Protección contra Tesorería Regional de Tarapacá

Iquique, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece doña Miriam Murquio Salazar, abogada, en representación de doña nombre reservado, dependiente, RUT N° RUT reservado, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, por quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Regional de Tarapacá, por haber retenido y compensado en forma ilegal y arbitraria una suma de dinero pagada a la recurrente mediante una transacción judicial alcanzada en un juicio laboral, lo que atenta en contra de su garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en autos RIT O-300-2022 del Juzgado del Letras del Trabajo de Iquique, seguida por despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, fue aprobada una transacción a la que arribó, por la suma de $3.513.600, por lo que se ofició al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el debido cumplimiento de la mentada transacción, bajo los términos dispuesto en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil.

Posteriormente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitió al Juzgado de Letras del Trabajo la Resolución Exenta N° 942 de fecha 15 de mayo de 2023, en la cual ordena a la Tesorería Regional de Tarapacá pagar a la recurrente la suma de $3.513.600.

Ante ello, relata que la recurrente se presentó el 08 de junio pasado en dependencias de la recurrida, consultando sobre el pago acordado, instancia en la que se le entregó un comprobante de compensación, explicándole el funcionario que el dinero fue retenido y compensado a su deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Alega que el actuar de la institución es ilegal y arbitrario, y que conculca el derecho de propiedad de la recurrente, ya que el monto no corresponde a la devolución de impuestos a la renta anual del año 2023 de la recurrente, sino a un pago fruto de una transacción judicial con la Seremi de Salud de la Región de Tarapacá en un proceso judicial laboral, remontando el artículo 17 de la Ley N° 20.027. En segundo lugar, alude que la totalidad de la deuda no se encuentra vencida, y en tercer lugar, que la deuda compensada no ha sido cobrada de forma judicial ni extrajudicialmente.

Reitera que la recurrida solo puede retener de la devolución de impuestos a la renta anual del deudor los montos que se encontraren impagos por la deuda del CAE, lo cual no ocurre en la especie, toda vez que el monto retenido y compensado procede de un pago a la recurrente con motivo del término de un juicio laboral a través de una transacción judicial alcanzado por las partes litigantes.

Pide que se declare que la retención y compensación informada y percibida por la recurrida respecto de la suma de $3.513.600, de propiedad de la recurrente, es ilegal y/o arbitraria; que se ordene a la recurrida, o a quien corresponda, el reintegro de la suma de $3.513.600 a la recurrente, con los incrementos, intereses y reajustes que correspondan; y en subsidio de lo anterior, todo lo que se estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas. Acompaña documentos.

Evacúa informe doña nombre reservado, Directora Regional Tesorera (S) de la Tesorería Regional de Tarapacá – Iquique, solicitando su total rechazo, por improcedente, con costas.

Primeramente, alega la improcedencia del recurso por falta de acto administrativo recurrido, indicando que la recurrente es deudora de crédito con aval del Estado denominado CAE regulado por la Ley N° 20.027, y encontrándose en mora desde el 01 de marzo de 2023, en calidad de egresada, se hizo efectiva la garantía estatal, pasando a ser dueño del crédito el Fisco de Chile, lo cual se materializó mediante cargo en la cuenta única tributaria de la recurrente a través del Formulario N° 34 folio 396074 por la suma de $4.145.431.

Conforme a ello, aclara que la deuda proveniente del CAE se encuentra vigente a la fecha, pudiendo Tesorería General de la República compensar las deudas entre el Fisco y los deudores del Fisco para efectos de obtener el pago. Asimismo, aclara que lo que ocurrió con el pago a que tenía derecho la recurrente por la suma de $3.513.600 producto de una transacción entre la Seremi de Salud de la Región de Tarapacá y la recurrente, no fue una retención conforme al artículo 17 de la Ley N° 20.027, sino que fue una compensación producto de la calidad de acreedor y deudor recíprocos entre el Fisco y la recurrente, lo que operó por el solo ministerio de la ley, en los términos del artículo 1656 del Código Civil, como modo de extinguir las obligaciones.

