MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO Y OTROS CONTRA nombre reservado

PODER JUDICIAL CORTE DE APELACIONES IQUIQUE Iquique, diecisiete de junio de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 103, comparece don Juan José Sampson Trujillo, abogado, en representación de la Municipalidad de Alto Hospicio, representada por don nombre reservado, quien concurre en su calidad de Alcalde de la comuna y como vecino de la misma; de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, todos vecinos de dicha comuna, domiciliados en domicilio reservado; y de don nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de don nombre reservado, de doña nombre reservado, y de doña nombre reservado, todos ellos Concejales de Alto Hospicio.

En la representación invocada, interpone acción constitucional de protección en contra de nombre reservado del Altiplano S.A., representada por don nombre reservado; de la Superintendencia del Medio Ambiente, servicio público descentralizado, representada legalmente por don nombre reservado; de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, representada legalmente por doña nombre reservado, o quien la subrogue; y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, representada legalmente por doña nombre reservado, o quien la subrogue.

El fundamento de la acción es la generación y concentraciones de gases tóxicos en el funcionamiento de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de nombre reservado de propiedad de nombre reservado del Altiplano S.A., ubicadas en el sector poblado de “El Boro”, en la comuna de Alto Hospicio. La actuación u omisión atribuida a nombre reservado del Altiplano S.A. es no dar cumplimiento en el funcionamiento y operación de dicha Planta a las Resoluciones de Calificación Ambiental, y demás autorizaciones legales, para su correcto funcionamiento, de lo que se deriva una constante emanación de malos olores en el sector, generando contaminación en el medio ambiente y problemas a la salud física y psíquica de las personas.

Por su parte, a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, les imputa una omisión en su deber legal de fiscalizadores y que no han ordenado la corrección de la infracción, actuación u omisión que genera contaminación en el medio ambiente y daño a la salud de las personas.

Aduce que los actos y omisiones reseñados afectan el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, derechos consagrados en los N° 1 y 8, respectivamente, del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el sector El Boro, ubicado en la parte norte de la comuna de Alto Hospicio, cuenta con aproximadamente 11.000 habitantes y 2.750 viviendas en una superficie habitada cercana a los 2 kilómetros cuadrados. Desde 1998, los vecinos y trabajadores del sector conviven con una Planta de Tratamiento de nombre reservado, la cual es operada por nombre reservado del Altiplano S.A., dueña de la concesión, lo que ha implicado que los vecinos deban coexistir con la contaminación odorífica generada por la Planta, de la cual casi todos los días emanan olores putrefactos, que se sienten dentro de las casas del sector, aún con las puertas y ventanas cerradas, situación que se agrava durante la temporada de verano.

Añade que los referidos malos olores han ocasionado numerosos problemas a la salud y calidad de vida de sus representados, que cada día se va deteriorando. Ejemplifica como daños a la salud los dolores de cabeza, náuseas y sensación de asco, que se traduce en un malestar generalizado e irritabilidad en el diario vivir de las familias, sin que puedan dormir, ni descansar adecuadamente, y sin dimensionarse los problemas que estas situaciones tendrán en su salud en el mediano y largo plazo. Los malos olores incluso han cambiado rutinas como que no se pueda secar la ropa al aire libre o que no puedan ocupar los patios de sus casas.

Hace presente que la mayoría de sus representados son beneficiarios de subsidios habitacionales, por lo que no cuentan con los recursos o posibilidades de vender sus viviendas y cambiarse a otro lugar, y si lo pudiesen hacer, nadie las compraría sabiendo la situación que aqueja al sector, u obtendrían precios muy bajos que les impediría optar a una vivienda de iguales condiciones.

También cita diversos informes elaborados por especialistas en temas de salud, en los cuales, junto con describir las circunstancias que aquejan a los vecinos -los malos olores, emanación de gases y gran cantidad de moscas-, se consignan las consecuencias en su salud, como diarrea de origen infeccioso y cefaleas. Según datos del Centro de Salud Familiar El Boro, desde 2013 a la fecha, de un total de 1871 consultas médicas, 213 son por cefalea y 239 por diarrea de origen infeccioso.

Denuncia que durante las operaciones de la Planta de Tratamiento de nombre reservado, no se han respetado las normas de calidad y emisión, lo que trae como consecuencia la presencia constante de gases tóxicos que afectan la sanidad del medio ambiente y la salud de las personas.

Por su parte, a los servicios públicos recurridos les corresponde fiscalizar e imponer sanciones ante esta situación, pero nada han hecho para impedir que la empresa recurrida continúe con la proliferación de malos olores en el sector.

Señala que la conducta de la sanitaria es arbitraria, pues con su actividad afecta el diario vivir, la salud, la integridad y la calidad de vida de los vecinos de El Boro, no adoptando medidas de resguardo para detener los malos olores. La empresa sanitaria se ampara en las Resoluciones de Calificación Ambiental y otras autorizaciones con que cuenta, pero aquellas no tornan en legal su actividad, puesto que no respeta en la operación de la planta las obligaciones contraídas, ni la normativa legal aplicable, ya que si así lo hiciera, no se generarían los malos olores.

