Protección contra Servicio de Impuestos Internos

Iquique, catorce de julio de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparecen nombre reservado y Roberto Báez Castillo, abogados, en favor de nombre reservado, y de Áridos y Asfaltos Inbrada SpA, por quienes recurren de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por atentar en contra de los derechos reconocidos en el artículo 19 N°s 21 y 22 de la Constitución Política de la República.

Expresan que el Sr. nombre reservado es socio y representante de la sociedad recurrente; explican que previamente, en Rol 320-2020 de esta Corte, se recurrió de protección porque se le impedía al afectado emitir facturas electrónicas, arbitrio rechazado, luego, el 21 de marzo pasado en representación tanto del Sr. nombre reservado como de la Constructora y Servicios de Ingeniería Bri Ltda, recurrió de protección porque el SII negaba la emisión de facturas, rechazándose el deducido que está en apelación ante la Excma. Corte Suprema, pese lo anterior, sostienen que siguen los hostigamientos al Sr. nombre reservado y ahora se afecta a la empresa Áridos y Asfaltos Inbrada Spa, a quien, al igual que el SII hizo con la sociedad constructora y servicios de ingeniería Bri Ltda., le negó el derecho a emitir documentos electrónicos, en este caso, en la página gratuita de facturación del SII y por ello, debe previamente solicitar la autorización de folios para facturar, emitir guías de despacho u otros documentos por petición administrativa y, sólo después del tiempo que le parezca al SII, previos llamados e insistencia, autorizan un número restringido de folios para emitir documentación.

Puntualizan que la empresa recurrente ha sido objeto de fiscalización, además, que aquélla para emitir sus documentos electrónicos usa el sistema de emisión de documentos denominado sistema de facturación gratuita del SII, siendo el único habilitado el representante legal de la empresa, Sr. nombre reservado, quien accediendo, debe seleccionar la empresa por la que ingresa a realizar el trámite, sin embargo, el sistema a partir del 16 de mayo pasado no permite a la empresa autorizar los folios, ni emitir facturas ni guías de despacho, ni ningún tipo de documentación electrónica, por lo que la empresa mediante su contador o el representante legal, debe previamente y con anticipación, por petición administrativa en la página del SII solicitar autorización de folios para emitir documentos.

Expresan que el contador ha solicitado alzar la anotación, ya que no se tiene ningún incumplimiento con el SII, a lo que el organismo se ha negado sin razón legal, sin perjuicio, que además, Áridos y Asfaltos Inbrada Spa, no incurre en ninguna de las causales del artículo 8 ter del Código Tributario.

Hacen presente que el Sr. nombre reservado está querellado por el SII en Rol 21.889-2019, seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en etapa de investigación des formalizada y probablemente por ello este organismo establece restricciones ilegales y arbitrarias. Destacan que no existe, ni se ha notificado resolución fundada que revoque, difiera o restrinja la emisión de documentos electrónicos, además, que los protegidos no están en ninguna de las situaciones de las letras b), c), ni d) del artículo 59 bis del Código Tributario que habilite al recurrido para revocar, restringir, ni diferir la emisión de documentos, ni prohibición de uso de otros medios o aplicaciones del mismo servicio.

Piden se acoja el recurso, restableciéndose el imperio del derecho respecto de Áridos y Asfaltos Inbrada Spa y su representante legal Sr. nombre reservado y que se elimine toda restricción u obligación de presentar una petición administrativa o cualquier entrabamiento para que le autoricen de forma restringida los folios para emitir todo tipo de documentos electrónicos tributarios, y que la empresa pueda hacerlo directa, inmediata y libremente como todo contribuyente utilizando el sistema de facturación gratuita del SII, emitiendo inmediatamente los documentos tributarios electrónicos que necesite emitir, con costas. Acompañan documentos.

