TRANSCAR SPA CONTRA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Iquique, trece de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece el abogado Patricio Mira Duarte en representación de Transcar SpA, deduciendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, invocando la vulneración del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en relación a la Resolución Exenta Nº198-TG dictada por el Tesorero General de la República con fecha 10 de enero de 2023.

En cuanto a los hechos, señala que por Oficio Ordinario N° 24992-TR-IQUI de 14 de octubre del año 2022, emanada de la Directora Regional de la Tesorería de Iquique, se ordenó el reintegro de $1.668.135 por haberse recibido indebidamente bonificación por concepto de contratación de mano de obra. La causal de reintegro corresponde a “cobro de socio”, en relación a la socia y administradora de Transcar SpA, doña nombre reservado. El 25 de octubre de 2022 interpuso recurso de reposición, con recurso jerárquico en forma subsidiaria, fundado en que no hay texto expreso en la ley que excluya de tal beneficio al socio o administrador que mantenga vínculo contractual con la sociedad.

Añade que con fecha 28 de noviembre de 2022, mediante resolución exenta Nº 10317TR-IQUI, la Directora Regional del servicio rechazó el recurso de reposición y ordenó elevar los antecedentes al Tesorero General de la República. Así las cosas, con fecha 10 de enero de 2023, mediante Resolución Exenta Nº198-TG, dictada por el Tesorero General de la República, se rechazó el recurso jerárquico, lo que constituye el acto ilegal y arbitrario que impugna.

Funda la arbitrariedad e ilegalidad en que el artículo 1° de la Ley N° 19.853, que establece una bonificación para los empleadores de esta región, el cual no dispone que los socios, socios mayoritarios y administradores se encuentran exceptuados de la bonificación de mano de obra, la que no puede establecer mediante una interpretación extensiva del Servicio de Tesorería.

En cuanto al derecho, afirma que la resolución que ataca por su recurso es ilegal al apartarse de la normativa legal citada y, asimismo, arbitraria, pues se aleja de criterios de razonabilidad, objetividad y proporcionalidad, vulnerando de tal forma la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Solicita se declare la infracción a la garantía constitucional mencionada y se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº198-TG de fecha 10 de enero de 2023, declarando expresamente que la sociedad recurrente no tiene la obligación de reembolsar $1.688.135 por bonificación a la mano de obra. Acompaña documentos.

Evacúa informe doña nombre reservado, Directora Regional Tesorera de la Tesorería Regional de Tarapacá, solicitando el rechazo del recurso deducido, por no existir actos ilegales o arbitrarios imputables al servicio, conforme los argumentos que expone.

En primer lugar, en cuanto a las consideraciones de forma, alega la improcedencia del recurso por existencia de recursos e instancias administrativas destinadas a solucionar el conflicto. Arguye que el recurso de protección es una herramienta excepcional y respecto de derechos constitucionales indubitados, pero no es la vía idónea para impugnar decisiones administrativas adoptadas con sujeción a una competencia y procedimiento reglado de órganos técnicos de la Administración del Estado. En este caso la recurrente ya hizo uso de los recursos administrativos de reposición y jerárquico de los artículos 53 y siguientes de la Ley N° 19.880, manteniendo, sin embargo, la opción de la acción de nulidad de derecho público, que corresponde al procedimiento idóneo para demandar la revocación de un acto administrativo dictado en ejercicio de una potestad legal.

En segundo lugar, en relación a las consideraciones de fondo, refiere que la ley N° 19.853, que creó la bonificación de contratación de mano de obra en regiones extremas, establece que aquel se otorga a los empleadores, en relación a trabajadores, que cumplan determinados requisitos. El artículo 13 de dicha normativa faculta al Servicio de Tesorerías para revisar y fiscalizar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio, pudiendo requerir los antecedentes necesarios.

De esta forma, sostiene que en el contexto de un proceso de fiscalización a la sociedad recurrente, se concluyó que la empresa solicitó el beneficio de bonificación a la contratación a la mano de obra respecto de doña nombre reservado, durante los períodos fiscalizados de enero del año 2018 a julio del año 2022, no teniendo derecho a tal beneficio, habiéndose percibido indebidamente el mismo, conforme Resolución N° 9.199 de fecha 20 de octubre del año 2022, ya que doña nombre reservado tiene la calidad de socia mayoritaria de la empresa, detentando además la facultad de administración de la misma. Estima que no tiene la calidad de trabajadora por carecer de los atributos de subordinación y dependencia que le son propios, en virtud de lo establecido en el artículo 3° del Código de Trabajo y los dictámenes de la Dirección del Trabajo, no siendo beneficiaria de esta bonificación. Complementa, además, que de acuerdo la escritura social de Transcar SpA doña nombre reservado es dueña del 100% de las acciones de dicha sociedad y posee la facultad de administración. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que en la especie, se desprende que la acción constitucional se dirige contra la resolución que resolvió el recurso administrativo de carácter jerárquico, deducido en forma subsidiaria al de reposición, respecto de la resolución de la Directora Regional de la Tesorería de Tarapacá, que ordenó el reintegro por parte de Transcar SpA de la cantidad percibida indebidamente por concepto de bonificación de contratación de mano de obra en zona extrema, por la suma ascendente a $1.688.135 netos y reajustables según el índice de precios al consumidor, lo que vulneraría la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

A su turno, el servicio público recurrido dio cuenta del proceso de fiscalización y expuso en su informe los fundamentos de la resolución que dispuso el reintegro de lo percibido por este beneficio y aquellas que resolvieron, respectivamente, los recursos de reposición y jerárquico, deducido este último de forma subsidiaria.

TERCERO: Que es un hecho inconcuso que Transcar SpA tomó conocimiento de la fiscalización efectuada por la Tesorería General de la República y de la consecuente sanción, ejerciendo los recursos procesales que le franquea la ley de bases de procedimientos administrativos, los que, no obstante, fueron rechazados en virtud de sendas resoluciones, fundadas en la improcedencia de la bonificación de contratación de mano de obra en zona extrema, respecto de doña nombre reservado, considerando que no es trabajadora bajo vínculo de subordinación y dependencia de la sociedad recurrente, al ser, conforme a los antecedentes que tuvo a la vista el Servicio de Tesorería, socia mayoritaria y administradora de la misma sociedad empleadora, incumpliendo los requisitos legales para recibir este estipendio.

CUARTO: Que en consecuencia, el actuar de la autoridad recurrida, en lo que se refiere a la dictación de la Resolución Exenta N° 198-TG, de 10 de enero de 2023, cuestionada por medio de la presente acción cautelar, no puede catalogarse de ilegal, ni arbitraria, por cuanto ha obrado en cumplimiento de sus atribuciones, con fundamentos que se ajustan a la ley y a la razón, y por lo mismo no ha vulnerado alguna garantía constitucional de la recurrente, presupuestos todos que resultan indispensables para que la acción prospere, lo que lleva ineludiblemente a desestimarla.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción de protección interpuesta por el abogado Patricio Mira Duarte en representación de Transcar SpA, en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 155-2023 Protección.