo, todos los implementos de prevención e higiene conocidos para evitar contagios y además se ha sanitizado las instalaciones de la empresa e interiores de buses. Agrega que ha disminuido considerablemente la demanda en cada expedición, llevando menos de 20 personas en cada recorrido y que han estudiado la instalación de paneles divisorios para la cabina del conductor, que minimizaría el contacto con los pasajeros, todo ello para colaborar a la protección de los pasajeros y conductores de su representada y seguir apoyando a quienes se ven la necesidad de utilizar la locomoción pública.

Sostienen que no procede la paralización de las labores de la empresa, debido a que ha cumplido con todo lo solicitado por la Seremía de Transportes y de Salud. Acompaña documentos.

Evacuando informe nombre reservado, Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Tarapacá, alega la improcedencia del recurso atendido que los hechos señalados por el recurrente son constitutivos de vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, al interior de una relación laboral, por lo cual deben ser conocidos por el Juez de Letras del Trabajo competente. Añade que las pretensiones del recurrente exceden el ámbito de acción del recurso de protección, no siendo la vía para pedir la adopción de determinadas medidas propias de políticas públicas, citando jurisprudencia en las cuales se declararon inadmisibles recursos por tales fundamentos.

Señala que no es posible afirmar por el recurrente la existencia de un derecho indiscutido y preexistente. Añade que la forma en que el recurrente plantea su acción se asemeja a una acción popular, característica que le es ajena, debiendo ser interpuesta en pos de personas específicas y determinadas. Se refiere a la necesidad de un control deferente en la gestión de la crisis sanitaria, siendo las medidas altamente dinámicas, basadas en datos recopilados diariamente y con evaluaciones epidemiológicas constantes, tratándose así de un escenario dinámico, multivariable y dependiente del análisis epidemiológico diario.

Sostiene la inexistencia de una omisión arbitraria e ilegal, no existiendo una afectación a los derechos invocados, toda vez que ha sujetado su actuación a las normas constitucionales y legales que regulan sus potestades en estado de excepción constitucional de catástrofe y se han adoptado medidas que tienen por objeto controlar la propagación del COVID-19, protegiendo la vida y salud de la población de la mejor manera posible, según los protocolos establecidos al efecto.

Se refiere al marco jurídico aplicable, aludiendo al Decreto Supremo N° 104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a los artículos 41 y 43 de la Constitución Política, a la Ley N° 18.415 en su artículo 7 y sostiene que ha actuado permanentemente acorde a sus facultades constitucionales y legales, añadiendo que dentro de sus competencias adoptó y/o cumplió, previas instrucciones y directrices expresas del Ministerio de Salud o Secretaria Regional Ministerial de Salud de Tarapacá, diversas medidas con miras a dar protección sanitaria a la población.

Expone sobre las medidas adoptadas, entre ellas destaca Resolución N° 9 de 28 de marzo de 2020 que dispone el retiro inmediato de las cortinas, cubreasientos y cualquier otro elemento que se encuentre al interior de los microbuses de transporte de pasajeros y que facilite el contagio de COVID-19 entre los usuarios del transporte público de la Región, dictada en virtud de lo dispuesto en Resolución Exenta N° 674/2020 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá, medidas que, señala, tienen como propósito dar protección sanitaria a la población, siguiendo los lineamientos técnicos de los organismos sectoriales de salud, Ministerio de Salud y Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá, dando protección a la garantía del derecho a la vida e integridad física, sin que se verifique actuación ilegal ni arbitraria, considerando que de manera alguna se han afectado los derechos y garantías que el recurrente estima vulnerados.

Pide el rechazo de la acción de protección en su totalidad. Acompaña documentos.

