Protección contra Servicio de Salud Tarapacá

Iquique, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Sebastián Cepeda Ortiz, abogado, en representación de doña nombre reservado, psicóloga, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio de Salud Tarapacá, por haber declarado vacante su cargo por salud incompatible mediante Resolución Exenta N°NUM000 de 04 de julio de 2025, con toma de razón el 01 de agosto y notificada el 06 de agosto del mismo año, acto que califica de ilegal y arbitrario por vulnerar los derechos reconocidos los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que ingresó al Servicio en agosto de 2019, inicialmente como reemplazo, luego a honorarios y finalmente como contrata, desempeñándose hasta agosto de 2025 como psicóloga clínica en el Centro Comunitario de Salud Mental Dr. nombre reservado de Alto Hospicio. Destaca que en todo este tiempo obtuvo calificaciones máximas y llegó incluso a ejercer la subrogancia de la dirección del servicio.

Relata que en mayo de 2023 presentó dos licencias breves por bronquitis y COVID. Luego, en agosto de ese mismo año, inició tratamiento por un cuadro de salud mental, diagnosticándosele un trastorno depresivo grave en remisión, bajo cobertura GES. Optó, además, por atención particular para acceder a fármacos de última generación y mantener psicoterapia intensiva, lo que le permitió recuperarse y asegura que desde mayo de 2025 comenzó actividades de reintegración laboral supervisadas por su equipo tratante.

Sin embargo, un día antes de reincorporarse a sus funciones, fue notificada de la Resolución Exenta N°NUM000 que declaró la vacancia de su cargo por aplicación automática del artículo 151 de la Ley N°18.834, considerando únicamente la acumulación de licencias médicas superiores a seis meses en dos años, sin ponderar su diagnóstico favorable ni la declaración de salud recuperable declarada por Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) el 07 de abril de 2025, mediante resolución folio N°NUM001 Alega que la resolución carece de motivación suficiente, contrariando lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, pues no se justifica por qué, pese a la declaración de salud recuperable, su situación sería incompatible con el cargo. Tampoco se evaluaron medidas menos gravosas como reintegro progresivo, teletrabajo o reasignación de funciones. Añade que la decisión se adoptó de manera masiva, sobre la base de nóminas generales, lo que refleja un trato desigual y discriminatorio.

Sostiene que de esta forma se vulneran las garantías constitucionales invocadas al aplicarse criterios generales sin atender a su caso particular al privársele de su remuneración y estabilidad laboral sin causa legítima. Agrega que la medida constituye una desviación de poder y desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha señalado que, cuando la COMPIN declara recuperable la salud del funcionario, la causal de vacancia exige fundamentación reforzada.

En virtud de lo expuesto solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, ordenando su reincorporación al cargo en el Servicio de Salud Tarapacá y el pago de las remuneraciones y beneficios no percibidos, con costas.

Acompaña documentos.

Evacúa informe el Servicio de Salud de Tarapacá, indica que la recurrente fue notificada de la resolución impugnada el 06 de agosto de 2025, la cual se fundó en el uso de 666 días de licencias médicas en los últimos dos años, superando con creces el límite normativo. Hace presente que, aunque la COMPIN, mediante dictamen de 07 de abril de 2025, calificó su salud como recuperable, igualmente el cúmulo de licencias afecta la continuidad del servicio, configurando la causal prevista en el artículo 151 del Estatuto Administrativo Afirma que la medida fue adoptada con motivación suficiente, en resguardo de los principios de servicialidad, continuidad y eficiencia del servicio público.

Señala que la recurrente, en su calidad de psicóloga del COSAM Dr. nombre reservado, cumple funciones esenciales para la atención clínica de la comunidad, y que su prolongada ausencia ha repercutido en el normal funcionamiento institucional.

