CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO IQUIQUE S.A. CONTRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD IQUIQUE

Iquique, once de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Marco Hernández Güiza, abogado, en representación del Centro Comercial El Progreso Iquique S.A., quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Iquique, representada por su alcalde Mauricio Alejandro Soria Macchiavello, por estimar que ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria que ha perturbado y amenazado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1, 2, 8, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Hace consistir la omisión en no adoptar medidas concretas y efectivas que impidan la instalación del comercio ambulante no autorizado, conocido como “coleros”, en las inmediaciones del centro comercial ubicado en domicilio reservado de esta ciudad.

Expone que el 25 de junio de 2025 la Municipalidad dictó la Ordenanza Municipal N°618, que modificó la Ordenanza N°209 de 1991, reguladora de la feria itinerante, estableciendo nuevos días, sectores y horarios de funcionamiento. Sin embargo, denuncia que en los alrededores del centro comercial persiste la instalación de comercio ambulante ilegal denominado “coleros”, particularmente en calles Céspedes, González, Avenida Progreso, Chintaguay, nombre reservado y nombre reservado. Sostiene que la municipalidad ha omitido fiscalizar y erradicar dichas actividades, pese a la expresa prohibición contenida en el artículo 7° de la Ordenanza N°209 de 1991, lo que genera graves perjuicios económicos y sociales al comercio establecido.

Argumenta que la omisión denunciada vulnera diversas garantías constitucionales: la integridad física y psíquica puesto que la proliferación de ambulantes genera inseguridad y temor en trabajadores y consumidores; la igualdad ante la ley, ya que el comercio formal debe cumplir con exigencias legales, tributarias y sanitarias que no afectan al comercio ilegal; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por cuanto la actividad de los coleros genera basura, riesgos sanitarios y de incendios por uso irregular de gas; el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, afectado por la competencia desleal y la obstaculización del acceso a los locales; y el derecho de propiedad, en cuanto se ve perturbado el uso y goce del inmueble y de la actividad comercial legalmente establecida.

Cita jurisprudencia en que se ha acogido recurso de protección frente a situaciones similares de omisión municipal en el control del comercio ambulante. En virtud de lo anterior, solicita se ordene a la recurrida adoptar medidas concretas para prohibir la instalación de coleros, resguardar la seguridad y libertad personal de los afectados, mantener la limpieza y aseo del sector, dar estricto cumplimiento a las ordenanzas sobre ferias libres y aplicar las sanciones contempladas en la normativa, con costas.

Evacúa informe don Luis Muñoz Ramírez, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Iquique, señala que el recurso carece de fundamento y debe rechazarse. Precisa que la Ordenanza Municipal N°618/2025 modificó la regulación de la feria itinerante, agregando nuevos sectores y días, manteniéndose la prohibición expresa de los coleros. Reconoce que estos se instalan en determinados lugares, pero sostiene que sí ha existido fiscalización y se han cursado las infracciones correspondientes.

Argumenta que la fiscalización municipal se ha efectuado dentro de sus competencias, pero para su eficacia se requiere la intervención de Carabineros de Chile, al ser la única institución con facultades de control de identidad y coacción. Expone que la municipalidad ha realizado reuniones de coordinación con otras autoridades, fiscalizaciones periódicas y sesiones de Concejo Municipal destinadas a abordar la problemática.

Agrega que nadie está obligado a lo imposible, por lo que, aunque el municipio ha desplegado esfuerzos para erradicar el comercio informal, no puede atribuirse responsabilidad directa por los perjuicios alegados, puesto que la labor de control es compartida con otros organismos, como Carabineros, el Servicio de Salud y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros. Concluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar municipal, y solicita se rechace el recurso con costas. acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del mérito de autos, se colige que los actos reclamados por la recurrente radican en las omisiones ilegales y arbitrarias al no adoptar medidas concretas y efectivas que impidan la instalación del comercio ambulante no autorizado, los días en que la feria itinerante autorizada por decreto alcaldicio funciona en sus inmediaciones, lo que conculcaría sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que para resolver el asunto planteado, y tal como se razonó en las causas Roles 810-2021, 146-2022 y 181-2022, Protección de esta Corte, los artículos 3, letra f); 4 letras b), h), y j); y 5, todos de la Ley 18.695, señalan, en síntesis, que corresponde a los municipios el aseo de la comuna; que éstos podrán desarrollar funciones relacionadas con la salud y la protección del medio ambiente, el transporte, tránsito y seguridad pública; y que corresponde a los mismos la administración de bienes municipales y nacionales de uso público.

Por otra parte, las ordenanzas municipales números 209, 299, 315, 457 y 618, regulan una serie de materias relacionadas con la feria itinerante de Iquique, entre ellas su lugar de funcionamiento, la regulación general de la actividad de los feriantes, su fiscalización y sanciones, materia esta última que se atribuye a los inspectores municipales, Carabineros, Servicio de Salud e Impuestos Internos.

CUARTO: Que apreciados los antecedentes acompañados al recurso, conforme las reglas de la sana critica, fluye que los hechos denunciados por la actora resultan efectivos, en la medida en que personas que fungen actividades de comercio en las inmediaciones de la señalada feria, actúan fuera o a continuación del radio autorizado por la autoridad edilicia, con su anuencia y sin la fiscalización suficiente, afectando el ejercicio legítimo del comercio del Centro recurrente y sus locatarios, amagándose de este modo el derecho de propiedad, el derecho a la integridad física y síquica, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

QUINTO: Que el hecho que las labores de control del comercio ambulante puedan ser ejercidas, también, por otras entidades, como Carabineros de Chile, no obsta a que siendo el municipio la primera autoridad comunal, las aborde con todos los medios de que disponga, lo que en la especie no ha sido acreditado en cuanto a la adopción de medidas efectivas, como un catastro efectivo de quienes ejercen labores de comercio autorizado, resultando insuficiente una mera coordinación con Carabineros o la constancia de haber fiscalizado y sancionado a algunas personas que ejercen el comercio ilegal, desde que dichos mecanismos no se han traducido, de acuerdo a lo reclamado en el libelo, en mecanismos que eliminen o atenúen el malestar impugnado.

SÉPTIMO: Que de este modo, al evidenciarse claras falencias en la función fiscalizadora de la Municipalidad de Iquique, conforme a su propia normativa, siendo responsable de su aplicación y eficaz cumplimiento, incurre la entidad edilicia en una omisión al no decretar medidas efectivas que propendan a la sana convivencia vecinal, quebrantada con ocasión del comercio informal instalado en las inmediaciones de la feria itinerante de esta ciudad, propiciando además dicha inactividad un riesgo sanitario y medio ambiental para las personas que asisten al Centro Comercial que recurrió en estos autos, lo que conlleva a acoger el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional de protección deducida presentada por Centro Comercial El Progreso Iquique S.A., debiendo la recurrida adoptar las medidas necesarias para fiscalizar y evitar, de manera eficaz y permanente, la instalación de comerciantes no autorizados en la feria itinerante de Iquique, en las inmediaciones de las dependencias de la actora; ejecutar las labores de aseo, retiro de basuras y desechos una vez cesada la actividad de la feria itinerante; así como requerir debida y oportunamente por los canales oficiales, la actuación de las demás autoridades competentes en las labores de inspección y ejercicio efectivo de sus atribuciones, con estricta sujeción a la normativa que las regula.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°1478-2025 Protección.