Evacuando informe don nombre reservado, en representación de Asociación Gremial Dueños de Taxibuses Urbanos Línea 1, señala que la asociación cuenta con dos casos de contagio, informándose del primero de ellos el 15 de abril de 2020 al resultar positivo en COVID-19 el Jefe de Ruta, ante ello se solicitó apoyo en el procedimiento al Ministerio de Salud, siendo visitados en sus dependencias por la SEREMI de Salud y de Transporte y Telecomunicaciones. Indica que los contactos estrechos del primer contagio se realizaron el examen, arrojando todos negativo, cumpliendo la cuarentena establecida por el Servicio de Salud, integrándose poco a poco a sus labores, agregando que los contactos bajo riesgo se mantuvieron en sus puestos de trabajo y no han manifestado síntomas. Luego, señala que respecto de los 3 conductores que laboran en la asociación que han dado positivo al Covid-19, no se sabe a ciencia cierta si fue producto del mismo foco de infección o de otro lugar, todos quienes se encuentran realizando cuarentena en su domicilio, tomando el procedimiento dictado por el personal de salud.

En relación a la sanitización, indica que se realiza a diario, utilizando una solución de cloro doméstico con agua, al interior y exterior de cada microbús. Sostiene que desde el 3 de marzo y luego el 18 de marzo, con la declaración de estado de emergencia, inmediatamente comenzaron a publicar las medidas preventivas, haciendo entrega de indumentaria que protegiera a conductores y funcionarios, señalando que ante la imposibilidad de realizar una reunión masiva de conductores, las instrucciones de cuidado se han informado de manera verbal y por medio de folletos, explicando que deben usar implementos de seguridad e higiene. Agrega, en cuanto a la entrega de materiales de protección, que no se ha realizado ningún tipo de cobro y que al carecer de stock, debido al uso obligatorio de mascarillas, se procedió a entregar mascarillas artesanales y de mica.

Finalmente indica que el cierre total del recinto es poco probable por ser transporte público, tomando la iniciativa de llevar un máximo de 20 pasajeros por máquina. Acompaña documentos.

Evacuando informe nombre reservado, en representación en la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, alega la improcedencia del recurso, argumentando que los hechos descritos y las peticiones formuladas exceden las materias que deben ser conocidas por el recurso de naturaleza cautelar, señalando que acciones interpuestas por el actor en los mismos términos, han sido declaradas inadmisibles por tal motivo, citando además jurisprudencia en dicho sentido. Afirma la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, y señala que el actor sostiene erradamente que no se ha ordenado el cumplimiento de ninguna medida preventiva para el transporte público ni su fiscalización.

Expone acerca de la normativa de fiscalización de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Tarapacá, indicando que de conformidad con el Decreto Supremo N° 104 de 2020, que dictó Estado de nombre reservado por calamidad pública en todo el territorio nacional, las potestades del Secretario Regional Ministerial quedan en segundo orden ante el Jefe de Defensa Nacional y que la autoridad cuya idoneidad técnica resulta de mayor importancia en esta contingencia de adopción de medidas para el control de la pandemia, es la del Secretario Regional Ministerial de Salud, el cual ha dictado las correspondientes providencias tendientes proteger la vida y la salud de la población de la Región, y de entre ellos, específicamente la de los conductores de microbuses urbanos, destacando Resolución Exenta N° 674 que ordenó proceder al retiro inmediato de cortinas, cubreasientos y cualquiera otro elemento que se encuentre al interior de los microbuses de transporte de pasajeros y que faciliten el riesgo de contagio de Covid-19”, que fue ampliada mediante la Resolución Exenta N° 676, y Resolución Exenta N° 721 que difunde las medidas ordenadas por el Ministerio de Salud mediante su Resolución Exenta N° 244, la que dispuso que todas las personas que utilicen el transporte público o el transporte privado sujeto a pago deberán utilizar mascarillas, implementada mediante Bando N°17 en la región. Refiere que la Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones proveyó de la orientación técnica necesaria para la toma decisiones, que permitió la dictación de las resoluciones que iban en directa protección de los derechos de los recurrentes.

