Protección contra Iltma

Iquique, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don Hugo Contreras Gómez, abogado, a favor de doña nombre reservado, por quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazó la apelación interpuesta por la recurrente en contra de su calificación anual, lo que vulnera las garantías consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Hace consistir el acto ilegal y arbitrario en la Resolución de Pleno en la Recalificación 2025, de fecha 11 de diciembre de 2025, dictada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica y notificada el 12 de diciembre del mismo año, mediante la cual se rechazó la apelación deducida en contra de su calificación anual, manteniéndose su evaluación en Lista Deficiente con un puntaje final de 2,68, acto terminal del proceso calificatorio que produce como consecuencia directa su remoción del Poder Judicial.

Relata que se desempeña como Consejera Técnica titular del Juzgado de Familia de Arica desde el año 2009, acumulando más de veinte años de servicios en el Poder Judicial, con una trayectoria históricamente destacada, caracterizada por calificaciones sobresalientes y muy buenas durante más de una década, así como por una anotación de mérito especial otorgada en el año 2012. Señala que solo a partir del año 2018 enfrentó problemas de salud que implicaron extensos períodos de licencia médica, todos debidamente justificados, los que incidieron circunstancialmente en su desempeño, sin que ello se tradujera, hasta el año 2023, en evaluaciones deficientes, manteniéndose sus calificaciones en rangos satisfactorios y muy buenos, descendiendo únicamente a lista regular en 2024, contexto que, afirma, no fue ponderado adecuadamente al momento de su calificación ni de la posterior recalificación.

Expone que durante el año 2025 se instruyeron en su contra tres investigaciones administrativas, roles I-4-2025, I-6-2025 e I-8-2025, todas vinculadas a supuestos atrasos en la emisión de informes técnicos, las que se originaron en períodos en que se encontraba con licencia médica o en proceso de reincorporación tras convalecencias prolongadas. Detalla que una de dichas investigaciones concluyó con sobreseimiento por no existir falta funcionaria imputable, mientras que las restantes derivaron únicamente en amonestaciones privadas, sanciones de carácter leve que, no obstante, fueron utilizadas como fundamento central para justificar su calificación en Lista Deficiente. Alega que esta utilización de sanciones menores como base para una evaluación que conlleva la remoción automática constituye una sanción encubierta y una vulneración al principio de proporcionalidad y al non bis in ídem.

Asimismo, la recurrente sostiene que la calificación y recalificación impugnadas no obedecen a una evaluación objetiva de su desempeño, sino que constituyen la culminación de un proceso de hostigamiento y represalia laboral, vinculado directamente a las denuncias de acoso sexual y acoso laboral que formuló en contra de funcionarios y autoridades del Juzgado de Familia de Arica durante el año 2025. Afirma que, tras dichas denuncias, fue objeto de un ambiente laboral hostil, aislamiento, malos tratos y expresiones denigrantes por parte de colegas y superiores jerárquicos, situación que afectó gravemente su salud psíquica y que no fue considerada por los órganos calificadores, los que, pese a estar involucrados directa o indirectamente en los conflictos denunciados, no se inhabilitaron para conocer de su evaluación, infringiendo el deber de imparcialidad.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, sostiene que la recalificación carece de fundamentación concreta, limitándose a reproducir apreciaciones genéricas sobre un supuesto bajo desempeño constante, sin individualizar hechos específicos ni justificar las bajas puntuaciones asignadas en cada uno de los factores de evaluación exigidos por la normativa aplicable. Afirma que dicha omisión vulnera las exigencias legales de motivación y transparencia, configurando un ejercicio abusivo de la potestad calificadora, orientado a un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico, cual es la remoción de la funcionaria como represalia por las denuncias efectuadas, lo que constituye desviación de poder.

Finalmente, señala que con la dictación y mantención de la recalificación en Lista Deficiente se vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, al haber sido tratada de manera desigual y discriminatoria; al no habérsele asegurado un procedimiento racional y justo, ni una decisión adoptada por una autoridad imparcial y debidamente motivada; y al privársele arbitrariamente de su derecho de propiedad sobre su cargo y de los atributos esenciales de su carrera funcionaria, mediante un acto administrativo que carece de sustento legal y que produce su remoción automática del servicio.

