Protección contra Compañía Minera Cerro Colorado Ltda

Iquique, cinco de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece el abogado don Antonio Rojas Araya deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado y nombre reservado, Ganadera y Yerbas Medicinales SpA, en contra de Compañía Minera Cerro Colorado Ltda., BHP Group Inc., Dirección General de Aguas y la Superintendencia del Medio Ambiente, por vulneración de los derechos garantizados en el artículo 19 N° 1, 8 y 24 de la Constitución Política.

Hace consistir el acto arbitrario e ilegal en las extracciones continuas desde el Pozo P3, del acuífero nombre reservado, de un volumen de 926.253 metros cúbicos por parte de la Compañía Minera Cerro Colorado Ltda., empresa controlada por BHP Group Inc., durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y el 30 de julio del presente año, sin autorización de Resolución de Calificación Ambiental desde enero del año pasado, en contravención a los artículos 63 del Código de Aguas, 8 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y 35 de la Ley 20.417, Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Precisa que por Resolución N° 9 de la Dirección de General de Aguas, de 7 de julio de 2022, se declaró al sector nombre reservado como zona de prohibición para nuevas explotaciones de aguas subterráneas y, por otro lado, la Resolución de Calificación Ambiental 13/2022 dispuso el cese de la operación del pozo P3 desde enero de 2024. Asimismo, describe que la empresa implementa el mecanismo de sistema de recarga artificial, que extrae agua del acuífero agotado para regar el bofedal dañado, invirtiendo el flujo ecosistémico y agravando el déficit hídrico histórico.

Argumenta que la Dirección General de Aguas y la Superintendencia del Medio Ambiente han incurrido en una omisión ilegal al no ejercer oportunamente sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias, permitiendo la consumación prolongada del daño.

Concluye que el derecho a la vida e integridad física se vulnera por considerar que la extracción de agua amenaza directamente el acceso de los recurrentes al agua dulce para su subsistencia, actividades ganaderas y agrícolas en la Estancia Cancosa. El derecho de propiedad se afecta por la usurpación de derechos de aprovechamiento de aguas ancestrales de los recurrentes, vinculados a esa Estancia. Además, la extracción profundiza la degradación irreversible del ecosistema nombre reservado, pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, afectando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Solicita se ordene la cesación inmediata de la extracción, disposición del plan de recuperación del nivel freático del acuífero nombre reservado, sellado de pozos de extracción no autorizados y rehabilitación de la infraestructura hídrica, auditoría ambiental independiente y la aplicación de sanciones y responsabilidad administrativa contempladas en la ley, contra Compañía Minera Cerro Colorado, Dirección General de Aguas y Superintendencia del Medio Ambiente, respectivamente. Acompaña documentos.

Evacúa informe Compañía Minera Cerro Colorado Limitada señalando que la operación del sistema de recarga artificial y uso del Pozo P3 han sido exitosos, permitiendo que el bofedal y laguna del sector nombre reservado se encuentren en buen estado y prestando servicios ecosistémicos.

Detalla las razones de improcedencia de los recursos interpuestos. En primer lugar, por falta de legitimación activa de las recurrentes, puesto que nombre reservado no proporcionó ningún título que justifique su legitimación para accionar esta vía cautelar, ni cuenta con derecho alguno en la zona de nombre reservado donde se encuentra el campo de Pozos de la compañía recurrida.

En segundo lugar, argumenta la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad de su parte en el uso del Pozo P3 para la mantención del riego artificial del nombre reservado, pues tiene derechos de aprovechamiento de aguas para operarlo y la declaración de zona de prohibición no afecta esos derechos. Asimismo, complementa, el sistema de recarga artificial permitió la recuperación del acuífero y su biodiversidad.

En tercer lugar, indica que no se vulnera ninguna de las garantías constitucionales de los recurrentes, porque no tienen derecho alguno sobre la zona de nombre reservado y el bofedal se encuentra en buen estado.