Luego de narrar un historial desde la instalación de la Planta de Tratamiento de nombre reservado el año 1998, los cambios de propiedad en la concesión sanitaria, las resoluciones exentas y de calificación ambiental que culminaron con el funcionamiento de ella, indica que estaba prevista para satisfacer las necesidades de 70.000 habitantes, sin embargo, Alto Hospicio cuenta a la fecha con 100.000 vecinos, por lo que no da abasto.

Agrega que en el punto 3.5.1 de la Resolución de Calificación Ambiental Nº 72 de 2002, la empresa sanitaria se compromete a que las emisiones en la atmósfera, en caso de producirse, serán de baja magnitud y contribuirán a su dispersión los vientos reinantes en Alto Hospicio. No obstante, desde el año 2010, se ha constatado la percepción de olores pestilentes en los alrededores de la Planta de Tratamiento.

Asevera que nombre reservado nombre reservado, en conocimiento del mal que ha causado, de la ilegalidad y arbitrariedad de su proceder, y de los reclamos constantes de los pobladores afectados, se vio obligada a realizar cambios en las instalaciones, presentando la Declaración de nombre reservado de “Mejoramiento Integral de la Planta de Tratamiento de nombre reservado Alto Hospicio”, que por Resolución de Calificación Ambiental Nº 102, de 18 de noviembre de 2014, fue rechazado. Es decir, la empresa se mantiene en su mala gestión, no subsanando las omisiones, errores o inexactitudes de un proyecto que podría remediar la situación.

Indica que a la Superintendencia del Medio Ambiente le asiste el seguimiento del sistema normativo ambiental y el control integrado de la contaminación, debiendo adoptar las medidas necesarias para evitar la del aire, siendo un hecho de conocimiento público la presencia de hedores en El Boro, lo que da cuenta que esa autoridad no ha cumplido con el mandato del artículo 64 de la Ley de Bases del Medio Ambiente.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Sanitarios debe cumplir con su rol fiscalizador en el tratamiento de aguas servidas y lograr que las empresas no causen perturbaciones a la comunidad, de acuerdo a la Ley 18.902, deber que ha incumplido. Asimismo, a la autoridad sanitaria le corresponde, de conformidad al artículo 14 B N° 2, 3 y 7 de la Ley 19.937, ejecutar acciones para la protección de la salud de la población, velando por el cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones sobre la materia.

A su vez, indica que el año 2010 el Ministerio de Salud realizó un informe sobre el tipo de patologías que generalmente consultaban los habitantes del sector cercano a las piscinas; sin embargo, pese a los resultados, no se realizaron más indagaciones, radicando allí la negligencia de la Secretaría Regional Ministerial, pues tiene la obligación de realizar las gestiones correspondientes para la protección de la salud de las personas.

Los hechos descritos precedentemente importan, en concepto de los recurrentes, una vulneración a las garantías constitucionales ya citadas, afectándolos en actividades tan cotidianas como respirar, comer, convivir, hacer deportes, en las costumbres y en su esparcimiento, estando expuestos a gases perjudiciales para la salud y a patologías graves, lo cual redunda en una perturbación a su calidad de vida, como elemento constitutivo del derecho a vivir en un medio ambiente sin contaminación.

Finalmente, refiriéndose al plazo de interposición de esta acción, afirma que se encuentra dentro del plazo señalado en el Auto Acordado sobre la materia, toda vez que el mal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de nombre reservado, las emanaciones de olores pestilentes, la infracción a distintos cuerpos normativos y la ausencia de fiscalización por parte de las autoridades pertinentes, son hechos que se verifican en forma continua, desde el inicio de operaciones de la planta a la fecha, situación que se mantendrá si la Planta sigue en funcionamiento o no se hace un manejo apropiado de ella.

Por lo anterior, solicita se ordene paralizar el funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de nombre reservado, con expresa instrucción de que cesen las emanaciones de olores pestilentes y gases tóxicos, sin perjuicio de las demás providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus representados.

A fojas 191, evacúa informe doña nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, solicitando rechazar el recurso de protección. Junto con referirse al marco normativo y a las facultades y atribuciones de la Superintendencia, expone que la empresa nombre reservado del Altiplano S.A. explota los servicios sanitarios en la localidad de Alto Hospicio, que comprende la producción y distribución de agua potable, y la recolección y disposición de las aguas servidas. Para la prestación del servicio de disposición de aguas servidas, opera la Planta de Tratamientos de nombre reservado, la que está constituida por un sistema en base a un desbaste encapsulado con tratamiento de gases odoríficos, formado por cuatro lagunas, cada una de ellas seguida por una laguna de sedimentación. Indica que la población más cercana a la Planta se ubica a 160 metros al Suroeste de la misma; hacia el norte de la Planta hay viviendas a 200 metros y la zona de riego de olivos está a 1.000 metros. Ella está proyectada para satisfacer las descargas de una población de 86.183 habitantes, siendo la domicilio reservado personas.

A continuación, explica el proceso técnico de tratamiento de aguas servidas que se verifica en la Planta, la que debe respetar las resoluciones de calificación ambiental, las normas sectoriales y las instrucciones emanadas de la Superintendencia que representa.

