Protección contra Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos Iquique

Iquique, cinco de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Carlos Ignacio Tapia Cáceres, abogado, en representación de doña nombre reservado, por quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos Iquique (“SII”), por vulnerar las garantías constitucionales consagradas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República por haber realizado el procedimiento de invalidación que se materializó en la resolución exenta N°429 de 4 de diciembre de 2024.

Relata que el 24 de febrero de 2024, el recurrido emitió la Resolución Ex. Nº194.635 que acogió parcialmente un Recurso de Reposición Administrativo Voluntario (RAV) presentado en contra de las liquidaciones Nº 790 y 791, anulando esta última. En base a ello, la recurrente procedió al pago de la liquidación restante (N.º 790) el 30 de septiembre de 2024, por un monto de $552.857.-, considerando concluido el procedimiento administrativo tributario.

Sin embargo, el 02 de septiembre de 2024, habiendo transcurrido 7 meses, el SII inició un procedimiento de invalidación en virtud del artículo 53 de la Ley N.º 19.880, citándola a una audiencia con escasos días de plazo y emitiendo posteriormente la Resolución Ex. N.º 429, de 4 de diciembre de 2024, que dejó sin efecto parcialmente la resolución que había acogido el RAV. La recurrente considera que este acto vulnera sus derechos al desconocer una resolución administrativa firme y afectar una situación jurídica consolidada en su patrimonio.

Denuncia que el procedimiento de invalidación iniciado por el SII adolece de múltiples vicios que lo hacen arbitrario e ilegal. En primer lugar, señala que el procedimiento no cumplió con los requisitos establecidos por la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, ya que la notificación de inicio careció de una fundamentación adecuada sobre el supuesto error de derecho invocado. La recurrente no tuvo conocimiento oportuno de los cargos en su contra, lo que le impidió preparar adecuadamente su defensa. La falta de motivación viola el principio de escrituración y el derecho a un proceso racional y justo. Además, se le citó a una audiencia en un plazo de solo ocho días, lo que impidió una adecuada preparación de su defensa, y no se otorgó un período de prueba pese a que el procedimiento lo requería.

Asimismo, arguye que el acto impugnado de invalidación contradice principios como el de congruencia, confianza legítima y conservación de los actos administrativos, al desconocer derechos previamente reconocidos mediante la Resolución Ex. N.º 194.635, situación que afecta el debido proceso y su derecho de propiedad.

Finalmente, que el acto terminal estaría viciado por ser uno de convalidación en vez de invalidación y porque, además, no se menciona el plazo para reclamar sobre la resolución.

Solicita que se acoja el recurso de protección deducido, como consecuencia de haber incurrido la recurrida en la vulneración a la garantía constitución reconocida y protegida en el artículo 19 número 3° y/o número 24° de la Constitución Política de la República. Que se deje sin efecto el proceso de invalidación pretendido en contra de la Resolución, por las razones ya invocadas. Que, como consecuencia de lo anterior, se disponga que la entidad recurrida deberá inhibirse y/o dejar sin efecto cualquier decisión que impida y/u obstaculice y/o limite la resolución administrativa Ex. N.º 194.635 de 24 de febrero de 2024. Lo anterior es sin perjuicio de la o las medidas que estime pertinentes y/o adecuadas para dar efectiva protección a la garantía vulnerada y/o aquella o aquellas que se considere o consideren infringidas, con costas. Acompaña documentos.

Evacúa informe doña nombre reservado, directora regional de la Dirección Regional de Iquique, del Servicio de Impuestos Internos, alega excepción de litis pendencia dado que la recurrente interpuso reclamo por vulneración de derechos, establecido en el artículo 155 del Código Tributario, ante el Tribunal Tributario de la Región de Tarapacá, que se tramita bajo el RUC 24-9-RUT reservado, RIT VD-02-00041-2024. Argumente que ambos procesos comparten identidad en partes, objeto y causa, que hace procedente la excepción de litis pendencia. Por lo que solicita rechazar el presente recurso de protección por encontrarse el asunto de autos, sometido con anterioridad al conocimiento de otro tribunal competente, con costas.

