Protección contra Centro de Formación Técnica Inacap

Iquique, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Patricio Martínez Fuentes, abogado, en representación de doña nombre reservado, estudiante, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Centro de Formación Técnica Inacap (“INACAP”), corporación de derecho privado del giro de su denominación, representada por doña nombre reservado, Vicerrectora; doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, y doña nombre reservado, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios que afectan garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3 inciso 5°, 4 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que durante el año 2024 fue víctima de acoso por parte de la docente nombre reservado en la Universidad Tecnológica de Chile INACAP sede Iquique, quien, tras establecer relaciones impropias con algunos estudiantes, comenzó a hostigar y humillar a la recurrente al momento en que esta decidió distanciarse.

Tales conductas derivaron en descalificaciones públicas, actos discriminatorios y bloqueos de canales de comunicación académica, lo que afectó gravemente su salud psicológica, debiendo someterse a tratamientos médicos con antidepresivos y ansiolíticos. Frente a ello, la estudiante presentó denuncia formal ante la Universidad, acompañando certificados médicos y antecedentes probatorios, sin que la institución adoptara medidas efectivas para resguardar su integridad.

Asimismo, relata que, a inicios de 2025, tras la salida de la docente cuestionada, un grupo de estudiantes recurrieron, en represalia, interpusieron una denuncia falsa en contra de la actora, lo que dio origen a un procedimiento sumarial instruido por Resolución N°NUM000 de 03 de marzo de 2025 dictada por la Vicerrectoría de INACAP, sede Iquique. Dicho sumario concluyó con la aplicación de la medida disciplinaria de amonestación por escrito, notificada el 28 de abril de 2025, decisión que fue confirmada el 22 de mayo de 2025 por el Comité de Aplicación de Medidas y Sanciones al rechazar el recurso de revisión deducido por la recurrente.

Denuncia como denunciado como ilegal y arbitraria la utilización del reglamento disciplinario para iniciar y concluir un procedimiento sumarial en su contra, basado en denuncias injuriosas y carente de las más mínimas garantías de debido proceso. Alega que el sumario adoleció de múltiples vicios, como la falta de foliación de las piezas, notificación de cargos realizada vía correo electrónico y no personalmente, omisión de acceso al expediente una vez cerrada la investigación, formulación de cargos efectuada por el propio Vicerrector, quien a la vez debía conocer de los recursos, y una reserva absoluta del procedimiento que impidió conocer los medios de prueba utilizados, configurando así una comisión especial proscrita por la Constitución, lo que constituye una vulneración al control de convencionalidad.

Argumenta que tales actuaciones vulneran diversas garantías constitucionales. En primer término, se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica, desde que el hostigamiento académico y estudiantil, sumado a la sanción injusta, han provocado un deterioro grave en la salud mental de nombre reservado, acreditado con informes médicos. En segundo lugar, se infringe la garantía sobre igualdad ante la ley y prohibición de discriminación arbitraria, pues la estudiante fue objeto de un trato diferenciado y hostil como represalia por denunciar a la docente. Asimismo, se conculca el derecho a la honra y vida privada, ya que la recurrente ha sido objeto de difamaciones, burlas y estigmatización dentro de su comunidad académica. Además, se transgrede el debido proceso, toda vez que la investigación disciplinaria careció de imparcialidad, publicidad y bilateralidad. Finalmente, se vulnera el derecho a la educación, dado que las represalias y el procedimiento sancionatorio arbitrario han impedido a la estudiante continuar normalmente con su formación profesional, viéndose apartada de sus compañeros, recibiendo notas deficientes por inasistencia forzada y quedando impedida de asistir a clases.

En virtud de lo expuesto solicita que se deje sin efecto la medida disciplinaria de amonestación por escrito impuesta a la recurrente, mediante la resolución final de 28 de abril de 2025 dictada por la Vicerrectoría Universidad Inacap Sede Iquique y la Resolución de Recurso de Revisión dictado con fecha 22 de mayo de 2025 por el Comité de Aplicación de Medidas y Sanciones Inacap Sede Iquique. Además que se retrotraiga el procedimiento disciplinario Resolución N°NUM000 de 03 de marzo de 2025, dictada por Vicerrectoría Inacap Sede Iquique, a la etapa de notificación y que se ordene a los estudiantes recurridos el cese de las conductas y actos de acoso y agobio estudiantil desarrollados en contra de la recurrente, con costas.

Evacúo informe el Centro de Formación Técnica Inacap, sostiene que el recurso de protección interpuesto es improcedente, pues la institución no ha incurrido en actos ilegales ni arbitrarios que vulneren garantías constitucionales.

Señala que actuó conforme a su normativa interna, en particular al Reglamento Académico General y al Reglamento de Aplicación de Medidas Disciplinarias, aplicando debidamente el principio de confidencialidad en la investigación.

