CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL IQUIQUE CONTRA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA

IQUIQUE, uno de junio de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 30 y siguientes, comparece Boris Paredes Bustos, abogado, en representación de la CORPORACION MUNICIPAL de DESARROLLO SOCIAL de IQUIQUE, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA, por su actuación ilegal y arbitraria al dictar la Resolución Exenta N° 192, de fecha 24 de diciembre de 2014.

Expone que con fecha 07 de abril de 2015, la recurrente fue notificada de la Resolución Exenta N° 192, de fecha 24 de diciembre de 2014, de la Contraloría Regional de Tarapacá, que ordenó la instrucción de un sumario administrativo en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, en circunstancias que ésta no tiene la calidad de órgano de la administración del Estado, sino que se trata de una persona jurídica de derecho privado, sometida a las normas comunes y no al derecho administrativo, salvo en aquello relacionado con la fiscalización del uso de sus recursos.

Manifiesta que, en la antedicha resolución, se designó fiscal al funcionario de Contraloría nombre reservado, quien aceptó el cargo con fecha 02 de abril de 2015 y, un día antes, el 01 de abril pasado, ordenó que la recurrente le remitiera antecedentes administrativos de la Corporación, dentro del plazo de dos días hábiles, relacionado con la planilla de autoevaluación de transparencia activa, estructura orgánica, reglamento interno o manual de procedimientos, registro de funcionarios o trabajadores y los estatutos que lo rigen. Petición que fue reiterada con fecha 10 de abril de 2015.

En relación a la ilegalidad del acto, señala que al órgano contralor sólo le compete la fiscalización de los recursos financieros de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, razón por la cual su obrar infracciona lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 10.336 y artículo 136 de la Ley N° 18.965, asimismo, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 1 y 2 de la Ley N° 18.575, artículos 1 y 6 de la Ley N° 10.336 y 154 bis del Código del Trabajo.

Refiere que la naturaleza jurídica de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, creada al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 del DFL 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, y de las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con la finalidad de administrar y operar los servicios de educación y salud, traspasados a las municipalidades. Así las cosas, al no formar parte de la administración del Estado, ni tener la calidad de servicios creados para el cumplimiento de la función pública, ni la calidad de empresas del Estado o de sociedades en las cuales éste tenga participación, no le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, por mandato de lo dispuesto en el artículo 1 y 2 de la indicada normativa legal; lo cual, además, afirma que ha sido sustentado por jurisprudencia administrativa emanado del propio órgano contralor y por la historia fidedigna del establecimiento de la Ley N° 20.285.

En relación a la información de la remuneración de los trabajadores que laboran para la recurrente, indica que aquella se encuentra bajo el amparo de la legislación laboral, toda vez que los trabajadores no revisten la calidad de funcionarios públicos, sino que trabajadores regidos por el estatuto laboral y, en tal sentido, la información se encuentra sujeta a reserva conforme lo dispone el artículo 154 bis del Código del Trabajo.

En cuanto a la vulneración de garantías, expone que la recurrida le ha vulnerado aquellas contenidas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La del numeral 2, esto es, la igualdad ante la ley, toda vez que al ordenar instruir un sumario administrativo contra trabajadores de una persona jurídica de derecho privado excede las facultades de la Contraloría Regional, transformándola en ilegal, asimismo, establece diferencias arbitrarias en relación a las demás personas jurídicas de derecho privado respecto de las cuales no fiscaliza ni ordena instruir sumarios administrativos y, finalmente, al no respetar el debido proceso al establecer ampliaciones al derecho a la información pública, creando nuevos sujetos pasivos e instruyendo sumarios cuando carece de jurisdicción para ello. La del numeral 3, vale decir, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, fundado en que el organismo contralor carece de facultades fiscalizadoras respecto de la recurrida, pretendiendo hacer extensiva de las normas de la Ley de Transparencia y constituirse en un tribunal para conocer de un sumario. Y finalmente, la del numeral 4, esto es, el respeto y protección de la vida privada y honra de las persona y su familia, en razón de exigírsele como información pública las remuneraciones de sus trabajadores dependientes, en circunstancias que aquella se encuentra sujeta a la reserva contenida en el artículo 154 bis del Código del Trabajo.

