Protección contra Ejército de Chile

Iquique, diez de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Ejército de Chile, por actos administrativos que califica de ilegales y arbitrarios puesto que vulneran las garantías consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción en los actos administrativos que ordenaron el descuento de la suma de $1.186.901 desde sus remuneraciones, en virtud de la Resolución DIVPER DEPTO III/5 (R) N°NUM000/EXENTA de 23 de octubre de 2025, correspondiente al periodo de licencia rechazado, pese a existir recursos administrativos pendientes de resolución y sin habérsele notificado la resolución que habría rechazado su reposición administrativa Expone que el origen del conflicto se encuentra en el rechazo de la Licencia Médica N°NUM001, otorgada por el período comprendido entre el 07 de julio y el 05 de agosto de 2024, mediante Informe N°NUM002-LM de la Comisión de Sanidad del Ejército, de fecha 28 de noviembre de 2024, el cual desestimó el reposo prescrito por diagnóstico de pinzamiento femoroacetabular de cadera derecha. Señala que dicho rechazo fue emitido sin examen físico, sin evaluación personal y sin análisis de antecedentes clínicos previos del sistema de salud institucional, limitándose a una decisión carente de respaldo médico especializado y sin fundamentación técnica suficiente.

Indica que, frente a dicha decisión, interpuso recurso de reposición conforme al artículo 59 de la Ley N°19.880, el cual no habría sido resuelto ni notificado dentro del plazo legal. No obstante, la autoridad administrativa dictó posteriormente la resolución que ordenó el descuento de sus remuneraciones, fundándose en un acto no notificado y, por ende, carente de firmeza y ejecutoriedad. Añade que, además, interpuso recurso jerárquico, el que se encuentra pendiente de resolución, pese a lo cual el descuento fue igualmente ejecutado, afectando de manera grave su situación económica y la subsistencia de su grupo familiar.

Sostiene que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, por cuanto se dictó sin ponderar adecuadamente los informes médicos, sin realizar examen directo del funcionario, sin justificar la contradicción con el médico tratante, sin acreditar simulación o uso indebido de la licencia médica y con infracción al principio de proporcionalidad, al tratarse de un descuento de casi la totalidad de su remuneración líquida mensual. Asimismo, alega que la ejecución del descuento se realizó sin esperar la firmeza del acto administrativo, vulnerando las garantías del debido proceso y de defensa administrativa, resultando desproporcionado.

Solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las resoluciones impugnadas, se ordene la restitución inmediata de los montos descontados, con costas.

Evacua informe el Ejército de Chile, indica que no se identifica con claridad un único acto recurrido, pero que del tenor del recurso y de los documentos acompañados se desprende que la acción se dirigiría contra el Informe de la Comisión de Sanidad del Ejército N°NUM002-LM, de 28 de noviembre de 2024, y contra la Resolución Exenta DIVPER III/5 (R) N°NUM000, de 23 de octubre de 2025, que dispuso el descuento de remuneraciones Expone que el procedimiento se inicia con una auditoría efectuada por la Comisión de Sanidad del Ejército, la cual determinó rechazar inicialmente cuatro licencias médicas del recurrente, correspondientes al período comprendido entre el 09 de marzo y el 05 de agosto de 2024, por estimar injustificado el reposo médico atendido el tipo de diagnóstico. Precisa que dicho informe constituye un acto de trámite, frente al cual el funcionario tuvo la oportunidad de presentar antecedentes adicionales, interponiendo recurso de reposición, el que fue resuelto mediante Resolución Exenta DSE DEPTO II/ASJUR (R) N°NUM003, de 25 de agosto de 2025, que acogió parcialmente la reposición, justificando tres licencias y manteniendo el rechazo de una licencia médica correspondiente al período comprendido entre el 07 de julio y el 05 de agosto de 2024, identificada con folio N°NUM001.

Indica que, agotada la vía administrativa respecto del informe de la Comisión de Sanidad, la División de Personal dictó la Resolución Exenta DIVPER III/5 (R) N°NUM000, de 23 de octubre de 2025, mediante la cual se ordenó efectuar el descuento de remuneraciones por los días no trabajados y no justificados, por un monto total de $1.186.901. Señala que dicha resolución fue notificada personalmente al recurrente el 03 de noviembre de 2025 y que no fue objeto de impugnación administrativa, ejecutándose los descuentos en las liquidaciones de noviembre y diciembre de 2025, quedando la deuda íntegramente saldada.