Finalmente, refiere que su actuar se ajusta a derecho, que el recurso de protección no es la vía idónea por no existir derechos indubitados del recurrente y que el Sr. nombre reservado, mediante una transacción suscribió finiquito y renunció a cualquier tipo de acción vinculada a reclamaciones sobre nombre reservado. Acompaña documentos.

Evacúa informe BHP Chile Inc., y alega la falta de legitimación, pues dice que la sociedad informante es un tercero ajeno a los hechos alegados, ya que no es titular de permisos ni obligaciones ambientales sobre las que versan las acciones de protección interpuestas. Hace presente que no se le atribuye acción u omisión alguna, ni ninguna medida correctiva que le afecte. Además, aclara que no es la operadora del Proyecto Minero Cerro Colorado, sino la Compañía Minera recurrida en estos autos.

Evacúa informe la Superintendencia del Medio Ambiente, y explica que ha ejercido de forma continua actividades de fiscalización respecto de los hechos materia del recurso. Añade que el recurso de protección supone la existencia de derechos indubitados, de modo tal que no es la vía idónea para conocer de materias altamente técnicas como la de autos.

También informa las sucesivas fiscalizaciones sobre la operación del sistema de recarga artificial conforme a la Resolución de Calificación Ambiental N° 13/2022. En este sentido, da cuenta que conoció por medio de carta de la Compañía Minera, del uso del Pozo P3, mientras dure la condición de indisponibilidad del Pozo PR, recopilando la información en relación con los registros históricos de extracción de aguas subterráneas para la implementación de tal sistema, la justificación técnica y el estado del acuífero y del sistema vegetacional de nombre reservado. Precisa que el 15 de julio de 2024 recibió denuncia del recurrente Sr. nombre reservado. Indica que a la fecha está a la espera de las observaciones que la Dirección General de Aguas y el Servicio Agrícola y Ganadero hagan sobre los últimos antecedentes remitidos por el titular. Con ellas, se elaborará el respectivo Informe de Fiscalización Ambiental que contendrá el detalle de las actividades de fiscalización, sus hallazgos y conclusiones, a fin de verificar o descartar la existencia o no de infracciones de competencia del Servicio.

Afirma que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria de su parte, pues existe una investigación en curso, conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medioambiente, para determinar posibles infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto denunciado, a cargo del órgano competente. Además, señala que desarrolló coordinación interinstitucional para articular la información levantada por el titular. Finalmente, alega que el recurso de protección no es la vía idónea por no existir derechos indubitados.

Por último, la Dirección General de Aguas da cuenta de la historia de los derechos de aprovechamiento de aguas de la Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. para el abastecimiento industrial de su faena emplazada en la comuna de Pica, Región de Tarapacá, y solicita el rechazo del recurso, al no ser la vía idónea para conocer de los hechos que lo fundan.

Refiere que el actor, Sr. nombre reservado, presentó una denuncia contra la Compañía Minera Cerro Colorado por eventuales infracciones al Código de Agua el 05 de julio de 2024, por hechos directamente relacionados con los expuestos en este libelo. Señala que se declaró admisible por la Unidad de Fiscalización y Medioambiente de la Dirección General de Aguas Tarapacá, por lo que se inició un procedimiento de fiscalización, con visita inspectiva al sector nombre reservado, específicamente las captaciones de agua denunciadas “P-3” y “P-R” titularidad de la minera recurrida, concluyendo que no existen extracciones no autorizadas de aguas subterráneas ni otras infracciones al Código de Aguas en la fiscalización realizada.

Por ello, mediante la Resolución Exenta de la Dirección General de Aguas de la Región de Tarapacá N° 581, de 9 de septiembre de 2024, se resuelve cerrar el procedimiento de fiscalización referido al expediente administrativo FD-0104-48, en contra de Compañía Minera Cerro Colorado, por no detectar infracciones al Código de Aguas.

Finalmente, descarta la existencia de un acto ilegal o arbitrario o la vulneración de los derechos constitucionales del recurrente, atendido las fiscalizaciones realizadas con apego a las potestades y competencias que determina la ley. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que de los recursos acumulados aparece que los recurrentes denuncian el uso ilegal de recursos hídricos por parte la Compañía Minera Cerro Colorado Ltda., lo que afectaría el ecosistema del sector nombre reservado y el bofedal, y, por otra parte, alegan la omisión de fiscalización y sanciones de parte de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la Dirección General de Aguas, situaciones que producen la vulneración de los derechos fundamentales que invocan.

