Protección contra Zona Franca de Iquique S

IQUIQUE, quince de mayo de dos mil trece.

VISTO:

A fojas 1, don Sergio Salas Arriagada, abogado, en representación de veintiséis usuario de la Zona Franca, recurre de protección en contra de Zona Franca de Iquique S.A., representada por su Gerente General don nombre reservado, sobre la base de los siguientes antecedentes:

Señala que entre los años 2007-2008, ZOFRI S.A. creó el denominado Recinto Amurallado II y arrendó porciones del terreno simulando una subdivisión predial inexistente, lo que se habría reconocido en la causa Rol 1698-E del Primer Juzgado de Policía Local de Iquique, confirmada por esta Corte en autos Rol 34-2010, donde quedó establecido que las construcciones son etapas constructivas del predio signado con el Rol de Avalúo fiscal 85-1, toda vez que no existían manzanas ni sitios. Conforme a ello, los usuarios de Zona Franca, asignatarios y/o arrendatarios de porciones de terreno, contractualmente debían pagar las contribuciones según la proporcionalidad de terreno asignado. Refiere que la recurrida, en forma subrepticia, confeccionó un plano general del denominado Recinto Amurallado II, individualizándolo como plano de asignación de roles, el que entregó al Servicio de Impuestos Internos, y que en dicho instrumento, en forma irregular, le asignaron roles sólo a las etapas constructivas y no a todas las construcciones usadas por ZOFRI S.A. y otros espacios comunes. Sobre la base de este plano, indica, se dictó la Resolución A01/020.2012, por la que se creaban roles de la supuesta manzana 26 y 28, a los supuestos sitios, los que no existen. Agrega que ello supuso que se efectuara una tasación comercial millonaria, fuera de la normativa aplicable.

Sostiene que la recurrida fue notificada de estas tasaciones, allanándose tácitamente al no oponerse dentro de plazo legal, presentando sólo actuaciones que califica como inoficiosas, a saber, recurso de protección ingresado ante esta Corte bajo el Rol 955-2012, y reclamación ante el Tribunal Tributario y Aduanero, las que fueron rechazadas. Conjuntamente con ello, continúa, la recurrida pagó las contribuciones correspondientes a esos nuevos roles de avalúo y luego remitió una factura de cobro a los usuarios, sin dar explicación al respecto. Por su parte, los usuarios hicieron devolución de las facturas, conforme a la normativa prevista en el Código de Comercio. Señala que posteriormente la recurrida nuevamente remitió las facturas, las que nuevamente fueron devueltas por los recurrentes, haciendo presente a ZOFRI S.A. que, dado que jamás existió tal loteo, presentaron reposición administrativa ante el Servicio de Impuestos Internos, el que citó a los directivos y abogados de ZOFRI, exigiéndoles acompañar copia del loteo o subdivisión predial, bajo apercibimiento de declarar la nulidad de tales actos administrativos. Luego, califica todas estas actuaciones de la recurrida como actos que vulneran las garantías constitucionales de la recurrida, agregando que ella, en forma temeraria y amedrentadora, sin esperar la respuesta a la reposición administrativa, en actual tramitación, con fecha 12 de marzo de 2013, envió a todos los usuarios afectados una carta por la cual los amenaza con paralizarle sus operaciones y poner término anticipado a sus contratos de usuarios, si no pagan las facturas hasta el 15 de marzo del año en curso.

Advierte el recurrente que el plano del sector está archivado bajo el Nº 12 del Registro de Planos y Documentos del año 1983, del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, que demuestra que el Recinto Amurallado II no cuenta con subdivisión predial; que en el mismo sentido la Dirección de Obras Municipales, requerida por los usuarios, emitió un oficio ordinario Nº 170-2013, de 18 de febrero de 2013; y que el Servicio de Impuestos Internos reconoció que incurrió en error, ya que ZOFRI no acompañó copia de la subdivisión o loteo, ni del dominio de los supuestos terrenos.

En cuanto al derecho, sostiene que si la recurrida se pretende acreedora, debe recurrir a los Tribunales de Justicia para que en un juicio declarativo se resuelva la procedencia del cobro que ha intentado en su contra; que si la recurrida actuó de buena fe, pagando por los recurrentes, ha incurrido en un error, pagando lo que no debe, y tiene derecho a repetir, pero en contra de quien recibió el pago y no en contra de terceros; y que al amenazar con el término de los contratos, prescindiendo de la actuación judicial, actúa bajo autotutela.