Señala que se han presentado problemas en la operación del servicio de deposición de aguas servidas de Alto Hospicio, a propósito de los efectos de los sismos del 1 y 2 de abril de 2014, que produjeron un colapso de los módulos 1 y 2 del sistema de tratamiento, concluyendo los trabajos de rehabilitación formalmente el 11 de diciembre de 2014. Las obras dejaron fuera de operación 2 lagunas, sometiéndose a sobrecargas las 2 restantes, con un aumento del suministro de oxígeno para mejorar proceso.

Agrega que en fiscalizaciones efectuadas los días 21 de enero, 17 y 21 de marzo de 2015, se constató que los módulos 1 y 2 estaban funcionando con normalidad y sin impactos para la población, en tanto que los módulos 3 y 4 no normalizaban su operación, advirtiéndose olores intensos, que no trascendían más allá de las instalaciones. En total, durante el año 2014 se realizaron 12 fiscalizaciones y en el 2015 ya van 6, constatándose en todas ellas los referidos olores, que no son percibidos desde el exterior de la planta.

Añade que la Superintendencia, cumpliendo su labor fiscalizadora, ha instruido a nombre reservado nombre reservado, respecto de la operatividad, mantención y estado de la infraestructura de la Planta de Tratamiento de nombre reservado de Alto Hospicio, además de verificar el cumplimiento del Plan de Rehabilitación Post Terremoto, requiriendo la superación de cada uno de los aspectos observados en las respectivas fiscalizaciones, en particular, que se adopten las medidas que conduzcan a la pronta normalización de la operación de los módulos 3 y 4, cuyo funcionamiento irregular provocó protestas ciudadanas. Asimismo, se requirió a la empresa la elaboración de un cronograma para materializar las instrucciones dadas y la remisión de un informe técnico con los resultados de los monitoreos de los sensores de gases odorantes instalados en la Planta, con un plan de mitigación de olores a ejecutar en las instalaciones para eliminar definitivamente la generación de olores molestos.

Esgrime que en atención a la conmoción pública que provocan los problemas suscitados en la Planta de Alto Hospicio, la Superintendencia ha mantenido una fiscalización permanente sobre ella y por Oficio SISS Regional Nº 2215, de 30 de marzo de 2015, se impartió una serie de instrucciones tendientes a disminuir o prevenir la generación de olores molestos y vectores, así como el cumplimiento de la normativa vigente para evitar afectar la calidad de vida de la población cercana a la Planta.

En cuanto a la omisión que le atribuyen los actores, en orden a no fiscalizar a la empresa nombre reservado nombre reservado, perturbando las garantías constitucionales invocadas, afirma categóricamente haber cumplido con los deberes establecidos en la Ley 18.902. Señala que, además de efectuar fiscalizaciones periódicas a la empresa y levantar actas con las anomalías que presenta la Planta, se han impartido instrucciones a la concesionaria y se han sancionado las infracciones a la calidad del servicio de tratamiento de aguas servidas. En efecto, se han iniciado 8 procesos sancionatorios en contra de nombre reservado nombre reservado relativas a incumplimientos en la planta, los que individualiza con expresa mención de las multas cursadas.

Afirma que no existe omisión arbitraria e ilegal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dado que ha desarrollado acciones fiscalizadoras orientadas a asegurar el correcto funcionamiento de la Planta, de manera rutinaria y permanente, velando especialmente por la comunidad y su bienestar social, así como la adecuada calidad del servicio de tratamiento, motivo por el cual pide se rechace el recurso de protección a su respecto.

A fojas 219, evacúa informe don nombre reservado, por la Superintendencia del Medio Ambiente, instando por el rechazo de la acción constitucional en relación a su servicio. Alega la incompetencia de la Superintendencia para fiscalizar a la empresa nombre reservado del Altiplano S.A., puesto que al tener la empresa recurrida una concesión de servicios sanitarios, es competente para fiscalizar y sancionar los incumplimientos que se detecten en relación con las normas de emisión relativas a residuos líquidos, y a la Resolución de Calificación Ambiental, en lo que respecta al funcionamiento de la Planta, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y no la Superintendencia a su cargo, como lo ha dicho la Contraloría General de la República, en los dictámenes Nº 25.248/2012 y 20.018/2015.

Señala que la Superintendencia que representa, con fecha 5 de febrero de 2015, recibió una denuncia en la que se alegaba la existencia de olores molestos generados por la obstrucción de cámaras de la empresa recurrida en autos. Esta denuncia fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, remitiéndole los antecedentes, para que, como órgano competente, le diera la tramitación de rigor.

A fojas 317, evacúa informe doña nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, señalando que como autoridad sanitaria han realizado diversas fiscalizaciones, de oficio o ante denuncias de la ciudadanía, por emanación de malos olores, detectando en varias oportunidades incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental vigente, ante lo cual, de acuerdo a la normativa ambiental de la Ley 19.300 y a lo dictaminado por la Contraloría Regional, han remitido los antecedentes a la Comisión de Evaluación Ambiental.

