Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Iquique, diecinueve de junio de dos mil veintitrés.

Resolviendo al primer otrosí de la presentación de folio N° 20:

Teniendo presente lo señalado y las excusas expuestas, se acoge la reposición planteada, y, en consecuencia, se dejan sin efecto las multas impuestas al Sr. Director del Servicio Nacional de Migraciones.

VISTO:

Comparece Kevin Canedo Cueto, abogado, en favor de nombre reservado, por quien recurre de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Señala que el 4 de febrero de 2022, el servicio, rechazo la solicitud de regularización migratoria del recurrente debido a que él ingreso al país en un plazo posterior al permitido por la ley para postular. En razón de ello, el 16 de marzo de 2022, solicitó un permiso de residencia temporal en virtud de un contrato de trabajo acorde a la legislación vigente en aquel momento.

Agrega que que la recurrida no se ha pronunciado ni siquiera sobre la admisibilidad de la solicitud, considerando la fecha de la presentación que ha superado con creces el plazo de 6 meses.

Solicita se ordene al Servicio recurrido resolver la solicitud de residencia temporal presentada por el actor, en un plazo que no exceda de 30 dias y en general adoptar todas las medidas necesarias para el efecto, con costas.

Acompaña documentos.

Informa Mario Valladares Leontic, abogado de la Direccion Regional de Tarapacá del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo del recurso por cuanto la acción resulta improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de las garantías constitucionales invocadas.

Señala que el 9 de mayo de 2021, encontrándose en situación migratoria regular al contar con visa de turismo vigente, el recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325.

Mediante la Resolución Exenta N° 21017912, de fecha 9 de mayo de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la solicitud de regularización del recurrente se acogió a trámite, bajo el ID N° 23961574. Mediante dicha resolución, se tuvo por desistido todo trámite pendiente en materia migratoria presentado por el recurrente y se le otorgó un permiso de trabajo vigente mientras su postulación se encuentre en trámite.

Agrega que mediante la Resolución Exenta N° 22075919, de 4 de febrero de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó la solicitud de regularización migratoria presentada por el actor reservándose al extranjero los recursos contemplados en la ley N° 19.880. Asimismo, se indicó que el extranjero debería hacer abandono del país dentro del plazo de 30 días, a contar de la fecha de notificación. El rechazo se fundó en que el extranjero no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 8° transitorio de la Ley N° 21.325 y en la resolución exenta N° 1769, de 2021, por cuanto postuló a la regularización en calidad de turista en nuestro país, no cumpliendo el ingreso al territorio nacional en el plazo estipulado en la ley, disponiéndose, en consecuencia, su abandono del país en un plazo de 30 días.

Posteriormente, con fecha 4 de marzo de 2022, el recurrente interpuso un recurso de amparo, al cual se le asignó el Rol Ingreso Corte N° 68-2022, mediante el cual impugnó lo resuelto por el servicio. Dicha acción constitucional fue rechazada, mediante la sentencia de fecha 10 de marzo de 2022, la que fue confirmada por sentencia de fecha 28 de marzo de 2022, de la Excma. Corte Suprema.

Luego, mediante carta N° 7502, de fecha 16 de marzo de 2022, código de correo N° 3082422552449, el extranjero presentó un recurso administrativo en contra de la decisión de la autoridad, y no un permiso de residencia como equivocadamente sostiene en su presentación y mediante la resolución exenta N° 17264, de fecha 17 de abril de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó el recurso de reposición de fecha 16 de marzo de 2022, en contra de la resolución exenta N° 22075919, de fecha 4 de febrero de 2022, del Servicio, que rechazó la solicitud de regularización del recurrente. Mediante esa resolución, además, se dejó sin efecto la orden de abandono dispuesta mediante la resolución exenta N° 22075919, de fecha 4 de febrero de 2022, de este Servicio; y se otorgó al extranjero un plazo de 60 días, contados desde que se encuentre notificada, para regularizar su situación ante la autoridad migratoria, según lo dispuesto en la ley 21.325.

Pide se tengan presente los argumentos presentados, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección por no existir ni haber existido acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad que pueda haber privado, perturbado o amenazado de manera alguna las garantías constitucionales del recurrente en la forma señalada en su acción, reiterándose que el actuar de la autoridad migratoria ha sido en todo momento conforme a la Constitución, las leyes y reglamentos vigentes aplicables asi como el rechazo de la procedencia de condena en costas., Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del recurso se colige un reclamo en contra de la recurrida, atendida la falta de respuesta respecto del trámite de solicitud de residencia temporal presentado por el recurrente.

A su turno, la recurrida manifiesta que el recurrente presentó un recurso administrativo en contra de la decisión de la autoridad y no un permiso de residencia como equivocadamente alega, el que fue rechazado.

TERCERO: Que en dicho sentido, con el mérito de lo informado y expuesto en el considerando que precede, se colige que la pretensión del recurrente fue rechazada definitivamente por medio de la Resolución Exenta N° 17264 de 17 de abril de 2023, perdiendo así oportunidad la acción constitucional deducida, careciendo de acto arbitrario o ilegal que pueda ser enmendado mediante la adopción de medida alguna, resultando además inoficioso entrar al análisis de la garantía constitucional alegada como conculcada, por lo que la acción deducida será desestimada.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 162-2023 Protección.