FEDERACIÓN MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE CHILE CONTRA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Iquique, seis de enero de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, presidenta de la Federación Manipuladoras de Alimentos de Chile (“FEMACH”) en beneficio de los trabajadores que integran los sindicatos que la componen, por quienes deduce acción constitucional de protección en contra de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, (“Integra”) y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (“Junji”), por el acto ilegal consistente en la aplicación del “Protocolo de alimentación inclusiva salas cuna y jardines infantiles de la red Junji e Integra”, el cual perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1° y 24° de la Constitución Política de la República.

Expone que en diciembre pasado tomo conocimiento a través de sus representadas de la implementación del protocolo referido en los jardines y salas cuna mantenidos por Junji e Integra a lo largo del país. Dicho protocolo, obligaría a las manipuladoras a recibir, almacenar y manipular alimentos enviados desde los hogares de los niños, sobre los cuales no se puede garantizar su inocuidad ni trazabilidad, lo que expone a riesgos de contaminación cruzada y posibles afectaciones a la salud de los niños. Añade nuevas obligaciones laborales, no contempladas en los contratos, que podrían generar sanciones laborales e incluso despidos por situaciones ajenas a la voluntad de las trabajadoras. Genera un impacto psíquico en las trabajadoras al enfrentarse a la incertidumbre y responsabilidad por posibles daños derivados de los alimentos manipulados.

Considera que el acto recurrido resulta ilegal y arbitrario, ya que infringe normas del ordenamiento jurídico, específicamente el artículo 105 del Código Sanitario, el Título I del Reglamento Sanitario de los Alimentos y el artículo 6° de la Ley N°20.606. Además, carece de criterios racionales acordes a las condiciones laborales de las trabajadoras.

Pide tener por interpuesto recurso de protección y acogerlo en todas sus partes declarando arbitrario e ilegal el “Protocolo de alimentación inclusiva salas cuna y jardines infantiles de la red JUNJI e INTEGRA”, y en definitiva dejándolo sin efecto o bien adopte las medidas que estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas de las recurridas.

Evacuó informe don Teddy Thompson Rich, abogado, en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de Tarapacá, explica que cuentan con un Programa de Alimentación del Párvulo (PAP) que provee alimentación a niños en sus programas educativos y a aquellos de instituciones sin fines de lucro con convenio. Para atender a niños con condiciones o trastornos alimentarios y nutricionales, adaptó el programa garantizando una dieta acorde a sus necesidades, hábitos y cultura, promoviendo la universalidad e inclusión.

Arguye entonces que, esta evolución no resulta nada nuevo, sino una sistematización de instrucciones aplicadas desde 2015, cuando se emitió la Circular N°015/0098 sobre patologías alimentarias. En 2016, la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL ratificó la posibilidad de que los apoderados enviaran alimentos preparados desde el hogar, y desde entonces, estas disposiciones han sido implementadas a través del Oficio Circular N°0080.

Por otra parte, sostiene que el protocolo no es arbitrario, ya que promueve la inclusión de niños con necesidades alimentarias especiales en concordancia con la Ley N°21.430 sobre derechos de la niñez. Tampoco es ilegal, pues se enmarca en las normativas sanitarias vigentes y en directrices del MINSAL, alineándose con un enfoque de protección integral y garantizando su legalidad.

En atención a lo expuesto precedentemente pide decretar el rechazo de la acción de protección en todas sus partes. Acompaña documentos.

Evacúa informe don Mauricio Henríquez Barraza, abogado, en representación de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto con costas y, describe los aspectos fundamentales de la organización, su estructura en niveles central y regional, con presencia en todas las regiones del país, misión principal, enfoque y el marco legal que la rige.