Acto seguido, detalla 4 procesos de fiscalización y sus resultados, así como un programa de vigilancia y fiscalización de olores molestos en la comuna de Alto Hospicio, definiéndose 8 puntos de verificación de olores en distintos sectores de la comuna. Este programa se concretó en junio de 2012 y se obtuvo como conclusión que en el 75% de las fiscalizaciones se percibieron hedores en los distintos puntos georreferenciados, que la detección de olores se relaciona con el mal o nulo funcionamiento de los aireadores de las piscinas 3 y 4, y que los sectores afectados fueron la población Mujeres del Futuro, Monte Los Olivos, Villa Frei, Parque Oriente, Casas del Alto, Colegio Kronos y El Boro. Los informes fueron enviados a la Comisión de Evaluación de Tarapacá, y por Resolución Nº 117, de 27 de agosto de 2012, inicia un proceso para determinar responsabilidades.

Agrega que con la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, le ha encargado a su repartición, en los años 2013, 2014 y 2015, actividades de fiscalización a la empresa, remitiéndose las respectivas actas a la División de Fiscalización de dicha Superintendencia para los procedimientos correspondientes.

Igualmente, señala que durante el año 2011 se realizó un análisis epidemiológico en Alto Hospicio, en el que no se pudo concluir la influencia de las lagunas en las consultas de urgencia, y refiriéndose a los impactos que producen los hedores en la salud de las personas, expresa que éstos afectan el bienestar y calidad de vida, debido a la incomodidad que generan tanto en el interior como en el exterior de las casas, pero no son un riesgo inminente para la salud de la población, sino más bien un perjuicio de agrado.

Señala que ha cumplido a cabalidad su labor fiscalizadora conforme a su competencia y ha denunciado los hechos que ha conocido a las autoridades correspondientes, haciendo presente que a la fecha no existe una normativa de olores que aplique para este caso concreto.

A fojas 324, evacúa informe don Gonzalo Ramírez Águila, abogado, en representación de nombre reservado del Altiplano S.A.

Expresa que en el libelo se acusa que la Planta no tendría buen manejo, no estaría respetando las obligaciones sanitarias y ambientales, ni adoptando las medidas necesarias para detener y controlar los malos olores. Sin embargo, indica que estos hechos no logran configurar los requisitos de procedencia de la acción de protección, desde que no se identifica claramente cuál es la actuación ilegal o arbitraria que se atribuye a su representada y cómo aquellas vulneran los derechos constitucionales que invocan, tratándose de imputaciones genéricas, carentes de sustento.

Refiere que la Planta de Tratamiento de nombre reservado en cuestión, se emplazó en la zona de El Boro cuando éste era un despoblado, ya que sólo comenzó a ser habitado una vez que la Planta había iniciado sus operaciones. Asevera que la Planta funciona respetando cabalmente las autorizaciones ambientales y sectoriales, siendo objeto de profusas fiscalizaciones por parte de servicios públicos, quienes no han detectado los hechos relatados en el recurso. Menciona igualmente que en el sector El Boro existen propiedades que no están conectadas a la red de alcantarillado público y que utilizan soluciones alternativas para la descarga de sus aguas domésticas, las que no están autorizadas, existiendo sitios eriazos que son usados como vertederos clandestinos, los cuales generan focos de insalubridad y malos olores.

Luego de señalar que la Planta cuenta con dos Resoluciones de Calificación Ambiental, aprobadas por la Comisión Regional del Medio Ambiente de Tarapacá y de explicar someramente su funcionamiento, aboga por el rechazo del recurso en razón de ser extemporáneo. De una lectura del libelo, los actores reclaman por la presencia de olores molestos desde 1998; no obstante, no identifica ninguna acción u omisión imputable a su representada acaecida en el plazo de 30 días previos a la interposición del recurso, que haya vulnerado derechos de los recurrentes, y por otra parte, de aceptar la tesis del recurso, el acto u omisión que le daría origen a los malos olores tendría una data de más de 15 años.

Como segundo argumento de rechazo de la acción, alega que la acción de protección no es la vía idónea para conocer de derechos dubitados, o de hechos que no están acreditados. Indica que en el recurso no se entregan antecedente o medios probatorios serios que permitan probar la existencia de los malos olores que dicen sufrir y que ellos se vinculen a una operación ilegal o arbitraria de la Planta de Tratamiento y, por el contrario, su representada ha negado los dichos de los actores, sosteniendo que la Planta opera correctamente, contando con una serie de medidas para controlar y mitigar los olores que se generan, siendo objeto de continuas fiscalizaciones. Añade que los servicios públicos competentes no han constatado los hechos que alegan los recurrentes, y si bien una fiscalización de 2015, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, verificó la presencia de olores, constató que aquellos no trascendían del perímetro de la Planta. Por otra parte, indica que en el caso no existe una necesidad urgente de cautela que amerite recurrir de protección, quedando a salvo los procedimientos judiciales según la legislación ambiental.

