Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Iquique, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Sergio Aburto Mayorga, abogado, a favor de don nombre reservado, nacional cubano, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haberse negado a recibir y tramitar la solicitud de protección complementaria prevista en el artículo 10 de la Ley N°21.325 y artículo 113 de su Reglamento, omisión que vulnera su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Relata que ingresó irregularmente a Chile en abril de 2017 y, tras el rechazo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por parte del Servicio, fundado en la inexistencia de un fundado temor de persecución en caso de retorno a Cuba, intentó en reiteradas ocasiones entre 2022 y 2025 ingresar solicitudes de “Protección Complementaria” conforme al artículo 10 de la Ley N°21.325 y artículo 113 de su Reglamento, pero fue impedido incluso de entrevistarse con funcionarios del Servicio, siendo derivado sin solución por guardias de acceso, lo que a su juicio constituye una omisión ilegal y arbitraria.

Expone que fue militante activo del Partido Republicano de Cuba, opositor al régimen, firmante del “Proyecto Varela” y víctima de detención, torturas y marginación política, además de ser portador asintomático de VIH, condición por la cual en Chile recibe tratamiento médico permanente en el Hospital “nombre reservado

Galdames”.

Argumenta que esta negativa vulnera sus derechos, pues lo deja en un limbo jurídico que compromete su subsistencia laboral, dado que requiere residencia vigente para mantener su empleo y cotizaciones, y pone en riesgo su vida y salud, ya que en Cuba no tendría acceso al tratamiento adecuado por su condición política y sanitaria. Asimismo, denuncia la afectación del principio de no devolución establecido en la Ley N°20.430 sobre Refugio, en el Reglamento 837, en tratados internacionales y en el Decreto N°181 de 2023 sobre Política Nacional de Migración, que impide expulsar a una persona a un país donde su vida, libertad o integridad estén amenazadas.

En consecuencia, solicita que se ordene a un funcionario del Servicio reconocer al recurrente el derecho a solicitar “Protección Complementaria”, atendido el hecho que no puede regresar a su país de origen al estar su vida e integridad psíquica y física seriamente amenazada. Acompaña documentos.

Evacua informe el Servicio Nacional de Migraciones, señala que el recurrente ingresó por paso no habilitado el 20 de abril de 2017 y que solicitó visa temporaria como solicitante de refugio el 18 de julio de ese mismo año, la cual fue prorrogada cinco veces hasta noviembre de 2021, año en que finalmente fue rechazada mediante Resolución Exenta N°NUM000, por no configurarse un fundado temor de persecución, dado que la salida de Cuba habría respondido solo a una “sensación de temor” sin reportar problemas de seguridad, lo que impedía encuadrar el caso en las causales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Aclara que la protección complementaria constituye un permiso especial de residencia regulado por la Ley N°21.325, aplicable a solicitantes de refugio rechazados, pero únicamente respecto de solicitudes formalizadas después del 12 de febrero de 2022. En el caso del recurrente, su solicitud fue resuelta antes de esa fecha, por lo que no puede acceder a dicho beneficio. Añade que desde el 08 de noviembre de 2024 existe un procedimiento específico con requisitos y etapas, al cual el recurrente no se ha sometido, y que en el sistema no consta ninguna solicitud de protección complementaria presentada por él.

Asimismo, informa que el 13 de mayo de 2025 se dictó la Resolución Exenta N°NUM001, rechazando una residencia temporal excepcional solicitada por el actor, por carecer de antecedentes suficientes para considerarlo un caso calificado o humanitario. Según la autoridad, el recurrente se limitó a pedir regularización para acceder a mejores oportunidades laborales y de vida, pese a contar con tratamiento médico en Chile, por lo que no se configuraba la necesidad de aplicar facultades excepcionales. Enfatiza que el Estado ha dispuesto procesos de regularización migratoria en los últimos cinco años y que no corresponde forzar la concesión de un beneficio por vía judicial, toda vez que la protección complementaria exige requisitos legales específicos.

Finalmente, sostiene que sus decisiones se han adoptado conforme a las facultades legales, con respeto al principio de razonabilidad, y que no se ha privado ni perturbado derecho fundamental alguno del recurrente. Por ello, solicita rechazar el recurso de protección en todas sus partes y sin costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, conforme el mérito de autos, se desprende un reclamo por la negativa a recibir y tramitar la protección complementaria establecida en el artículo 10 de la Ley 21.325, por haber rechazado su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, lo que vulneraría sus garantías constitucionales consagradas en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que para decidir lo planteado a través de esta acción cautelar, cabe tener presente lo preceptuado en el artículo que contempla la Protección Complementaria: “Artículo 10.- Protección complementaria. A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere reconocida tal calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta en la ley Nº 20.430, conforme a los requisitos y visados que, al efecto establezca la Política Nacional de Migración y Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación de dicha protección complementaria.

Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género.

No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por crimen o simple delito en Chile o el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional, ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra.”

Por su parte, la Política Nacional de Migración y Extranjería se encuentra establecida a través del Decreto 181 de 6 de julio de 2023 del Ministerio del Interior, mediante la cual se establece que los requisitos para poder a optar a la protección complementaria son: 1) Habiendo sido solicitantes de refugio, no les fuere reconocida tal condición; y 2) Justifiquen suficientemente que, de regresar a su país de nacionalidad, su vida, integridad física y/o libertad personal, corran grave riesgo, en atención a haber sido víctimas de violencia intrafamiliar o violencia basada en género u orientación sexual.

CUARTO: Que, de acuerdo con las normas antes citada y conforme a los hechos en que funda el solicitante su solicitud de reconocimiento de condición refugiado, se concluye que los hechos narrados no permiten estimar que cumpla con los requisitos establecidos en la Política Nacional de Migración y Extranjería para otorgar la protección complementaria dispuesta en la normativa, puesto que no existe grave riesgo de su vida, integridad física y/o libertad personal en atención a haber sido víctima de violencia intrafamiliar o violencia basada en género u orientación sexual.

QUINTO: Que, en cuanto a la resolución que declaró inadmisible la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, es dable mencionar que de una lectura de la resolución exenta respectiva se puede concluir que aquella es dictada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, ponderando los hechos y antecedentes acompañados por el recurrente, lo que llevó al servicio recurrido a concluir que aquellos no permiten estimar que existiera un inminente peligro en el país de origen o persecución política del solicitante que ponga en riesgo su vida, libertad o integridad física.

SEXTO: Que, en conclusión, no se avizora que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones adolezca de la ilegalidad o arbitrariedad denunciada.

Por tales consideraciones, y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada a favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1487-2025 Protección.