nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO REGIÓN DE TARAPACÁ

Iquique, veinticuatro de abril de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo Tarapacá, representada por el Director del Trabajo Regional, don Juan Terrazas nombre reservado y subsidiariamente contra la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, representada por doña nombre reservado, por atentar en contra de sus derechos reconocidos en los numerales 1, 2, 3, 4, 14 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que durante los años 2018 y 2019, se desempeñó profesionalmente con contrato indefinido como fonoaudióloga en el establecimiento Thilda Portillo Olivares, estamento que depende de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, en el cual señala durante el año 2019 se vieron vulneradas sus garantías constitucionales por parte de la Directora del establecimiento Sra. nombre reservado, lo cual hizo presente en múltiples ocasiones a la Cormudesi a fin que tomaran medidas, hecho que nunca ocurrió por parte del empleador, enunciando una serie de cartas recepcionadas por Cormudesi en las cuales se reflejaba lo informado.

Añade que se presentó en la Inspección del Trabajo de Iquique, el 28 de agosto de 2019, para elevar una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, la cual nunca se ejecutó por parte del organismo, dirigiéndose en reiteradas ocasiones con la Jefa de Inspección Provincial del Trabajo, Sra. nombre reservado, para solicitar explicaciones sobre la omisión ante la denuncia efectuada, indicándole que habría sido remitida a la Dirección del Trabajo Regional, organismo superior a ella, dirigiéndose la recurrente ante dicho organismo, haciendo presente su situación al Director Regional Sr. Juan Terrazas, el que luego de un seguimiento, ordena abrir una denuncia el 24 de febrero de 2020, código 01012020-350, con motivo a no otorgar el trabajo convenido, tomando conocimiento que la denuncia de vulneración de derechos habría sido omitida en su totalidad y abordada con una nueva, lejos de corresponder a las materias que habría denunciado el 28 de agosto de 2019.

Sostiene que producto de la omisión por parte de la Dirección del Trabajo Regional, quedó sin el derecho de Indemnidad (sic), sin protección de sus derechos y sin poder efectuar recursos ante el Tribunal laboral por tutela laboral y subsidiarios, siendo desvinculada por necesidades de la empresa por la Cormudesi el 24 de febrero de 2020 como medida de represalia, por haber denunciado en múltiples ocasiones irregularidades, luego de remitir una carta el 13 de febrero de 2020, solicitando cambio de establecimiento dado que nunca se hizo una investigación de los hechos denunciados. Señala que la desvinculación es improcedente, dado que el establecimiento cuenta con proyecto de integración escolar que requiere legalmente de un fonoaudiólogo y posterior a su desvinculación, se contrató de manera inmediata a una nueva fonoaudióloga.

Indica que los hechos mencionados tienen un directo impacto en el desarrollo de su vida personal y laboral, dado que agotó todas las instancias para que se tomaran cartas en el asunto y por omisión de los recurridos, fue afectada directamente, dado que fue notificada de la desvinculación el 24 de febrero de 2020 fecha no apropiada, habiendo sido el personal desvinculado notificado el año anterior, asimismo, menciona que en aquella fecha ya le era imposible buscar otra oportunidad laboral sumado a la grave situación sanitaria, careciendo en consecuencia de capacidad de pago de los compromisos monetarios propios y de la capacidad de solventar los gastos y sostenimiento económicos básicos de su hija.

Afirma que producto de la omisión arbitraria o ilegal expuesta, se vieron afectadas las garantías invocadas, señalando que la omisión de la Dirección del Trabajo Regional, posibilitó su desvinculación arbitraria por Cormudesi como medida de represalia, imposibilitó su indemnidad y cualquier tipo de recurso de tutela laboral y subsidiarios ante el Tribunal Laboral.

