Protección contra Corporación Educacional nombre reservado

Iquique, trece de enero de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, en representación legal de su hijo menor de edad nombre reservado, por quien patrocinada deduce acción constitucional de protección en contra de la Corporación Educacional nombre reservado, por actos y omisiones que califica de ilegales y arbitrarios, los que, según expone, vulneran las garantías consagradas en los numerales 1, 2 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el protegido es alumno regular de 3° Básico del establecimiento y que cuenta con diagnósticos médicos certificados de Trastorno del Espectro Autista Nivel 2, Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad y Trastorno de Lenguaje Mixto, ratificados por profesionales médicos, quienes prescriben la necesidad de apoyo multidisciplinario.

Expone la exclusión del protegido del apoyo multidisciplinario del Programa de Integración Escolar. Indica que, al momento de la matrícula para el año escolar 2025, el establecimiento se comprometió verbalmente a otorgar dicho apoyo, sin embargo, en la práctica, el niño fue excluido formalmente de la plataforma PIE.

Señala que en el “Informe Proyecto de Integración Escolar” de fecha 12 de septiembre de 2025, el establecimiento justificó dicha exclusión en la existencia de cupos completos conforme al Decreto Exento N°170. Como consecuencia, solo recibe apoyo parcial de una educadora diferencial, siendo privado de atenciones de fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional, lo que ha obligado a la familia a costear terapias externas, durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Asimismo, denuncia la omisión del establecimiento frente a situaciones persistentes de hostigamiento escolar, burlas y agresiones físicas sufridas por el protegido desde su ingreso, pese a reclamos efectuados mediante correos electrónicos durante septiembre y noviembre de 2025 y denuncias ante la Superintendencia de Educación. Indica que el propio establecimiento reconoce la existencia de situaciones calificadas como maltrato escolar y hostigamiento, mencionando agresiones ocurridas en septiembre y noviembre de 2025. Señala que las medidas adoptadas han resultado insuficientes, manteniendo al menor en una situación de riesgo que ha derivado en un cuadro de ansiedad social y rechazo escolar, constatado en informe psicológico de diciembre de 2025.

Sostiene que los hechos descritos vulneran el derecho a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la educación, la Ley N°21.545, el Decreto N°170, el Decreto N° 83/2015 y normativa educacional vigente. Afirma que la exclusión del apoyo PIE y la falta de medidas eficaces frente al hostigamiento constituyen ilegalidad y arbitrariedad, por contravenir normas legales y carecer de razonabilidad.

Solicita que ordene al establecimiento que incorpore de manera inmediata y efectiva al protegido al apoyo del equipo multidisciplinario, específicamente fonoaudiología y psicología, con independencia de los cupos administrativos existentes, asumiendo el propio colegio el costo de dichos apoyos como ajuste razonable conforme a la Ley N°21.545; que se implemente y ejecute rigurosamente un Plan de Adecuaciones Curriculares Individuales acorde a su diagnóstico de TEA Nivel 2; que se adopten medidas de seguridad concretas y eficaces para poner término al hostigamiento escolar, incluyendo supervisión directa en recreos y espacios comunes y la aplicación de medidas formativas y disciplinarias efectivas; que se ordene al establecimiento informar a esta Corte, dentro de un plazo breve, sobre el cumplimiento de las medidas decretadas, con costas.

Evacua informe la Corporación Educacional nombre reservado, solicitando el total rechazo del recurso de protección interpuesto, exponiendo que el establecimiento prioriza la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de un contexto de integración y respeto a la individualidad, contando con un equipo comprometido con dicha labor.

En cuanto a la alegación de la exclusión del apoyo multidisciplinario del Programa de Integración Escolar (PIE), explica que la plataforma ministerial permite únicamente dos estudiantes permanentes y dos transitorios por nivel, lo que determina los recursos asignados para personal de apoyo. Indica que esta información es entregada a todos los apoderados al momento del ingreso, precisando que los cupos PIE son limitados y se asignan solo cuando se liberan, lo que no constituye una exclusión. Añade que, aun cuando el estudiante no se encuentre incorporado formalmente en la plataforma PIE, recibe apoyos para acceder al aprendizaje, tales como apoyo especializado en aula y adecuaciones curriculares, los que afirma fueron otorgados durante todo el año académico.

Señala que, conforme al Decreto Exento N°170, los cupos PIE del curso se encontraban cubiertos.

Respecto de las atenciones de fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional, sostiene que la atención fonoaudiológica se prioriza para estudiantes formalmente inscritos en PIE y, excepcionalmente, para quienes lo requieran si afecta su desempeño escolar, lo que no ocurriría en el caso del estudiante. En relación con la atención psicológica, indica que se otorga tanto de manera individual a estudiantes PIE como a través de intervenciones grupales, señalando que la psicóloga del establecimiento trabajó con el alumno en algunas sesiones y con el equipo docente e inspectoría para apoyar su integración. Precisa que la intervención psicológica clínica requerida debe ser externa al colegio y que el establecimiento no cuenta con terapeuta ocupacional.