Refiere que la compensación se funda también en la facultad que el artículo 6 del DFL 1 le otorga al Servicio de Tesorerías, por lo que mal podría estar afectándose la garantía constitucional de la actora, ni constituir un acto ilegal o arbitrario.

Destaca que el Servicio ha actuado de conformidad a la ley, reiterando que lo que operó fue una compensación y no retención de devolución de renta, que se encuentra facultado para compensar deudas, que la compensación opera por el solo ministerio de la ley y que la deuda se encontraba vencida a la época de la compensación.

Pide rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido por ser absolutamente improcedente, tanto en la forma como en el fondo, con expresa condenación en costas del recurrente. Adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Del recurso se desprende que el acto reprochado a la institución recurrida está constituido por la retención y compensación de una suma de dinero que debía pagarse a la actora de protección debido a una transacción judicial alcanzada en un juicio laboral, lo que conculcaría su derecho contenido en artículo 19 N° 24 de la Carta Magna.

A su vez, la institución sostiene que lo que operó fue una compensación en los términos del artículo 1656 del Código Civil, como modo de extinguir las obligaciones, y no retención de devolución de renta, encontrándose facultada para compensar deudas, compensación que opera por el solo ministerio de la ley, encontrándose la deuda vencida a la época de la compensación.

TERCERO: Son hechos no controvertidos la existencia de una transacción a la que arribó la recurrente con el Fisco de Chile, por la suma de $3.513.600, aprobada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique el 13 de febrero del corriente año, en causa RIT 0-300-2022.

Asimismo, conforme los documentos allegados, consta que por Resolución Exenta N° 942 de 15 de mayo de 2023, del Subsecretario de Justicia (S), se resolvió que la Tesorería Regional de Tarapacá pagará la suma única y total de $3.513.600, sin reajustes ni intereses, a la recurrente.

CUARTO: Los hechos controvertidos son que el monto retenido no corresponde a devolución de impuestos a la renta anual de 2023, que la totalidad de la deuda no se encuentra vencida, y que la supuesta deuda compensada no ha sido cobrada de forma judicial ni extrajudicialmente.

QUINTO: Que, de lo expuesto y analizados las normas legales que sustentaría la actuación de la Administración, se divisa un actuar evidentemente ilegal y arbitrario, toda vez que, en primer término, se ha controvertido y cuestionado que la deuda sea actualmente exigible, y, por otro lado, la recurrida únicamente ha justificado su actuar en la norma general del Código Civil, lo que resulta insuficiente ante la entidad del acto reprochado.

SEXTO: Por otro lado, no deja de llamar la atención que el Comprobante de Compensación entregado a la recurrente, y acompañado por ambas partes, consigna que “se han compensado las deudas pendiente de pago que se indican con el excedente de la declaración correspondiente al año 2023”, lo que no se condice con lo expresado en el informe evacuado por la institución en estos autos, evidenciándose un actuar irracional y contradictorio de la Administración, que claramente conculca la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, al punto que el recurso será acogido, en la forma que se dirá en lo resolutivo del fallo.

SEPTIMO: Y, para que no quede lugar a dudas, ciertamente el Servicio tiene facultad para decidir compensar deudas, pero esa compensación se vincula con la existencia de impuestos adeudados, no con créditos impagos, de manera que es imposible entender que, por sí y ante sí, Tesorería pueda aplicar la compensación en términos generales como lo ha hecho, sin perjuicio, claro está, de llevar a cabo las acciones que el Ordenamiento Jurídico le entrega para hacer efectivo el pago de deudas que los particulares tengan para con el Estado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Tesorería Regional de Tarapacá, y en consecuencia, se ordena a la recurrida el reintegro inmediato de la suma de $3.513.600 a la recurrente.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-2075-2023.