Señala que la actuación del Servicio de Impuestos Internos contraviene lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, ya que la Ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial, y la Circular Nº 38 de 1 de julio de 1997, establecen claramente que los roles de avalúo deben asociarse a un determinado bien raíz, vale decir, un predio, un rol. Por tal razón, indica, es arbitrario e ilegal asignar roles de avalúo por ocupantes de un predio sin que exista una subdivisión predial.

Sostiene que son actos que vulneran garantías constitucionales, que la recurrida no acepte la devolución de las facturas, que quiera aplicar autotutela para la resolución de un conflicto, que amenace con el término de los contratos, que intente cobrar deudas rechazadas por medio de actos legítimos y que intente interpretar los contratos sin respetar un debido proceso. Menciona como garantías infringidas la del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que su actuar embaraza la propiedad de las empresas afectadas, pues los galpones construidos sobre terrenos de la recurrida son de propiedad de los actores, los que perderían con el término del contrato, y el bloqueo de sus operaciones les impedirá comercializar sus inventarios, con la pérdida patrimonial que conlleva; la del Nº 2, porque actúa fuera de sus atribuciones legales, lo que le está vedado constitucionalmente; y la del Nº 3, al intentar un cobro sin forma de juicio y sin derecho para ello.

Por lo expuesto, solicita que se ordene a la recurrida ocurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia si pretende el cobro de las facturas de marras; que se declare que ZOFRI S.A. no cuenta con facultades para paralizar empresas que ejercen su legítimo derecho a impugnar un cobro que consideran improcedente; que se le ordene regularizar la errónea asignación de roles tramitados ante el Servicio de Impuestos Internos; que se le ordene que cualquier apremio deba realizarse a través del órgano jurisdiccional competente; y las demás medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A fojas 41 informa la recurrida, señalando, como preámbulo, que lo que la recurrente pretende es evitar la aplicación de cláusulas contractuales expresamente pactadas por las partes; que es falso que haya pretendido hacer una subdivisión de terreno, loteo o urbanización de loteo existente, categorías contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcción, porque ello es contrario a sus propios fines, que son, entre otros, arrendar lotes de terrenos para la construcción de edificios, industrias, almacenes, depósitos y talleres destinados a los fines del artículo 8º del DFL 341; y que también es falso que su única propiedad tenga un solo rol de avalúo, pues desde el inicio del sistema y bajo el imperio del Decreto Ley 1055, Decreto Ley 2401, D.F.L. 341 y Ley 18.846, el Servicio de Impuestos Internos ha otorgado desde 1977, 948 roles de avalúo individuales para las construcciones dentro del Barrio Industrial. Señala que esa forma de proceder, como se ha reconocido jurisprudencialmente, se asienta en las normas citadas, en la actuación del Servicio de Impuestos Internos y en el reconocimiento del “principio de la confianza legítima de los actos de la administración pública”, pues así ha venido ocurriendo desde los inicios del sistema de zona franca.

Luego, reseña la normativa legal aplicable a las zonas francas y destaca que “sólo para los efectos de su administración” el paño de terreno de ZOFRI ha sido dividido, y no subdividido o loteado, mediante asignación en sitios de diferentes superficies, que son entregados vía contrato a los usuarios, asignándoseles distintos roles de avalúo a cada una de las construcciones; que es de la esencia de las zonas francas el poder concesionar retazos de terrenos a los usuarios, sin poder transferir su dominio, y al efecto, el artículo 60 del Decreto Ley 1939, establece que “la adjudicación de la concesión no liberará al concesionario de la obligación de obtener todos los permisos o autorizaciones que, conforme a la legislación vigente, sean necesarios para el desarrollo del proyecto. Cuando las leyes o reglamentos exijan como requisito ser propietario del terreno en que recae la concesión, los concesionarios podrán solicitar los permisos, la aprobación de los planes de manejo y asistencia técnica y crediticia que se requieran para construir o realizar en el bien concesionado las inversiones necesarias para el cumplimiento del proyecto aprobado”, siendo precisamente esa figura legal la que ha permitido que coexista la dualidad imperante en la Zona Franca de Iquique, respecto del propietario del terreno y propietario de lo que construya sobre su concesión, lo que justifica que se entreguen permisos de edificación y roles de avalúos para cada construcción. Así lo han entendido, indica, todos los usuarios concesionarios desde el inicio de la zona franca y la comunidad toda, y así lo ha interpretado y aplicado el Servicios de Impuestos Internos.

