SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS MARTÍNEZ LIMITADA CONTRA DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO REGIÓN DE TARAPACÁ

Iquique, veinticuatro de julio de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Jorge Malschafsky Vera, abogado, en representación de la Sociedad Comercial Hermanos Martínez Limitada, por la que deduce acción constitucional de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Tarapacá, por vulnerar los derechos reconocidos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda la acción en la omisión ilegal y arbitraria por parte del ente recurrido, al no haber dado respuesta a la consulta formal efectuada en su calidad de empleador el pasado 27 de junio, relativa a la vigencia de las medidas de resguardo ordenadas en el contexto de la Denuncia Ley Karín N°E25239, presentada por el trabajador nombre reservado el 27 de enero último.

Expone que la recurrida, tras recibir dicha denuncia, ordenó inmediatamente la aplicación de medidas de resguardo, entre ellas, atención psicológica al denunciante, la separación física de los espacios de trabajo entre denunciante y denunciado, y el pago íntegro de remuneraciones al trabajador. No obstante, vencido el plazo legal de 30 días para la investigación administrativa establecido en el artículo 211-C del Código del Trabajo y el artículo 17 del Decreto N°21, la DT no ha finalizado dicho proceso ni ha emitido pronunciamiento alguno, manteniendo una situación de incertidumbre y perjuicio económico para el empleador, quien continúa pagando remuneraciones sin contraprestación de servicios. Alega que dicha omisión resulta ilegal por transgredir expresamente los plazos legales y arbitraria por carecer de fundamento racional, lo que califica como un actuar caprichoso.

Señala que esta omisión vulnera el derecho a la igualdad ante la ley al situar al empleador en una posición discriminatoria respecto de otros empleadores que sí obtienen certeza sobre la duración de una investigación de este tipo. Asimismo, denuncia la afectación al derecho de propiedad, toda vez que la inactividad de la recurrida le impide disponer libremente de su patrimonio, al estar obligado a seguir pagando remuneraciones e imposiciones sin que exista la contraprestación laboral correspondiente.

En consecuencia, solicita que se acoja el recurso, se declare que la Dirección Regional del Trabajo ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, se ordene el cierre inmediato de la investigación administrativa asociada a la denuncia N°E25239, se informe formalmente a la empresa los resultados de la misma, señalando expresamente que las medidas de resguardo adoptadas inicialmente no continúan vigentes, además del cumplimiento de las demás cargas que la normativa vigente impone al ente investigador, todo lo anterior con costas en caso de oposición de la recurrida. Acompaña documentos.

Evacua informe la Dirección Regional del Trabajo de Tarapacá, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto fundado en que no concurren actos u omisiones ilegales o arbitrarios que vulneren garantías constitucionales. Expone que la denuncia presentada el 27 de enero de 2025 por el trabajador nombre reservado, relativa a agresiones físicas sufridas en el trabajo, dictándose el 28 de enero medidas de resguardo tales como atención psicológica y permiso con goce de remuneraciones, informadas oportunamente al empleador.

Explica que la denuncia dio origen a la comisión 101/2025/15, cuya investigación fue iniciada formalmente el 03 de julio y concluida el 18 de julio de 2025, con la emisión de un ordinario que cita al empleador a mediación obligatoria para el 25 de julio próximo.

Justifica que la demora se debió a razones de fuerza mayor asociadas a la alta carga de trabajo producto de la entrada en vigencia de la Ley N°21.643, la cual ha generado un aumento exponencial de denuncias (más de 800 a nivel regional), sin que se hayan incrementado los recursos humanos disponibles. Además, sostiene que los plazos para la administración no son fatales, según dictámenes de la Contraloría General de la República y jurisprudencia de la Corte Suprema, por lo que su expiración no convierte la actuación en ilegal.

Respecto a la falta de respuesta al correo electrónico del empleador, enviado el 27 de junio, reconoce que no se respondió, pero justifica dicha omisión en que la investigación se encontraba aún en curso, lo que impedía un pronunciamiento anticipado. Sostiene además que no se ha vulnerado la igualdad ante la ley, ya que todos los empleadores se encuentran en igual situación ante la sobrecarga de denuncias y que tampoco se ha afectado el derecho de propiedad, dado que las medidas de resguardo son transitorias, ajustadas a derecho y necesarias para proteger la integridad del trabajador denunciante, considerando la gravedad de los hechos y el incumplimiento del empleador de sus deberes preventivos.

Finalmente, la Dirección del Trabajo rechaza la procedencia del recurso de protección en este caso, señalando que dicha acción no sustituye los procedimientos ordinarios de impugnación ni constituye un mecanismo de control contencioso administrativo, por lo que solicita su rechazo con costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del recurso se colige que el actor estima como vulneratorio de sus derechos constitucionales el retardo de la Dirección del Trabajo Regional de Tarapacá en contestar su correo electrónico del 27 de junio del presente año, mediante el cual requiere al Servicio le informe sobre la vigencia de medida de separación con goce de remuneraciones del trabajador que efectuó denuncia en virtud de la Ley N°21.643, denominada “Ley Karin”.

TERCERO: Que basta revisar el petitorio del recurso para adelantar su rechazo, considerando que la duración de la medida de protección ordenada en favor del trabajador no puede ser determinada por medio de este arbitrio de carácter eminentemente cautelar, de tal manera que sus pretensiones exceden el ámbito de aplicación de esta acción constitucional.

CUARTO: Además, por medio del Oficio Ordinario N°101-32837/2025 de la Dirección del Trabajo, Inspección Provincial del Trabajo, Unidad de Derechos Fundamentales de 18 de julio de 2025, le informó al actor sobre la conclusión del proceso de investigación, encontrando indicios de vulneración, y citó a comparendo de conciliación para el viernes 25 de julio de 2025, de tal modo que el procedimiento administrativo originado por la denuncia del trabajador ha seguido su curso y fue informado su resultado al empleador, subsanándose de ese modo las otras afectaciones denunciadas por el actor, no existiendo un acto ilegal y arbitrario, cuestión que abona el rechazo del recurso.

QUINTO: Que sin perjuicio de lo señalado, cabe observar la excesiva dilación de la Dirección del Trabajo en la tramitación e investigación de la denuncia del trabajador, llamando la atención que siendo una denuncia de enero del presente año, solo se tramitó la investigación después de la interposición del recurso, y rápidamente se finalizó la misma para citar a comparendo el día de mañana, resultando además inexplicable que el Servicio recurrido se haya permitido no contestar la consulta que se le efectuó mediante correo electrónico, dando respuesta ante esta Corte que ello se debía a la falta de personal para la implementación de la Ley N°21.643.

Y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1382-2025 Protección.