Un tercer razonamiento de la empresa recurrida es que la acción se funda en antecedentes falsos, por no ser efectiva la existencia de contaminación por olores que sea atribuible a la actividad de la Planta. Señala que en nuestro ordenamiento no hay normas que regulen la emanación de olores, habiendo sólo un deber genérico de no producir olores que afecten la salud de la población. Ante la ausencia de una normativa específica, la Planta de Tratamiento está vinculada a las obligaciones impuestas en las respectivas resoluciones de calificación ambiental; el D.S. 594/2000 del Ministerio de Salud, Reglamento de Condiciones Básicas Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo; y Decreto 4/2009 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para el Manejo de Lodos. Adiciona que no existe superación de los parámetros impuestos en esos instrumentos, descartándose la existencia de contaminación, al existir concentraciones normales que no tienen la aptitud de poner en riesgo la salud de la población, su calidad de vida, o el medio ambiente; asimismo, en las respectivas resoluciones de calificación ambiental se contemplaron medidas dirigidas al control de posibles emisiones, a las cuales se ha dado estricto cumplimiento. Acusa que es igualmente falso que los servicios públicos recurridos no hayan cumplido con su rol fiscalizador, explicando que la Planta ha sido objeto de múltiples controles por parte de los órganos sectoriales.

Una cuarta línea argumentativa, descansa en el funcionamiento normal de la Planta de Tratamiento de nombre reservado, existiendo medidas de control de olores en todo el proceso de tratamiento de las aguas. En este punto hace presente que la gran mayoría de los incumplimientos detectados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios dicen relación con problemáticas surgidas a raíz del terremoto del año 2014, sin perjuicio de lo cual los olores que lógicamente genera la Planta quedan confinados dentro de su perímetro. Por otra parte, la empresa cuenta con un sistema de monitoreo de olores, instalado en el perímetro del predio, que permite registrar en forma permanente los gases presentes en el ambiente, y las mediciones efectuadas han detectado que las concentraciones están muy por debajo del máximo permitido en el D.S. 594/2000.

Añade que efectivamente la Planta de Tratamiento estaba proyectada para atender a una población de 86.183 personas, y actualmente Alto Hospicio cuenta con cerca de 100.000 habitantes, pero ello no significa de manera alguna un incumplimiento a la normativa vigente y, a pesar del aumento poblacional, la Planta funciona dentro de sus caudales de diseño.

En cuanto al tratamiento y manejo de los lodos, sostiene que ha dado estricto cumplimiento al Decreto 4/2009. También señala que el día 23 de diciembre de 2013 se ingresó a tramitación ambiental el proyecto de “Mejoramiento Integral de la PTAS de Alto Hospicio”, cuya Declaración de nombre reservado fue calificada desfavorablemente por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tarapacá. Se dedujo un recurso administrativo en contra de esta decisión, el cual, por resolución de 27 de abril de 2015, fue rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental, sin perjuicio de lo cual se ordenó reabrir el proceso de evaluación y que se elaborara un tercer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la Declaración de nombre reservado, lo que hace presagiar, en su opinión, que el proyecto será aprobado. Por último, indica que en el sector El Boro existen diversas fuentes de malos olores, como poblaciones sin alcantarillado o vertederos clandestinos.

Las restantes alegaciones de nombre reservado nombre reservado dicen relación con la inexistencia de vínculo causal entre los olores que dicen percibir los recurrentes y la actividad de su representada; que el recurso de protección es regresivo, puesto que de ser acogido, la comunidad de Alto Hospicio, incluyendo los recurrentes, estarían desprotegidos en sus derechos fundamentales al no contar con un sistema de tratamiento de aguas servidas domiciliarias, lo que generaría una emergencia sanitaria de graves consecuencias; y, finalmente, que no existen afectaciones a las garantías de los N° 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política, porque no se han demostrado y porque no ha incurrido en arbitrariedad o ilegalidad alguna.

En virtud de aquellas consideraciones, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, y en apoyo a su pretensión se valió de un plano debidamente custodiado en Secretaría.

A fojas 339 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que por una parte, se denuncia como acción ilegal la generación y concentraciones de gases tóxicos en el funcionamiento de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de nombre reservado de la empresa nombre reservado del Altiplano S.A., ubicadas en el sector denominado “El Boro”, en la comuna de Alto Hospicio, lo que tendría su origen en el hecho que la empresa no ha dado cumplimiento, en el funcionamiento y operación de dicha Planta, a las Resoluciones de Calificación Ambiental, y demás autorizaciones legales, para un correcto funcionamiento, por lo que existe una constante emanación de malos olores en el sector, generando contaminación en el medio ambiente y problemas a la salud física y psíquica de las personas.

Por otro lado, se imputa a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, una omisión en sus deberes legales como fiscalizadores, ya que no han ordenado la corrección de la infracción, actuación u omisión que genera contaminación en el medio ambiente y daño a la salud de las personas.

Como consecuencia de estos actos y omisiones, los recurrentes señalan que se afecta el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas, y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, de los N° 1 y 8 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que en primer término, corresponde hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad del recurso, conforme a lo planteado por la empresa nombre reservado del Altiplano S.A., es decir, si la acción cautelar invocada lo ha sido en el plazo señalado al efecto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, toda vez que dicha recurrida ha alegado que los actores reclaman por la presencia de olores molestos desde 1998, sin llegar a identificar ninguna acción u omisión imputable a su representada, que hubiere acaecido en el plazo de 30 días previos a la interposición del recurso, que haya vulnerado derechos de los recurrentes, con lo que de aceptarse la tesis del recurso, el acto u omisión que le daría origen a los malos olores tendría una data de más de 15 años.