TERCERO: Que de los antecedentes aparejados a la causa por todas las partes involucradas en la presente acción constitucional, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, es posible establecer los siguientes hechos:

1.- La Compañía Minera Cerro Colorado, se encuentra ejecutando el cierre de su faena, y en tal sentido sin realizar extracción alguna de mineral, está dando cumplimiento a medidas medioambientales vigentes, entre ellas la extracción de aguas desde el Pozo P3, que se ubica en el área denominada “Pampa nombre reservado”, para la operación del Sistema de Riego Artificial del denominado nombre reservado, contando con un derecho de aprovechamiento de aguas por un total de 300 l/s.

2.- Este Sistema de riego artificial es una medida exigida producto del descenso del agua subterránea que alimenta al nombre reservado, pues en virtud de la Resolución Exenta N° 67/2011, de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tarapacá, se fijaron nuevas condiciones para la explotación de aguas por parte de la Compañía, y se exigió un “Plan de Trabajo para el Manejo de las Funciones Ecosistémicas del Sistema Lacustre de nombre reservado”, una de cuyas medidas principales fue la implementación del SRA del nombre reservado, para compensar el déficit de las surgencias naturales.

3.- En la evaluación ambiental de la “Continuidad Operacional de Cerro Colorado”, calificado mediante la RCA N° 69, de 1 de octubre de 2015, se incorporó como medida adicional destinada a acelerar el proceso de recuperación del acuífero: la habilitación del llamado Pozo PR. Luego, esta medida también se incorporó en la RCA N°13/2022, que complementó la anterior, y este Pozo PR tenía por finalidad reemplazar la operación del Pozo P3, para recuperar más rápidamente los niveles de agua subterránea de la cuenca Pampa nombre reservado.

4.- No obstante estar dispuesta la habilitación del Pozo PR como nuevo punto de extracción para el sistema de riego artificial, la Compañía Minera se ha visto impedida de obtener una decisión favorable, por el ejercicio de diversas acciones por parte de terceros, entre ellos el recurrente señor nombre reservado, tanto administrativas como judiciales, que han dilatado la aprobación del cambio, siendo resuelto solamente el 17 de septiembre de 2024, por sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictada en causa Rol N° 183-2024, que acogió la reclamación judicial de Compañía Minera Cerro Colorado, dejó sin efecto Res. DGA N° 211/2024 y ordenó a la Dirección General de Aguas que dictara una Resolución Exenta que otorgara el cambio de punto de captación hacia el Pozo PR.

5.- Dado que no se había obtenido la resolución que autorizaba el cambio del punto de captación para el Sistema de Recarga Artificial, la Compañía recurrida siguió utilizando el Pozo P3 que se había empleado desde que se estableció la obligación, hecho que puso en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante carta de 7 de febrero de 2024, informando se habría visto obligada a activar de forma transitoria el Pozo P3 para mantener la operación del SRA, y acompañó un Informe Hidrogeológico de la empresa Hidromas, para acreditar que el uso del Pozo P3 no afectaría la recuperación del acuífero.

6.- Ante esa presentación dicha autoridad ambiental ha requerido información adicional a la empresa, como también a otros servicios vinculados con la materia de su competencia, como la Dirección General de Aguas, y con fecha 15 de julio de 2024, recibió una denuncia del señor nombre reservado, en que se da cuenta prácticamente de los mismos hechos que se conocen en esta acción constitucional, como es la utilización del Pozo P3 en forma ilegal, encontrándose pendiente la elaboración del Informe de Fiscalización Ambiental, que determinará la existencia o no de infracciones de su competencia.