Enseguida, hace una relación de los hechos, destacando que todas las notificaciones por actualizaciones de tasaciones respecto de los galpones ubicados en las manzanas 26 y 28, nunca antes fueron cobradas por el Servicio; que le fueron notificadas fuera del plazo legal para impugnarlas ante el Tribunal Tributario y Aduanero; que el 6 de diciembre de 2012 comunicó las modificaciones de avalúos a los usuarios; que procediendo el Servicio al cobro de las contribuciones, el 28 de diciembre de 2012, en su calidad de única contribuyente, por ser propietaria del terreno, pagó los impuestos adeudados, con el objeto de evitar el pago de intereses y otros recargos; y que luego instó por el cobro de lo pagado a los usuarios afectados, con las devoluciones de facturas ya reseñadas, por lo que el 12 de marzo de 2013 les reitera su obligación contractual de cumplir con todos los pagos y su obligación de pagar las contribuciones por los galpones de su propiedad.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que fue el día 25 de enero de 2013 cuando ZOFRI comunica a los recurrentes el inicio de cobro para el reembolso de lo pagado por contribuciones. Alega, además, la inadmisibilidad del recurso, por cuanto el debate recae sobre la procedencia o no de la aplicación de cláusulas contractuales, materia cuyo conocimiento corresponde a los tribunales ordinarios de justicia. Señala, también, que el recurso adolece de fundamentación legal de las hipótesis que lo hacen procedente. Refiere que no existe un acto arbitrario o ilegal de su parte, que el recurrente no señala cuál sería la ilegalidad o arbitrariedad, como lo exige la Carta Fundamental; que si la conducta que se denuncia es el otorgamiento de roles de avalúo, tal actuación corresponde al Servicio de Impuestos Internos y no a ZOFRI, y que toda su actuación se ha enmarcado tanto en la ley, como en el contrato que liga a las partes. Al respecto, refiere que es precisamente el contrato el que estipula expresamente que los usuarios se obligan al pago de las contribuciones y que el incumplimiento de tal obligación, entre otras, da derecho a la recurrida, conforme al Reglamento Interno Operacional y a mismo contrato, a bloquear las operaciones del sistema de visación remota y a poner término a la relación contractual. De manera que no ha habido ni arbitrariedad ni ilegalidad, pues tales normas reglamentarias y contractuales son aplicadas a todos los usuarios de Zona Franca. Por lo mismo, continúa, no se ha vulnerado el derecho a la igualdad, previsto en el citado Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ni tampoco se ha constituido en comisión especial (entendiendo, dice, que a esa garantía se refiere el recurrente cuando invoca genéricamente el Nº 3 de esa disposición constitucional), porque es el Reglamento Interno de Operación (RIO) y el contrato, suscrito por cada uno de los actores, los que la facultan para aplicar las sanciones antes descritas, lo que ha sido ya declarado por esta Corte en autos de Protección Rol 35.833 y Rol 906-2006. Por último, señala que tampoco se ha afectado el derecho de propiedad, porque actúa en pleno uso de la autonomía de la voluntad, manifestada en los contratos suscritos por las partes, de modo que al desconocer ahora dicha convención, los actores actúan de mala fe, pretendiendo un trato privilegiado respecto de otros usuarios a quienes se les aplica la misma normativa.

Por ello, pide que se rechace el recurso, por extemporáneo, y en subsidio, que se lo declare inadmisible, por invocar materias de orden contractual; o en su caso, rechazarlo por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, con costas.

A fojas 177, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para el progreso de la acción contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es menester que exista una privación, perturbación o amenaza a alguna de las garantías que esta norma resguarda, ello con ocasión de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, puesto que su preciso y exclusivo objetivo es el amparo de aquellos derechos que, por ser consustanciales a la naturaleza humana, requieren de un sistema ágil y eficaz para su permanente vigencia.

SEGUNDO: Que sentado lo anterior, surge de inmediato su lógica consecuencia, esto es, que quien deduce la acción de que se trata sea, efectivamente, titular del derecho cuya tutela reclama, con tal grado de certeza que descarte al tribunal toda duda en torno a su legitimidad de ejercicio.