Finalmente, solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 192, de fecha 24 de diciembre de 2014 y, consecuencialmente, todos los actos administrativos derivados de éste, con costas.

Adjuntó a su presentación los documentos que rolan de fojas 1 a 27, consistentes en Resolución N° 192, de fecha 24 de diciembre de 2014, de la Contraloría Regional de Tarapacá y aquellos actos administrativos de ella derivados; dictámenes emanados el órgano contralor y copia de la historia de la Ley N° 20.285.

A fojas 535 y 574, respectivamente, se hicieron parte por el recurso, el abogado JEAN PAUL GALTE MONTERO, y el abogado REINALDO BERTON FELIU, éste último por sí y en representación del SINDICATO N° 2 DE LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE. En síntesis, indican que se encuentran vinculados por contrato de trabajo suscrito con la Corporación de Desarrollo Social de Iquique, bajo el amparo del Código del Trabajo. En tal sentido, refieren que se ven afectados sus derechos y garantías constitucionales de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues el actuar de la recurrida no respeta la igualdad ante la ley, asimismo, se encuentra amenazada su garantía de no ser juzgados por comisiones especiales y su derecho a la privacidad.

Acompañan a fojas 533 y 534, y 546 a 573, los documentos que dan cuenta del vínculo contractual que los une con Corporación de Desarrollo Social de Iquique.

A fojas 512 y siguientes, nombre reservado, Contralora Regional de Tarapacá, informa, en primer lugar, que el Consejo de la Transparencia mediante oficio N° 1.438, de fecha 2 de abril de 2014, puso en conocimiento del órgano contralor, eventuales incumplimientos por parte de diversas Corporaciones Municipales, entre ellas, la recurrente, respecto de las normas de transparencia activa, contemplada en la Ley N° 20.285. En razón de ello, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 letra n) de la Resolución N° 1002, de 2011, de la Contraloría, se dictó la Resolución Exenta N° 192, de fecha 24 de diciembre de 2014, mediante la cual se ordenó la instrucción de un sumario administrativo, dentro del cual, el fiscal instructor ha solicitado información al señor nombre reservado, Presidente de la Corporación, ello a fin de esclarecer si existen o no responsabilidades administrativas con motivo de las infracciones denunciadas.

En forma previa, alega la falta de legitimación activa, que el recurso carece de fundamentos, que la acción no se encuentra fundada en un derecho indubitado, que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar de la acción de protección y la improcedencia del mismo en contra de un sumario administrativo. La primera de ellas, fundado en que el sumario administrativo no ha tenido por objeto efectuar un reproche acerca de la antijuricidad de lo actuado por la recurrida y de esa manera determinar que se ha afectado los derechos constitucionales de la recurrida, careciendo, en consecuencia, de legitimación activa para interponer la acción cautelar. La segunda, en el sentido que la recurrente no ha expresado de qué modo el actuar de la Contraloría Regional ha afectado los derechos constitucionales de la recurrente. La tercera, en relación a que las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Resolución Exenta N° 192, de 2014, son preliminares y que sólo tienen como propósito indagar si existen responsabilidades administrativas – las que son personales – y que deban hacerse efectivas, sin que se hayan formulado cargos respecto de una persona determinada, ni menos dictado el acto terminal que concluye el procedimiento, razón por la cual no se está en presencia de un derecho indubitado de titularidad de la recurrente. La cuarta, a base del argumento que lo discutido es la procedencia o no que las Corporaciones Municipales se encuentran afectas a la Ley N° 20.285, y cuya naturaleza es de lato conocimiento, excediendo el ámbito propio de la acción de protección. Y, finalmente, la quinta, bajo la premisa que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos que se encuentran sometidos a normas y procedimientos establecidos y entregados al conocimiento de organismo competentes que actúan dentro de la esfera de sus atribuciones legales y, consecuencialmente, bajo el imperio del derecho, cuyo sustento se encuentra en lo dispuesto en el inciso primero del artículo 98 de la Constitución Política de la República y los artículos 1, 131 y siguientes de la Ley N° 10.336.

En relación al fondo, señala que la Resolución Exenta N° 192, de 2014, es legal, ni arbitraria, y que no ha existido vulneración de derechos constitucionales.

