Protección contra Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique

Iquique, dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Patricio Mira Duarte, abogado, en representación de don nombre reservado, por quien deduce recurso de protección en contra del Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, don nombre reservado, por haber dictado la Resolución N°NUM000, de 13 de octubre de 2025, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto y se ordenó cumplir la Resolución N°NUM001 que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, acto que estima ilegal y arbitrario y vulneratorio de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 incisos 5° y 8°, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, por Resolución N°NUM002, de 24 de junio de 2024, se ordenó instruir sumario administrativo en su contra, en su calidad de funcionario de la Cormudesi, desempeñándose como chofer, a raíz de una denuncia por supuestas conductas de acoso sexual formulada por una compañera de trabajo. Señala que mediante Resolución N°NUM003 se le formularon cargos por hechos que habrían ocurrido el día 16 de mayo de 2024, imputándole conductas constitutivas de acoso sexual conforme al artículo 82 letra i) y artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, en relación con el artículo 2° del Código del Trabajo. Posteriormente, mediante Resolución N°NUM001, de 22 de septiembre de 2025, se le aplicó la sanción de destitución, la cual fue impugnada vía recurso de reposición el 02 de octubre del mismo año, la que fue rechazada por la resolución recurrida.

Sostiene que el procedimiento sumarial adolece de vicios esenciales, en particular la falta de tipicidad y de determinación precisa de los hechos imputados, ya que no existiría antecedente probatorio alguno que permita acreditar que las conductas denunciadas ocurrieron el día 16 de mayo de 2024, fecha expresamente consignada en el cargo formulado. Afirma que ni la denuncia, ni las declaraciones, ni los demás antecedentes considerados al momento de formular cargos dan cuenta de hechos ocurridos en dicha fecha, y que la autoridad habría utilizado antecedentes no incorporados en la resolución de cargos para justificar posteriormente la sanción, vulnerando con ello el debido proceso y el principio de legalidad sancionatoria.

Añade que la sanción de destitución se funda en un procedimiento irregular, afectando la igualdad ante la ley al no aplicarse correctamente las normas estatutarias, y vulnerando además su derecho de propiedad, al privarlo de su cargo, remuneraciones y beneficios asociados a su empleo, los que constituyen bienes incorporales protegidos constitucionalmente. En razón de lo anterior, solicita se declare ilegal y arbitraria la resolución impugnada, se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución impuesta al recurrente. Acompaña documentos.

Evacúa informe el Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, don nombre reservado, sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito ni la valoración probatoria de un sumario administrativo, citando reiterada jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema en orden a que esta acción cautelar no puede transformarse en una instancia revisora de decisiones administrativas sancionatorias. Añade que el recurrente disponía de la vía administrativa ante la Contraloría General de la República para reclamar eventuales vicios de legalidad, la que no fue utilizada oportunamente En cuanto al proceso disciplinario, expone que este se inició legítimamente mediante Resolución N°NUM002, de 24 de junio de 2024, a raíz de antecedentes remitidos por la Dirección del CESFAM Cirujano Aguirre, relativos a una denuncia por conductas de acoso sexual formulada por la prestadora de servicios nombre reservado.

Indica que el recurrente, al encontrarse contratado bajo la Ley N°19.378, se rige supletoriamente por la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, normativa conforme a la cual se tramitó íntegramente el sumario administrativo.

Afirma que el procedimiento se ajustó estrictamente a la legalidad vigente y respetó el debido proceso, toda vez que el recurrente fue debidamente notificado de la instrucción del sumario, de la formulación de cargos contenida en la Resolución N°NUM003, de 23 de septiembre de 2024, tuvo oportunidad de declarar, presentar descargos, solicitar prórroga de plazo, rendir prueba y ejercer el recurso de reposición contemplado en el artículo 139 de la Ley N°18.883. Sostiene que la eventual inactividad de la defensa del inculpado no puede ser imputada a la autoridad administrativa ni traducirse en una vulneración de garantías constitucionales.