En cuanto al fondo señala que en el recurso no se identifica un acto u omisión concreto que pueda calificarse como arbitrario o ilegal. Esto contraviene los requisitos del artículo 20 de la Constitución Política de la República y la jurisprudencia vigente, que exigen la identificación específica del acto u omisión para que proceda el recurso. Sostiene que el protocolo cuestionado no se encuentra implementado ni vigente. Se encuentra en proceso de actualización desde el año 2023, por lo que no es posible atribuirle efectos concretos que puedan calificarse como ilegales o arbitrarios.

Afirma que todas sus actuaciones, incluidas las relacionadas con el manejo de alimentación en salas cuna y jardines infantiles, se han ajustado a la normativa vigente. Esto incluye la normativa sanitaria, el Código del Trabajo, y los lineamientos del Ministerio de Salud. Así las cosas, el protocolo actual y las medidas adoptadas por la fundación están diseñadas para garantizar el derecho a la alimentación de los niños, respetando tanto sus necesidades médicas como socioculturales. No existe evidencia de que estas actuaciones hayan afectado derechos fundamentales, como la integridad física o psíquica de las trabajadoras.

En otra línea argumentativa, reclama que el recurso es improcedente porque la recurrente no cuenta con legitimación activa para interponerlo. La acción fue presentada en beneficio de un grupo colectivo (las manipuladoras de alimentos) sin especificar casos individuales o situaciones particulares de afectación. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y otras Cortes de Apelaciones para reforzar su posición.

Concluye que las alegaciones de la recurrente carecen de sustento porque no se configuran los elementos necesarios para proceder con el recurso de protección: no hay acto u omisión ilegal o arbitraria, no se afecta ningún derecho indubitado, y no existe interés directo y personal en la acción, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, de autos se colige un reclamo en contra de las recurridas, por la aplicación del “Protocolo de alimentación inclusiva en salas cuna y jardines infantiles de la red Junji e Integra”, que conculcaría sus derechos a la integridad física y psíquica y a la propiedad, al permitir que las manipuladoras de alimentos deban recibir, almacenar y manipular alimentos enviados por los padres de aquellos hijos que presenten necesidades alimentarias especiales.

TERCERO: Que los informes de ambas entidades públicas no controvierten el hecho que actualmente se esté trabajando en inclusión en materia de alimentación para aquellos beneficiarios de sus sistemas, que presenten necesidades particulares de alimentación, es más, indican que es una materia que desde el año 2015 ha sido una preocupación para las instituciones que representan, a raíz de lo cual se han impartido lineamientos, dictado circulares y actualizado la normativa.

Asimismo, ambas recurridas dan cuenta de la existencia de un trabajo colaborativo y una mesa intersectorial, para abordar los puntos críticos que se deben considerar en caso de ser necesario recibir en los jardines infantiles alimentación proveniente del hogar de los niños.

CUARTO: Importante resulta señalar sobre lo cuestionado por la recurrente, que es la Subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud, quien mediante el ordinario B34/N°1755, de 7 de junio de 2016, indica que no constituye transgresión al Reglamento Sanitario de Alimentos, cuando el Centro Educacional recepciona preparaciones alimentarias traídas desde el hogar del niño, cuando presenta una patología asociada a la alimentación.

QUINTO: Que, aun resultando suficiente lo dicho precedentemente para rechazar el recurso, debemos hacer presente que del tenor de la presentación de la recurrente no se vislumbra cómo la situación relatada podría afectar la garantía de la integridad física y psíquica, por cuanto de los antecedentes acompañados se desprende que existe todo un procedimiento en el Anexo N°5 del protocolo en cuestión, que fija indicaciones para la entrega de los alimentos en el establecimiento educativo, indicando pormenorizadamente orientaciones para evitar cualquier inconveniente en la recepción y manejo de estos alimentos.

SEXTO: Todo lo anterior no permite advertir la amenaza o perturbación de las garantías constitucionales, lo que conduce al rechazó del recurso.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada por la Federación Manipuladoras de Alimentos de Chile en beneficio de los trabajadores que integran los sindicatos que la componen en contra de la Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1453-2024 Protección.