Agrega, en relación a las diversas labores de fiscalización, que su representada ha desarrollado constante y permanentemente labores de fiscalización desde el inicio de la crisis y ha participado de la colaboración directa en la fiscalización de los bandos emanados de las autoridades castrenses y sanitarias, cubriendo el control de las aduanas sanitarias y de la fiscalización de los medios de transporte público y privado remunerado, dando cumplimiento a las directrices establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Así, refiere se ha dispuesto personal de inspectores del Programa Nacional de Fiscalización de la Subsecretaria de Transportes, para la fiscalización del efectivo cumplimiento de las resoluciones relativas a la catástrofe y otras, en apoyo directo y en plena colaboración del trabajo realizado por las Fuerzas Armadas y de Orden.

Sostiene que el recurso carece de fundamento, por cuando no se configura el presupuesto planteado de una omisión ilegal o arbitraria, y afirma que no existe vulneración a los derechos constitucionales invocados, pues su representada ha actuado siempre en el ámbito de sus competencias, realizando constantes y periódicas laborales de fiscalización en el transporte público, en el marco del actual estado de catástrofe.

Pide se rechace el recurso en todas sus partes, con costas. Acompaña documentos.

Evacuando informe nombre reservado, en representación de la Intendencia Regional de Tarapacá, luego de hacer presente que análogo libelo ha si deducido por el recurrente en distintas magistraturas del país, siendo tres de ellas declaradas derechamente inadmisibles, alega la improcedencia de la acción por tratarse de relaciones regidas por el derecho del trabajo, en el contexto de una relación laboral, cuyos conflictos, por regla general, son resueltos mediante el procedimiento contemplado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, añadiendo que los hechos descritos en la presente acción de protección y las peticiones que se formulan exceden las materias que deben ser conocidas por el presente remedio judicial, atendida su naturaleza cautelar, pues las medidas requeridas forman parte del ámbito de las decisiones que deben adoptarse con intervención de la autoridad sanitaria.

Asimismo alude a su improcedencia por no ser una acción popular y por no concurrir una conducta ilegal o arbitraria por parte de su representada y luego de refiere a la Ley N° 19.175 y al Decreto Supremo N° 104 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, indica que la actuación de la Intendencia Regional, se encuentra supeditada a las acciones, recomendaciones e instrucciones definidas por dicha Jefatura de la Defensa Nacional, debidamente coordinadas en el Comité de Operaciones de Emergencia Regional, y que en materia de salubridad pública, evidentemente, deben contar con el parecer vinculante de autoridad sanitaria.

Se refiere a las medidas administrativas adoptadas por la Intendencia Regional, dentro de la esfera de su competencia, entre ellas, Resolución Exenta N° 1.086, de 16 de marzo de 2020 y Resolución Exenta N° 1.130, de 19 de marzo de 2020, mediante las cuales se declaró alerta amarilla y alerta roja respectivamente en la Región, activando los protocolos correspondientes. Luego, respecto de las medidas en materia de transporte público, indica que las autoridades nacionales y regionales han dictado y ejecutado acciones de fiscalización, destacando entre algunas de ellas Resolución Exenta N° 674 y 676 de 2020 de la Seremi de Salud de Tarapacá, Resolución Exenta N° 244 de la Subsecretaría de Salud Pública, la cual fue refrendada a nivel regional por la Resolución Exenta N° 721 de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Agrega que la SEREMITT dispuso un programa de fiscalización permanente, contando con el apoyo logístico de funcionarios de diversos servicios públicos coordinados por la Intendencia Regional y Gobernación Provincial de Iquique y menciona que dicha repartición ha mantenido un contacto permanente con las empresas y asociaciones de transporte con el objeto de prestar asesorías que resulten necesarias.

Afirma que lo anterior, ha sido debidamente cumplido por los prestadores de servicios de transporte regionales, los cuales, como dan cuenta los informes agregados a la presente causa, han dotado a sus conductores de los medios de protección personal necesarios, efectúan sanitización de los vehículos y recintos en que desarrollan los servicios administrativos, han limitado el número de pasajeros por máquina, entre otras medidas adoptadas para la prevención del contagio.