Respecto a la alegación de omisión ante hostigamiento escolar persistente, consigna que el recurrente denuncia hostigamiento sistemático, burlas y agresiones físicas desde el ingreso del estudiante, pese a reclamos realizados en septiembre y noviembre de 2025 y denuncias ante la Superintendencia de Educación. Reconoce que se identificaron situaciones de maltrato escolar y hostigamiento, señalando agresiones ocurridas en septiembre y noviembre de 2025. No obstante, sostiene que, desde la detección temprana de la situación por parte de la profesora jefe, se adoptaron medidas formativas y punitivas respecto del estudiante agresor, así como intervenciones en el curso, charlas a las familias y monitoreo directo de recreos, las que afirma fueron efectivas y permitieron que el conflicto cesara en un corto plazo. Agrega que el estudiante agresor también presenta diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y se encuentra en tratamiento con distintos profesionales, indicando que una de las agresiones referidas correspondió a una desregulación emocional de dicho alumno, situación que fue abordada con su familia para garantizar un ambiente seguro.

Finalmente, señala que existe una confusión del recurrente respecto de los informes psicológicos emitidos, los que corresponderían a evaluaciones para derivación a intervención externa por requerir apoyos superiores a los que el colegio puede otorgar. Indica que el establecimiento cuenta con un alto porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales, detallando que en tercero básico existen doce estudiantes con diagnóstico, de los cuales solo cuatro se mantienen en plataforma PIE conforme a la normativa vigente, pero que aquellos fuera de la plataforma reciben apoyo especializado en aula y adecuaciones curriculares según su necesidad. Concluye destacando la labor del establecimiento, afirmando que no se ha excluido al estudiante y que, con recursos propios, se mantiene la continuidad de apoyos en beneficio de los alumnos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: La parte recurrente tilda de arbitrario e ilegal, el hecho de que la Corporación Educacional nombre reservado, donde su hijo es alumno regular de tercero básico, ha excluido formalmente a su hijo del Programa de Integración Escolar (PIE), aun cuando presenta un Trastorno del Espectro Autista Nivel 2, Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad y Trastorno de Lenguaje Mixto.

Asimismo, cuestiona las medidas adoptadas en relación a diversos hostigamientos de los que nombre reservado ha sido víctima, a pesar de sus reiterados reclamos y denuncias ante la Superintendencia de Educación.

TERCERO: De la documentación acompañada por el establecimiento recurrido, en particular el Informe PIE, de 29 de diciembre de 2025, se observa que el estudiante no contó con atención directa de los profesionales de apoyo (Psicóloga y Fonoaudiólogo) del programa PIE debido a factores externos a la gestión del colegio, en particular el Decreto 170/2009 del Ministerio de Educación, que regula la subvención de necesidades educativas especiales, el cual establece cupos limitados por curso, a saber, máximo 2 alumnos con necesidades educativas especiales Transitorias y 2 en carácter de permanentes.

CUARTO: En este contexto el alumno ingresó como estudiante nuevo al establecimiento en el año 2025, y las vacantes establecidas por el Decreto 170 se encontraban ocupadas en su totalidad por estudiantes antiguos con diagnósticos vigentes que mantienen su derecho de continuidad en el programa, situación que lleva a descartar el actuar arbitrario o ilegal en la imposibilidad de ingreso del estudiante al programa.

No obstante lo anterior, se constata de la abundante documentación acompañada por la recurrida, que el establecimiento educacional ha realizado acompañamiento pedagógico por parte de los docentes de aula, se implementaron apoyos visuales y anticipación de rutinas para favorecer la regulación emocional y conductual del estudiante dentro del aula común y se aplicaron adecuaciones a las evaluaciones, garantizando de esta forma que el estudiante fuera medido bajo criterios de equidad, todo lo anterior, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 21.545 entregando una educación pertinente a la condición del alumno.

QUINTO: En cuanto a las conductas de hostigamiento, el informe escolar da cuenta que el equipo de convivencia escolar ha implementado las medidas establecidas en el reglamento de convivencia, destinadas a la contención y protección del estudiante, diálogo con los estudiantes, capacitación a los docentes, monitoreo permanente en recreos y salas de clases, lo que ha logrado reducir la frecuencia de incidentes y favorecer un ambiente más seguro para los estudiantes afectados, por lo que solo cabe disponer el rechazo de la acción constitucional.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por nombre reservado, en representación legal de su hijo menor de edad nombre reservado, en contra de la Corporación Educacional nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1854-2025 Protección.