En virtud de lo expuesto pide que deje sin efecto la referida resolución de recalificación impugnada. Que se ordene, en consecuencia, la realización de una nueva recalificación del período 2025 de la recurrente, por parte de un órgano calificador competente e imparcial distinto del Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica, asegurando que dicha evaluación se ajuste a la normativa vigente, sea debidamente fundada en antecedentes objetivos y respete los principios de imparcialidad y proporcionalidad. Que, igualmente, se disponga la suspensión inmediata de los efectos de la remoción de la recurrente, manteniéndola en su cargo de Consejera Técnica del Juzgado de Familia de Arica o, de haberse hecho efectiva la remoción, ordenando su reincorporación provisional al servicio, hasta que el nuevo proceso calificatorio esté finalizado y firme. Acompaña documentos.

Evacua informe doña nombre reservado, Ministro Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, expone que la recurrente fue calificada en lista regular, con puntaje 4,20, por estimarse que no cumplió adecuadamente sus obligaciones funcionarias como Consejera Técnica del Juzgado de Familia. Se detallan incumplimientos relativos a la emisión de opiniones técnicas, elaboración y actualización de fichas, distribución de carga de trabajo del Consejo Técnico, y cumplimiento del horario laboral, los que derivaron en la imposición de una anotación de demérito el 6 de febrero de 2024. Agrega que pese a habérsele representado los errores y otorgado oportunidades de mejora, la funcionaria no adoptó conductas correctivas, afectando tanto el clima laboral del Consejo Técnico como el buen servicio judicial. Sostiene que dichos incumplimientos impactan directamente el normal funcionamiento del tribunal y la función pública de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en la tramitación de fichas técnicas y medidas cautelares en causas proteccionales.

En lo que respecta a su calificación correspondiente al año 2025, el Comité de Jueces le asignó un puntaje de 2,68, correspondiendo a la lista deficiente y, fundamentando tal decisión, señala, en síntesis, que lamentablemente se repite la constante de los últimos años en su progresivo u constante bajo desempeño, especialmente en las áreas de responsabilidad, capacidad, relaciones humanas y afán de superación, al punto que afecta no solo a su trabajo, sino a su equipo y al Tribunal en general, generando con ello una situación disfuncional en el ámbito laboral que ya no se puede tolerar.

Hace presente, que durante en dicho período, la evaluada fue objeto de cuatro medidas disciplinarias de amonestación privada; específicamente el 03 de febrero, 02 de mayo, 25 de septiembre y 08 de noviembre; la primera, por haber incurrido en retraso en la emisión de opiniones técnicas donde al menos dos de ellas requerían una opinión técnica urgente atendidas las solicitudes de medidas cautelares que contenía, lo que constituye un ejercicio negligente del cumplimiento de sus deberes en conformidad al artículo 544 N°3 del Código Orgánico de Tribunales; la segunda, incumplimiento a sus obligaciones funcionarias porque realizó una conducta negligente en su lugar de trabajo al ingresar a las dependencias del Juzgado de Familia de Arica el 15 de noviembre de 2018 un papelillo de clorhidrato de cocaína, sustancia estupefaciente potencialmente riesgosa para la salud de los funcionarios del juzgado y abandonarlo en uno de los baños utilizados por las funcionarias del tribunal; la tercera, por infringir lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales al emitir y firmar once opiniones técnicas en el sistema SITFA mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica desde el día 09 de junio de 2025; y, la cuarta, por no haber cumplido dentro de plazo, con su obligación de emitir opiniones técnicas y realizar fichas técnicas, respecto de causas asignadas a su bandeja de trabajo, sin responder las órdenes dadas por sus superiores frente a sus reiterados y frecuentes atrasos laborales, afectando a los usuarios del sistema de familia, conforme el artículo 552 del Código Orgánico de Tribunales y Acta N°108-2020 de la Corte Suprema.

Que apelada dicha calificación al pleno, éste, por unanimidad compartió los fundamentos vertidos por la comisión precalificadora, manteniendo a la calificada en lista deficiente, toda vez que ésta se fundó en antecedentes objetivos considerando las medidas disciplinarias impuestas a la recurrente durante el período calificado. Ante este escenario, y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 278 bis y 277 bis del Código Orgánico de Tribunales, la señorita nombre reservado al ser calificada en lista deficiente queda removida de su cargo por el solo Ministerio de la Ley, razón por la cual no divisa la ilegalidad, ni menos la arbitrariedad en el actuar del Pleno de dicha Corte.