CUARTO: Que de los hechos señalados e informes de las autoridades recurridas, se aprecia que ambas han conocido de denuncias de parte del recurrente, respecto de prácticamente los mismos hechos que fundan este recurso de protección, constando que en conformidad a sus competencias técnicas y legislación sectorial, que citan detalladamente en sus informes, han ejercido su labor de fiscalización con apego a derecho, no existiendo de su parte aquella omisión ilegal o arbitraria que se denuncia por los recurrentes.

En este sentido, la Superintendencia de Medio Ambiente relata que, con la debida coordinación de los demás entes administrativos, se encuentra en el periodo de elaboración del respectivo Informe de Fiscalización Ambiental que contendrá el detalle de todas las actividades de fiscalización, con sus hallazgos y conclusiones, informe que servirá de base para verificar o descartar la existencia o no de infracciones de competencia de este Servicio.

Además, la Dirección General de Aguas da cuenta que por Resolución Exenta N° 581, de 09 de septiembre de 2024, de la Dirección de Aguas de la Región de Tarapacá, cerró el procedimiento de fiscalización referido al expediente administrativo FD-0104-48, en contra de Compañía Minera Cerro Colorado, por no detectar infracciones al Código de Aguas.

QUINTO: Que por otro lado, y como consecuencia de lo concluido anteriormente, no se advierte que exista de parte de las recurridas, Compañía Minera Cerro Colorado Limitada y BHP Chile Inc., una actuación arbitraria o ilegal, desde que su actividad ha sido debidamente fiscalizada por las autoridades competentes, tanto desde la perspectiva técnica como jurídica, existiendo en curso un procedimiento de fiscalización seguido ante la Superintendencia del Medio Ambiente a instancia de la propia Compañía Minera, en el cual se ha entregado toda la información técnica relacionada con la utilización del pozo P3.

A lo anterior cabe agregar desde ya que la extracción de aguas desde dicho punto de captación obedece a una exigencia derivada de un plan de mitigación, cuya finalidad es precisamente establecer un sistema de recarga o riego artificial del bofedal nombre reservado, con el objeto de protegerlo, medida que ha sido dispuesta por la autoridad administrativa encargada de velar por el cumplimiento de la legislación medio ambiental y que la empresa recurrida está obligada a cumplir, de suerte que no se trata de una actuación ilegal, ya que por lo demás lo hace en virtud de un derecho de aprovechamiento de aguas de su propiedad.

Tampoco puede considerarse arbitraria o caprichosa, pues aparece respaldada en las conclusiones del Comité de Expertos, creado según la RCA N° 13/2022, que sobre los efectos ambientales de un eventual cese de funcionamiento del Pozo P3, señala que: “La detención del suministro hídrico hacia el SRA (por cese del aporte desde los pozos de bombeo) es la situación más desfavorable de las evaluadas, en el sentido que, si bien se mantienen los tiempos de recuperación del acuífero, el Humedal nombre reservado sería afectado por dos efectos específicos. En primer lugar, y la situación más compleja, es la falta de suministro hídrico para mantener el ecosistema actual del Humedal. Se esperaría que, desde el cese de suministro hídrico para el SRA, se observen mortalidades de peces (Orestias agassii). Después de algunas semanas del cese de suministro hídrico, el humedal nombre reservado no sería capaz de sustentar la presencia de peces, debido al cambio en la calidad del agua (aumento de sales disueltas) y la disminución en el hábitat (menores alturas de la columna de agua). La vegetación podría mantenerse por algunas semanas o meses después del cese de suministro hídrico para el SRA. Sin embargo, después de este periodo de resistencia se observarían mortalidades y disminuciones en el tamaño de los individuos presentes. De esta forma, el resultado general del análisis técnico presentado en esta minuta recomienda mantener el suministro hídrico del Humedal nombre reservado, ya sea con el pozo de bombeo actualmente aprobado (PR) o en su defecto con el pozo de bombeo que históricamente lo abastecía (P3). Ambas situaciones son, desde un punto de vista ecosistémico, preferibles al cese del suministro hídrico del Humedal”.