Sobre el particular, cabe indicar que los recurrentes han señalado que el acto que produce la vulneración de las garantías constitucionales que indican en su libelo, los constituye la emanación de olores pestilentes que ocasionan severas molestias a los habitantes de los sectores aledaños a la Planta de Tratamiento de nombre reservado situada en el sector denominado “El Boro”, de la comuna de Alto Hospicio, expresando que ellas se han mantenido en el tiempo y que se han agudizado en los últimos meses, percibiéndose aún al momento de interponer el libelo.

CUARTO: Que al respecto, es necesario tener presente que si bien los recurrentes afirman que la emanación de malos olores desde la Planta en cuestión data de hace tiempo, también refieren que ésta se ha mantenido y que persiste al momento de interponer su libelo.

Luego, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, efectúa una diferenciación en cuanto a la forma de computar el plazo entre el acaecimiento mismo del acto y el conocimiento que de éste ha tenido el recurrente, resultando útil diferenciar entre el acto en sí al cual se le atribuye el carácter de atentatorio a las garantías constitucionales y los efectos del mismo. De esta manera, aún cuando el conocimiento de los hechos por parte de los recurrentes pudiera estar determinado por la percepción misma de los olores, no es menos cierto que ellos provienen de distintos actos de naturaleza continua y repetidos, inherentes al desarrollo mismo de las actividades de la empresa recurrida, consistente en la operación de una Planta de Tratamiento de nombre reservado, que es de carácter permanente, y de donde proviene la emanación de olores, lo que da cuenta de una continua renovación del acto que origina la vulneración de garantías denunciada por los recurrentes, y como consecuencia del ello, del plazo de la acción que las protege, debiéndose concluir que el recurso ha sido interpuesto dentro de plazo.

QUINTO: Que sobre el fondo de la acción deducida, no cabe duda que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación dice relación con el bienestar de las personas y se presenta íntimamente ligado con el derecho a la integridad física y síquica. Por ello, es posible sostener que una alteración al medio ambiente como la denunciada puede implicar una alteración o vulneración de dichos derechos, pero para que prospere la acción cautelar intentada, a lo menos es necesario que la acción u omisión revista el carácter de ilegal, esto es, que se haya realizado contraviniendo la normativa vigente que regula la actividad en cuestión y, por otra parte, que esta Corte esté en posición de enmendar la situación a través de medidas concretas que restablezcan el orden jurídico alterado, ya que se trata de una acción de emergencia, que busca la pronta solución del problema que origina la vulneración de ciertas garantías constitucionales.

Conforme a lo dicho, cabe señalar que de los antecedentes indicados en lo expositivo de esta sentencia, así como de aquellos solicitados como medida para mejor resolver, y asimismo de los Informes evacuados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá, se desprende con mediana claridad que en el presente caso no concurren los presupuestos de arbitrariedad o ilegalidad, que constituyen los fundamentos necesarios e indispensable del recurso de protección.

En efecto, aparece establecido que las emanaciones de olor que se han detectado en determinados sectores de la comuna de Alto Hospicio, se originan en una situación que podría calificarse como transitoria y accidental en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de nombre reservado de Alto Hospicio, pues ellas se vieron afectadas por dos sismos de magnitud que afectaron a la región en el mes de abril de 2014, en términos que se alteró su normal funcionamiento, apareciendo también establecido que a la fecha se han implementado acciones tendientes a normalizar la operación de la Planta, todo ello bajo el control y vigilancia de la autoridad administrativa correspondiente, esto es, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y así aparece debidamente corroborado en el informe de dicha entidad, específicamente en su punto Tercero (fojas 195), donde se detalla el proceso de rehabilitación de la Planta y la existencia de un cronograma de medidas destinadas a superar las anomalías.

En suma, con motivo de los deterioros y estragos sufridos por la Planta en cuestión, se han desarrollado por parte de la empresa nombre reservado del Altiplano S.A., los trabajos tendientes a superar la emergencia, y asimismo, ellos han sido debidamente supervisados por la autoridad administrativa competente, adoptándose las acciones de orden administrativo que el caso ameritare, siendo en dicha sede en la que habrá de examinarse el cumplimiento de las medidas adoptadas para superar la contingencia experimentada en el funcionamiento de la Planta de Tratamiento, así como las justificaciones que puedan existir en relación a la detección de eventuales incumplimientos, que puedan derivar en la concreción de los hechos reclamados en la presente acción cautelar. Del modo señalado, esta Corte estima que se encuentra suficientemente al amparo del derecho la principal situación que ha motivado la interposición de este recurso.

