Protección contra Servicio de Impuestos Internos

Iquique, treinta y uno de julio de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, chilena, jubilada, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional de Iquique (SII), por estimar que ha incurrido en una actuación ilegal y arbitraria que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que es propietaria del inmueble denominado “Lote Tres”, ubicado en la Chacra “Miraflores”, comuna de Pica, Provincia del Tamarugal, con una superficie de 135.353,79 metros cuadrados (detalla deslindes), actualmente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte a fojas 671 N°642 del Registro de Propiedad del año 2020. En ejercicio de su derecho de dominio, procedió a subdividir el predio conforme al D.L. N°3.516, obteniendo la aprobación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) mediante Certificado N°225/2025, de 14 de mayo de 2025, acreditando que cada lote resultante supera los 5.000 metros cuadrados y mantiene calidad de predio agrícola.

Con el objeto de formalizar la existencia catastral de dichos lotes y cumplir con sus obligaciones tributarias, presentó el 30 de mayo de 2025 la Solicitud F2118 N°469526 ante el SII, requiriendo la asignación de roles provisorios. Sin embargo, mediante oficio de 02 de junio de 2025, el SII denegó la solicitud argumentando que el rol original N°3119-198 presenta superposición con el Plano I-2-454-C.R., emitido por Bienes Nacionales en diciembre de 1989, lo que afectaría la integridad del catastro fiscal. Posteriormente, al consultar en la página web del SII, constató que el sistema arroja el mensaje “No existe una propiedad asociada a este N° de Rol de Avalúo”, lo que, además de impedir la asignación de nuevos roles, genera incertidumbre respecto del dominio inscrito.

Alega que dicha negativa carece de sustento jurídico suficiente y constituye una actuación arbitraria, puesto que la subdivisión fue aprobada conforme a derecho por la autoridad competente, previa consulta a la Ilustre Municipalidad de Pica, y su dominio se encuentra vigente y no ha sido cuestionado por ninguna autoridad. Sostiene que el rechazo de la solicitud afecta gravemente su derecho de propiedad, en particular la facultad de disposición, ya que se le impide disponer de los lotes resultantes de la subdivisión, obstaculizando incluso negociaciones en curso con interesados en adquirir dichos terrenos. Además, estima que se le ha dado un trato desigual respecto de otros propietarios que sí han obtenido roles en condiciones similares, configurando una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Asimismo, señala que el acto administrativo impugnado infringe lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.880, al carecer de fundamentación suficiente, y que la simple referencia a una superposición con un plano de 1989 no justifica la negativa, ni es proporcional frente a una subdivisión reciente, aprobada formalmente y basada en antecedentes técnicos y jurídicos actualizados. De esta manera, el actuar del Servicio de Impuestos Internos perturba ilegítimamente el ejercicio de su derecho de propiedad.

En virtud de lo expuesto, solicita que se acoja el recurso en todas sus partes, ordenando al SII la asignación de roles provisorios a los lotes resultantes de la subdivisión del predio de su propiedad, ubicado en la comuna de Pica, Rol original N.º 3119-198, conforme a lo autorizado por el Certificado N.º 225/2025 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con costas.

Evacua informe el Servicio de Impuestos Internos, indica que la recurrente presentó una solicitud administrativa el 30 de mayo de 2025, bajo la Orden de Trabajo N°4695263, para la asignación de nuevos roles al predio ubicado en “Miraflores LT 19 Lote 3 Pica”, Rol N°03119-00198, acompañando certificado de subdivisión del SAG N°225 de 14 de mayo de 2025. Explica que el Departamento de Avaluaciones del SII revisó los antecedentes, constatando inconsistencias técnicas y superposición geoespacial del lote con la manzana N°3124, incorporada al catastro en base al Plano I-2-454-C.R. de diciembre de 1989. Por ello, mediante Oficio ORD DAV.01.00 N°212 de 02 de junio de 2025, se rechazó la solicitud, informando que no era posible asignar nuevos roles mientras persistiera dicha superposición, lo cual afectaría la integridad del catastro y generaría duplicidad de información territorial.

Argumenta la improcedencia de la acción de protección en primer lugar, debido a la existencia de procedimientos administrativos y jurisdiccionales expresamente establecidos en el Código Tributario para alegar la vulneración del derecho de propiedad. Sin embargo, la recurrente prescindió de dichas instancias y acudió directamente ante esta Corte, lo que contraviene el diseño del sistema legal. Cita los artículos 8 bis, inciso 2° y 155 del Código Tributario y el artículo 1 de la Ley N°20.322 y jurisprudencia del ramo.

