Protección contra Director Nacional de Gendarmería

Iquique, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don José Fernández Palma, abogado, a favor de don nombre reservado, funcionario de Gendarmería de Chile, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Director Nacional de Gendarmería, impugnando la Resolución Exenta NUM000, de 14 de noviembre de 2025, mediante la cual se dispuso su retiro temporal no voluntario del servicio, acto que estima ilegal y arbitrario ya que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ingresó a la institución en el año 2020, desempeñándose de manera continua y con calificaciones sobresalientes, sin registrar sanciones disciplinarias relevantes. Expone que el 05 de noviembre de 2025, se desarrolló al interior de dicho recinto penitenciario el operativo antidrogas denominado “Operación Margen Rojo”, liderado por el Ministerio Público y ejecutado en coordinación con Gendarmería de Chile y la Policía de Investigaciones, investigación tramitada bajo RIT O-4018-2024, RUC 2401004945-4, del Juzgado de Letras y Garantía de Alto Hospicio, procedimiento en el cual se decretó la detención y posterior prisión preventiva de doce funcionarios de Gendarmería por diversos delitos. Destaca que en dicha investigación no fue imputado ni formalizado, siendo requerido únicamente en calidad de testigo, por haber sido compañero de dormitorio de uno de los funcionarios detenidos, sin que exista antecedente alguno que lo vincule a los hechos investigados.

Indica que, pese a lo anterior, con fecha 14 de noviembre de 2025, mientras se encontraba prestando funciones, le fue notificada la resolución impugnada mediante la cual se dispuso su retiro temporal no voluntario del servicio, fundándose dicha decisión en supuestos antecedentes contenidos en la investigación penal antes referida. Afirma que el acto administrativo le atribuye haber reconocido consumo de cannabis y conocimiento de consumo de drogas al interior del recinto penitenciario, lo que califica como falso, señalando que jamás realizó tal declaración y que, además, no se le practicó examen toxicológico previo, único medio idóneo para acreditar consumo de sustancias ilícitas, agregando que posteriormente acompañó un examen que arrojó resultado negativo. Sostiene que la resolución impugnada se dictó sin otorgarle audiencia previa, sin permitirle formular descargos ni acompañar antecedentes en su defensa y sin instrucción de sumario administrativo, privándolo de toda posibilidad de contradicción.

Con base en lo anterior califica la resolución impugnada como ilegal y arbitraria, además de que, a su juicio, constituye una destitución encubierta, aplicada en forma anticipada y sin sustento fáctico ni jurídico suficiente, desviándose del fin propio de la potestad de retiro temporal, la cual, según sostiene, debería responder a criterios objetivos de necesidades del servicio y no a meras sospechas o a la connotación mediática de una investigación penal en la que no tiene participación. Argumenta que la autoridad recurrida hizo un uso abusivo de una causal genérica, prescindiendo del estatuto especial que regula al personal de Gendarmería y omitiendo aplicar los mecanismos disciplinarios ordinarios que habrían permitido esclarecer los hechos mediante un procedimiento racional y justo.

Manifiesta que la decisión impugnada ha impactado gravemente su integridad psíquica, provocándole angustia, frustración y un deterioro significativo de su bienestar emocional, al verse privado del proyecto de vida y estabilidad profesional que había construido tras años de servicio intachable; asimismo, dicha actuación lo ha colocado en una situación de desigualdad y trato discriminatorio frente a otros funcionarios, al ser equiparado sin fundamento objetivo a personas formalizadas por delitos graves, afectando su honra, reputación funcionaria y dejándolo en un estado de indefensión frente al actuar de la autoridad. Finalmente, la decisión impugnada ha generado una pérdida concreta de su fuente laboral y de las remuneraciones asociadas, produciendo una disminución efectiva de su patrimonio y una grave incertidumbre respecto de su subsistencia económica y su futuro laboral, todo ello como consecuencia directa del acto administrativo que estima ilegal y arbitrario.

En definitiva, solicita que se deje sin efecto en su totalidad la Resolución Exenta RA NUM000, de 14 de noviembre de 2025, y se disponga el reintegro inmediato del recurrente a sus funciones en Gendarmería de Chile en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, con todas las prerrogativas legales de su cargo como remuneraciones, derechos previsionales y antigüedad, lo anterior, con expresa condena en costas.

Evacua informe Gendarmería de Chile, solicitando el rechazo del recurso de protección, defendiendo la legalidad y razonabilidad del retiro temporal no voluntario dispuesto respecto del recurrente. Expone los antecedentes funcionarios del protegido, indicando que, si bien mantuvo calificaciones favorables, se encontraba vinculado a la investigación penal denominada “Operación Margen Rojo” como “sujeto de interés”, conforme al Informe Reservado NUM001 del Departamento de Investigación Criminal (DICRIM).

Señala que el retiro temporal se fundamentó, entre otros antecedentes, en una declaración voluntaria prestada por el propio funcionario ante la PDI, en la cual habría reconocido consumo de cannabis, conocimiento de consumo de drogas al interior del recinto penitenciario sin haber efectuado denuncia, y vínculos con funcionarios formalizados. Sobre esa base, la autoridad estimó que su permanencia en servicio activo implicaba un riesgo grave para la imagen, disciplina y fines institucionales.

Sostiene que el retiro temporal no constituye una sanción disciplinaria, sino el ejercicio de una facultad legal discrecional, prevista en el artículo 114 letra b) del D.F.L. N° 2 de 1968, aplicable a Gendarmería conforme a la Ley N°19.195, y que no requiere la instrucción previa de sumario administrativo. Añade que la medida fue debidamente motivada, dictada por autoridad competente y registrada ante la Contraloría General de la República, cumpliendo los requisitos de validez del acto administrativo.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, afirmando que el recurrente no tiene derecho de propiedad sobre el cargo público ni sobre remuneraciones no devengadas, que no se configura afectación a la integridad psíquica acreditable, y que no existe infracción al principio de igualdad ante la ley, toda vez que la medida fue aplicada también a otros funcionarios en situaciones análogas. En consecuencia, solicita rechazar la acción constitucional en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el recurrente reclama en contra de la Resolución Exenta NUM000 de 14 de noviembre de 2025 del Director Nacional de Gendarmería de Chile, que le impone retiro temporal no voluntario del servicio, por considerar que afecta sus derechos constitucionales de forma ilegal y arbitraria.

TERCERO: Que del mérito de los antecedentes, particularmente el informe de la parte recurrida y el informe reservado de la Subdirectora Operativa de Gendarmería de Chile, se colige que la resolución que dispone el retiro temporal del actor por necesidades del servicio, se ajusta a lo establecido en el artículo 114 letra b) del Decreto N°412 de 1992 del Ministerio de Defensa y, además, está sustentada en hechos que se encuentran siendo objeto de una investigación penal, que descarta la arbitrariedad de su actuar, lo que conduce al rechazo del recurso interpuesto.

CUARTO: Por otro lado, tampoco se encuentran acreditadas las alegaciones del recurrente en cuanto a la falsedad de los hechos que fundan la resolución, la que se encuentra revestida de presunción de legalidad, y la afectación de su presunción de inocencia, cuestión que se encuentra siendo objeto actualmente de sumarios administrativos donde puede ejercer todos los derechos que la ley y la Constitución le aseguran. Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1780-2025 Protección.