SEXTO: Que también resulta del caso señalar que para disponer el rechazo del recurso, se debe tener presente que conforme al inciso final del artículo 20 de la Constitución, el recurso de protección en el caso del derecho a que se refiere el Nº 8 del artículo 19, esto es, “al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, procederá también cuando este derecho sea “sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”, sin que pueda desprenderse de antecedente alguno de este proceso que haya habido de parte de la recurrida nombre reservado del Altiplano S.A. algún acto u omisión contraria a la ley encaminada directamente a producir fallas el funcionamiento de las instalaciones que pudieran haber provocado las emanaciones de olores que se han denunciado en autos, dado que la transgresión al indicado derecho, a decir de los recurrentes, consiste en que la empresa señalada no ha dado cumplimiento en el funcionamiento y operación de su Planta de Tratamiento, a las Resoluciones de Calificación Ambiental y autorizaciones legales, para un correcto funcionamiento de la misma, lo que como se ha dicho no ha ocurrido en la especie, desde que todo lo referente a la operación de la Planta en cuestión ha estado sujeta a la normativa vigente, cuyo control ha sido ejercitado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

De otro lado, en cuanto los recurrentes estiman también conculcado el derecho a la vida y a la integridad personal, por la contaminación odorífica que se deriva del mal funcionamiento de la Planta, este Tribunal no advierte necesariamente una relación de causalidad entre ese mal funcionamiento y el eventual perjuicio a las personas, desde que según la naturaleza del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, es dable exigir del acto u omisión ilegal, una manifiesta expresión de voluntad de dañar, situación que no ocurre en la especie.

SÉPTIMO: Que de esta manera, la acción de protección no resulta ser la vía idónea para conocer de hechos que no están acreditados, dado que no se han entregado antecedentes suficientes que permitan probar la vinculación entre una operación ilegal o arbitraria de la Planta de Tratamiento y los malos olores que dicen padecer los recurrentes, habiéndose demostrado por la empresa recurrida que dicha Planta opera en forma normal, contando con las medidas necesarias para mitigar los olores que se generan, y sujeta a constantes fiscalizaciones por los entes administrativos.

Asimismo, la empresa se ha ajustado en la operación y funcionamiento de la Planta de Tratamiento, a las obligaciones impuestas en las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental; al Decreto Supremo 594/2000, del Ministerio de Salud, Reglamento de Condiciones Básicas Sanitarias y Ambientales en los lugares de Trabajo; y al Decreto 4/2009, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para el Manejo de Lodos, evidenciándose del Informe Sistema Monitoreo de gases de abril de 2015, acompañado por la empresa recurrida, rolante a fojas 360, que no existe superación de los parámetros impuestos en esos instrumentos, existiendo concentraciones normales que no ponen en riesgo la salud de la población o el medio ambiente, habiendo dando también cumplimiento a las medidas de control de posibles emisiones, contempladas en las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental.

Conforme a lo razonado, el recurso resulta improcedente, tanto como las peticiones concretas que en él se formulan, puesto que la solicitud de que “se ordene paralizar el funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de nombre reservado, con expresa instrucción de que cesen las emanaciones de olores pestilentes y gases tóxicos”, constituye una petición totalmente ajena a la naturaleza del recurso de protección, e incluso podría resultar atentatorio a la salud y bienestar general de la población.

OCTAVO: Que por otra parte, en cuanto se acusa en el libelo una omisión en el cumplimiento de sus deberes legales a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en su rol como fiscalizadores, por no haber dispuesto la corrección de la actuación u omisión que genera contaminación en el medio ambiente y daño a la salud de las personas, por parte de la empresa nombre reservado del Altiplano S.A., en la operación de su Planta de Tratamiento de aguas servidas, cabe indicar que no se encuentra justificado, ni demostrado que dichos servicios administrativos hayan incumplido con su rol fiscalizador, apareciendo de los antecedentes agregados a la causa, que la Planta en cuestión ha sido objeto de diversos controles por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, disponiendo las instrucciones pertinentes para superar las falencias o desperfectos detectados en su funcionamiento, o bien entregando a la autoridad administrativa correspondiente las denuncias y antecedentes hechos llegar por algún particular, como ha sido el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente.

NOVENO: Que en las circunstancias ya referidas, no habiendo incurrido ninguna de las entidades recurridas en alguno de los actos u omisiones ilegales que los recurrentes les atribuye, y por consiguiente al no concurrir los presupuestos necesarios para prestar acogida al recurso de protección, el mismo será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 103 y siguientes.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Güiza, quien estuvo por acoger la referida acción constitucional, pero sólo respecto de la empresa nombre reservado del Altiplano S.A., por las siguientes consideraciones:

1.- Que conforme a los antecedentes incorporados al proceso es un hecho cierto que la Planta de Tratamiento de nombre reservado situada en la comuna de Alto Hospicio, presenta defectos en su gestión, habiéndose producido diversos episodios de malos olores durante el último año, de acuerdo a lo informado por las autoridades encargadas de su fiscalización.