En cuanto al fondo, expone que la conducta imputada al recurrente, realizar conductas de acoso sexual en el trabajo, se encuentra debidamente acreditada en el expediente sumarial, particularmente a partir de la declaración de la denunciante, del reconocimiento efectuado por el propio inculpado, del audio de WhatsApp enviado por éste el 26 de mayo de 2024 y de otros antecedentes documentales y testimoniales. Precisa que los hechos ocurrieron el día 16 de mayo de 2024, cuando ambos concurrieron en una ambulancia institucional a una atención denominada “clave 600”, circunstancia corroborada con la Ficha Prehospitalaria de SAMU incorporada al expediente, y que dicha conducta constituye un acto atentatorio a la dignidad de una funcionaria, subsumible en las prohibiciones del artículo 82 letra l) y en las obligaciones del artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, en relación con el artículo 2° del Código del Trabajo.

Rechaza la alegación de infracción al principio de tipicidad, señalando que los cargos fueron formulados de manera clara, concreta y congruente, permitiendo al inculpado conocer con precisión los hechos reprochados y ejercer su defensa.

Asimismo, descarta la vulneración del derecho de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, indicando que la destitución es una consecuencia legalmente prevista y debidamente fundada de un procedimiento disciplinario válido, no pudiendo estimarse como privación arbitraria de derechos patrimoniales.

En mérito de lo expuesto, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, por no existir acto ilegal ni arbitrario que amerite el amparo constitucional solicitado. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el actor recurre por ilegal y arbitrario de la Resolución N°NUM000 de 13 de octubre de 2025 de la Corporación de Desarrollo Social de Iquique, Secretaría General, que rechazó la reposición y dejó firme Resolución N°NUM001 que aprobó sumario y aplicó medida disciplinaria de destitución, por haber hecho propios vicios en la tramitación del procedimiento en relación a la vaguedad de los cargos de acoso sexual imputados y la carencia de prueba para sustentarlos.

TERCERO: Que cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, que a la sazón dispone: “Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto. Para dicho efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama”.

CUARTO: Que de la revisión de las piezas del expediente administrativo que terminó con la sanción de destitución del recurrente, por conductas de acoso sexual en contra de su compañera de trabajo, se advierte en fojas 139, la Constancia N°NUM004 de 09 de octubre de 2024, suscrita por el Fiscal Instructor y Actuaria, en que luego de haber prorrogado los plazos a petición de la propia defensa del funcionario, certifica que “transcurrido el plazo para entregar los descargos, éstos no fueron presentados en tiempo y forma”.

QUINTO: Que, de la relación de lo expuesto, se deduce que el funcionario, debidamente notificado de todas las instancias del procedimiento, desde su inicio, formulación de cargos y resolución final que lo destituye, no efectuó descargos de manera oportuna, de tal manera que no denunció durante el sumario los vicios formales que en esta instancia fundamenta como atentatorios de sus derechos constitucionales y, por otro lado, tampoco concurrió a la Contraloría General de la República para hacerlos presente, siendo en consecuencia el recurso de protección una vía inidónea para dejar sin efecto la destitución que lo afecta.

SEXTO: Asimismo, el procedimiento se observa como ajustado a derecho, habiéndose notificado todos los actos al actor, entregándole la oportunidad de presentar sus defensas y aportar las pruebas que estimare pertinente, sin perjuicio de advertir que los cargos de acoso sexual son precisos en cuanto a las circunstancias del hecho y la persona afectada, de modo que no existe, como lo denuncia el recurrente, una afectación a sus derechos constitucionales.

SÉPTIMO: Que, además, se aprecia que el actor ejerció el recurso administrativo de reposición y la resolución que lo rechaza se encuentra debidamente motivada, por lo que también se desestima una eventual arbitrariedad del acto impugnado.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1781-2025 Protección.