Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Iquique, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Sergio Aburto Mayorga, abogado, a favor de doña nombre reservado, cubana, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por no dar curso y luego tener por desistida la solicitud de refugio de la recurrente, acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía consagrada en el numera 2 de la Constitución Política de la República.

Recurre en contra de las Resoluciones N°NUM000 de 29 de agosto de 2025 y N°NUM001 de 02 de octubre de 2025, por la que la recurrida decidió no dar curso y luego tener por desistida la solicitud de refugio de la recurrente, fundándose exclusivamente en el exceso del plazo de siete días hábiles desde su ingreso al país para formalizar la petición ante el organismo, sin considerar circunstancias excepcionales y antecedentes que la actora estima determinantes.

Sostiene que tal proceder desconoce que desde el primer día intentó iniciar el trámite; que la falta de documentación derivó de la omisión de la PDI de citarla para emitir su Tarjeta de Identificación de Extranjero Infractor, pese a haber solicitado autodenuncia oportunamente; y que además sufrió un evento médico de fuerza mayor, debidamente acreditado, que le impidió desplazarse durante el período crítico. En consecuencia, sostiene que el Servicio actuó de manera desproporcionada, injusta y carente de razonabilidad al no ponderar esos elementos, al no aplicar los mecanismos de asistencia previstos en el artículo 36 bis del Decreto 837, y al limitarse a aplicar automáticamente el vencimiento del plazo legal.

Solicita decretar que la recurrida ordene a un funcionario del Servicio dejar sin efecto las resoluciones N°NUM000 y N°NUM001, e ingresar a tramitación nuevamente la solicitud de refugio de la recurrente, con su timbre respectivo, para obtener la visa temporaria como solicitante de refugio, mientras espera la evaluación de su situación por parte de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Y además, que informe si existe una medida de apremio vigente en contra de su persona.

Evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, expone en primer término, que la acción constitucional ha perdido oportunidad y eficacia, toda vez que el Servicio ya se pronunció respecto de la presentación que dio origen al recurso. Expone que el primer acercamiento formal de la recurrente ante el Servicio ocurrió el 19 de agosto de 2025, oportunidad en que manifestó su intención de iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, quedando registrado bajo el ID NUM002, siendo esa la única gestión válida según los sistemas institucionales, no existiendo registro previo como sostiene la actora. Añade que, conforme a los protocolos internos, toda persona que acude a manifestar tal intención recibe atención inmediata, citación y directrices correspondientes, lo que ocurrió en este caso mediante el envío de la citación e instructivo al correo electrónico de la interesada.

Precisa que la recurrente fue citada para entrevista de admisibilidad el 29 de agosto de 2025 a las 09:00 horas, instancia en que declaró haber ingresado por paso no habilitado el 04 de agosto de 2025, información firmada en el Formulario de Primera Atención y en el Formulario de Entrevista de Admisibilidad.

Con tales antecedentes se verificó el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 26 de la Ley N°20.430, concluyendo que la presentación se efectuó fuera del plazo legal de siete días hábiles desde el ingreso al territorio nacional. Sobre dicha base se dictó la Resolución Exenta N°NUM000, de 29 de agosto de 2025, resolviendo no dar curso a la solicitud, otorgándose un plazo de quince días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento del artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 y del artículo 31 de la Ley N°19.880.

Indica que la recurrente presentó descargos el 02 de septiembre de 2025, adjuntando antecedentes médicos y señalando impedimento para presentarse, pero que la determinación no se fundó en la ausencia de la Tarjeta de Identificación de Extranjero Infractor, sino en antecedentes objetivos que acreditaron el incumplimiento temporal del artículo 26, consistentes en su propia declaración y registros del sistema. Explica que, aplicando el apercibimiento legal, el Servicio tuvo por desistida la solicitud. No obstante, con posterioridad, mediante Resolución Exenta N°NUM003, de 19 de noviembre de 2025, el Servicio dejó sin efecto tal declaración y retrotrajo el procedimiento a la etapa de análisis de fondo, permaneciendo vigente el expediente de refugio y encontrándose en curso.

Concluye el informe señalando que, en atención a lo expuesto, no existe acto u omisión actual susceptible de constituir ilegalidad o arbitrariedad para efectos del artículo 20 de la Constitución, por lo que solicita el rechazo íntegro del recurso y el rechazo de la condena en costas. Acompaña documentos.

Evacúa informe la Policía de Investigaciones de Chile, señalando que la recurrente no registra ficha migratoria ni movimientos por pasos fronterizos controlados, conforme a las consultas realizadas en los sistemas institucionales.

Indica que la autodenuncia por ingreso clandestino se realiza mediante la plataforma digital pdivirtual.cerofilas.gob.cl, la cual genera un identificador y posterior citación para entrevista. Precisa que, pese a fallas detectadas en dicha plataforma, en caso de presentación presencial se recibe el trámite de forma manual. Finalmente, informa que no consta solicitud de la recurrente en el sistema, pero que el 06 de noviembre de 2025 fue citada para realizar la autodenuncia, dándose curso al procedimiento en esa fecha.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el recurrente reclama en contra del Servicio Nacional de Migraciones por haber declarado desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada en Chile, mediante resoluciones dictadas con fundamento en el incumplimiento del plazo legal para formalizar dicha petición.

A su vez, el recurrido expone que mediante Resolución Exenta N°NUM003, de 19 de noviembre de 2025, dejó sin efecto el desistimiento y retrotrajo el procedimiento a la etapa de análisis de fondo, permaneciendo vigente el expediente de refugio y encontrándose en curso.

TERCERO: Que, de los antecedentes expuestos en el informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones y corroborados con la documentación acompañada, se advierte que el arbitrio interpuesto ha perdido oportunidad, toda vez que la declaración de desistimiento fue dejada sin efecto mediante Resolución Exenta N°NUM003 de 19 de noviembre de 2025, retrotrayéndose el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada a su etapa de análisis de fondo, encontrándose actualmente vigente y en tramitación el expediente respectivo.

En consecuencia, no existe en la especie acto u omisión actual que requiera la adopción de medida cautelar alguna, razón por la cual el recurso deducido será desestimado.

De este modo, no se configura acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía, por cuanto el procedimiento administrativo continúa su curso regular y no se verifica afectación concreta de derechos fundamentales que amerite tutela. No concurriendo los presupuestos exigidos para la procedencia de la acción constitucional, esto es, un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere garantías protegidas por la Constitución sólo cabe disponer el rechazo de la acción deducida.

Por tales consideraciones, y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida a favor de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1685-2025 Protección.