Pide tomar todas las medidas para restaurar el imperio de Derecho, desde ya toda la competencia para actuar en su favor, solicitando que se decrete orden de validación de denuncia de derechos fundamentales efectuada el 28 de agosto de 2019 en la Inspección del Trabajo de Iquique y en consecuencia, se ordene la investigación por parte de la Dirección de Trabajo; se decrete orden de validación para poder ejercer las garantías constitucionales ante los Tribunales Laborales, para las acciones judiciales por tutela laboral y subsidiarios, y que se decrete orden de nulidad de desvinculación y el reintegro laboral por parte de Cormudesi, como a su vez, los derechos respectivos que lleva a cabo dicha reincorporación en cuanto al pago de las remuneraciones del que fue privada. Acompaña antecedentes fundantes.

Evacúa informe don nombre reservado, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, quien alega la extemporaneidad de la acción, respecto de toda premisa fáctica postulada por la actora, datada en el libelo y documentos acompañados, en una fecha anterior a 30 días corridos contados hacia atrás desde la interposición del recurso, el 24 de marzo de 2020, de conformidad con lo ordenado en el N°1 del Auto acordado sobre tramitación del recurso de protección.

Sostiene la improcedencia de la acción respecto de la denominada garantía o derecho de indemnidad, indicando que el artículo 20 de la Constitución Política no contempla dicha garantía dentro del catálogo de prerrogativas protegidas, añade que el determinar si concurre o no una lesión a dicho de derecho, objeto de una acción de lato conocimiento, como es la tutela de derechos fundamentales prevista en los artículo 458 y siguientes del Código de Trabajo. Niega la ejecución de cualquier acto, conducta o decisión que encuentre como motivo el ánimo de ejercer una represalia en contra de la actora y señala que el despido de 24 de febrero de 2020, obedeció a necesidades de la empresa, causal prevista en el artículo 161 de Código el Trabajo y que determinar si es procedente, se requiere el ejercicio de una acción de lato conocimiento.

Se refiere a la improcedencia de la reincorporación indicando que su representada no es responsable de las supuestas omisiones de la Dirección del Trabajo, además indica que la reincorporación es una medida excepcional que solo procede en caso de trabajadores aforados y en caso de obtenerse la acción de tutela por vulneración del derecho a la no discriminación laboral y ser declarada tal lesión como grave por el Tribunal del Trabajo, al tenor del artículo 489 del Código del Trabajo, añadiendo que la actora ni siquiera aduce una supuesta discriminación grave por parte de su ex empleadora.

En relación a la integridad física, niega haber incurrido en actos que limitaran su ejercicio, añade que la actora ejercía licencias médicas de orden curativo, la última de ellas inició el 2 de octubre de 2019 concluyó el día 13 de mismo mes y sólo ejerció dos licencias de orden laboral, la primera de ellas inició el día 21 de octubre de 2019, finalizando el día 9 del mismo año, mientras que la segunda inició el 13 de noviembre y finalizó el día 2 de diciembre del mismo año, no existiendo lesión a la integridad síquica digna de tutela, tanto más si ella es claramente extemporánea.

Pide tener por informado el recurso y en definitiva, su rechazo. Acompaña documentos fundantes.

Evacúa informe don nombre reservado, Director Regional del Trabajo de Tarapacá, por sí y en representación de la Dirección Regional del Trabajo de Tarapacá, quien señala que efectivamente la recurrente ingresó una denuncia de derechos fundamentales en la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique el 28 de agosto de 2019, denunciando en forma genérica la existencia de malos tratos a terceras personas y a ella en su lugar de trabajo, y que consecuencia de sus acciones, se le había modificado unilateralmente la hora de ingreso a la jornada laboral de las 08:30 horas a las 08:00 horas.

Indica que efectivamente recibió a la recurrente el 24 de febrero y luego de una reunión, se procedió de inmediato y ante su presencia a indagar sobre su situación, verificando que la denuncia efectuada se derivó internamente al abogado de la repartición Sr. nombre reservado para analizar su admisibilidad, funcionario que presentó su renuncia voluntaria a partir del 1 de enero de 2020. Ante ello, instruyó que se realizara la fiscalización de rigor por vulneración de las condiciones de trabajo convenido, dándose inicio al proceso el 24 de febrero de 2020, señalando además que en el informe de exposición se concluyó que el “contrato individual del trabajo no otorga trabajo convenido, no se constata infracción, no se cursa multa”.