Refiere que en el recurso se hace especial hincapié en las notas obtenidas por la recurrente en los períodos calificatorios anteriores, pero lo cierto es que el acto impugnado es la recalificación efectuada a aquella durante el periodo que media entre noviembre de 2024 a octubre de 2025, en el cual, como ya se señaló, fue objeto de cuatro medidas disciplinarias, situación que amerita a toda luces ser incluida en lista deficiente, sin que en caso alguno merezca atenuar su responsabilidad la circunstancia que durante el año 2025 se ausentó 114 días de sus funciones, por enfermedad común, como lo sostiene el recurrente. A este respecto, hace presente que si bien no corresponde al período calificatorio impugnado, la señorita nombre reservado permaneció con licencia médica los años 2023 y 2024, la cantidad de 247 y 115 días respectivamente, razones todas por las que solicita el rechazo el recurso de protección impetrado. Acompaña antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del recurso se colige que la actora impugna por ilegal y arbitraria la decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica que en su recalificación 2025 mantuvo a la funcionaria en lista deficiente.

TERCERO: Que, en primer lugar, debe hacerse presente que el sustrato primario del presente recurso es la Recalificación 2025 efectuada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica, la que en lo pertinente considera que en ese año existen tres medidas disciplinaras ejecutoriadas, siendo indiferente para establecer la recalificación la medida disciplinaria de 2019, por hechos ocurridos en el año 2018.

CUARTO: Que, en segundo lugar, cabe destacar que la calificación fue adoptada en primer término por el Comité de Jueces, con exclusión de aquella denunciada por la actora, por lo que al Pleno recurrido le correspondió revisar la regularidad de esa calificación en lista deficiente.

QUINTO: Que, asentado lo anterior, el artículo 277 bis del Código Orgánico de Tribunales dispone: “La calificación deberá fundarse en antecedentes objetivos y considerar, además de las anotaciones practicadas en la respectiva hoja de vida y el informe de calificación, lo siguiente: responsabilidad, capacidad, conocimientos, iniciativa, eficiencia, afán de superación, relaciones humanas y atención al público, en consideración a la función o labor que corresponda realizar y magnitud de la misma”.

SEXTO: A su turno, el inciso primero del artículo 278 bis de la misma normativa establece: “El funcionario que figure en lista Deficiente o, por segundo año consecutivo, en lista Condicional, una vez firme la calificación respectiva, quedará removido de su cargo por el solo ministerio de la ley. En tanto no quede firme la mencionada calificación, el funcionario quedará de inmediato suspendido de sus funciones”.

SÉPTIMO: Que de la relación de las normas señaladas, de los antecedentes referidos en el informe de la Sra. Presidente de la Corte de Apelaciones de Arica y la fundamentación contenida en la respectiva Acta, se advierte que el acto impugnado por este arbitrio no es ilegal, desde que pondera el órgano calificador los elementos señalados en el artículo 277 bis del Código Orgánico de Tribunales, particularmente las anotaciones practicadas en la respectiva hoja de vida y los parámetros objetivos, tales como, responsabilidad, afán de superación y relaciones humanas, entre otros, de modo que mantener la calificación se ajusta a derecho y no adolece de arbitrariedad, lo que conduce necesariamente al rechazo del recurso.

OCTAVO: Que establecido lo anterior, por disposición del artículo 278 bis del Código Orgánico de Tribunales corresponde la remoción del cargo por el solo ministerio de la ley, descartándose las alegaciones de la actora en relación a una presunta animadversión en su contra por haber efectuado denuncias respecto de funcionarios y jueces del tribunal en que laboraba o, en su caso, por las continuas y extensas ausencias por licencias médicas.

NOVENO: Que de los antecedentes acompañados no se observa una desviación de poder o falta de objetividad del órgano recalificador, desde que cumplió su rol de revisor y, además, la actuación impugnada se encuentra fundamentada en los parámetros legales entregados por el Código Orgánico de Tribunales.

DÉCIMO: Que, finalmente, las demás alegaciones de la recurrente y hechos delictivos a que hace referencia en su escrito de téngase presente, en relación a denuncias contra jueza, consejeros técnicos y funcionarios, no incidieron en la decisión del Comité de Jueces, ni del Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica, los que, en cualquier caso, no pueden ser valoradas en sede de protección, existiendo además sumarios iniciados y que se encuentran pendientes, donde la actora es parte, aspectos todos que escapan del ámbito de la protección y que además se encuentran sometidos a los procedimientos de las respectivas Actas que rigen el quehacer de los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, en el evento que exista alguna denuncia de índole penal.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada a favor de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°19-2026 Protección.