2.- Que lo anterior aparece señalado con mayor claridad en el Informe evacuado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a fojas 191, donde se expresa que en fiscalizaciones efectuadas los días 21 de enero, 17 y 21 de marzo de 2015, se constató que los módulos 1 y 2 estaban funcionando con normalidad, en tanto que los módulos 3 y 4 no normalizaban su operación, advirtiéndose olores intensos, aunque no trascendían más allá de las instalaciones. Luego, en cumplimiento a su labor fiscalizadora, instruyó a la empresa respecto de la operatividad, mantención y estado de la infraestructura de la Planta de Tratamiento de nombre reservado de Alto Hospicio, requiriendo la superación de cada uno de los aspectos observados en las respectivas fiscalizaciones, en especial, adoptar las medidas que conduzcan a la pronta normalización de la operación de los módulos 3 y 4, cuyo funcionamiento irregular provocó protestas ciudadanas. Asimismo, requirió a la empresa la remisión de un informe técnico con los resultados de los monitoreos de los sensores de gases odorantes instalados en la Planta, con un plan de mitigación de olores a ejecutar en las instalaciones para eliminar definitivamente la generación de olores molestos. Por último, dicha autoridad ha mantenido una fiscalización permanente sobre la Planta en cuestión, y en virtud de distintos Oficios, impartió una serie de instrucciones tendientes a disminuir o prevenir la generación de olores molestos y vectores, así como el cumplimiento de la normativa vigente para evitar afectar la calidad de vida de la domicilio reservado.- Que las referidas instrucciones fueron respondidas por la empresa nombre reservado de Altiplano S.A., como consta de los documentos de fojas 369, 370, 380, 382 y 384, correspondiendo este último, de fecha 27 de mayo de 2015, a la respuesta dada al Oficio de la Superintendencia N° 2822, de 21 de abril del año en curso. En todos ellos queda de manifiesto la efectividad de las deficiencias constatadas por la autoridad fiscalizadora, y que en opinión del disidente, permiten concluir como un hecho indesmentible la existencia de malos olores que provienen de la Planta, extendiéndose a parte importante de la comuna de Alto Hospicio, en los sectores habitados por los recurrentes.

4.- Que por otro lado, tal como lo expresara la empresa recurrida, a la fecha se encuentra en tramitación una Declaración de nombre reservado, ante el Servicio de Evaluación Ambiental, del proyecto denominado “Mejoramiento Integral de la PTAS de Alto Hospicio”, precisamente porque habiendo sido proyectada y diseñada para atender a una población de 86.183 personas, actualmente la comuna de Alto Hospicio cuenta con cerca de 100.000 habitantes, de lo que se infiere necesariamente que habrán de realizarse determinadas obras para mejorar su funcionamiento, entre las cuales deben estar aquellas tendientes a evitar la emanación de malos olores o pestilencias.

5.- Que la Constitución Política consagra en el artículo 19 N° 8, como garantía, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, señalando que es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. En este sentido, el reconocimiento que la Constitución hace a la vida e integridad de las personas y que es una consecuencia de lo establecido en su artículo 1, en cuanto a que el Estado está al servicio de la persona humana y que uno de sus deberes fundamentales es dar protección a la población, da cuenta que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es una consecuencia del derecho a la vida, de suerte que es el mismo derecho, pero en su dimensión ambiental, es decir, en relación con el medio en que la persona está viviendo.

6.- Que por lo expuesto precedentemente, la existencia de estos malos olores que se originan en la operación de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, constituye sin duda una afectación a la calidad de vida de las personas que viven en las cercanías de dicha Planta, dado que se invade el espacio familiar, produciéndose una repugnancia al respirar estos malos olores, representado por el proceso defectuoso de tratamiento de aguas servidas, viéndose amagado el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, precisamente por una acción y omisión ilegal imputable a la empresa nombre reservado del Altiplano S.A., dado que siendo titular de la concesión del servicio público sanitario de disposición de aguas servidas, está plenamente determinada la persona u organismo que origina la privación de este derecho, sin que las medidas adoptadas para evitar o corregir el deficiente tratamiento de las aguas servidas hayan sido eficaces, en términos que hubieran permitido poner fin a la afectación ya señalada.

7.- Que lo anterior, representa un atentado al derecho a la vida consagrado en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como también al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, previsto en el N° 8 del citado artículo 19, puesto que la actuación de la empresa recurrida ha sido ilegal, en la medida que no está cumpliendo la función esencial de la concesión sanitaria que le fuera entregada.

8.- Que como conclusión de lo anterior, el disidente estima que acogiéndose la acción de protección en contra de la empresa nombre reservado del Altiplano S.A., como una forma de restablecer el imperio del derecho ella debería adoptar todas las medidas necesarias, eficaces e ineludibles que tiendan a mejorar la operación de su Planta de Tratamiento de nombre reservado, de modo que exista un procedimiento que impida con certeza y seguridad el escape de malos olores hacia los lugares aledaños, y asimismo, cumplir estrictamente con las observaciones e instrucciones emanadas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, tan pronto sea requerida por dicha autoridad, todo ello con el fin de evitar la emanación de malos olores desde esas instalaciones.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro señor Pedro Güiza Gutiérrez.

Rol I. Corte N° 222-2015.

Pronunciada por los Ministros Sr. ERICO GATICA MUÑOZ, Sr. PEDRO GÜIZA GUTIÉRREZ y el Fiscal Judicial Sr. JORGE nombre reservado LEYTON. Autoriza don nombre reservado, Secretario subrogante- En Iquique, a diecisiete de junio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.

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