Desarrolla las facultades legales de la Comisión de Sanidad del Ejército para auditar, aprobar o rechazar licencias médicas, citando los artículos 230 y 234 del DFL N°1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, así como diversa jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y pronunciamientos de Cortes de Apelaciones que reconocen el carácter técnico, exclusivo y excluyente de dicha competencia. Sostiene que las decisiones adoptadas se ajustaron a derecho, se encuentran debidamente fundamentadas y no pueden ser calificadas de arbitrarias o ilegales.

Afirma que la acción no cumple los presupuestos de admisibilidad, por cuanto no existe un acto ilegal o arbitrario, no se configura un derecho indubitado susceptible de tutela cautelar y, además, se alega la extemporaneidad del recurso respecto de los actos anteriores al acto terminal. Señala que las materias discutidas corresponden a hechos controvertidos que deben ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento y no por la vía cautelar del recurso de protección.

Finalmente controvierte la supuesta vulneración de las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad, sosteniendo que el procedimiento se ajustó a la legalidad vigente, que las remuneraciones sólo se devengan por servicios efectivamente prestados o licencias debidamente autorizadas, y que el reintegro de sumas percibidas por licencias rechazadas responde a un mandato legal. En mérito de lo expuesto, solicita se rechace íntegramente el recurso de protección.

En ampliación de informe requerido por esta Corte, el Ejército de Chile señala que no consta, respecto de la Resolución Exenta DIVPER III/5 (R)

N.°NUM000 de 23 de octubre de 2025, impugnación administrativa alguna en su contra. Acompaña acta de notificación.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: De lo expuesto en el recurso, se colige que el acto que motiva la acción constitucional consiste en la dictación de la Resolución DIVPER DEPTO III/5 (R) N°NUM000/EXENTA, de 23 de octubre de 2025, mediante la cual se ordenó el descuento de la suma de $1.186.901 desde las remuneraciones del recurrente, por concepto de reintegro de haberes percibidos durante el período de la Licencia Médica N°NUM001, la cual fue rechazada por la autoridad técnica institucional luego de la reposición presentada por el recurrente, el 25 de agosto de 2025.

TERCERO: Previo a analizar la eventual ilegalidad o arbitrariedad del acto, la recurrida en su informe, señala la extemporaneidad de interposición de la acción deducida.

En atención a que el acto recurrido corresponde a la resolución DIVPER III/5 (R) N° NUM000 de 23 de octubre de 2025, notificada personalmente al recurrente el 03 de noviembre de 2025, y constando que el presente recurso fue ingresado a esta Corte el 10 de diciembre de 2025, ello excede el término de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, establecido para su interposición en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, por lo que será acogida dicha alegación.

Por otro lado, si bien se alegó la supuesta presentación de un recurso jerárquico respecto de la resolución de 23 de octubre de 2025, ningún antecedente aportó al efecto la parte recurrente.

CUARTO: Sin perjuicio de lo dicho, del mérito de los antecedentes es posible observar que el acto recurrido no es sino la consecuencia de uno anterior, esto es, la resolución exenta DSE DEPTO III/ASJUR (R) N°NUM003 de 25 de agosto de 2025, que acogió parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el recurrente, manteniendo el rechazo de una de las cuatro licencias medicas que habían sido cuestionadas por la institución recurrida, acto que no fue objeto de recurso alguno, de manera que la resolución de octubre solo ejecuta aquella decisión adoptada en agosto de 2025.

QUINTO: Sobre una eventual ilegalidad del acto, debe tenerse presente que las remuneraciones de los funcionarios públicos —incluido el personal de las Fuerzas Armadas— constituyen una contraprestación por servicios efectivamente prestados. En este sentido, la existencia de una licencia médica válidamente autorizada es la única vía que permite el pago de haberes sin la prestación del servicio, por cuanto esta justifica la ausencia laboral. Una vez que la licencia fue rechazada por el órgano competente el 25 de agosto de 2025, desaparece el fundamento jurídico para la percepción de dicha remuneración, naciendo para la Administración la obligación de recuperar los fondos públicos pagados indebidamente, cuestión que cumplió mediante la resolución impugnada.

SEXTO: Que, en cuanto a la supuesta arbitrariedad alegada, no se observa que el descuento responda al mero capricho de la autoridad recurrida. Por el contrario, el acto se encuentra debidamente fundado en la resolución que rechazó una licencia médica por el organismo técnico.

SÉPTIMO: Por todo lo anterior, es que no se observa acción u omisión ilegal o arbitraria de la recurrida que haga necesario adoptar cautela alguna, por lo que el recurso será desestimado como se viene anunciando.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Ejército de Chile.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 1828-2025 Protección.