En cuanto a la legalidad, en primer lugar, refiere que la Contraloría Regional se encuentra facultada para ordenar la instrucción de sumarios administrativos, cuyo sustento legal es otorgado por lo dispuesto en el inciso primero del artículo 98 de la Constitución Política de la República y los artículos 1, 131 y siguientes de la Ley N° 10.336, en consonancia con lo dispuesto en la Resolución N° 1002, de 2011, de la Contraloría General y artículo 49 de la Ley N° 20.285. En segundo lugar, manifiesta que la Contraloría General posee atribuciones de fiscalización de la recurrida y del alcalde de la Ilustre Municipalidad de Iquique, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 136 en relación con los artículos 40 y 51, todos de la Ley N° 18.695. Y, finalmente, que la Corporación recurrente se encuentra sujeta a la normativa de transparencia y del deber del alcalde respectivo de velar por su cumplimiento, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 20.285 en relación con el artículo 12 del DFL N° 1-3.063 de 1980, al presentar dichas corporaciones características particulares que dicen relación con la realización de funciones públicas relacionadas con la educación y la salud pública, cuyas tareas corresponden a los municipios con arreglo a los literales a) y b) del artículo 4 de la Ley N° 18.695.

Por otro lado, argumenta la falta de arbitrariedad de la Resolución Exenta N° 192, de 2014, toda vez que dicho acto administrativo ha sido dictado con motivo de la comunicación que remitió el Consejo de la Transparencia, denunciado la existencia de infracciones a la normativa de la Ley N° 20.285 y en ejercicio de las facultades de fiscalización que el ordenamiento jurídico le otorga al órgano contralor, conforme a los principios de juridicidad, probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, conforme le mandata la Constitución Política de la República. A lo cual, se suma el principio de inexcusabilidad consagrado en el artículo 14 de la Ley N° 19.880, al requerírsele su intervención en un asunto de su competencia, razón por la cual se encuentra obligado a dictar resolución en el mismo.

Sobre los derechos constitucionales alegados, manifiesta que no ha existido vulneración de ellos, pues, en relación a la igualdad ante la ley, esgrime que la Resolución Exenta N° 192, de 2014, se ha limitado a instruir un sumario como en todas aquellas situaciones en que se advierte que puedan estar comprometidas las responsabilidades administrativas de personas sujetas a la fiscalización del órgano contralor. En torno a no ser juzgado por comisiones especiales, esgrimió que no ha desarrollado una labor jurisdiccional, sino que únicamente ha hecho uso de las potestades que el ordenamiento jurídico le ha conferido para iniciar sumarios administrativos cuyo objeto es verificar la existencia o no de infracciones administrativas y, en su caso, determinar los eventuales responsables. Y, en cuanto al respeto de la vida privada, indica que aquello no ha sido conculcado, pues ha sido la Ley N° 20.285 que ha establecido la obligación de publicar los datos relativos a las remuneraciones de su personal y, en todo caso, la información solicitada, en el marco del sumario administrativo, igualmente se encuentra amparada bajo reserva, conforme lo dispone el artículo 135 de la Ley N° 10.336.

Finalizó solicitando que se desestime en todas sus partes el recurso.

Acompañó a su informe los documentos que rolan de fojas 53 a 511; que dicen relación con la Resolución Exenta N° 192, de 2014, y los actos administrativos de ella derivados; y los oficios enviados por el Consejo de la Transparencia al órgano contralor.

Fojas 588 y siguientes, la recurrida complementa su informe, respecto de los terceros, trabajadores de la recurrente, que se hicieron parte por el recurso, destacando que dicha comparecencia lo que pretender es salvar el incumplimiento, por parte de la Corporación de Desarrollo Social de Iquique, el requisito básico de falta de legitimación activa.

