nombre reservado con SECRETARIA MINISTERIAL DE SALUD I REGION

Iquique, veintinueve de abril de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece la Federación Nacional de Funcionarios de Seremis de Salud Regionales, legalmente representada por su Presidenta doña nombre reservado, en conjunto con su Director don nombre reservado, quienes interponen acción de protección en favor de todos los funcionarios asociados a la Federación de Funcionarios de Seremis de Salud Regionales y de todos los funcionarios de las Seremis de Salud de Chile, en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Tarapacá, representada legalmente por don nombre reservado, Seremi de Salud de la Región de Tarapacá, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1, 2 , 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Exponen que el 11 de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el brote mundial del virus coronavirus Covid-19, y que el Gobierno de Chile declaró nombre reservado y luego Estado Constitucional de Catástrofe para todo el territorio de la República. Indican que es indispensable, desde un punto de vista sanitario, quebrar la velocidad de transmisión del virus y que diversos órganos competentes en temas sanitarios y epidemiológicos han insistido en la conveniencia y necesidad de extremar oportunamente las medidas de distanciamiento social, convocando a la autoridad a adoptar lo que se conoce como “cuarentena”.

Refiere que los funcionarios dependientes de las Seremis de Salud, atienden a una gran cantidad de público diariamente, desarrollan sus funciones en infraestructuras con un alto estado de hacinamiento, no cuentan con elementos de protección personal que permitan aminorar los riesgos de contagio, añade que las funciones que se desarrollan en esta repartición, no califican para ser consideradas como críticas, pudiendo desarrollarse de manera remota sin entorpecer el normal funcionamiento de la institución y la continuidad del servicio. Señala que resulta evidente, ante la cantidad de información y la amenaza real de contagio de los funcionarios, la afectación psíquica de los mismos, quienes se ven expuestos, de forma personal y a su vez, a su grupo familiar, a la temida enfermedad.

Afirma que las autoridades sanitarias regionales, en específico el Seremi de la Región de Tarapacá, no ha adoptado de forma uniforme el mecanismo de trabajo remoto para los funcionarios de las Seremis de Salud a fin de dar cumplimientos a la normas que establecen el deber de velar por la salud y seguridad de los trabajadores y estima que la recurrida se ha comportado expectante, teniendo un rol inactivo, pese al desarrollo de contagios en la institución, retrasando de manera inexplicable la toma de la decisión y su consecuente acto administrativo para el desarrollo de las labores mediante un mecanismo remoto.

Señala que al no existir acto administrativo por parte de la autoridad, Subsecretaría de Salud, como tampoco de la SEREMI, entiende amenazado el derecho de la salud y derecho a la vida, la integridad física y psíquica de los funcionarios, por la exposición y aumento latente de las probabilidades de contagio del virus y por el sometimiento a un ambiente propenso de propagación, además de un ambiente de trabajo caracterizado por una especie de psicosis laboral colectiva. Afirma que la omisión de la recurrida o bien su acción de disponer la asistencia obligatoria, sin que medie acto administrativo que sostenga consideraciones de hecho y derecho para ello, vulnera el artículo 184 del Código del Trabajo, referente al deber de protección del empleador, el cual señala resulta aplicable respecto de los funcionarios públicos, al estar ante un supuesto no regulado por la normativa estatutaria.

Precisa que el actuar ilegal y arbitrario el recurrido, consiste en no adoptar la medida de trabajo a distancia o teletrabajo para impedir el masivo contagio de la pandemia, lo cual ha implicado una afectación a las garantías del derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, al derecho de propiedad que se tiene sobre el derecho a la salud y el derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que no ha sido tratados en forma similar a otras personas que, en situación equivalente, han podido desempeñar su función desde sus hogares, como ocurre en el caso de los funcionarios de la SEREMI de salud de la Región del Bío Bío.

