nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Iquique, cuatro de julio de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, empresario, con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por doña nombre reservado., o por quien le suceda o subrogue legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado de esta ciudad, por el bloqueo de timbraje de documentación tributaria electrónica dispuesta por el recurrido.

Expone, en síntesis, que desde el año 2005 se desempeña en el rubro de la construcción de obras civiles y transporte de carga por carretera, y en tal calidad, es contribuyente del impuesto al valor agregado, debiendo en consecuencia emitir la correspondiente documentación tributaria.

Agrega que el 7 de junio pasado, solicitó al recurrido, a través de su página web, efectuar timbraje electrónico de facturas electrónicas con su firma autentificada, lo que fue negado por mantener dos anotaciones, del 4 de agosto de 2021 y 1 de junio de 2022, la primera por no asistir a una notificación para presentar documentación con el fin de iniciar un proceso de fiscalización, y la segunda, por no haber presentado la Declaración de IVA (Formulario 29) estando obligado a hacerlo; motivo este último por el cual se le informa que mientras dicha anotación esté vigente, podría verse afectado para emitir documentos tributarios electrónicos.

Luego de aludir al derecho que reconoce la legislación tributaria a los contribuyentes a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para su giro o actividad, debiendo darse aviso al Servicio en la forma que éste determine, sostiene que el bloqueo efectuado por el recurrido es arbitrario e ilegal porque no se ha dictado el correspondiente acto administrativo que, debidamente notificado, dé cuenta del ejercicio de dicha potestad, sumado a que no se encuentra en ninguna de las hipótesis del artículo 8 ter del Código Tributario que le impidan otorgar facturas y otros instrumentos tributarios en forma electrónica, lo cual afecta su derecho a desarrollar cualquiera actividad económica y a no ser discriminado por los órganos estatales en general y en materia económica en particular, asegurados en el artículo 19 N° 21, 2 y 22 de la Constitución.

Concluye solicitando se acoja el recurso deducido, ordenándose como medida de protección se autorice la emisión de documentación electrónica, así como toda otra medida que esta Corte estime pertinente, con costas.

Acompañó documentos para sustentar sus alegaciones.

Informando el Servicio de Impuestos Internos, solicita el rechazo de la acción interpuesta.

Menciona en resumen que, desde el 14 de febrero de 2017, el actor se encuentra autorizado por el Servicio como Usuario Administrador, y así emitir documentos tributarios electrónicos, y en tal virtud, a la fecha se han autorizado sus solicitudes de emisión de folios para emisión de documentos tributarios electrónicos, siendo el último de ellos, según cuadro resumen, el que corresponde al folio 77322453209, de 15 de junio pasado, por el que se autorizaron 40 folios de factura electrónica de acuerdo a lo solicitado por el contribuyente, a lo que se agrega que el actor no ha presentado sus declaraciones de los impuestos mensuales (F29) correspondientes a Marzo y Abril de 2022, estando obligado a hacerlo, por lo que el 1 de junio pasado, se ingresó una anotación que da cuenta de ello, informándosele mediante mensaje automático al momento de solicitar la autorización de folios, que para resolver tal situación debía presentarse en la oficina del Servicio correspondiente a su domicilio.

Por tal motivo, alega la falta de oportunidad de la acción deducida, y la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar del servicio, ya que el actor ha obtenido hasta la fecha las autorizaciones de folios de documentación electrónica que ha solicitado para el desarrollo de su giro, a lo que añade que las anotaciones a las que alude el actor en su recurso solo implican que deberá efectuar una petición administrativa para autorizar la documentación electrónica, tal como si fuese el timbraje de documentos en papel, siendo además el mensaje informativo automático que registra en su sitio personal solo una comunicación para el recurrente de su situación tributaria y las eventuales irregularidades detectadas, a fin de que pueda darle solución y evitar efectos perjudiciales futuros, no conculcándose así las garantías constitucionales alegadas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, de los antecedentes del recurso, se colige que lo reclamado radica en el bloqueo de timbraje de documentación tributaria electrónica, dispuesto por el recurrido, a raíz de dos anotaciones efectuadas por el Servicio respecto de la situación tributaria del actor.

A su turno, en su informe, el servicio recurrido alega la pérdida de oportunidad de la acción interpuesta, así como la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad en su actuar, desde que se autorizaron 40 folios de factura electrónica de acuerdo a lo solicitado por el contribuyente en el mes de Junio pasado, sumado a que las anotaciones registradas en el respectivo sistema electrónico solo implican que el recurrente deberá efectuar una petición administrativa para autorizar la documentación electrónica.

TERCERO: Que, de la reseña precedente, específicamente la autorización de 40 folios de facturas electrónicas solicitadas por el actor, se aprecia que el fundamento fáctico que motivó el presente recurso de protección ha desaparecido, por lo que, en consecuencia, no concurren los presupuestos necesarios para que la acción constitucional prospere, debiendo disponerse su rechazo.

CUARTO: Que, por otro lado, y aun cuando lo dicho resulta suficiente para desestimar la acción, tampoco se vislumbra un actuar ilegal o arbitrario del servicio recurrido, desde que la comunicación electrónica basamento del recurso, sólo implica que el actor deberá concurrir personalmente a efectuar las solicitudes de timbraje que estime pertinentes, no una negativa expresa al timbraje, sin poder efectuarlas a través del sistema electrónico dispuesto para ello.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, la acción constitucional de protección presentada por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-1693-2022.