Informa nombre reservado, Directora Regional (s) del SII; indica respecto de la contribuyente Áridos y Asfaltos Inbrada SpA, que para la emisión de documentos electrónicos tributarios, usa el Sistema de Facturación Gratuito del Servicio, para lo que la sociedad autorizó a su representante legal Sr. nombre reservado, para actuar como usuario administrador de documentos tributarios electrónicos; destaca, que la última factura electrónica de la sociedad recurrente, se emitió el 23 de junio de 2022, es decir, con posterioridad a la presentación de este libelo, además, registra como última autorización de folios de factura electrónica, guías de despacho electrónica y notas de crédito electrónicas las fechas que indica; añade que habiendo realizado por internet la sociedad contribuyente petición administrativa de autorización de folios el 17 de mayo de 2022, fue resuelta al día siguiente autorizándose 60 facturas electrónicas, 300 guías de despacho, 2 notas de débito y 8 notas de crédito, luego, tras una segunda petición administrativa de la sociedad recurrente, ingresada el 1 de junio pasado, solicitando 500 folios de guías de despacho, fue autorizada.

Agrega que el Sr. nombre reservado no está habilitado para emitir facturas como persona natural, ya que cesó en sus actividades por aviso de término de giro el 9 de junio de 2017, además, está querellado por el Servicio por delitos tributarios, sin que registre a la fecha alguna anotación que afecte su calidad de representante autorizado para solicitar folios de DTE de la sociedad en el sistema de facturación que usa.

Arguye la improcedencia de la acción, por falta de oportunidad; reclama la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar del Servicio. Puntualiza que la circunstancia que la sociedad recurrente para obtener la autorización de folios para la emisión de DTE, deba efectuar una petición administrativa, vía web, tal como si se tratase del timbraje de documentos en papel, únicamente conlleva que tratándose de documentación de la Ley sobre Impuesto a la Ventas y Servicios, tal petición, previo a su autorización, es revisada por un funcionario fiscalizador, por lo que en caso alguno resulta ser una manifestación de una supuesta restricción de facto, arbitraria e ilegal, a su vez, refiere que la necesidad de presentar una petición administrativa no implica una denegación, limitación o restricción de la autorización de folios para la emisión de DTE, sino que, en consideración al derecho de los contribuyentes a que se les autoricen los documentos tributarios que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad, sólo es un cambio del canal de atención del contribuyente, el que pasa de la aplicación propia del sistema de facturación electrónico, que opera automáticamente en función de algoritmos y parámetros predefinidos, a una petición administrativa sujeta a la revisión de un funcionario fiscalizador.

Sostiene la falta de conculcación de las garantías constitucionales alegadas. Acompaña documento.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del recurso se colige un reclamo en contra de la recurrida, principalmente porque sería ilegal la restricción que impone el SII a la empresa protegida, en cuanto se niega el acceso a la emisión de documentación electrónica tributaria, sin que previamente se presente una petición administrativa ante el Servicio de autorización restringida de folios.

TERCERO: Que de los antecedentes allegados por los intervinientes, ponderados conforme las reglas de la sana crítica, no se advierte la ocurrencia de alguna conducta ilegal o arbitraria por parte de la recurrida que afecte los derechos reclamados como conculcados en el arbitrio.

En efecto, se desprende que la sociedad recurrente no ha visto mermada su capacidad de actuación, en la medida en que el Sr. nombre reservado, representante de aquella para estos efectos, solicitó y obtuvo la autorización de los folios respectivos para la emisión de facturas y guías de despacho, necesarias en el desarrollo de su giro.

CUARTO: Que por otra parte, en relación a la necesidad de autorización del Servicio de Impuestos Internos para el timbraje y emisión de facturas, resulta menester advertir que aquello no es sino consecuencia de las atribuciones legales de fiscalización de que está dotado tal servicio, siendo inherentes a su calidad de ente fiscalizador de los tributos, pero aquella circunstancia, al margen de constituir un trámite más, que se también realiza de manera remota, no implica alguna denegación o restricción en la emisión de la documentación solicitada, y por lo mismo no tiene la entidad suficiente para ser considerada como un acto arbitrario o ilegal.

QUINTO: Que así las cosas, no apareciendo de las alegaciones expuestas por la parte recurrente, ni tampoco de los antecedentes aportados, que la recurrida haya realizado una acción u omisión arbitraria o ilegal reparable por la vía de esta acción cautelar, desprendiéndose, por otro lado, que a la fecha la empresa recurrente no tiene problemas para operar con los documentos tributarios necesarios para ejercer su giro, solo es posible concluir que la acción constitucional deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y con lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-1734-2022.