Luego de citas legales, pide se tenga por deducido recurso de protección y se restablezca el imperio del Derecho, ordenando que se aplique la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo respectos de los recurrentes, los funcionarios que formen parte de la Federación y de todos los funcionarios dependientes de la Seremi de Salud Tarapacá. En subsidio a lo anterior, pide que se ordene a la autoridad sanitaria emitir el acto administrativo fundado que contenga el funcionamiento mediante el trabajo remoto o teletrabajo de las Secretarías regionales ministeriales de salud por el Covid-19 y en subsidio a las dos peticiones antes descritas, se adopten las medidas que se estimen procedentes para el restablecimiento de las garantías fundamentales.

Evacúa informe don nombre reservado, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, quien sostiene que esta Corte es incompetente para conocer la acción interpuesta en contra la SEREMI de la Región de Tarapacá pues la pretensión de la actora se extiende a todos los funcionarios asociados a la Federación de Funcionarios de Seremis de Salud Regionales y además, respecto de todos los funcionarios de las Seremis de Salud de Chile, añadiendo que la pretensión de la recurrente excede el ámbito de la acción de protección.

Alega la inexistencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, señalando que ha sido precisamente la autoridad sanitaria de la Región de Tarapacá, quien ha dispuesto medidas administrativas dentro de su organización para permitir el trabajo a distancia o teletrabajo, teniendo en consideración el resguardo de la vida e integridad física y la salud de los funcionarios y a la vez permitir la continuidad del servicio, con especial énfasis en aquellas funciones críticas frente a las exigencias de la pandemia Covid-19. Descarta toda actuación u omisión carente de razonabilidad o motivo, indicando que el SEREMI de la Región de Tarapacá ha sujetado su actuación a las normas constitucionales y legales que regulan sus potestades ante la situación sanitaria y en particular respecto de los funcionarios.

Se refiere las medidas adoptadas por el Estado de Chile de forma preventiva a contar del mes de enero de 2020, en especial la Seremi de Salud de la región de Tarapacá, destacando entre otras, Resolución Exenta Nº 182 de 17 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud por medio de la cual se establece la modalidad de trabajo, para funcionarios y funcionarias de las Divisiones del Ministerio de Salud, Gabinetes y Seremis de Salud, en el marco del brote de Covid-19. Igualmente se refiere a las orientaciones y comunicaciones entregadas a las Seremis de Salud, Servicios de Salud y otros organismos públicos del país desde el Ministerio de Salud y Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales.

Alude a una serie medidas adoptadas por la autoridad sanitaria en la región y asimismo enumera las medidas aplicables a los funcionarios de la Seremi de Tarapacá, destacando entre otras, informe de Departamento de Acción Sanitaria -“DAS”-, dependiente de la Seremi de Salud de la Región de Tarapacá, de 25 de marzo 2020, en el cual se indica que se han realizado gestiones respecto a las medidas instruidas por la Seremi en beneficio y resguardo de los funcionarios para disminuir el riesgo de contagio, realizándose reuniones donde se trató entre, otros temas, la opción de desarrollar trabajo desde la casa, requisitos, quienes se pueden acoger, formularios, además de hacer gestión para materiales de protección e higienización y gestionarse un gabinete de reajuste de horario de atención de usuarios. Agrega que en Informe Departamento Asesoría Jurídica de la Seremi de Salud Región Tarapacá de marzo de 2020, consta que se informó a los funcionarios en cuanto a las medidas de auto cuidado, y en particular, respecto de modalidad de teletrabajo y el mecanismo para acceder a ella, luego en Memorándum S/N del Presidente de Compin Tarapacá, dirigido al Jefe de Departamento de Jurídico, recibido con fecha 26 de marzo 2020 se indican ciertas medidas de prevención y se instauró teletrabajo dentro de las unidades que cumplían los requisitos para hacerlo.

