Protección contra Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique

Iquique, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique, por vulnerar los derechos constitucionales consagrados en los numerales 1, 2 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que tiene indicada una cirugía de mastectomía masculina, procedimiento contemplado dentro de las prestaciones para personas trans conforme a la Ley N° 21.120 y la Circular 21 de la Superintendencia de Salud, sin embargo, a pesar de cumplir con todos los requisitos médicos y administrativos, ha permanecido en lista de espera desde hace más de dos años sin programación de cirugía, ni avance en los exámenes previos, por lo que presentó un reclamo ante la Superintendencia de Salud la que mediante Resolución Exenta IP/N° NUM000 de 10 de julio del presente año ordenó programar fecha de la intervención quirúrgica en el plazo de 2 meses desde la notificación de dicha resolución, sin que hasta a la fecha se haya efectivamente gestionado, lo que ha provocado su afectación tanto física como emocional.

Prosigue relatando que dicha omisión desatiende lo ordenado por la Superintendencia, constituyendo una discriminación indirecta basada en su identidad de género.

Pide acoger la acción proteccional, declarar ilegal y arbitraria la omisión del recurrido y disponer dentro del plazo de 10 a 30 días la programación de su cirugía. Acompaña documentos.

Evacúa informe el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido, argumentando que no ha existido acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales. En primer lugar, contextualiza la realidad actual de la recurrida refiriendo que es el único centro de salud de mayor complejidad la Región de Tarapacá y que debe dar solución quirúrgica a la totalidad de las cirugías de especialidad de la población, lo que genera, dado que los recursos son limitados, que los pacientes sean ingresados a una “lista de espera quirúrgica” y que por lo demás para dar solución a ello existen criterios de priorización, los que se determinan de acuerdo a la gravedad, posibilidad de tener secuelas, tiempo de espera, entre otros factores.

Se explaya indicando que el año 2022 el Ministerio de Salud, a través de la Norma Técnica N° 118, del año 2011, estableció criterios para el ingreso y exclusión de pacientes que formen parte de la denominada “lista de espera”, norma que ha sido modificada por disposiciones posteriores. De este modo, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de manera reiterada se ha instruido a los establecimientos de Salud de la red a su cargo que se respete los citados criterios de ingreso a dicha lista.

Al efecto, precisa que en Oficio Ordinario C 27 N° 373, de 2021, de la misma Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud se instruye como criterio de priorización: 1) usuarios en espera de intervenciones quirúrgicas con prioridad sanitaria, 2) usuarios con oportunidad bajo régimen de G.E.S., 3) usuarios Sename, 4) usuarios “PRAIS” y 5) usuarios con 2 o más años de antigüedad en listas de espera no G.E.S. Prosigue señalando que posterior a la pandemia por la “Covid-19”, en julio de 2023, debido a la alta ocupación de camas hospitalarias, a través de Memorándum N° 113-A 2023, modificó la priorización de las cirugías, considerando situaciones particulares de la región, por lo que el orden de prelación se estableció de acuerdo con el siguiente criterio: a) pacientes de urgencias y los ya hospitalizados, b) pacientes oncológicos, c) pacientes de patologías o problemas de salud G.E.S. vencidos y por vencer, desde el más antiguo al más reciente, de preferencia ambulatorios y d) pacientes de patologías o problemas de salud no G.E.S.

Continúa señalando que recientemente, en mayo del presente año, el recurrido ha elaborado y aprobado el manual interno denominado “Protocolo de Seguimiento y Acompañamiento de Pacientes en Lista de Espera Quirúrgica”, y que en cuanto a la priorización de los pacientes dispone “La preparación de los pacientes en espera quirúrgica se realizará según los criterios de priorización acordados localmente, ejemplo de estos son: tiempos de espera máximos, condiciones clínicas, patología oncológica, patología GES u otros como personas bajo Programas de Protección del Estado, políticas de género, etc. y además del tipo de cirugía.”

En lo medular, aclara que en la actualidad las intervenciones quirúrgicas referentes a mastectomías de pacientes transgénero deben realizarse sólo por cirujanos plásticos, lo que fue dispuesto por la Dirección del Servicio de Salud, mediante Memorándum N° 22/2024, lo anterior, debido a dos reclamos realizados por pacientes intervenidos por no conformidad con los resultados. Suma a lo expuesto el hecho de que en la actualidad sólo cuenta con un profesional funcionario médico cirujano plástico de adulto y que aquél de mayor experiencia se encuentra desempeñando funciones en el Hospital de Alto Hospicio.

