Protección contra Corporación Educacional nombre reservado

Iquique, doce de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, en calidad de apoderada y madre del estudiante nombre reservado, de 6 años, quien patrocinada deduce acción constitucional de protección en contra de la Corporación Educacional nombre reservado, representada legalmente por su director don nombre reservado, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios que conculcaría sus garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N°2, 3, 4 y 10 de la Carta Fundamental.

La recurrente señala que su hijo, alumno de primero básico y diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Trastorno del Espectro Autista (TEA), ha sido objeto de actos que considera arbitrarios e ilegales por parte del establecimiento educacional. Sostiene que, en lugar de recibir el apoyo necesario acorde a su condición, el niño ha sido sometido a un constante proceso sancionatorio, acumulando 26 anotaciones negativas que, a su juicio, derivan directamente de su diagnóstico.

Argumenta que el colegio ha omitido su deber de inclusión y de proporcionar un desarrollo integral, enfocándose únicamente en sancionar al estudiante sin implementar las estrategias de apoyo y acompañamiento que su condición requiere, y sin informar oportunamente a los padres sobre cada una de las medidas disciplinarias aplicadas. En ese sentido, en su recurso relata una serie de episodios que, a su juicio, el colegio busca sancionar a su hijo, sin aplicar los protocolos de tratamiento a su hijo, sin informarles previamente e incumplimiento los manuales de convivencia, entre otros. (23 de marzo, 10 de abril, 10 de junio y 18 de agosto).

Ahora bien, como hecho relevante, menciona que el 18 de agosto pasado son citados por un suceso que habría acontecido con el niño, en donde llegan al colegio y se percatan como, en la oficina del director, diversos académicos se encuentran interrogando a nombre reservado y este se encontraba en posición fetal. En ese sentido, explica que en dicha oportunidad le informaron que nombre reservado habría tocado las partes íntimas de un compañero de 6° básico. Sin embargo, a su juicio se realizó un interrogatorio al niño vulnerando sus derechos, sin presencia de ellos y sin cuidar su integridad psíquica.

En ese contexto, expresa que, a raíz de aquel suceso, el día 25 de agosto les fue comunicados que el niño pasaría a condicionalidad extrema y que iría acompañado por un cambio de curso que se realizaría en definitiva el 22 de septiembre pasado.

Pues bien, relata que el día 5 de septiembre se le informa que, a raíz de la causa P-1341-2025 del Juzgado de Familia de Alto Hospicio, procedimiento que no se les comunicó a ellos para que pudiesen ser oídos y omitiendo la condición de TDAH del menor ante dicho tribunal, el Director les señaló que debía aplicar como medida la suspensión de clases por 10 días, conforme a la Ley de Aula Segura. Agrega que dicho procedimiento se inició por la denuncia del establecimiento educacional, respecto a los hechos que se le acusa a su hijo, pero el director omitió señalar que nombre reservado tiene TDAH y además contó, a su juicio, una historia inverosímil de lo que habría ocurrido y hechos anteriores que no le constan a nadie.

En ese sentido, considera que la decisión de aplicar a su hijo de 6 años las sanciones derivadas de la Ley de Aula Segura es desproporcionada y vulnera sus derechos fundamentales, entre ellos, la igualdad ante la ley (al establecer diferencias arbitrarias con su hijo), el debido proceso (al sancionarlo sin haber acreditado las conductas, no permitirle su derecho a defensa y ser oído y no fundamentar la medida de condicionalidad), el respeto a la honra de la persona y su familia, y el derecho a la educación.

Solicita que se ordene al establecimiento abstenerse de cualquier acción que implique la expulsión del menor, la cancelación de su matrícula para el año 2026, el cambio de curso o la mantención de sanciones permanentes sin derecho a defensa, con el fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Evacúa informe la Corporación Educacional nombre reservado solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes. En su informe, argumenta que la acción carece de fundamento, ya que no se individualiza con claridad el acto u omisión ilegal o arbitrario que se impugna, limitándose a una narración genérica de disconformidad con la gestión pedagógica.

Señala que la suspensión de 10 días no fue una sanción, sino una medida preventiva de carácter transitorio, adoptada en el marco del Protocolo de Aula Segura, cuya investigación fue ordenada por el Juzgado de Familia de Alto Hospicio mediante resolución en la causa RIT P-1341-2025. Dicha investigación concluyó el 29 de septiembre de 2025, resolviéndose no expulsar al alumno y mantener su continuidad en el establecimiento.