SEXTO: Que en cuanto a las garantías constitucionales alegadas como vulneradas por los recurrentes, esta Corte no divisa de qué manera se puede ver afectado el derecho a la vida e integridad física de los recurrentes con los actos que se denuncian, pues la Compañía está ejerciendo su derecho de aprovechamiento para un sistema de riego artificial del bofedal, es decir, aumentar su caudal, y no existe una amenaza a la disponibilidad de agua para el bofedal de nombre reservado.

Tampoco se ha visto afectado el derecho de propiedad de los recurrentes, pues solo se trata a lo más de derechos sobre terrenos en la denominada “Estancia Cancosa” pero no han demostrado ser titulares de derechos de aprovechamiento ancestrales de aguas superficiales asociados al bofedal, pues no han acompañado documento alguno que acredite que tengan algún tipo de esos derechos en la zona.

Por último, en cuanto al derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, éste tampoco ha sido vulnerado, pues todo el plan de manejo o mitigación ambiental desarrollado por la Compañía Minera se ejecuta dentro de la institucionalidad ambiental, es decir, en cumplimiento de las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental dictadas al efecto y bajo la supervigilancia de los respectivos organismos contralores, con el fin de obtener la recuperación del bofedal nombre reservado. Por lo demás, de los distintos antecedentes acompañados por los recurrentes no existe ningún informe técnico o científico relacionado con la afectación que tendría el bofedal por la forma en que se realiza el sistema de riego artificial, ello con el fin de justificar el planteamiento expuesto en el libelo, y por el contrario, existe la Minuta Técnica del Comité de Expertos, de agosto de 2024, ya citada, que da cuenta claramente de las mejoras que trae dicho sistema, de suerte que no se ha afectado el ecosistema en los términos denunciados por los actores.

En suma, no habiendo incurrido ninguno de los recurridos en alguno de los actos u omisiones ilegales o arbitrarias que los recurrentes les atribuyen, y no concurriendo los presupuestos necesarios para prestar acogida al recurso de protección, el mismo será desestimado.

SÉPTIMO: Que finalmente, respecto a la solicitud formulada por todos los recurridos en orden a que los recurrentes sean condenados en costas, esta Corte concuerda que se ha hecho un uso abusivo de esta herramienta legal, puesto que la Compañía Minera Cerro Colorado solo ha actuado en cumplimiento de compromisos adquiridos con la autoridad medio ambiental, requiriendo los permisos administrativos del caso, proceso en el cual se ha visto entrabada por terceros, entre otros el recurrente don nombre reservado, quien a pretexto de ejercer derechos que tendría en terrenos cercanos al bofedal, ha intervenido en procesos y reclamaciones sosteniendo tesis distintas a la que plantea en esta acción, y además, los mismos hechos que denuncia en autos los ha puesto en conocimiento de las autoridades administrativas y medio ambientales, de lo que se infiere que pretende instrumentalizar este recurso con fines particulares.

Abonan lo dicho, actuaciones anteriores de dicho recurrente, como la Transacción celebrada el 18 de octubre de 2022, donde renunció a su pretensión de dominio y a todo tipo de derechos reales y personales, sobre un área o polígono de terreno ubicado al interior del predio Huantija y de la Estancia Cancosa, de 3.788 hectáreas de superficie, que abarca el ecosistema nombre reservado como también el campo de pozos que tiene la Compañía Minera, y que se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, de modo que carece de seriedad sostener que se ha visto afectado su derecho de propiedad por lo que ocurra en el sector de nombre reservado. En ese mismo sentido está el instrumento firmado ante Notario Público, que autoriza en forma total, definitiva e irrevocable, a la Compañía Minera para solicitar y obtener a su nombre el cambio de punto de captación de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, de carácter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, por 25 l/s al pozo PR, tramitado en el expediente VPC-0104-86, y que luego, en febrero de 2023, presenta retractación por escrito en ese expediente administrativo.

De todo lo dicho, se evidencia que la parte recurrente no ha tenido motivo plausible para litigar a través del ejercicio de esta acción.

Por estas consideraciones, artículo 20 de la Constitución Política de la República y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, con costas, la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado y nombre reservado, Ganadera y Yerbas Medicinales SpA.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 1465-2025 (acumulada Rol N° 1559-2025).

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