Además, se menciona su mínima participación en las gestiones de ausentismo laboral y su falta de interés por reincorporarse, lo que demostraría ausencia de idoneidad para el cargo Sostiene que la resolución se dictó dentro de las atribuciones legales del jefe superior del servicio, conforme a los artículos 150 y 151 de la Ley N°18.834, descartando la aplicación de exclusiones, como accidente laboral, enfermedad profesional o maternidad. Destaca que el acto fue sometido a toma de razón por la Contraloría Regional de Tarapacá, lo que refuerza su presunción de legalidad.

Invoca además los principios de presunción de legalidad y deferencia hacia los actos administrativos, alegando que la determinación sobre la incompatibilidad de salud es una atribución técnica-administrativa que no puede ser sustituida por los tribunales salvo acreditarse ilegalidad o arbitrariedad. Cita jurisprudencia.

Concluye que la resolución recurrida es un acto legal, motivado y ajustado a derecho, dictado en protección de la continuidad del servicio y del bien común, que no vulnera garantías constitucionales de la recurrente. En consecuencia, solicita rechazar el recurso de protección, con costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, de lo expuesto en el recurso, se colige que el acto reclamado es la Resolución Exenta N°NUM000 de 4 de julio de 2025, dictada por el recurrido, mediante la cual se declara vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, avalado en un parámetro cuantitativo, pero exento de fundamentación en relación a la salud incompatible para el cargo desempeñado, lo que afecta sus derechos en la forma que expone.

TERCERO: Que, sobre el asunto en discusión, cabe referir que el artículo 146 letra c) de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, norma a que se encuentra sujeta la recurrente, dispone que el funcionario cesará en el cargo por declaración de vacancia, en tanto el artículo 150 letra a) del mismo texto, indica que la vacancia procede por la causal de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo.

A su turno, el artículo 151 prevé: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

CUARTO: Que, de las normas legales antes citadas, aparece que el Jefe de Servicio tiene la facultad de declarar la vacancia del cargo, siempre y cuando se cumplan los requisitos que al efecto prevé el artículo 151 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo. Es decir, se trata de una potestad discrecional, que sólo puede ser ejercida con fines públicos, y para lo cual deben reunirse los siguientes requisitos de carácter copulativos: a) Que el funcionario haya hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses, sean continuas o no; b) Que las licencias tengan lugar en los dos últimos años; c) Que la licencia no tenga como causa accidentes en actos de servicio, enfermedades profesionales y aquellas referidas a la protección a la maternidad; d) Que previamente haya sido declarada recuperable la salud del funcionario por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

QUINTO: Que de acuerdo a los hechos, en la especie aparece que se cumplen los requisitos antes mencionados, de manera que al dictarse la Resolución Exenta N°NUM000 de 4 de julio de 2025, se cumplió la normativa vigente, por lo que su actuación no puede ser catalogada como ilegal, dado que ante el estado de salud de la recurrente, solicitó a COMPIN un pronunciamiento en torno a la recuperabilidad o irrecuperabilidad de su salud, atendido su historial de licencias médicas, requerimiento que concluyó en la recuperabilidad de su salud, lo que en definitiva lo facultó para declarar la vacancia de su cargo precisamente por salud incompatible.

SEXTO: Que tampoco tal actuar puede ser considerado como arbitrario, desde que en su resolución expresa las razones por las que llega a la conclusión de que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo que ella sirve, por cuanto el rol de la funcionaria, desempeñándose como psicóloga, del Consultorio de Salud Mental nombre reservado, perteneciente a la subdirección de Gestión Asistencial, es una labor esencial para el desarrollo del área correspondiente a la atención clínica de usuarios de la Región de Tarapacá, así se especificó en el numeral 8 de la resolución recurrida, descartándose de este modo, la falta de fundamentación que extraña la recurrente, ya que, tal como se señaló en un voto de minoría de un fallo de la Excma. Corte Suprema, no puede olvidarse el principio de servicialidad, en cuanto es también deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve.

SÉPTIMO: Que de la manera en que se ha razonado, mal puede existir alguna vulneración a las garantías que invoca la recurrente, no concurriendo los presupuestos esenciales del recurso de protección, solo cabe disponer su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, la acción constitucional de protección deducida a favor de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1580-2025 Protección.