Protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique

Iquique, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal Norte- Iquique “Afusamnorte”, representado por su presidenta nombre reservado, deduciendo recurso de protección en favor de sus asociados nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

Palma, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, por vulneración de los derechos de igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y derecho de propiedad.

Hace consistir el acto ilegal y arbitrario en el descuento de las remuneraciones correspondientes al mes de noviembre de 2025 de los recurrentes por haber adherido a movilización nacional por la salud primaria. A su turno, funda la ilegalidad en la infracción de la normativa que cita, en particular, los artículos 54 y siguientes del Código del Trabajo, relativo a la protección de las remuneraciones y las disposiciones relativas a dicha materia contendidas en el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales y Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

Explica que los recurrentes se percataron de los descuentos, realizados de forma unilateral, sin aviso previo y de facto de parte del empleador, el 01 de diciembre al revisar sus liquidaciones de remuneraciones, lo que afecta los derechos invocados.

En suma, solicita ordenar a la recurrida dejar sin efecto los descuentos realizados a las remuneraciones del mes de noviembre de 2025 y ordenar el reintegro a cada uno de los recurrentes, dentro de tercer día, con constas.

Acompaña documentos.

Evacua informe la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Municipalidad de Iquique, tras referirse a su naturaleza jurídica y al marco normativo aplicable, relata que la CONFUSAM convocó a una paralización de servicios de atención primaria de salud municipal los días 28, 29 y 30 de octubre de 2025, lo que constituiría una actuación ilegal, atendida la prohibición de huelga y paralización que afecta a funcionarios municipales y a quienes prestan servicios de utilidad pública, conforme al artículo 19 N°16 inciso final de la Constitución Política de la República y al artículo 82 letra i) de la Ley N°18.883.

Afirma que, si bien los trabajadores registraron asistencia, no prestaron efectivamente sus funciones, lo que se tradujo en suspensión de atenciones, re- agendamiento de horas y afectación de usuarios, detallándose el número de personas no atendidas en cada establecimiento, totalizando 1.414 usuarios afectados.

Añade que las direcciones de los CESFAM en ejercicio del control jerárquico informaron que los trabajadores no cumplieron funciones de manera efectiva durante los días señalados, lo que permitió identificar los días no trabajados por cada funcionario. En dicho contexto, sostiene que el descuento de remuneraciones se ajusta a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley N°18.883, que consagra el principio retributivo, y al artículo 95 del mismo cuerpo legal, así como a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que autoriza descuentos cuando existan antecedentes objetivos que acrediten la no prestación efectiva de servicios.

Finalmente, se concluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la Corporación Municipal, que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas y que el recurso de protección resulta improcedente, solicitando en definitiva su rechazo en todas sus partes, con costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, para la resolución del asunto traído a conocimiento de esta Corte, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso primero del artículo 69 de la Ley N°18.883: “Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en este Estatuto, de suspensión preventiva contemplada en el artículo 134, o de caso fortuito o fuerza mayor. Mensualmente deberá descontarse por los pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los empleados, considerando que la remuneración correspondiente a un día, medio día o una hora de trabajo, será el cuociente que se obtenga de dividir la remuneración mensual por treinta, sesenta y ciento noventa, respectivamente”.

TERCERO: Que, atendido lo establecido en la norma transcrita en el considerando anterior, no puede estimarse el actuar de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique un actuar ilegal o arbitrario, pues actuó ajustada a derecho, no existiendo tampoco un derecho indubitado de parte de los funcionarios a quienes se realizó descuentos en sus remuneraciones por los días no trabajados, motivo suficiente para rechazar el recurso deducido.

CUARTO: Que cabe hacer presente que el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República se trata de una norma que limita derechos sindicales de las entidades que prestan servicios esenciales, como los servicios de salud pública, lo que deriva en la prohibición constitucional de huelga en el sector público, de manera que no trabajar o la inasistencia por adhesión a paralizaciones es ilegal y no genera derecho a percibir remuneraciones.

QUINTO: Que no alteran lo razonado las liquidaciones acompañadas al recurso y el informe de registro de asistencia acompañados a la vista de la causa, desde que la discusión en torno a la prestación efectiva de los servicios excede el ámbito de un procedimiento de esta naturaleza, existiendo la vía administrativa y judicial ordinaria, con el objeto de rendir las probanzas al respecto, cuestión que es demostrativa que, en cualquier caso, los derechos invocados por los funcionarios no son indubitados, en los términos exigidos por la jurisprudencia.

SEXTO: Que, en definitiva, no existe vulneración de ninguna de las garantías invocadas, desde que los descuentos se encuentran fundados en la Constitución y la ley, sumado al hecho que Cormudesi es la entidad administradora de la salud municipal y como tal debe velar por la efectiva prestación del servicio.

SÉPTIMO: Que no concurriendo el principal presupuesto de la acción constitucional de protección, cual es que exista un acto u omisión arbitraria o ilegal, el recurso intentado no podrá prosperar.

Por lo tanto, en conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción constitucional deducida en estos autos.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1885-2025 Protección.