Precisa que el 03 de marzo de 2025, se instruyó un procedimiento sumarial a partir de denuncias formuladas por ocho estudiantes contra la recurrente, el cual concluyó con la aplicación de una sanción de amonestación por escrito mediante resolución de 28 de abril de 2025, confirmada al rechazarse el recurso de revisión el 22 de mayo de 2025. Enfatiza que las alegaciones sobre vicios formales carecen de sustento, pues la normativa no exige foliación del sumario, ni notificación personal de cargos, permitiendo expresamente la comunicación vía correo electrónico. Además, se aclara que el Vicerrector solo comunica los cargos, pero la decisión corresponde al Comité de Revisión de Medidas y Sanciones, órgano colegiado competente.

Sostiene que no ha recibido denuncia formal de la recurrente respecto de actos de hostigamiento por parte de otros estudiantes, limitándose a conocer solo la denuncia contra la docente nombre reservado, la que culminó con su desvinculación. En consecuencia, descarta que se configure infracción alguna al debido proceso, ni menos vulneración de garantías como la integridad psíquica, igualdad ante la ley, honra o derecho a la educación, indicando que la sanción aplicada es de carácter leve y no ha impedido la continuidad académica de la estudiante.

Finalmente, se plantea que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar la medida disciplinaria, existiendo canales específicos ante la Superintendencia de Educación Superior, y que el control de convencionalidad invocado es improcedente al tratarse de una institución privada. Por ello, solicita el rechazo íntegro de la acción, con costas. Acompaña documentos.

Evacúo informe doña nombre reservado, trabajadora social, por si y en calidad de vicerrectora de la sede de INACAP en Iquique, en idénticos términos a lo ya informado por INACAP a folio N°16, toda vez que no cuenta en su poder con ningún antecedente adicional que haga variar lo ya comunicado por la sede. En este sentido solicita que den por expresamente reproducidos en este acto todos los antecedentes contenidos en dicha presentación, solicitando se rechace la acción de protección deducida.

Evacúo informe doña nombre reservado, niega categóricamente los hechos relatados por la recurrente y entrega su propia versión en la que fue nombre reservado quien, en reiteradas ocasiones, ingresó a clases en forma errática, con actitudes de hostigamiento verbal hacia la profesora nombre reservado, llegando a golpear violentamente la puerta de la sala, proferir improperios y amenazar a la docente con perjudicarla cuando no cumplía con los plazos de entrega de trabajos. Añade que estas conductas generaron un ambiente de tensión, afectando especialmente a su compañera nombre reservado, quien presenta condición TEA.

Explica que, debido a estas situaciones, junto a otros compañeros presentó una denuncia formal ante la Universidad INACAP, sede Iquique, lo que derivó en la investigación interna N°NUM001, en la que constan antecedentes sobre la conducta de la recurrente. Respecto de su propia conducta, subraya que siempre ha mantenido un comportamiento respetuoso, con buena asistencia, participación y rendimiento académico, y que jamás ha hostigado ni amenazado a nombre reservado.

Finalmente, solicita que en mérito de lo expuesto se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra, con costas.

Evacúo informe don nombre reservado, niega categóricamente los hechos expuestos por la recurrente, asegurando que jamás la ha discriminado ni acosado. Señala que el rechazo hacia ella obedecía a sus constantes conductas indebidas, ya que ingresaba a clases en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias ilícitas, adoptando un comportamiento errático y agresivo. Relata que en una oportunidad golpeó la puerta de la sala y profirió improperios contra alumnos y docentes.

Precisa que estas actitudes surgían principalmente porque era evaluada con la nota mínima en la mayoría de las evaluaciones debido a su incumplimiento de instrucciones y plazos, e incluso por no respetar el código de vestimenta, desafiando la autoridad de la profesora nombre reservado.

Agrega que nombre reservado manifestaba en reiteradas ocasiones su intención de perjudicar a la mencionada docente, amenazando tanto a ella como a otros compañeros. Indica que estas conductas derivaron en una situación particularmente grave, ya que una compañera con condición TEA sufrió una descompensación a raíz del ambiente generado. Por ello, junto a otros estudiantes, presentó una denuncia formal ante la Universidad INACAP, por temor a su integridad.

Respecto de las acusaciones de hostigamiento o discriminación en su contra, afirma que son totalmente falsas, ya que durante el semestre anterior y el actual no ha tenido contacto alguno con nombre reservado, lo que hace imposible que se hubieran producido los hechos que ella denuncia. Recalca que siempre ha mantenido una actitud positiva y respetuosa, lo que está avalado por docentes y compañeros, y que, en realidad, fue nombre reservado quien mantuvo actitudes erráticas y recibió denuncias y cuestionamientos de sus pares.

Finalmente, solicita que se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra, con costas.

Evacúa informe doña nombre reservado, niega categóricamente las imputaciones formuladas, señalando que son exageradas, sesgadas y no corresponden a la realidad. Afirma que, desde mediados de 2024, tanto ella como otros compañeros presentaron denuncias por las conductas inapropiadas de nombre reservado, consistentes en actitudes agresivas hacia docentes y alumnos, gritos, improperios, amenazas como “lanzar el auto encima”, solicitudes indebidas de trabajos académicos y consumo de sustancias ilícitas.