En relación a los reclamos de los terceros, manifiesta que de la presentación, por ellos efectuada, no se expresa de qué modo el actuar de la Contraloría ha afectado los derechos constitucionales de los trabajadores de la Corporación de Desarrollo Social de Iquique, asimismo, no se ha causado privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos de dichos trabajadores, en el marco de la dictación de la Resolución Exenta N° 192, de 2014, de Contraloría. Ahora, en relación al derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, en el marco del supuesto acceso a información pública de sus remuneraciones del personal de la Corporación de Desarrollo Social de Iquique, vulnerando con ello el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y artículo 154 bis del Código del Trabajo, refiere que tanto la Resolución N° 192, de 2014, como las diligencias derivadas del sumario administrativo, no han ordenado publicar las remuneraciones de dichos trabajadores, careciendo de sustento la imputación efectuada a Contraloría de así disponerlo. En efecto, lo solicitado por el entre contralor en su jurisprudencia administrativa, en relación con lo dispuesto en la Ley N° 20.285, es requerir que la Corporación de Desarrollo Social de Iquique mantenga a disposición permanente del público, a través de su sitio electrónico la información relativa a la remuneración percibida por su presidente y directores e información global y consolidada de su personal, más no en forma personalizada, razón por la cual no se divisa vulneración alguna a la garantía aludida por los trabajadores que se han hecho parte en el recurso, lo cual ha sido objeto de reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional en causa Rol 1732-10 y 1800-10. Finalmente, refiere que las actuaciones e información recopilada en el marco del sumario instruido por Resolución 192, de 2014, debe ser mantenida en reserva o secreto, incluso una vez terminado, por mandato del artícul9 de la Ley N° 10.336.

A fojas 527, se hizo parte el CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, en representación de la recurrida Contraloría General del República.

A fojas 697, se hizo parte el CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, en calidad de tercero coadyuvante de la recurrida, exponiendo que, con ocasión del proceso de fiscalización año 2014, evaluó el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa contempladas en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, artículo 51 del reglamento y en las Instrucciones Generales N° 4, N° 7 y N° 9 del Consejo para la Transparencia, refundidas, hoy en la Instrucción General N° 11, sobre Transparencia Activa, respecto de las Corporaciones Municipales de Salud y Educación del País. En dicho marco, en sesión N° 507 de fecha 12 de marzo de 2014, y tras un análisis de los resultados del proceso de fiscalización, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia acordó disponer la instrucción de un sumario administrativo en contra del Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Iquique, a fin de determinar su eventual responsabilidad por el presunto incumplimiento injustificado de obligaciones impuestas por las normas de Transparencia Activa. Para tal efecto, mediante Oficio N° 1438, de fecha 02 de abril de 2014, se solicitó a la Contraloría General de la República que instruya el sumario referido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Transparencia y, en su caso, proponga la sanción que en derecho corresponda, lo cual fue cumplido por el órgano contralor dictando la Resolución Exenta N° 192, de fecha 24 de diciembre de 2014, de la Contraloría Regional de Tarapacá.

En cuanto al fondo, bajo los mismos argumentos de la recurrida, expuestos latamente, solicitó el rechazo del recurso, por carecer de legitimación activa la Corporación de Desarrollo Municipal de Iquique y, en subsidio, por no concurrir ningún acto ilegal y arbitrario que afecte, amenace, perturbe o vulnere los derechos constitucionales de la recurrida, ello por cuanto se encuentra obligada a las disposiciones de la Ley de Transparencia, entre ellas, aquellas que establecen la responsabilidad administrativa por incumplimiento de las normas de Transparencia Activa.

Acompañó los documentos que rolan de fojas 588 a 696.

A fojas 526 y 585, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios u ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que analizados los antecedentes aparejados a la causa, de conformidad a las reglas de la sana crítica, es posible concluir los siguientes supuestos fácticos:

a) Que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, creada al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 del DFL 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, y de las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con la finalidad de administrar y operar los servicios de educación y salud, traspasados a las municipalidades.

b) Que el Consejo para la Transparencia realizó su proceso de fiscalización 2014 de las Corporaciones Municipales de Salud y Educación, entre ellas, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, evaluando el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Transparencia Activa, previstas en el artículo 7 de la Ley N° 20.285, en el artículo 51 de su Reglamento, en las Instrucciones Generales N° 4, 7 y 9 del Consejo para la Transparencia y en el Requerimiento Oficio N° 2.079, de 29 de mayo de 2013.

