Protección contra Colegio nombre reservadoÍDICA000 o Fundación educacional nombre reservado

Iquique, once de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, en representación de su hijo, nombre reservado, de 17 años, por quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Colegio nombre reservadoÍDICA000 o Fundación educacional nombre reservado, representado por nombre reservado, por vulneración de las garantías contempladas en el artículo 19 N° 1, 3 y 4, del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

Expone, en síntesis, que su hijo actualmente se encuentra suspendido de clases sin una causa o fundamento legítimo, afectando de forma grave sus derechos a la honra y dignidad personal, además de su derecho a un debido proceso. Menciona que ha sido señalado como abusador por la comunidad educativa afectando su condición emocional y psíquica.

Relata que el 21 de octubre pasado, su hijo fue denunciado por una compañera de curso, por supuesto hechos que se calificaron como acoso o abuso, que se verificaron en una conversación de índole sexual mantenida entre ambos, a través de la red social de Instagram que según la denuncia habría provocado un fuerte impacto emocional en la estudiante, y consecuencialmente un episodio de crisis y temor de concurrir al colegio.

Argumenta que según la normativa del reglamento interno de convivencia escolar del referido colegio, la resolución recurrida aludiría a conductas de falta grave y gravísimas, pero no precisa de forma concreta cual es la que ha sido infringida, evidenciando una falta de motivación en la denuncia, no habiéndose acompañado las conversaciones que fundamenten el hecho que se denuncia Señala que no se puede sancionar los supuestos hechos de acoso, ya que no existe insistencia ni hostigamiento, debido a que la conversación fue reciproca, sostenida y consentida no acreditándose oposición alguna por la estudiante que realiza la denuncia.

En ese contexto, el 22 de octubre su hijo es entrevistado a solas, sin contar con la presencia de la madre, acto seguido los hacen firmar un documento donde se le hace reconocer a su hijo las insinuaciones, comportamiento parcial y malicioso, siendo que no fue como acaecieron los hechos, además que se le hizo firmar el documento sin una lectura previa.

Además, recalca que los informes de entrevista y salud de la denunciante no entregan detalle alguno, viendo imposibilitada la posibilidad de ejercer defensa o controvertir su contenido, no se estipulan fechas, ni profesionales intervinientes ni fundamentos técnicos. Estableciendo padecimientos emocionales producidos en la menor estudiante, pero sin establecer un vínculo causal con los hechos que se denuncian.

Concluye que la supuesta investigación tiene como objetivo determinar la veracidad de los hechos, pero sin embargo y de forma paralela, se le impone una suspensión inmediata de 10 días, infringiendo sustancialmente la imparcialidad del proceso, estableciendo una sanción anticipada vulnerando el derecho a la presunción de inocencia. Que el colegio garantizaría un plan pedagógico y de acompañamiento emocional, que no se ha dado cumplimiento hasta la fecha, provocándole a su representado una mayor vulneración Solicitando la reincorporación inmediata de su hijo a clases, declarando el acto recurrido como arbitrario e ilegal, por carecer de fundamentos facticos y jurídicos suficientes. Acompaña documentos.

Evacúa informe doña Constanza Patricia Morapastén Inostroza, abogada, en representación de la recurrida Fundación Educacional nombre reservado, quien en primer lugar alega que el procedimiento disciplinario se encuentra actualmente vigente y en plena tramitación conforme al plazo legal establecido en la ley Aula Segura, que se dará por culminado el día 6 de noviembre del presente año, donde se dictará resolución definitiva, por lo que todo el tiempo anterior a esta fecha el establecimiento educacional se encuentra impedido de acompañar nuevos antecedentes o emitir algún pronunciamiento adicional que pueda anticipar el resultado de la investigación, por que se cumple con las garantías del debido proceso y objetividad de la investigación.

Menciona respecto a la sanción de suspensión, que se constituye como un acto de carácter intermedio dentro del proceso disciplinario, y no de una decisión definitiva o sancionatoria final, considerada como una medida cautelar adoptada en el marco de una investigación aun en curso, con el fin de resguardad la integridad de la comunidad educativa y garantizar el proceso hasta su término.

Señala que el 22 de octubre, mediante documento formal el director del establecimiento ordena la apertura del procedimiento disciplinario, al estimar que los hechos que fueron denunciados podrían configurar la infracción grave o gravísima de convivencia escolar.

Que el 27 de octubre la inspectora general de educación media emite la formulación de cargos, donde se le consigna el cargo de Realización de actos de connotación sexual, por medios digitales dirigidos a una estudiante del mismo establecimiento, consistentes en solicitudes de contenido íntimo, insinuación sexual y expresiones que podrían configurar acoso o afectación a la integridad psíquica de un miembro de la comunidad educativa.

Ahora bien, con el caso de la medida adoptada, esta se aplica de forma preventiva y no sancionatoria según lo estipulado en la ley N°21.128, en su artículo primero. Y asevera que durante el periodo de investigación el colegio ha podido garantizar la continuidad del proceso educativo mediante la entrega de materiales y evaluaciones coordinadas por la unidad técnico pedagógica, además de la implementación de acompañamiento y apoyo socioemocional por el equipo de convivencia escolar. Cita jurisprudencia.

Finalmente, argumenta que, con los antecedentes expuestos, se puede acreditar que el establecimiento educacional actuó bajo estricto apega a la normativa y el reglamento interno de convivencia escolar del establecimiento Educacional, por lo que el acto que se recurre carece de toda arbitrariedad o ilegalidad, y no se advierte vulneración del derecho fundamental del recurrente.

Por las razones expuestas solicita el rechazo de la acción de protección con costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que lo reclamado consiste en haberse dispuesto la suspensión de clases del alumno por diez días, lo que conculcaría las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 3 y 4 de la Constitución Política de la República.

Que la recurrida, por su parte, sostiene que la medida disciplinaria fue adoptada por la denuncia de un hecho que tiene carácter de falta grave y gravísima relacionada con los hechos relatados en la investigación. Además, sostiene que la investigación se llevó a cabo conforme a la ley y normativa aplicable, afirmando que la medida adoptada fue dispuesta para resguardar la integridad de la comunidad educativa, especialmente de la estudiante involucrada; asegurar la imparcialidad del procedimiento disciplinario; y proteger los derechos educativos y emocionales del propio estudiante mientras se evalúan los antecedentes.

TERCERO: Que, en las condiciones anotadas, especialmente lo informado en cuanto a que el procedimiento de aplicación de la medida cautelar se ajustó a la normativa educacional, la apoderada fue debidamente notificada, que aun así se le siguió enviando material educacional y apoyo socioemocional al recurrente durante la vigencia de la investigación, no apareciendo que la recurrida haya incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna en la aplicación de la medida que se cuestiona.

CUARTO: Que, asimismo, la medida disciplinaria fue adoptada por el Director del establecimiento educacional, órgano competente, dentro del procedimiento establecido en el Reglamento Interno y al artículo 1 de la Ley Aula Segura, que lo faculta a suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieran incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tal en los reglamentos internos, de manera que no corresponde calificarla de ilegal, ni arbitraria, por lo que la acción cautelar deberá desestimarse.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado, en representación de su hijo en contra de la Fundación Educacional nombre reservado

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1699-2025 Protección.