Finalmente se refiere a las medias adoptadas desde enero del año en curso, y señala que se han adoptado por la autoridad pública, en el ámbito de su competencia, las medidas que se han estimado necesarias y aptas para evitar y mantener bajo control la propagación de la pandemia, y por cierto, el adecuado funcionamiento del transporte público, las cuales, han sido debidamente implementadas y fiscalizadas por los organismos técnicos respectivos, no existiendo en consecuencia ninguna conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria, imputable a la Intendencia Regional de Tarapacá que, prive perturbe o amenace los derechos constitucionales de los recurrentes.

Pide se decrete el rechazo del recurso, con costas.

Evacúa informe don nombre reservado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, quien sostiene que el recurso de protección no es un medio idóneo para solicitar lo que se reclama en autos y que el recurrente intenta traspasar a los Tribunales una decisión que corresponde a quienes ejercen la Administración y tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población, citando abundante jurisprudencia en tal sentido. Refiere que en la especie, los hechos descritos y las peticiones que se formulan, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar.

Sostiene que no existe acto u omisión de los servicios públicos recurridos, cuyos efectos pudieran manifestarse en una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los recurridos, ni menos una vulneración al derecho a igualdad ante la ley y que cosa distinta es alegar una omisión de cumplimiento de las normas de sanidad por parte de las empresas de transporte recurridas, indicando que la autoridad sanitaria ha reaccionado, a fin de proteger los derechos de la población y de los trabajadores de la salud.

Alude a una serie medidas adoptadas por la autoridad sanitaria en la Región de Tarapacá, entre ellas las ya referidas, Resolución Nº 674, de 27 de marzo de marzo de 2020, la cual difunde medidas sanitarias para microbuses de transporte de pasajeros de la región de Tarapacá; Resolución Nº 676, de 29 de marzo de 2020 la cual amplia medidas sanitarias dispuestas en anterior resolución y Resolución Nº 721, de 07 de abril de 2020 la cual difunde medidas sanitarias por brote de Covid-19 sobre uso de mascarillas para todas las personas que utilicen el transporte público o el transporte privado sujeto a pago, entre otras que enuncia. Añade que el Departamento de Acción Sanitaria notificó a diversas empresas y sindicatos de transporte público la mencionada Resolución Nº 721, entre ellas algunas de las empresas recurridas.

Asimismo refiere 25 de marzo de 2020 la Seremi de Salud de Tarapacá, junto al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, revisaron las medidas de limpieza y desinfección que deben tener los microbuses de transporte urbano de la ciudad y durante el recorrido se visitaron los terminales de Transportes nombre reservado, Nueva línea 6, Arturo Prat y Trans 18, además se revisaron las medidas empleadas para la higienización de los buses y se entregó el Protocolo de Limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 preparado por el Ministerio de Salud, fiscalizando luego, el 8 de abril del 2020, el uso obligatorio de mascarillas y visitando, el 15 de abril de 2020, los terminales de microbuses de la comuna de Alto Hospicio. Fiscalizaciones, actuaciones y gestiones que, menciona, han sido profusamente difundidas.

Sostiene se ha instruido que se tomen todas las medidas para prevenir el contagio de los conductores y de los usuarios, y asimismo se ha fiscalizado el cumplimiento de estas instrucciones, por ello, no existe ninguna acción u omisión que pueda ser calificada de arbitraria o ilegal por parte de la autoridad sanitaria.

En relación a las garantías que se alegan vulneradas, afirma que se han tomado todos los resguardos para que tanto los conductores del transporte público como los usuarios no se vean afectados por la pandemia, desplegando las acciones pertinentes para garantizar y prevenir la integridad física y/o psíquica de las personas, agregando que no es efectivo un atentado al artículo 19 N° 2 de la Constitución, pues las medidas adoptadas resguardan suficientemente la garantía que se alega infringida. Finalmente indica que no es la autoridad sanitaria u otra repartición pública la llamada a dar cumplimiento al artículo 184 bis del Código del Trabajo, en términos que es cada empresa de transporte quien debe proveer a sus trabajadores las medidas de seguridad instruidas, correspondiéndole a su repartición la fiscalización, obligación que ha llevado a cabo íntegramente.

Pide se decrete el íntegro y total rechazo del recurso. Acompaña documentos.