Señala además que desde el 1 de abril de 2020 se implementaron como medidas la suspensión de la atención presencial en los puntos de atención de Compin y DAS, implementando en su lugar buzones de recepción; se indicó que los funcionarios con afección crónica inmunodepresiva acreditada deberán implementar teletrabajo y la reducción de horario laboral a 6 horas, aplicando flexibilidad horaria de ingreso y salida. Menciona que la adopción de las medidas en beneficio de los funcionarios se evalúa constantemente y de acuerdo a la evolución de la contingencia. Añade que se hizo entrega de elementos de seguridad e higiene, tanto para la salud de los funcionarios, como para los lugares de trabajo.

Afirma que se han adoptado las medidas que permitan el desempeño de funciones a través de teletrabajo o remoto, en los casos determinados por la autoridad sanitaria e indica que no se advierte cómo se configuraría la amenaza invocada, ni de qué modo, dicha amenaza, que recaería en todos los funcionarios a nivel nacional, sea imputable a la SEREMI de la Región de Tarapacá. Señala que la autoridad sanitaria recurrida ha desplegado las acciones pertinentes para garantizar y prevenir la integridad física y/o psíquica de quienes desempeñan funciones en la institución, además menciona que la acción de protección no procede respecto de la garantía del artículo 19 N° 9, y refiere que no se aprecia de que manera podrían verse afectadas las demás garantías invocadas por una conducta imputable al recurrido, pues en virtud del decreto Nº 4 de 08 de febrero de 2020 del Ministerio de Salud, se han instruido las medidas preventivas específicas para que aquellos funcionarios que realizan labores esenciales desde la autoridad sanitaria, se encuentren protegidos.

Finalmente reitera que varios funcionarios se encuentran desempeñando sus funciones a través de la modalidad de teletrabajo, como es el caso de los funcionarios con afección crónica inmunodepresivas y que no obstante, con el objeto de asegurar la continuidad del servicio, se adoptaron medidas para quienes siguieran desempeñando sus funciones de forma presencial, por lo que estima que la acción carece de objeto, toda vez que las medidas solicitadas ya fueron satisfechas por la Autoridad Sanitaria de la Región de Tarapacá.

Pide se decrete el íntegro y total rechazo del recurso. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige de autos, que lo reclamado radica en que ante la emergencia sanitaria generada atendida la pandemia virus COVID-19, la recurrida habría adoptado un rol inactivo, cuestión que importaría una conducta omisiva que de forma ilegal y arbitraria, atentaría en contra de la vida, integridad y protección de la salud en los términos expuestos por la recurrente, pretendiéndose que mediante esta vía cautelar, se adopten medidas tales como una modalidad de trabajo a distancia, a fin que aquello contribuya a evitar o disminuir la propagación de contagios de la enfermedad indicada entre los funcionarios de la institución recurrida.

TERCERO: Que, como efectivamente lo señala la recurrida, la Subsecretaria de Salud Pública dictó la Resolución Exenta N° 182, de 17 de marzo de 2020, mediante la cual se estableció la modalidad de teletrabajo para aquellos funcionarios que cumplan determinadas características que aumentan su riesgo de contagio del virus COVID-19.

CUARTO: Que en cumplimiento de dicha resolución, de los documentos aparejados al informe, se advierte que la Seremi de Salud recurrida adoptó una serie de medidas, entre ellas, la autorización de trabajo remoto para funcionarios en situación de riesgo, además de otras destinadas a la prevención del contagio para el resto de los funcionarios, tales como la entrega de elementos de seguridad e higiene, la reducción del horario laboral y la suspensión de las atenciones presenciales al público en general.

QUINTO: Que en consecuencia, de las circunstancias reseñados, no se advierte que concurra un actuar omitido por parte de la recurrida que sea susceptible de ser enmendado por esta vía, desde que del mérito de los informes y antecedentes de autos, se puede apreciar que ante la situación sanitaria actual, se han adoptado medidas protectoras y/o de resguardo, de lo cual se evidencia, que ésta ha asumido acciones tendientes a velar por la salud de sus funcionarios, lo que lleva a desestimar la acción cautelar intentada.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 161-2020 Protección.