Por otra parte, y en cuanto al fondo del asunto, solicita el rechazo del presente recurso por improcedente atendido a que no es el medio adecuado para tratar el asunto, ya que existen procedimientos específicos establecidos por el Código Tributario y la Ley N°19.880 para impugnar actos administrativos.

Por su parte, argumenta que su actuar se enmarca plenamente en la normativa vigente y que no existe acto arbitrario o ilegal en el procedimiento de invalidación llevado a cabo. Sostiene que la Resolución Exenta N°429 de 2024, que invalidó parcialmente la Resolución Exenta N°194.635, fue dictada conforme a las disposiciones del artículo 53 de la Ley N°19.880, que regula el procedimiento administrativo de invalidación. Este procedimiento incluye como requisitos la notificación dentro del plazo legal de dos años, la previa audiencia del interesado y la fundamentación suficiente del acto invalidatorio.

Destaca que se respetaron todos los hitos legales, incluida la realización de una audiencia previa el 12 de septiembre de 2024 y la concesión de un período adicional para que la recurrente presentara sus descargos. Los argumentos y pruebas presentados fueron analizados y respondidos en la Resolución Exenta N°429.

Señala que los motivos que lo llevaron a invalidar parcialmente la Resolución Exenta N°194.635, mediante la Resolución Exenta N°429, radican en la detección de errores de derecho en el acto administrativo inicial los que contravenían el marco legal vigente y justificaban la corrección del acto bajo el procedimiento de invalidación regulado en el artículo 53 de la Ley N°19.880. Precisa que detectó un error en la aplicación del principio de congruencia, lo que llevó a la anulación indebida de la Liquidación N°791 sin fundamentos jurídicos válidos. Además, se concluyó que la contribuyente no acreditó una "razón de negocios" legítima conforme al artículo 64 del Código Tributario, y la resolución original presentaba errores de fundamentación legal en su análisis normativo. El SII justificó la invalidación como un deber administrativo para corregir actos contrarios a derecho y garantizar su juridicidad.

Reafirma la inexistencia de la afectación de las garantías constitucionales invocadas, argumenta por una parte que el procedimiento de invalidación cumplió con todas las garantías legales, incluyendo la oportunidad de ser oída y presentar descargos. Asimismo, resalta que cualquier controversia sobre la validez del acto debe dirimirse mediante los procedimientos judiciales previstos por la ley, como el procedimiento breve y sumario señalado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, y no mediante una acción de protección. Por otra parte, en cuanto a que la invalidación vulnera su derecho de propiedad al afectar "expectativas legítimamente adquiridas", arguye que no existe tal afectación, ya que la invalidación parcial no crea nuevas obligaciones tributarias, sino que rectifica un error jurídico en el acto administrativo anterior. Además, sostiene que el ejercicio de la potestad invalidatoria es un deber de la Administración para asegurar la legalidad de sus actos y no afecta derechos consolidados de buena fe, como lo exige la normativa tributaria y administrativa.

En razón de lo expuesto solicita rechazar la acción de protección, en todas sus partes. Acompaña documentos.

Finalmente, como trámite estrictamente necesario para la vista de la causa, el Juez del Tribunal Tributario y Aduanero de Tarapacá informó, en síntesis, que se interpuso un reclamo de vulneración por doña nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos, cuyo objeto del reclamo dice relación con la presunta arbitrariedad e ilegalidad ejercida por el SII en la dictación de la Resolución Exenta 429 del 4 de diciembre de 2024, que invalidó parcialmente la resolución N°194.635 que dio ha lugar en parte a la reposición administrativa voluntaria presentada por la peticionaria en contra de las liquidaciones N°790 y 791. Al respecto, expresa que el proceso es el regulado en el artículo 155 en relación con el inciso III del artículo 8° bis ambos del Código Tributario, en el cual el recurrente alega vulneración al artículo 8 bis N°4 del Código del ramo y artículo 19 N°3 y 24 de la Carta Fundamental.