c) Que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, con fecha 12 de marzo de 2014 llevó a cabo su sesión ordinario N° 507, en la cual acordó disponer se instruya un sumario administrativo en contra del Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Iquique, ello a fin de establecer su eventual responsabilidad en el presunto incumplimiento injustificado de las normas de Transparencia Activa, ello según da cuenta el documento rolante a fojas 588 y siguientes.

d) Que mediante Oficio N° 001438, de fecha 02 de abril de 2014, el Director General del Consejo para la Transparencia, dando cumplimiento al acuerdo llevado a cabo en la sesión ordinario N° 507/2014 de dicha Corporación, solicitó al Contralor General de la República, la instrucción del respectivo sumario administrativo, según da cuenta el documento que rola a fojas 408 y 592.

e) Que mediante Resolución Exenta N° 192, de fecha 24 de diciembre de 2014, la Contraloría Regional de Tarapacá, ordenó la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de determinar la existencia de eventuales incumplimientos injustificados de las normas de Transparencia Activa en la Corporación de Desarrollo Social de Iquique, según da cuenta el documento rolante a fojas 2.

TERCERO: Que en cuanto a la alegación de falta de legitimación activa de la recurrente esgrimida por los recurridos, la misma será descartada toda vez que, en opinión de estos sentenciadores, aquella goza de legitimación activa, desde el momento que, respecto del ejercicio de los derechos de los numerales N° 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política, se estima que, si dichos derechos lo siente amenazados, por su especial característica de general y universal del daño que pudiere verse afectado, y además, considerando la subjetividad que pudiere representar para cada persona, natural o jurídica, una situación de amenaza o peligro de alguno de los derechos cuya protección reclama, no existiendo un patrón común al respecto, el Estado debe garantizarle el libre acceso a reclamar la protección de los mismos, llegando a las instancias jurisdiccionales correspondientes, como ocurre en el presente caso, independiente claro está del resultado de su pretensión. Distinto ocurre, respecto de la garantía cuya vulneración alega del numeral 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en la cual, claramente la recurrente carece de legitimación activa para ejercer la presente acción constitucional.

CUARTO: En cuanto al fondo, lo pretendido por la recurrente y terceros coadyuvantes es que esta Corte deje sin efecto la Resolución Exenta N° 192, de fecha 24 de diciembre de 2014, dictada por la Contraloría Regional de Tarapacá, y todos los actos que sean consecuencia de aquélla, en los cuales se ordenó un sumario administrativo en la Corporación recurrida a efectos de determinar la existencia de eventuales incumplimientos injustificados de las normas de Transparencia Activa.

QUINTO: Al respecto esta Corte advierte que en la dictación del acto administrativo impugnado el organismo contralor ha actuado dentro del marco de las atribuciones que le han sido otorgadas por el ordenamiento jurídico, disposiciones legales citadas en su informe (artículos 49 de la Ley N° 20.285 y 133 de la Ley N° 10.336) con arreglo a las cuales le corresponde, previo requerimiento efectuado por el Consejo para la Transparencia, ordenar la instrucción del respectivo sumario administrativo, razón por la cual no se avizora ilegalidad en su actuar.

Por otro lado, en relación a la petición formulada por el Consejo para la Transparencia, al órgano contralor para investigar el incumplimiento a las normas sobre Transparencia Activa, llevadas ante la Corporación recurrente, la misma se ajusta a la legalidad, pues no se debe perder de vista que conforme lo dispone el inciso primero del artículo 2 ° de la Ley N ° 20.285, ella es aplicable, entre otros organismos, a las Municipalidades y a los órganos o servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. En efecto, no se encuentra discutido en autos que la Corporación recurrente fue creada al amparo del DFL N° 1-3.062, de 1980, que en su artículo 12 facultó a las Municipalidades, para constituir con organizaciones de la comuna, una o más personas jurídicas de derecho privado que no persigan fines de lucro, conforme a las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, para la administración y operación, entre otros, de servicios en el área de educación, con la limitación expresa que en sus estatutos deberá establecerse que la presidencia de ellos corresponderá al Alcalde con facultades de delegar y que el número de directores no podrá ser inferior a cinco, cargos todos que serán concejiles.