Aunándose además a que las horas de pabellón destinada a cirugía plástica son pocas debido a la extensión de estas y a que se privilegia las intervenciones de urgencia.

Conforme a lo expuesto el recurrente no contaría con el criterio de priorización distinto a aquel correspondiente a la fecha de ingreso a la lista de espera, ni tampoco es prioridad biomédica, sin embargo, se enfatiza, a favor de éste, que actualmente se encuentra en un lugar prioritario, en la lista de espera de la subespecialidad de Cirugía Plástica y Reparadora.

Hace presente que, a raíz de lo dispuesto por la Dirección del Servicio de Salud, se intentó derivar al paciente Hospital de Antofagasta desde donde se respondió que dicho establecimiento no es referente para este tipo de cirugías. Sin embargo, en la actualidad, el recurrente ha sido derivado para su intervención al Hospital de Alto Hospicio.

Finaliza señalando que la acción proteccional no es la vía idónea para el cumplimiento de lo resuelto por la Superintendencia de Salud, toda vez en el procedimiento administrativo ante dicho órgano, aún se encuentra pendiente los respectivos medios de impugnación y procedimiento de apremio, más aún constando la remisión del expediente administrativo al Subdepartamento de Sanciones y Apoyo Legal para su cumplimiento ejecutivo.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso por falta de fundamentos, con costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Del recurso se desprende que lo reclamado radica en el supuesto acto ilegal y arbitrario de no cumplir la Resolución Exenta IP/N° NUM000 de la Superintendencia de Salud, de 10 de julio de 2025, esto es, llevar a cabo la cirugía de mastectomía, habiéndose cumplido el plazo para hacerlo, cuestión que conculcaría sus derechos garantizados en el artículo 19 N° 1, 2 y 9 de la Carta Magna.

TERCERO: Que, de acuerdo a los hechos expuestos y antecedentes acompañados por la recurrida, se debe establecer que el hospital regional, no ha controvertido el hecho en que se funda la acción, sino que argumenta que no ha incurrido en acto arbitrario e ilegal, por cuanto la intervención que requiere el actor, no es de aquellas que la normativa ha señalado con criterio de priorización o preferencia de cirugía, aunado a la falta de facultativo idóneo para practicar el procedimiento quirúrgico, a saber, un cirujano plástico, por cuanto el profesional con mayor experiencia con que contaba el centro asistencial, se trasladó a cumplir funciones al Hospital de Alto Hospicio.

CUARTO: Valga indicar, por una parte, que la cirugía a la que se refiere el recurrente no se encuentra contemplada en el sistema GES, y por otra, que la dictación de diversa normativa, como el Ordinario C-27 N°373 de 2021 de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, memorándum N°42-A de marzo de 2022, y N°113-A del año 2023 de la Dirección del Hospital Regional, que han dispuesto criterios de priorización quirúrgica, dan cuenta que las autoridades de salud han tratado de regular los tiempos de espera, sin embargo, ello no ha sido posible por falta de recursos humanos y materiales.

QUINTO: No obstante lo anterior, se advierte que se han adoptado las medidas adecuadas para el resguardo de la salud del recurrente, encontrándose actualmente en un lugar prioritario para su intervención, siendo derivado al establecimiento hospitalario en que presta servicios el cirujano plástico Dr.

nombre reservado, de lo que se deduce que se dispusieron las acciones para dar cumplimiento a la instrucción de la Superintendencia de Salud, por lo que la acción constitucional deberá ser rechazada.

QUINTO: Finalmente, por Ordinario IP N°NUM001 de 11 de noviembre de 2025, la Intendencia de Prestadores de Salud de la Superintendencia de Salud ha informado que ha remitido los antecedentes hasta el Subdepartamento de Sanciones y Apoyo Legal de esa misma institución para el cumplimiento ejecutivo de lo resuelto el 10 de julio de 2025, por lo que aún existen instancias pendientes en sede administrativa.

SEXTO: A mayor abundamiento, no se divisa una acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda ser reprochada en esta sede cautelar, dado que el asunto se encuentra sometido a la vía administrativa procedimiento reglado que establece el Decreto N° 35 de 2012 del Ministerio de Salud, norma que contiene el Reglamento para el Procedimiento de Reclamos de las personas en relación con los derechos que como pacientes lo dispone la Ley Nº20.584, por lo que resulta posible concluir que la presente acción cautelar escapa al ámbito de competencia de este recurso, no siendo la vía idónea para conocer y resolver la litis.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por don nombre reservado en contra del Hospital Regional de Iquique Dr. Ernesto Torres Galdames.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1778-2025 Protección.