ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE IQUIQUE CONTRA DIRECCION DEL TRABAJO REGION DE TARAPACA

PODER JUDICIAL CORTE DE APELACIONES IQUIQUE IQUIQUE, veinticinco de julio de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, ingeniero comercial, en representación de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo Región de Tarapacá, representada por su Director (s) don nombre reservado, por infringir el derecho reconocido en el artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política.

Explica que mediante resolución exenta N° 136, de 24 de marzo de 2015, la Dirección Regional de SENAME aprobó el convenio con su representada para la ejecución del proyecto “PER-Coditfam residencial Iquique”, cuyo objetivo es desarrollar procesos de intervención para restablecer derechos vulnerados. Posteriormente, a fines de julio de 2017, para evitar irregularidades al interior de la residencia, SENAME asumió la administración provisional de la residencia, aperturándose los autos RIT P-477-2017, del Juzgado de familia de Iquique, en que se otorgó la administración provisional a SENAME hasta el 5 de diciembre próximo. En ese contexto, fue designada como administradora provisional del proyecto residencial mediante resolución exenta N° 457, de 24 de agosto de 2017.

Señala que el 6 de septiembre de 2017, fue notificada de una multa cursada por la Inspección del Trabajo, consistente en dos sanciones de 60 unidades tributarias mensuales cada una, por exceder el máximo de 12 horas diarias de permanencia en el lugar de trabajo y, por distribuir la jornada ordinaria semanal de 45 horas en más de seis días, por lo que dedujo recurso administrativo solicitando la sustitución de la multa por asistencia obligatoria a un programa de capacitación, pese a lo cual no tuvo noticia de su petición.

Posteriormente advirtió en febrero y abril de 2018, que Tesorería retuvo el dinero que le correspondía por concepto de bonificación a la mano de obra en zona extrema, realizándose el pago de la multa. Ante ello, puso este hecho en conocimiento de SENAME, quien se apersonó ante la Inspección del Trabajo, la que respondió entregando una supuesta copia fiel a la original del ordinario N° 2293, de 17 de noviembre de 2017, que rechazó su petición de sustitución, comunicándole que tal documentación fue notificada por carta certificada.

Refiere que ante esta situación, a fin de esclarecer la recepción por parte de algún trabajador, realizó indagaciones, que finalizaron en oficinas de Correos, donde se le proporcionó el historial y ruta de la carta certificada, destacando que de acuerdo a lo recopilado, al intentarse la entrega de la carta y no recibir respuesta, se dejó una carta de aviso, que informa sobre la existencia de un documento de la Inspección Provincial del Trabajo, el que debía retirarse en la sucursal de Correos.

Detalla que el ordinario fue ingresado a la oficina de Correos el 17 de noviembre de 2017, permaneciendo hasta el 12 de enero de 2018, día en que se consigna su retiro por don nombre reservado, persona a quien desconoce, por lo que su representada nunca conoció lo resuelto por la Inspección del Trabajo, encontrándose en un estado de indefensión.

De este modo, presentó ante la recurrida recurso extraordinario de revisión, fundado en las letras a) y b) del artículo 60 de la Ley 19.880, al estimar que la resolución se dictó sin el debido emplazamiento y, porque se incurrió en un error de hecho, ya que pese a ser una mediana empresa, de acuerdo al artículo 505 bis del Código del Trabajo, se le aplicó una multa superior al máximo legal de 40 unidades tributarias mensuales, indicado en el artículo 506 del mismo código, decidiendo la recurrida, mediante resolución N° 16, de 16 de mayo pasado, el rechazo del recurso extraordinario, siendo este el acto que de manera ilegal y arbitraria atenta contra su derecho a un debido proceso en que exista igual protección en el ejercicio de sus derechos.

Profundiza lo anterior, transcribiendo el punto 7 de la resolución citada, destacando que la recurrida omite ponderar argumentos expuestos en su recurso, transgrediéndose la igualdad ante la justicia, garantía del debido proceso legal, pues la falta de notificación lo coloca en una situación de indefensión, generándole perjuicios patrimoniales.

Pide se adopte toda medida para restablecer el legítimo ejercicio del debido proceso, invalidándose el acto recurrido y sus consecuencias, con costas.

Evacuando informe, doña nombre reservado, expone que mediante ordinario N° 2293, de 17 de noviembre de 2017, rechazó la solicitud de sustitución de multa del recurrente, dado que los antecedentes acompañados eran insuficientes para tener por cumplida o corregida fehacientemente la infracción cursada, siendo este ordinario notificado al recurrente conforme el artículo 508 del Código del Trabajo en el domicilio que aparecía en los antecedentes de la actuación mediante Correos de Chile. Posteriormente, la recurrente presentó recurso extraordinario de revisión, el que fue rechazado el 16 de mayo pasado.