Evacuando informe nombre reservado, en representación de Sociedad de Transportes de Pasajeros y Servicios Alto Hospicio S.A., se refiere a la improcedencia del recurso, indicando que nuestro ordenamiento jurídico laboral establece la manera de accionar cuando la salud y seguridad del trabajador se encuentra en riesgo, esto es, mediante el procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales y la fiscalización de la Dirección del Trabajo, debiendo ser rechazada la acción por tratarse de una materia de lato conocimiento de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo. Además refiere que se solicita una serie de medidas cuya implementación son de competencia de la autoridad administrativa, como lo es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte, entre otras, tratándose de materias que sólo competen al ejecutivo.

Alega la falta de legitimación activa del recurrente, ya que se acciona en favor de un sin número de personas indeterminadas, que en los hechos, no permite precisar quienes se han visto perturbados o amenazados en su derechos. Igualmente alega la falta de fecha cierta del acto ilegal o arbitrario, afirmando que debe ser rechazado por extemporáneo.

Sostiene la inexistencia de actos u omisiones ilegales por parte de su representada, indicando que desde iniciada la pandemia y luego de la declaración de Estado de nombre reservado, ha implementado una serie de medidas por propia iniciativa y otras por recomendación de la autoridad, entre ellas, a entrega de implementos de seguridad sanitaria a sus trabajadores con fecha 17 de marzo de 2020.

Pide se rechace el recurso interpuesto, con costas. Acompaña documentos.

Evacuando informe Patricio Mira Duarte, en representación de Sociedad Comercial Inmobiliaria y Servicios Arturo Prat Limitada, se refiere a la improcedencia del recurso, indicando que nuestro ordenamiento jurídico laboral establece la manera de accionar cuando la salud y seguridad del trabajador se encuentra en riesgo, esto es, mediante el procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales y la fiscalización de la Dirección del Trabajo, debiendo ser rechazada la acción por tratarse de una materia de lato conocimiento de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo. Además refiere que se solicita una serie de medidas cuya implementación son de competencia de la autoridad administrativa, como lo es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte, entre otras, tratándose de materias que sólo competen al ejecutivo.

Alega la falta de legitimación activa del recurrente, ya que se acciona en favor de un sin número de personas indeterminadas, que en los hechos, no permite precisar quienes efectivamente se han visto perturbados o amenazados en sus derechos. Igualmente alega la falta de fecha cierta del acto ilegal o arbitrario, afirmando que debe ser rechazado por extemporáneo.

Sostiene la inexistencia de actos u omisiones ilegales por parte de su representada, indicando que desde iniciada la pandemia y luego de la declaración de Estado de nombre reservado, ha implementado una serie de medidas por propia iniciativa y otras por recomendación de la autoridad, entre ellas, el “Plan de Acción Coronavirus COVID19” emitido por el Ministerio de Salud, la sanitización de microbuses según el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes Covid – 19, el uso del producto “Desinfecta”, la entrega de implementos de prevención con fecha 23, 23 y 26 de marzo e igualmente el 23 de abril de 2020, charla de prevención de riesgo “Corona Virus – Covid -19”, retiro de cortinas y funda de asientos, cúbico de aislación para el conductor, uso obligatorio de mascarillas para pasajeros y conductores, entrega de guantes y alcohol gel, mencionando finalmente la sanitización efectuada a todos los microbuses por Servicios Loweinstein con fecha 24 de Abril de 2020.

Pide se rechace el recurso interpuesto, con costas. Acompaña documentos.

Evacuando informe Patricio Mira Duarte, en representación de Transporte Nueva Línea Seis Limitada, se refiere a la improcedencia del recurso, indicando que nuestro ordenamiento jurídico laboral establece la manera de accionar cuando la salud y seguridad del trabajador se encuentra en riesgo, y esto es, mediante el procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales y la fiscalización de la Dirección del Trabajo, debiendo ser rechazada la acción por tratarse de una materia de lato conocimiento de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo. Además refiere que se solicita una serie de medidas cuya implementación son de competencia de la autoridad administrativa, como lo es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte, entre otras, tratándose de materias que solo competen al ejecutivo.