Relata que al inicio algunos estudiantes intentaron brindarle apoyo por problemas personales, pero que nombre reservado instrumentalizó esa ayuda para exigir favores y beneficios académicos indebidos. Ante las negativas, reaccionó con hostilidad y violencia, enviando mensajes intimidantes en grupos de WhatsApp y realizando expresiones de superioridad y amenaza en clases.

Destaca un episodio crítico en que nombre reservado, tras ser evaluada con descuento por no usar zapatos de seguridad, salió violentamente del aula, azotando la puerta con tal fuerza que ella misma, por su condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA), sufrió una descompensación. A raíz de ello, junto a otros estudiantes presentó denuncia formal ante la jefa de Carrera, nombre reservado, quien levantó un acta, aunque nunca les entregó copia ni les informó avances.

Posteriormente se les indicó que el canal correcto era la plataforma intranet, lo que generó contradicciones y falta de protección institucional.

Sostiene que el proceso investigativo fue tardío y poco transparente, y que, pese a las denuncias, nombre reservado continuó asistiendo a clases con ellos. Añade que posteriormente se enteraron que solo se le aplicó una amonestación escrita, lo que consideraron insuficiente, y que incluso se reveló información confidencial de los denunciantes, ya que nombre reservado envió mensajes ofensivos mencionando sus nombres.

Finalmente, afirma que nunca ha hostigado a la recurrente y que siempre ha intentado mantener distancia para resguardar su salud mental y física.

Concluye que la gestión institucional fue inadecuada y tardía, exponiéndolos innecesariamente a riesgos y afectando su bienestar académico. Solicita que se rechace el recurso de protección en su contra, con costas.

Evacúo informe doña nombre reservado, niega categóricamente las imputaciones formuladas, calificándolas de infundadas, exageradas y sesgadas, pues no reflejan la realidad objetiva de los hechos en la carrera de Técnico en Prevención de Riesgos, mención Gestión de Emergencia, de INACAP Iquique. Señala que durante los años 2024 y 2025 cursó junto a la recurrente el segundo año de la carrera, constatando un comportamiento conflictivo, agresivo e inestable de esta frente a docentes y compañeros. Precisa que la relación de la recurrente con la profesora nombre reservado se quebró tras un incidente en que la docente rechazó una solicitud académica indebida, lo que derivó en una campaña de desprestigio contra ella, incluyendo denuncias infundadas que ocasionaron su salida de la institución, en perjuicio de quienes valoraban su labor.

Agrega que, en defensa de la docente y del ambiente académico, junto a otros estudiantes presentó una denuncia colectiva ante las autoridades de INACAP, ajustada al reglamento estudiantil, negando que ello constituyera acoso o represalia. Rechaza haber incurrido en insultos, burlas o exclusión hacia la recurrente, aclarando que los comentarios realizados fueron en un contexto privado y de preocupación, sin ánimo de humillar. Reconoce la situación personal compleja de la recurrente, pero advierte que ello no legitima imputaciones falsas ni el daño causado a terceros.

Finalmente, que en mérito de sus alegaciones, se rechace el recurso de protección, con costas.

Dado el tiempo transcurrido, se prescinde del informe de los recurridos doña nombre reservado, doña nombre reservado, nombre reservado y don nombre reservado. Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que los actos ilegales y arbitrarios denunciados consisten, por una parte, en el procedimiento sumarial instruido por el Centro de Formación Técnica Inacap en contra de la recurrente, que culminó con la aplicación de la medida disciplinaria de amonestación por escrito, así como en las conductas de hostigamiento que atribuye a los demás recurridos, actos que conculcarían las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 1, 2, 3 inciso quinto, 4 y 10.

Por su parte, la recurrida Inacap sostiene que actuó en todo momento en conformidad con su Reglamento Académico General y su Reglamento de Aplicación de Medidas Disciplinarias y, los demás recurridos, niegan las conductas de acoso que se denuncian.

TERCERO: Que, de los antecedentes acompañados, es posible establecer que la institución recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un procedimiento reglado actualmente vigente, cuyas normas son conocidas y aceptadas por los estudiantes al momento de su matrícula, permitiendo incluso a la recurrente ejercer su derecho a defensa lo que revela que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, sí tomó conocimiento del sumario respectivo y de la formulación de cargos. De este modo, la decisión de aplicar una sanción disciplinaria se adoptó con fundamento en dicho procedimiento, no vislumbrándose vicios de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida.

CUARTO: Que, en lo que se refiere a las denuncias de acoso atribuidas a los estudiantes recurridos, existen en autos versiones contrapuestas sobre los hechos, cuyo esclarecimiento requiere de un procedimiento probatorio de lato conocimiento que excede la naturaleza cautelar y de urgencia de esta acción constitucional.

QUINTO: Que, de lo razonado, no se ha logrado establecer la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de los recurridos que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra del Centro de Formación Técnica Inacap y otros.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 1347-2025 Protección.