TERCERO: Que el origen de los hechos que constituyen la infracción constitucional, se encuentran, según los actores, en el comportamiento de la recurrida, que habría confeccionado un plano general del denominado Recinto Amurallado II, individualizándolo como plano de asignación de roles, el que entregó al Servicio de Impuestos Internos, y que en dicho instrumento, en forma irregular, le asignaron roles sólo a las etapas constructivas y no a las construcciones usadas por ZOFRI S.A. y otros espacios comunes, y que sobre la base de este plano, se dictó la Resolución A01/020.2012, por la que se creaban roles de las supuestas manzanas 26 y 28, a los supuestos sitios, lo que no existen y ello permitió que se efectuara una tasación comercial millonaria, fuera de la normativa aplicable; que la recurrida pagó las contribuciones correspondientes a esos nuevos roles de avalúo sin informar a los usuarios y luego les remitió una factura de cobro, sin dar explicación al respecto; que los usuarios hicieron devolución de las facturas, conforme a la normativa prevista en el artículo 160 del Código de Comercio, y la recurrida nuevamente remitió las facturas, las que fueron devueltas una vez más por los recurrentes, haciendo presente a la recurrida que, como acreedora, debía recurrir a los Tribunales Ordinario de Justicia para que en un juicio declarativo de lato conocimiento, se resuelva la procedencia del cobro de dichas facturas a los usuarios, y que, además, dado que jamás existió tal loteo, presentaron reposición administrativa ante el Servicio de Impuestos Internos, que citó a los directivos y abogados de ZOFRI, exigiéndoles acompañar copia del loteo o subdivisión predial, bajo apercibimiento de declarar la nulidad de tales actos administrativos. Luego, los recurrentes califican todas estas actuaciones como actos que vulneran sus garantías constitucionales, agregando que la recurrida, en forma temeraria y amedrentadora, sin esperar la respuesta a la reposición administrativa, en actual tramitación, con fecha 12 de marzo de 2013, envió a todos los usuarios afectados una carta por la cual los amenaza con paralizarles sus operaciones y poner término anticipado a sus contratos de usuarios, si no pagan las facturas hasta el 15 de marzo del año en curso.

CUARTO: Que conforme con lo expuesto, los recurrentes fundamentan la presente acción constitucional en las expresiones vertidas en la carta de fecha 12 de marzo del año en curso, que la Sociedad Zona Franca de Iquique S. A. envió a los Usuarios que recurren, y que éstos estiman vulneran garantías constitucionales, pues la recurrida no acepta la devolución de las facturas de impuesto de contribuciones; quiere aplicar autotutela para la resolución del conflicto, al amenazar con el término de los contratos a los usuarios; que intenta cobrar deudas rechazadas por medio de actos ilegítimos y que intenta interpretar los contratos sin respetar un debido proceso. Por ello señala que las garantías infringidas son: la del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que su actuar embaraza la propiedad de las empresas afectadas, pues los galpones construidos sobre terrenos de la recurrida son de propiedad de los actores, los que perderían con el término del contrato, y asimismo, el bloqueo de sus operaciones les impediría comercializar sus inventarios, con la pérdida patrimonial consecuente; la del Nº 2, porque actúa fuera de sus atribuciones legales, lo que le está vedado constitucionalmente; y la del Nº 3, al intentar un cobro sin forma de juicio y sin derecho para ello.

QUINTO: Que en cuanto a la extemporaneidad del recurso planteado por la recurrida, quien señala que fue el día 25 de enero de 2013 cuando comunicó a los recurrentes el inicio del cobro para el reembolso de lo pagado por contribuciones, deberá desestimarse, por cuanto los hechos en que se fundamenta el recurso están contenidos en la carta de 12 de marzo del año 2013, enviada por ZOFRI. S.A. a los recurrentes, en la cual comunica a los usuarios acerca de poner término anticipado a los contratos. En consecuencia, la acción de protección no es extemporánea SEXTO: Que de los antecedentes agregados a los autos, aparece que la sociedad recurrida, con fecha 12 de marzo del año 2013, envió a través de su Gerencia General, a cada uno de los usuarios recurrentes una carta, cuya referencia es el contenido del contrato de Usuario con instalaciones propias en las materias que indica. En la señalada carta se les recuerda que el Usuario deberá pagar el impuesto territorial que le corresponde al sitio y galpón que ocupe. Agrega que el simple retardo en el pago de dichas prestaciones e impuestos territoriales constituirá en mora al usuario, y hace presente que el no pago oportuno del impuesto territorial correspondiente a los sitios asignados, es causal de término anticipado de su contrato de usuario.