Alega la falta de legitimación activa del recurrente, ya que se acciona en favor de un sin número de personas indeterminadas, que en los hechos, no permite precisar quienes efectivamente se han visto perturbados o amenazados en su derechos. Igualmente alega la falta de fecha cierta del acto ilegal o arbitrario, afirmando que debe ser rechazado por extemporáneo.

Sostiene la inexistencia de actos u omisiones ilegales por parte de su representada, indicando que desde iniciada la pandemia y luego de la declaración de Estado de nombre reservado, ha implementado una serie de medidas por propia iniciativa y otras por recomendación de la autoridad, entre ellas, el “Plan de Acción Coronavirus COVID19”, emitido por el Ministerio de Salud, la sanitización de microbuses según el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes Covid – 19, la entrega de implementos de prevención, charla de prevención de riesgo “Corona Virus – Covid -19”, retiro de cortinas y funda de asientos, uso obligatorio de mascarillas para pasajeros como para conductores, entrega de guantes y alcohol gel, mencionado finalmente las visitas inspectivas del Seremi de Transporte y de Salud.

Pide se rechace el recurso interpuesto, con costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige de autos, que lo reclamado radica en que ante la emergencia sanitaria generada atendida la pandemia virus COVID-19, las recurridas habrían adoptado un rol inactivo, cuestión que importaría una conducta omisiva que de forma ilegal y arbitraria, atentaría en contra de la vida, integridad y protección de la salud de los conductores de transporte público de la Región, en los términos expuestos por el recurrente, pretendiéndose que mediante esta vía cautelar, se adopten medidas tales como que se entregue a los choferes implementos como medida de prevención, que las empresas recurridas dispongan de todas las medidas de seguridad e higiene que permitan el aislamiento absoluto de los conductores respecto a los pasajeros y que se establezcan como máximo la cantidad de 20 pasajeros durante los viajes, a fin que todo lo anterior contribuya a evitar o disminuir la propagación de contagios de la enfermedad.

TERCERO: A fin de resolver la discusión de marras, útil resulta traer a colación que mediante Decreto N° 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 18 de marzo de 2020, se declaró estado constitucional de nombre reservado por calamidad pública en el territorio chileno por un plazo de 90 días desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º de la ley N° 18.415, designándose como Jefe de la Defensa Nacional en la región de Tarapacá a don nombre reservado, General de División del Ejército.

A su vez, en los artículos 3 y 4 del Decreto aludido, se indican entre las funciones de tal cargo las de: Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de catástrofe, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona, las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal y, se menciona además, que en virtud del principio de coordinación, los Jefes de la Defensa Nacional deberán tomar en consideración las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del COVID-19, en actos administrativos dictados por el Ministro de Salud, en el ejercicio de las facultades previstas en el artículo precedente.

CUARTO: De lo anterior, se desprende que las medidas pretendidas por el recurrente si bien se condicen armónicamente con las disposiciones normativas atingentes, que ante la actual situación sanitaria dan cuenta que la orgánica pertinente evidencia que las decisiones de salubridad pública obedecen a un procedimiento basado en consideraciones técnico científicas, guiadas, asumidas y ejecutadas por la autoridad pertinente, conforme los protocolos y sistemas de actuación propios de las políticas públicas que se asumen ante la actual contingencia, éstas han sido debidamente adoptadas, no habiéndose aportado por el recurrente antecedentes que hagan suponer una omisión que vulnere las garantías constitucionales aludidas, por lo que forzoso resulta desestimar la acción pretendida.

QUINTO: Del mismo modo, tampoco resulta sostenible el arbitrio intentado, desde que del mérito de los informes y antecedentes de autos, se advierte que ante la situación sanitaria actual, se han adoptado medidas protectoras y/o de resguardo, de lo cual se evidencia, que las recurridas han asumido una actitud activa tendiente mediante las acciones que hasta el momento ha estimado conformes, a velar por la salubridad pública.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 228-2020 Protección.

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