Por su parte, sostiene que el recurso es extemporáneo e ineficaz, ya que se dirige contra un acto ya consumado (la suspensión) y sin efectos actuales, toda vez que el procedimiento concluyó favorablemente para el estudiante. Al efecto, expresa que la suspensión preventiva fue aplicada luego que el Tribunal de Familia ordenara al colegio iniciar una investigación conforme a le Ley de Aula Segura, sin embargo, el procedimiento, que se inició el 5 de septiembre, culminó con la resolución que estableció que el estudiante no sería expulsado ni se cancelaría su matrícula, manteniéndose su continuidad educativa en el establecimiento. En ese sentido, a su juicio dicha decisión demuestra que la medida tuvo carácter estrictamente preventivo y no sancionatorio.

Añade que, respecto a aquella decisión, la apoderada presentó un recurso de apelación el cual fue acogido parcialmente, dejando sin efecto el cambio de curso, manteniendo únicamente la jornada reducida conforme a la recomendación médica, reiterando que no existe sanción disciplinaria alguna y que las medidas son formativas, preventivas y de acompañamiento, en coordinación con la Oficina Local de la niñez.

Finalmente, aduce la improcedencia del recurso de protección por no ser la vía idónea, argumentando que la recurrente ya interpuso un reclamo ante la Superintendencia de Educación por los mismos hechos (NUM000), encontrándose dicha vía administrativa pendiente de resolución. Acompaña documentos que respaldan el seguimiento realizado al alumno, las actas de reuniones con los apoderados, y las resoluciones del procedimiento Aula Segura y del recurso de apelación interno.

La Superintendencia de Educación de Tarapacá, a solicitud de la Corte informó sobre la denuncia presentada el 5 de septiembre de 2025 por nombre reservado en representación de su hijo, alumno de la nombre reservado, por maltrato y vulneración de derechos dentro del establecimiento.

El reclamo, identificado con el Código NUM000, incluyó denuncias de hostigamiento, interrogatorios sin presencia de apoderados, estigmatización, aplicación inadecuada de protocolos de maltrato y hechos de connotación sexual, así como falta de adecuaciones curriculares para el menor, quien presenta diagnóstico de TDAH y TEA.

La Superintendencia constató presuntas infracciones a la normativa educacional, principalmente por incompleta aplicación de los protocolos de maltrato y agresiones sexuales, y por no haber adoptado medidas preventivas adecuadas durante las investigaciones internas.

Por ello, el 23 de septiembre de 2025, la denuncia fue derivada a la Unidad de Fiscalización para continuar el procedimiento administrativo sancionador.

Al momento del informe, la fiscalización seguía pendiente de ejecución.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que se colige que el acto reclamado consiste en la suspensión de clases por 10 días aplicada al estudiante, así como la amenaza de expulsión, cancelación de matrícula y cambio de curso, lo que a juicio de la recurrente conculcaría las garantías fundamentales consagradas en los numerales 2, 3, 4 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, de los antecedentes expuestos en el informe evacuado y corroborado con la documentación acompañada por la recurrida, se evidencia que el arbitrio interpuesto ha perdido oportunidad.

En efecto, la suspensión preventiva de 10 días, principal acto cuestionado, fue una medida transitoria que ya se encuentra cumplida. Asimismo, la investigación bajo el procedimiento de Aula Segura concluyó con la resolución de 29 de septiembre de 2025, que determinó no expulsar al alumno.

Finalmente, mediante la resolución de 6 de octubre de 2025, que acoge parcialmente la apelación de la recurrente, se dejó sin efecto el cambio de curso, no existiendo en la especie alguna medida cautelar que fuere necesario adoptar, motivo por el cual el recurso deducido será desestimado.

CUARTO: Valga indicar además, que el recurrente dedujo reclamación administrativa ante la autoridad sectorial, la que se encuentra en tramitación, situación que abona la decisión anunciada.

En el mismo sentido corresponde asentar que todos los hechos alegados por la recurrente relacionado con sanciones que habría recibido el alumno en épocas anteriores no pueden ser materia del recurso por ser de antigua data; que los hechos futuros que preocupan a la parte recurrente son inciertos, no existiendo certeza alguna de que realmente puedan ocurrir, lo que contrasta con la situación actual del menor que no asiste al colegio por decisión de sus padres, según lo expresado en estrado por el abogado recurrente.

QUINTO: De este modo, no existe acto arbitrario o ilegal que pueda ser enmendado mediante la adopción de medida alguna, por lo que al no concurrir los presupuestos necesarios para que la acción cautelar prospere, esto es, que se haya incurrido en un acto u omisión ilegal o arbitrario y que se hayan conculcado derechos garantidos por la Constitución, sólo cabe disponer el rechazo de la acción constitucional deducida.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por doña nombre reservado en contra de la Corporación Educacional nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1614-2025 Protección.