Protección contra Servicio de Salud Tarapacá

Iquique, treinta de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece el abogado don Octavio Alberto Kehr Castillo, en representación de doña nombre reservado, cirujano dentista, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio de Salud Tarapacá, por aplicación de la medida disciplinaria de destitución, seguido en un procedimiento sumarial que no respetó las garantías del debido proceso y el derecho a defensa; acciones y omisiones que la han privado, perturbado y amenazado en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 2°, 3° inciso quinto y 24° de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 08 de septiembre de 2025, el Servicio de Salud de Tarapacá dictó la Resolución Exenta N°NUM000, mediante la cual instruyó un proceso disciplinario destinado a investigar a funcionarios públicos que habrían salido del país encontrándose con licencia médica, incluyendo a la recurrente.

Agrega que con fecha 17 de diciembre de 2025, la Fiscal del sumario, procedió a formular cargos en contra de la recurrente, imputándole faltas graves a la probidad administrativa, sin embargo, a la fecha de notificación de la formulación de cargos, la recurrente se encontraba con permiso sin goce de sueldo fuera de la Región de Tarapacá, de forma tal, que la notificación de la formulación de cargos consistió en dejar una copia de la resolución sobre el escritorio de la actora, sin que ella se encontrara presente ni pudiera tomar conocimiento real y efectivo del acto de notificación.

Afirma que el día 11 de enero del año en curso, se reincorporó a sus funciones en el Hospital de Alto Hospicio y en el Hospital Ernesto Torres Galdames, tomando conocimiento por primera vez de la formulación de cargos en su contra el día 12 de enero del mismo año.

Sostiene que el 19 de enero en curso, presentó un escrito ante la Fiscal del sumario, haciéndose parte y formulando el incidente de nulidad de previo y especial pronunciamiento por falta de notificación legal, solicitando expresamente copia íntegra de la carpeta sumarial completa. Sin embargo, dicha solicitud no fue respondida oportunamente, manteniendo a su representada en un estado de indefensión respecto del contenido del expediente, cuestión que se extiende hasta la presente fecha.

Luego, con fecha 17 de febrero de 2026, una funcionaria del Servicio de Salud Tarapacá, cuya identidad no fue siquiera informada, se presentó en el domicilio particular de la recurrente con el único propósito de comunicarle verbalmente que había sido destituida de su cargo. En dicho acto, la funcionaria no entregó copia alguna de la resolución de destitución.

Es en virtud de lo anterior -sostiene- que las actuaciones y omisiones de la recurrida han vulnerado diversas garantías constitucionales de recurrente, por lo que solicita dejar sin efecto todos los actos dictados en el marco del sumario administrativo con posterioridad a la formulación de cargos, retrotraer el procedimiento sumarial al estado de notificar válidamente la formulación de cargos personalmente o por carta certificada al domicilio de la recurrente, con entrega de copia íntegra de la resolución respectiva y hacer entrega íntegra del expediente sumarial por parte del recurrido, con costas. Cita jurisprudencia y acompaña documentos.

Evacuó informe el Servicio de Salud Tarapacá, sosteniendo que el sumario se ha tramitado con estricto apego a las normas del Título V, Párrafo 4°, del D.F.L.

N° 29 de 2004 (Estatuto Administrativo), según detalló de forma cronológica.

Afirma que el procedimiento disciplinario no se encuentra afinado y que respecto de la resolución que aplica la medida de destitución aún existen el recurso de reclamo de ilegalidad ante Contraloría General de la Republica y, además, aún no se ha remitido a trámite de toma de razón, faltando la instancia de revisión de legalidad del expediente por parte de Contraloría General de la República, de manera que, el acto administrativo aun no surte sus efectos.

Agrega que proceden contra de la resolución que ordene la aplicación de una medida disciplinaria los recursos de reposición ante la misma autoridad y jerárquico.

Detalla que el artículo 160 del DFL N° 29 de 2004 consagra el derecho de los funcionarios a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el Estatuto.

Argumenta que la jurisprudencia constante y uniforme de la Excma. Corte Suprema ha establecido que el recurso de protección no constituye la vía idónea para revisar la tramitación de procedimientos administrativos disciplinarios ni para sustituir los mecanismos de impugnación que el ordenamiento jurídico contempla para tales efectos.

Reconoce que, sin perjuicio de lo sostenido, con posterioridad a la interposición de la presente acción cautelar, la Dirección ha resuelto retrotraer el procedimiento disciplinario a la etapa inmediatamente anterior a la dictación de la resolución que se pronuncia sobre el informe del Fiscal Instructor, atendido que se han advertido errores de forma en la Resolución N° NUM001, a objeto que se subsanen los vicios formales detectados, resolución que deberá ser emitida con el carácter de resolución exenta, conteniendo pronunciamiento expreso respecto de la presentación de fecha 19 de enero de 2026 formulada por la recurrente y que finalmente, se ajuste en todos sus extremos a las exigencias del debido proceso administrativo.

Pide rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condenación en costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, del tenor de la acción interpuesta, se colige que la actora cuestiona la tramitación del sumario administrativo, en especial, los actos dictados con posterioridad a la formulación de cargos de fecha 17 de diciembre de 2025, incluyendo la resolución de destitución, no respetando, en definitiva, las garantías del debido proceso y el derecho a defensa.

TERCERO: Que, conforme al mérito de autos, se observa que lo impugnado no se trata de un acto final, sino más bien de resoluciones dictadas en un procedimiento administrativo, respecto al cual nuestro ordenamiento jurídico contempla vías idóneas y especiales de impugnación a su respecto, las cuales en el caso de marras aún se encuentran pendientes de ejercer, no siendo ésta la vía idónea para obtener la pretensión que indica en el petitorio de su presentación.

CUARTO: Que, en ese orden de ideas, los antecedentes que obran en autos, ponderados de conformidad a las reglas de la sana crítica, especialmente lo informado por el Servicio de Salud de Tarapacá, en cuanto que se decretó retrotraer el procedimiento disciplinario a la etapa inmediatamente anterior a la dictación de la resolución que se pronuncia sobre el informe del Fiscal Instructor, ordenando, además, pronunciamiento expreso respecto de la presentación de fecha 19 de enero de 2026, esto es, del escrito presentado por el abogado recurrente solicitando hacerse parte y formulando incidente de nulidad de previo y especial pronunciamiento por falta de notificación legal, y solicitando, además, copia íntegra de la carpeta sumarial, dan cuenta que el referido sumario se encuentra en actual tramitación y pendiente de adoptarse por la autoridad respectiva las determinaciones que correspondan sobre las solicitudes de la recurrente.

QUINTO: Que, así las cosas, no existiendo, en consecuencia, en la especie alguna medida cautelar que fuera necesario adoptar, resulta forzoso desestimar la acción intentada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Tarapacá.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-208-2026.