También se hace presente en la carta, que la obligación contractual de pagar el impuesto territorial se encuentra plenamente vigente y no se ve afectada en modo alguno por el hecho de que el usuario tenga observaciones o discrepancias en cuanto al criterio utilizado en el Servicio de Impuestos Internos en la aplicación de sus facultades de cobro del impuesto territorial a las propiedades que, en el caso especificado, se encuentran asignadas a las empresas, en virtud de un contrato suscrito con la administradora.

En el penúltimo párrafo de la carta en cuestión se dice textualmente “En virtud de lo señalado, reiteramos a Ud. que la factura que consigna el valor de su obligación de pago de impuesto territorial correspondiente al sitio asignado a vuestra empresa vence el día 15 de marzo de 2013, transcurrido el cual se ejercerán, por parte de la administradora, las acciones que vuestro contrato faculta al efecto. La mencionada factura se encuentra a su disposición en nuestras oficinas de la gerencia de administración y finanzas, ubicadas en el segundo piso del edificio convenciones”.

SÉPTIMO: Que en la carta de fecha 12 de marzo de 2013, ya referida, se apercibe a los usuarios en el sentido que si no pagaren el impuesto territorial correspondiente al sitio asignado transcurrido el día 15 de marzo de 2013, se ejercerán, por parte de la administradora, las acciones que el contrato respectivo faculta, haciendo presente que el no pago oportuno del impuesto territorial, es causal de término anticipado del contrato.

OCTAVO: Que los contratos celebrados entre las partes e incorporados a estos antecedentes por la parte recurrida, contienen la obligación de los usuarios de pagar el impuesto territorial que comprende los sitios y galpones que ocupen, y que, el simple retardo en el pago de las prestaciones y en el pago del impuesto territorial, los constituyen en mora, obligación que también está contenida en los artículos 73, 74 y 75 del Reglamento Interno Operacional (RIO), aplicable por disposición de los mismos contratos, en todo aquello que no se hubiere estipulado.

NOVENO: Que asimismo, en los contratos celebrados entre las partes, se estipula, de conformidad al capítulo VIII del Reglamento Interno Operacional, que en caso que el usuario incurriere en incumplimiento, simple retardo o mora total o parcial, en el pago de cualquier obligación en dinero con ZOFRI. S.A., ésta queda automáticamente facultada para bloquear las operaciones del usuario en el sistema de visación remota, lo que le impedirá efectuar la visación de sus documentos.

DÉCIMO: Que de acuerdo con lo señalado precedentemente, es posible concluir que el contenido de la carta de fecha 12 de marzo de 2013, en que la recurrida anuncia el ejercicio de las facultades que le otorgan tanto los contratos de usuarios, celebrados con los recurrentes, y sobre cuya validez ninguna cuestión se ha formulado, no puede calificarse de ilegal o arbitrario. En efecto, no puede estimarse una afectación al derecho de propiedad de los recurrentes respecto de los galpones construidos en los terrenos de dominio de Zona Franca, cuya propiedad no se discute por la recurrida en el documento en que se sustenta el recurso, ni por otro lado, el bloqueo del sistema de visación de documentos tampoco lo puede ser, ya que ZOFRI. S.A. se encuentra facultada por contrato para actuar de la manera que lo pretende. Tampoco se advierte que haya ejercido actos propios de autotutela, pues en la especie no se trata del funcionamiento de una comisión especial que atente contra la garantía constitucional del N° 3 de la Carta Fundamental, ya que solo se hace presente en dicho documento, de las cláusulas del contrato relativas al incumplimiento de obligaciones por parte de los usuarios, y por ello tampoco se ha conculcado el principio de igualdad ante la Ley.

UNDÉCIMO: Que en consecuencia, no se ha acreditado en estos antecedentes que el envío de las misivas por parte de Zofri S.A. a los usuarios haya podido conculcar las garantías constitucionales que invocan los recurrentes, por lo que no concurriendo en la especie los presupuestos necesarios que hagan procedente la acción cautelar de protección, ésta será desestimada.

Por lo considerado y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción de protección interpuesta en lo principal de fojas 1.

Atendido lo resuelto, se dispone el alzamiento de la orden de no innovar decretada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

Rol Nº 131-2013 Civil (Protección).

Pronunciada por los Ministros Titulares Sr. ERICO GATICA MUÑOZ, Sr. nombre reservado y el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Subrogante.

En Iquique, a quince de mayo de dos mil trece, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.

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