A base de la norma señalada, las Corporaciones, como la recurrente, creadas al amparo del DFL N ° 1-3.063, de 1980, son organismos que se constituyen para coadyuvar al cumplimiento de labores que han sido encomendadas al Municipio, por lo mismo no son independientes de éste, de hecho, por ley, su directorio tiene como presidente al alcalde y sus restantes componentes son cargos concejiles.

A mayor abundamiento, se encuentra reconocido en autos que la Corporación recurrente fue creada por un órgano público como lo es la Ilustre Municipalidad de Iquique; cumpliendo una función que es eminentemente pública, como lo es la operación y administración de servicios educacionales, a lo que se suma lo dispuesto en el artículo 15 del DFL 1-3.063 en cuanto a que tales Corporaciones son fiscalizadas por la Contraloría General de la República, lo que termina por demostrar que si bien se constituyen como personas jurídicas de derecho privado, el objetivo es solo facilitar el ejercicio de una función administrativa y sujeta a los mismos mecanismos de control y fiscalización que el órgano que las creó.

SEXTO: Igualmente, cabe advertir que no se divisa arbitrariedad en el actuar del organismo contralor, toda vez que el acto administrativo impugnado a través del presente recurso, ha sido debidamente motivado, fundado en el posible incumplimiento injustificado de las normas de Transparencia Activa por parte de la Corporación recurrente, de lo cual dio cuenta, en su oportunidad, el Director del Consejo para la Transparencia, en su Oficio N° 1438, de 2014. Normas de la Ley de Transparencia que, conforme se razonó, resultan plenamente aplicables a la Corporación recurrida.

SÉPTIMO: Que, finalmente, en relación a la alegación de los terceros coadyuvantes, relativas a que el actuar del órgano contralor, mediante la cual se revelaría las remuneraciones de los trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, infringiría lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 5 y 154 bis del Código del Trabajo, conforme ha sido razonado en el considerando quinto, las normas de la Ley N° 20.285, relativa a la Transparencia Activa obligan a los órganos sometidos a ella, entre los cuales se encuentran las Corporaciones Municipales, a mantener publicados permanentemente en sus respectivos sitos web, y actualizada mensualmente, una serie de antecedentes relacionados con la organización y sus funcionarios, a objeto de que la ciudadanía pueda acceder a ellos sin necesidad de presentar una solicitud de acceso a la información.

En consecuencia, ha sido el legislador el que ha decidido que la referida información es pública y debe mantenerse de manera permanente a disposición de la ciudadanía a través de una publicación periódica y actualizada que deben realizar los órganos sometidos a la Ley de Transparencia.

En efecto, se trata de funcionarios que integran un órgano creado para el cumplimiento de la función administrativa, dentro del cual les ha correspondido desempeñar sus funciones públicas para los cuales han sido contratados, la cual debe ejercerse con probidad y transparencia, conforme lo establecen los artículos 8 de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley de Transparencia y considerando ,además, que la remuneración se les cancela con fondos públicos, prevaleciendo el interés público, razón por la cual igualmente no existe ilegalidad alguna.

OCTAVO: Que la finalidad del recurso de protección, como reiteradamente se ha expresado por la doctrina y la jurisprudencia, es la de adoptar las medidas urgentes necesarias para proteger los derechos esenciales de las personas, afectados por una actuación anormal, ilegal o arbitraria de otro, restableciendo el imperio del derecho, y en ningún caso puede ser empleado para impugnar las funciones que el ordenamiento jurídico ha entregado a una determinada autoridad pública, legítimamente ejercidas por ésta, ni para discutir aspectos de interpretación jurídica.

NOVENO: Que, en consecuencia, debe concluirse que en la especie no concurren los fundamentos que hacen procedente el recurso o acción de protección, pues no existe acto arbitrario o ilegal que lo justifique.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", SE RECHAZA el interpuesto a fojas 30 de estos autos.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro Erico Gatica Muñoz.

Rol Corte N° 195-2015 Civil (Protección).

Pronunciada por los Ministros Srta. MIRTA CHAMORRO PINTO, Sr. ERICO GATICA MUÑOZ y el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado ARAYA LEYTON. Autoriza don nombre reservado, Secretario Titular.

En Iquique, a uno de junio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.

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