Afirma que el presente recurso es improcedente, atendida su naturaleza cautelar atingente a derechos determinadamente tutelados en tanto ellos sean ciertos o indubitados, de manera que este mecanismo no sustituye las acciones contempladas por el ordenamiento, en la especie, el contenido en los artículos 420 y 504 del Código Laboral, sobre reclamación de multa, en que en un procedimiento de lato conocimiento ante el juez del Trabajo podría discutirse la falta de notificación alegada, pese a que el artículo 508 del Código del Trabajo autoriza a notificar por carta certificada, presumiéndose de derecho notificado al sexto día hábil desde la recepción en la oficina de Correos.

Expresa que el recurrente fue notificado del ordinario que rechazó su petición de sustitución de multa, no siendo de su responsabilidad que la entrega de la carta en oficinas de Correos, se hubiera realizado a una persona distinta del recurrente.

Afirma que no ha incurrido en la conducta ilegal y arbitraria que se la atribuye, pues pudiendo el recurrente reclamar ante los Tribunales del Trabajo, presentó un recurso de revisión. Junto a lo anterior, refiere que no procede la sustitución de multa por capacitación obligatoria, pues los artículos 506 ter y 511 del Código del Trabajo, permiten que aquella sólo pueda ser autorizada cuando se trata de micros y pequeñas empresas, de manera que la actuación de su representada se ha ajustado a los principios de legalidad, inavocabilidad y debido proceso.

Pide se declare la improcedencia del recurso o en subsidio se rechace, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto, sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que de los antecedentes expuestos, aparece que la presente acción se funda, en síntesis, en que la autoridad recurrida rechazó el recurso extraordinario de revisión presentado por la recurrente, omitiendo ponderar sus argumentos, lo que vulneraría su derecho a la igual protección en el ejercicio de sus derechos, propio del debido proceso, atributo reconocido en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que como se indicó previamente, el recurso intentado procede taxativamente contra los derechos previstos por el constituyente, y no encontrándose dentro del catálogo del artículo 20 de la Constitución Política aquél que se reclama en estos autos, ello constituye un motivo suficiente para decidir su rechazo.

CUARTO: Que sin perjuicio de lo señalado precedentemente, una atenta lectura de la resolución administrativa que se impugna mediante este arbitrio constitucional, da cuenta que ella se dictó en virtud de un recurso extraordinario de revisión, interpuesto de conformidad a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, precisándose por el recurrente que las causales invocadas son las señaladas en las letras a) y b) de dicha norma, esto es, porque la resolución se ha dictado sin el debido emplazamiento, y porque se ha incurrido en un manifiesto error de hecho, que ha sido determinante para la decisión adoptada, siendo desestimadas ambas causales en forma fundada, y por lo mismo rechazado el recurso de revisión.

En dicho contexto, y en la medida que por la recurrente de protección también se desliza una posible afectación al derecho de propiedad, por la imposición de multas por parte del órgano fiscalizador, resulta del caso concluir que tampoco se está en presencia de una afectación a este u otro derecho fundamental, desde que tal como reza el artículo 60 antes mencionado, la interposición del recurso de revisión parte del supuesto de existir un acto administrativo firme, y siempre que concurran las causales que ahí se indican, situación que según quedara consignada debidamente en la resolución que se pronuncia sobre el recurso de revisión, no ocurre.

QUINTO: Que en consecuencia, el actuar de la autoridad recurrida, en lo que se refiere a la dictación de la Resolución N° 0016, de 16 de mayo de 2018, cuestionada por medio de la presente acción cautelar, no puede catalogarse de ilegal, ni arbitraria, por cuanto ha obrado en cumplimiento de sus atribuciones, con fundamentos que se ajustan a la ley y a la razón, y por lo mismo no ha vulnerado alguna garantía constitucional de la recurrente, presupuestos todos que resultan indispensables para que la acción prospere, lo que lleva ineludiblemente a desestimarla.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el recurso deducido por doña nombre reservado, en representación de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol I. Corte N° 155-2018 Protección.- Pronunciada por los Ministros Titulares Sra. MÓNICA OLIVARES OJEDA, Sr. nombre reservado, y Sra. nombre reservado. Autoriza don nombre reservado, Secretario Subrogante.

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