Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes

Iquique, once de agosto de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, a favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, por quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por su Gerente General, don nombre reservado, por atentar en contra de sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Anuncia que recurre por los actos arbitrarios e ilegales, consistentes en que la recurrida, a partir del mes de mayo de 2022 y hasta el presente mes de junio, dio instrucciones a su empleador para que descontara de su remuneración las sumas de $142.992 (mayo 2022) y $142.992 (junio 2022); con motivo del crédito que le había otorgado la Caja de Compensación Los Andes hacía más de 3 años, el que hasta la fecha se encuentra siendo conocido en causa rol C-308-2022 del 1° Juzgado de Letras de Iquique.

Expone que el 17 de diciembre de 2019 solicitó a la recurrida un crédito por la suma de $3.784.669, el que debía ser pagado en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $116.239.

Añade que el 30 de enero del presente año, se interpuso demanda ejecutiva en autos Rol C-308-2019 del 1° Juzgado de Letras de Iquique, respecto del pagaré N° 062CON101752100, aludiendo que adeudaría 43 cuotas y reclamando así $2.697.628, más intereses, reajustes y costas. Precisa que ella no ha sido notificada ni requerida de pago.

Razona que la recurrida ha actuado arbitraria e ilegalmente al ordenar al empleador de la recurrente descontar de la remuneración mensual la suma de $142.992 (mayo 2022) y $142.992 (junio 2022) a título del crédito solicitado con fecha 17 de septiembre de 2019, ya que tanto la deuda como la acción de cobro se encuentran siendo conocidas en la causa antedicha, por lo que accionar mediante el descuento de su remuneración supone desconocer la acción que el recurrido ejerció ante la justicia.

En cuanto a las garantías vulneradas, sostiene que el acto denunciado constituye un acto de auto tutela, vulnerando el proceso establecido por ley para el cumplimiento forzado de la obligación, libertad de trabajo y su derecho de propiedad. Cita jurisprudencia.

Pide acoger el recurso en todas sus partes, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al recurrente en el ejercicio de sus legítimos derechos constitucionales, y, declarar que la actuación de la recurrida son arbitrarios e ilegales y consecuencialmente, ordenarle que cesen los descuentos, y efectúen la restitución de los montos descontados de manera arbitraria o ilegal, durante los meses de mayo y junio de 2022, y todos los descuentos que a futuro efectúe, durante la tramitación del presente recurso, con expresa condena en costas. Acompaña documentos.

Evacúa informe don Matías Amigo García, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo de la acción deducida.

Explica que el 17 de septiembre de 2019, se otorgó a la recurrente la operación de crédito código 062CON101752100, por la suma de $3.784.669, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $116.239, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de noviembre de 2019.

Indica que las cuotas del mes de julio de 2021 a junio de 2022 (21 a 32), se encuentran en mora, con una deuda vigente de $4.219.830, cuyo monto se compone de deuda nominal, más intereses penales, exceptuando costas judiciales.

Concluye que se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 es pertinente y oportuno. Explica la génesis de las cajas de compensación como entidad de previsión social, y que los descuentos para el pago de cuotas de crédito son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo ya citado, destacando que el hecho que se haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22.

De dicho modo, refuta haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional de la recurrente. Asimismo, aduce que mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con la recurrida a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias que la prescripción debe ser declarada judicialmente. Cita jurisprudencia.

Pide rechazar el recurso y adjunta antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que lo reclamado por la recurrente radica en los descuentos a sus remuneraciones, dispuestos por la recurrida, respecto de las cuotas provenientes de una operación de crédito por un capital inicial de $3.784.669, lo que conculcaría sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Carta Magna.

A su vez, la recurrida expone que la recurrente mantiene una deuda vigente por $4.219.830, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 es pertinente, oportuno, carente de ilegalidad y arbitrariedad.

TERCERO: Que, el mentado artículo 22 de la Ley N° 18.833, dispone en su inciso primero: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”

CUARTO: Asentado lo anterior, de lo expuesto por las partes y de los documentos aportados por la recurrente, se desprende que existe un juicio ejecutivo vigente que correspondería a la deuda señalada por la actora, y que a pesar de existir ese procedimiento, la recurrida ha seguido descontando cuotas del préstamo.

QUINTO: La discusión señalada no puede prosperar, toda vez que la situación fáctica está sometida al conocimiento de un tribunal y no se ha acreditado haberse solicitado y obtenido en dicho juicio una suspensión del procedimiento de apremio, o una suerte de suspensión del cobro de las respectivas cuotas; y, finalmente, porque la existencia de un juicio ejecutivo no provoca la suspensión de la deuda, por no tratarse de un procedimiento de insolvencia, motivos todos por los que la acción cautelar impetrada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y con lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección presentado por doña nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte Nº 2070-2022 Protección.