Se refiere al derecho o garantía de indemnidad, lo dispuesto en el artículo 458 del Código del Trabajo y sostiene la inexistencia de afectación a dicho derecho, siendo el acto de represión aplicado sobre su persona por su empleador, no habiendo fiscalización anterior a la fecha de despido, por lo que no acaecería la hipótesis planteada en la norma citada; añade, que ratifica la nula afectación al mencionado derecho, el hecho que la recurrente al firmar finiquito, suscrito el 5 de marzo de 2020, se reserva el derecho de denunciar judicialmente la vulneración de derechos. Conforme a ello, afirma que no existe afectación alguna a su derecho, porque además el plazo de 60 días hábiles para ejercer su acción de tutela laboral u otra derivada del despido, se encuentra plenamente vigente hasta el 7 de mayo de 2020 y puede ampliarse si existe reclamo ante la Inspección del Trabajo dentro del plazo inicial de 60 días hábiles.

Expone que además, debe considerarse que la recurrente está efectivamente utilizando su derecho de indemnidad por esta vía cautelar, donde se recurre subsidiariamente en contra de su ex empleadora, optando por ella, desechando expresamente el procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales.

Sostiene la improcedencia de la acción por no existir un acto u omisión ilegal ni arbitraria, pues conforme dispone la Ley N°19.880 en su artículo 27 los procedimientos administrativos tienen un plazo de 6 meses para su conclusión, salvo la existencia de caso fortuito y fuerza mayor, ocurriendo la última hipótesis con ocasión de la denominada crisis social, en tal sentido, considerando la existencia de al menos dos meses y medio de anormalidad (octubre a diciembre de 2019), el citado plazo de 6 meses se cumplió en el caso de la denuncia incoada por la recurrente, ya que el informe de fiscalización se emitió el 28 de febrero de 2020 poniendo termino al procedimiento objeto del proceso.

Afirma que no existe prueba de que se haya privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de un derecho de la recurrente ni de las garantías invocadas, no existiendo vulneración de su integridad psíquica por parte de la Dirección del Trabajo, tampoco existió trato desigual ni arbitrario de su representada, indicando que las demás garantías invocadas no son objeto del recurso de protección, sin que se observe cómo ellas se verían afectadas por actuaciones de la Dirección del Trabajo. Concluye no existe actuar u omisión ilegal o arbitrario y que el recurso necesariamente debe ser rechazado, ya que no existen pruebas suficientes y contestes que respalden los dichos de la recurrente.

Pide tener por evacuado informe, con su mérito, en definitiva, se rechace en todas sus partes el recurso. Acompaña antecedentes fundantes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omisión.

SEGUNDO: Del tenor del libelo se colige, que el arbitrio intentado se basa principalmente en cuanto la recurrente reclama que durante su relación laboral con Cormudesi, se habrían visto vulnerradas sus garantías constitucionales por parte de la Directora del establecimiento Sra. nombre reservado, lo cual hizo presente en múltiples ocasiones a la Cormudesi a fin que tomaran medidas, hecho que nunca ocurrió por parte de empleador.

Añadiendo que se presentó en la Inspección del Trabajo de Iquique, el 28 de agosto de 2019, para elevar una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, la cual nunca se ejecutó por parte del organismo TERCERO: De la pretensión de la recurrente, se evidencia que la acción de autos carece de la idoneidad necesaria para establecer los hechos que fundan la acción de autos, desde que los mismos requieren de la sustanciación de un procedimiento de lato conocimiento que pueda servir de base para el pronunciamiento jurisdiccional respectivo.

En consecuencia, ante tal escenario procesal, no es posible observar la conducta ilegal y arbitraria que se atribuye, ni mucho menos estimar que se atentare en contra de alguno de los derechos que se reclaman como conculcados, motivos por los cuales la acción incoada será desestimada.

Por estas consideraciones y conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 165-2020 Protección.

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