Protección contra Directora Regional de Tarapacá del Servicio de Impuestos Internos

Iquique, quince de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece doña Elizabeth Pérez Contreras, abogada, en representación de don nombre reservado, empresario, por quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Directora Regional de Tarapacá del Servicio de Impuestos Internos, Sra. Patricia Carolina Salazar Contreras, por haber emitido acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N°77325136768 de 24 de Julio de 2025, notificada con igual fecha, lo que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Hace consistir el hecho ilegal y arbitrario en el bloqueo impuesto por el SII, la negativa de autorizar giros para convenios de pago y la divulgación a terceros de su situación tributaria, todo ello formalizado en la resolución recurrida.

Refiere que la resolución impugnada rechazó un recurso de resguardo presentado por el recurrente, lo que ha impedido la emisión de facturas y la realización de convenios de pago de impuestos, además de haber comunicado a terceros, como SQM, la anotación de que el recurrente integra la lista de contribuyentes no autorizados, lo que derivó en el no pago de la factura N°620 por $122.523.489, afectando la continuidad de sus actividades y poniendo en riesgo el pago de remuneraciones y la fuente laboral de sus trabajadores Argumenta que dicha actuación infringe el artículo 8 bis N° 9, 14 y 19 del Código Tributario, al no resguardar la vida privada y los datos personales del contribuyente, afectar el normal desarrollo de sus actividades económicas y desconocer la presunción de buena fe. Sostiene además que, pese a que el SII invocó que solo la Tesorería General tiene facultades para celebrar convenios de pago, en la práctica el propio organismo fiscalizador impidió dichos convenios mediante las anotaciones 4103 y 4113 de mayo y febrero de 2025 Sostiene que se han visto afectadas las garantías constitucionales invocadas, al imponerse al contribuyente un trato desigual y discriminatorio; ser calificado como contribuyente riesgoso y emisor de facturas fraudulentas sin que exista resolución judicial que así lo declare; puesto que la anotación comunicada a SQM derivó, como ya se expresó, en el no pago de los servicios prestados, comprometiendo la continuidad de su empresa; y exponiendo indebidamente los antecedentes tributarios, en cuanto bienes incorporales con valor patrimonial, a terceros.

En virtud de lo expuesto solicita acoger el presente recurso de protección y en consecuencia autorizar la facturación de su representado, sin restricción alguna, omitiendo en el sistema que pertenece a la lista de contribuyentes no autorizados por el SII. Asimismo, autorizar el giro de impuestos adeudados instruyendo a la Tesorería General de la República efectuar convenios de pago. Acompaña documentos.

Evacua informe el Director Regional subrogante del Servicio de Impuestos Internos, contextualiza la situación tributaria del recurrente y explica el origen del conflicto. Precisa que el contribuyente registra múltiples anotaciones en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario, entre ellas la 4103 por “Procedimiento pendiente de recopilación de antecedentes” y la 4113 por ser “socio y/o representante legal de emisores agresivos”, originadas en la empresa Servicios Integrales Mineros Fullmak SpA, que emitió facturas en 2024 sin declarar ni pagar el IVA correspondiente, lo que generó un perjuicio fiscal superior a $246 millones. Indica además que el recurrente mantiene una deuda tributaria personal de más de $375 millones.

Señala que el 21 de mayo de 2025 el contribuyente presentó un recurso de resguardo, alegando que las anotaciones afectaban sus derechos, lo que fue rechazado por la Resolución Exenta N°77325136768 de 24 de julio de 2025 por improcedente atendido que, no se ha dado cumplimiento a los requisitos formales para su interposición, y en los hechos no existen derechos del contribuyente que hayan sido conculcados.

En cuanto a la procedencia del recurso, el SII argumenta en primer lugar que este es extemporáneo, pues las anotaciones cuestionadas datan de febrero y mayo de 2025 y fueron notificadas oportunamente a través del portal “Mi SII”. Afirma que el recurrente pretende artificialmente renovar el plazo al dirigir la acción contra la resolución que rechazó el resguardo. En segundo lugar sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver estas controversias, pues el ordenamiento establece instancias específicas en el Código Tributario y la competencia corresponde a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, donde es posible rendir prueba y discutir de fondo.

Respecto de las alegaciones de ilegalidad, explica que las anotaciones efectuadas tienen respaldo legal en el artículo 2 del DFL N°3 de 1969 y en el artículo 6 del Código Tributario, y que su finalidad es controlar el cumplimiento fiscal. Aclara que estas no han impedido al contribuyente emitir facturas electrónicas, pues aún dispone de folios autorizados, aunque deba gestionarlos presencialmente. Explica que la información visible a terceros sobre el comportamiento tributario es de carácter meramente informativo y corresponde al derecho de otros contribuyentes a conocer la situación de quienes contratan, especialmente para efectos del crédito fiscal del IVA. Respecto a los convenios de pago y condonaciones, recalca que la facultad corresponde a la Tesorería General de la República, y que además la normativa excluye de tales beneficios a quienes están sujetos a procedimientos de recopilación de antecedentes Finalmente, descarta toda vulneración de garantías constitucionales, argumenta que no existe trato discriminatorio, sino efectos derivados de las propias conductas del contribuyente. Niega que el Servicio haya difundido antecedentes deshonrosos, tratándose únicamente de advertencias legales. Sobre la libertad económica, sostiene que no se ha impedido el ejercicio de actividades comerciales ni la emisión de documentos tributarios, y que la falta de pago de una factura por parte de SQM obedece a una decisión empresarial ajena al SII. Finalmente, respecto al derecho de propiedad sobre los datos personales, afirma que no existe privación ni perturbación patrimonial, pues la información entregada busca resguardar intereses de terceros conforme a la ley.

Solicita declarar improcedente el recurso y rechazarlo en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Los incisos segundo y tercero del artículo 8 bis del Código Tributario dispone: “El contribuyente podrá presentar un recurso de resguardo al considerar vulnerados sus derechos producto de un acto u omisión del Servicio, ante el competente Director Regional o ante el Director en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, dentro de décimo día contado desde su ocurrencia, debiendo recibirse todos los antecedentes que el contribuyente acompañe a la presentación para fundar el acto u omisión que origina dicho recurso. Recibido el recurso de resguardo, este deberá resolverse fundadamente dentro de quinto día, ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda prueba que sea rendida deberá apreciarse fundadamente.

De lo resuelto por el Director Regional o el Director, en su caso, se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero de este Código”.

TERCERO: En este caso se observa del propio planteamiento del recurso la improcedencia del mismo, no solo debido a que no existe constancia que se haya impedido al contribuyente facturar a sus clientes, sino que el actor impugna por esta vía la Resolución Exenta N°77325136768 de fecha 24 de julio del presente año, suscrita por doña nombre reservado, Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos, que rechazó su recurso de resguardo, correspondiendo en este caso, conforme al inciso tercero del artículo 8 bis del Código Tributario, reclamar ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente.

CUARTO: Así las cosas, está vía cautelar y de emergencia no es la adecuada para resolver los planteamientos, debido a que el legislador previno el procedimiento específico para este tipo de hipótesis, lo que conlleva a rechazar el recurso deducido.

QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, de los hechos que denuncia el actor tampoco se advierte un actuar ilegal o arbitrario del Servicio de Impuestos Internos, desde que no existe constancia de la prohibición de emisión de facturas, que impida desarrollar su giro comercial, ni que con su conducta le impida arribar a un convenio con la Tesorería General de la República, encontrándose actualmente investigado por eventuales infracciones tributarias, de modo tal que no puede afirmarse como afectados ninguno de los derechos constitucionales invocados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1531-2025 Protección.