En segundo lugar, sostiene que su actuación se ajustó plenamente a la legalidad y estuvo debidamente fundada en antecedentes técnicos. Explica que la asignación de roles tiene un fin estrictamente tributario y se rige por la Ley N°17.235, la Resolución Exenta N°46 de 2017 y la Circular N°15 de 2019. Para proceder con dicha asignación, se requiere que los antecedentes presentados cumplan con requisitos técnicos y legales, incluida la coherencia geoespacial. En el caso de la recurrente, el análisis reveló una superposición territorial con predios ya existentes en el catastro, lo que impide dar curso a la solicitud mientras no se subsanen dichas inconsistencias. Destaca que el certificado del SAG N°225/2025 no valida límites ni coordenadas georreferenciales, por lo tanto, no desvirtúa las observaciones técnicas formuladas.

Precisa que la superposición detectada es entre el lote de la recurrente Rol N°03119-00198 y la manzana N°3124, ya catastrada desde 1996 con respaldo técnico y jurídico. A diferencia de esta, la geometría del lote de la recurrente nunca fue incorporada a la cartografía digital oficial, lo que genera una inconsistencia espacial. Por tanto, mientras no se regularice dicha situación, no es posible asignar nuevos roles. Se advierte que el certificado del SAG no valida aspectos técnicos clave como la demarcación o acceso, y que autorizar roles en estas condiciones podría afectar derechos de terceros.

Con base en lo anterior sostiene que la decisión fue debidamente fundada en el informe técnico ORD. DAV.01.00 N°212, de 02 de junio de 2025, que explicó claramente que la superposición con el plano oficial del Ministerio de Bienes Nacionales imposibilita momentáneamente la asignación de roles. La negativa se basa en razones objetivas, conforme a la normativa vigente, y no constituye una decisión caprichosa ni injustificada. Por tanto, asevera no puede considerarse arbitraria en los términos exigidos por el recurso de protección.

Descarta que existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, ya que su actuar se ha ajustado a la normativa vigente y se ha basado en antecedentes técnicos objetivos. Precisa que ha aplicado el mismo criterio que en cualquier caso similar y la recurrente no ha acreditado situaciones comparables con un resultado distinto. Afirma que la negativa de asignar roles provisorios no afecta el derecho de propiedad ni su atributo de disposición, ya que el rol tiene una función meramente tributaria y su omisión no impide ejercer dominio sobre el bien raíz. Reitera que el certificado del SAG no valida coordenadas ni antecedentes demarcatorios, y que autorizar roles en estas condiciones podría generar conflicto con derechos de terceros por superposición territorial, lo cual refuerza la legalidad y razonabilidad de su decisión.

En consecuencia, solicita el rechazo solicita el rechazo de la acción de protección en todas sus partes con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, en lo medular, del recurso se colige que la actora denuncia que el no otorgamiento de roles provisorios respecto de su inmueble en la comuna de Pica, conforme la subdivisión aprobada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), constituye un acto arbitrario e ilegal, en tanto es discriminatorio y afecta su propiedad, en lo tocante a la facultad de disposición inherente al derecho de dominio, debido a que esta resolución administrativa le impediría transferirlos.

TERCERO: Que basta para rechazar el recurso, el tenor y fundamentos de la decisión recurrida por medio de este arbitrio, desde que es consecuencia del ejercicio de las facultades propias del Servicio de Impuestos Internos, institución a la que le corresponde cotejar los antecedentes de las peticiones que se le formulan y, en este caso, también las características del terreno respecto del cual se solicitó el otorgamiento de roles provisorios, de tal suerte que no existe un acto ilegal y arbitrario de su parte.

CUARTO: Que, por otro lado, siendo inconcuso que la actora es propietaria del inmueble inscrito a su nombre, no existe certeza en cuanto a que el otorgamiento de roles provisorios, de parte del Servicio de Impuestos Internos, sea un derecho reclamable en virtud de este arbitrio constitucional de carácter cautelar y de emergencia, debido a que la autoridad fundó su actuar en la eventual superposición de los lotes con otros inmuebles, en virtud de la aplicación de herramientas de georreferenciación, aplicables en la generalidad de casos, de modo que esta no es la vía idónea para determinar si los roles no fueron asignados de forma ilegal o carente de razonabilidad, siendo objeto de un procedimiento administrativo ante el Servicio o, en su caso, uno de lato conocimiento, los que en todo caso contarán con una mayor oportunidad de prueba y descargos, motivo que abona el rechazo el recurso deducido.

Y visto, además, lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1378-2025 Protección.