Finalmente, señala que el 5 de febrero pasado no se dio ha lugar al reclamo por improcedente atendidas las limitaciones que el legislador puso al procedimiento de vulneración de derecho, debido a que no se podría recurrir por dicho procedimiento al haberse ejercido el presente recurso de protección para evitar que existan sentencias contradictorias y, además, porque la materia debe ser conocida y resuelta dentro del procedimiento general de reclamo. Sin embargo, a la fecha se interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio por la parte recurrente, el cual se encuentra pendiente de resolución.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, en síntesis, se denuncia que la recurrida ha realizado un proceso de invalidación, cuyo acto terminal se materializó en la resolución Exenta N°429 de 4 de diciembre de 2024, el que a juicio del recurrente adolece de una serie de vicios los cuales lo tornarían en ilegal y arbitrario, todo lo cual conculcaría sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por su parte, la recurrida alega, en primer término, la excepción de Litis pendencia al existir actualmente un procedimiento que está conociendo lo reclamado en esta instancia; y, en cuanto al fondo, menciona que el recurso de protección no sería la vía idónea al existir procedimientos especiales, tanto en la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo como en el Código Tributario y que, con todo, se cumplió con toda la normativa y el debido proceso en el procedimiento de invalidación respectivo.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de litispendencia opuesta por la recurrida, debe mencionarse que el presente recurso constitucional tiene la naturaleza jurídica de ser una acción cautelar, lo que conlleva forzosamente que no sea aplicable la excepción de litispendencia alegada por la recurrida, por lo que será desestimada aquella excepción.

CUARTO: Que, conforme al mérito de autos, es posible establecer que con fecha 21 de diciembre de 2024, la actora ejerció un reclamo por vulneración de derechos conforme a lo dispuesto en los artículos 155 y siguientes del Código Tributario en contra de la resolución exenta N°429 de 4 de diciembre pasado, puesto que a su juicio, en síntesis, aquella fue dictada sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa, de manera arbitraria e ilegal, afectando derechos preexistentes, solicitando que la misma se deje sin efecto.

Asimismo, con fecha 3 de enero del 2025, la recurrente interpuso el presente recurso de protección conforme se ha venido señalando anteriormente.

Finalmente, debe mencionarse que el reclamo de vulneración de derechos fundamentales ejercido ante el Tribunal Tributario y Aduanero actualmente sigue en tramitación, ya que están pendientes de resolución recursos interpuestos por la recurrente, todo conforme fue narrado por el Sr. Juez Tributario y Aduanero en su informe complementario.

QUINTO: Que, en ese contexto, es necesario señalar que el artículo 155 del Código Tributario establece que los particulares pueden recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero en contra del acto u omisión ilegal o arbitrario del Servicio que consideren que vulneran sus garantías fundamentales de los numerales 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, siempre que no se trate de aquellas materias que deban ser conocidas en conformidad a los procedimientos que refiere aquella norma.

Asimismo, el inciso final de aquella norma dispone, en síntesis, que interpuesta la acción de protección, no se podrá recurrir de conformidad a las normas de aquel párrafo por los mismos hechos.

SEXTO: Que, de aquella norma, se concluye que el recurso de protección y el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales del Código Tributario son excluyentes uno del otro cuando se trata de los mismos hechos.

En ese sentido, habiéndose ejercido previamente el reclamo por vulneración de derechos en sede tributaria al presente recurso de protección, aquel excluye el conocimiento de la acción constitucional por existir un procedimiento especial actualmente en curso, por lo cual forzoso es concluir que la presente acción debe ser desestimada.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada a favor de doña nombre reservado en contra de la Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos Iquique.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 19-2025 Protección.