Protección contra Servicio de Impuestos Internos

Iquique, diecinueve de abril de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparecen nombre reservado y Roberto Báez Castillo, abogados, en favor de nombre reservado, y la Sociedad Constructora y Servicios de Ingeniería B.R.I Ltda., por quienes recurren de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por atentar en contra de los derechos reconocidos en el artículo 19 N° 21 y N° 22 de la Constitución Política de la República.

Expresan que el Sr. nombre reservado es socio y representante de la sociedad recurrente, quien no puede acceder al sistema de facturación gratuito del SII debiendo recurrir al sistema privado de facturación Softland. Explican que el Sr. nombre reservado siempre había podido usar el sistema web del SII y el sistema de facturación privado aludido, sin embargo, desde un tiempo se ha visto privado de usar tal sistema por impedirlo el SII, sin perjuicio que cada vez que la sociedad recurrente necesita timbrar y emitir facturas, debe pedir la autorización de folios para facturar con anticipación mediante una petición administrativa electrónica en un formulario y después de varios días, previos llamados e insistencia al SII, autorizan un número restringido de folios para su descarga y emisión de facturas.

Puntualizan que el 21 de febrero de 2022, la sociedad recurrente mediante su contador pidió una solicitud administrativa en la página del SII sobre autorización de folios, petición resuelta el 2 de marzo de 2022, autorizándose 12 folios. Explican que autorizados los folios, el proceso de facturación se torna personal, así, el Sr. nombre reservado desde su sitio personal y con su firma electrónica tramita la gestión, sin embargo, en dicha tramitación aparece en la página del SII que la persona autenticada no puede realizar el trámite ya que figura con situación pendiente de delito tributario, por lo que el contador se comunicó con el abogado Glauco Morales, quien le indicó que los folios estaban autorizados debiendo asignar otra persona para que descargara el archivo y que sólo el Sr. nombre reservado estaba bloqueado, por lo que se cambió la persona autorizada para emitir la factura quedando el Sr. nombre reservado impedido de emitir facturas de su empresa.

Precisan que también es ilegal la restricción que impone el SII a la empresa en cuanto se niega el timbraje de facturas y su emisión sin que previamente se presente una petición ante el SII de autorización restringida de folios, lo que atenta en contra del artículo 8 ter del Código Tributario.

Destacan que los protegidos no se encuentran en ninguna de las situaciones de las letras b), c), ni d) del artículo 59 bis del Código Tributario, que habilite al SII para revocar, restringir, ni diferir el timbraje de documentos, ni prohibición de utilización de otros medios o aplicaciones del mismo Servicio.

Piden se acoja el recurso, ordenándose al SII que deje sin efecto el impedimento para descargar archivos de folios, solicitar timbraje, emitir facturas electrónicas y cualquier otro documento tributario, eliminando cualquier denegación o restricción de descarga de folios, timbraje de facturas y emisión de documentos, autorizándole a emitirlas normalmente, pudiendo utilizar todas las aplicaciones de la página web del SII y dejar sin efecto toda medida restrictiva que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas, además, se elimine la obligación ilegal de presentar una petición administrativa para que le autoricen de forma restringida la autorización de folios para facturar, pudiendo hacerlo directa y libremente, con costas. Acompañan documentos.

Informa nombre reservado, Directora Regional del SII; indica que para operar y emitir documentos tributarios electrónicos por la sociedad recurrente, se autorizó a su representante legal nombre reservado, a nombre reservado y a nombre reservado, para actuar como usuario administrador de documentos tributarios electrónicos al interior de la empresa; alude, que la última factura electrónica de la sociedad recurrente se emitió el 4 de abril de 2022; precisa, que el Sr. nombre reservado no está habilitado para emitir facturas como persona natural, ya que cesó en sus actividades, dando el aviso de término de giro el 9 de junio de 2017, careciendo de un giro y/o actividad gravada con el impuesto de las Ventas y Servicios que justifique la emisión de tales documentos.

Alega la extemporaneidad de la acción en relación a la sociedad recurrente, desde que el 10 de noviembre de 2020 aquella formuló su primera petición administrativa solicitando la autorización de folios para la emisión de documentación tributaria electrónica, así, la sociedad recurrente ha tenido conocimiento desde hace más de un año de lo que estima una restricción ilegal y arbitraria; arguye la falta de oportunidad del recurso en relación al Sr. nombre reservado, desde que actualmente no registra actividad alguna por la que necesite, ni deba emitir documentación tributaria electrónica, luego, respecto de la sociedad recurrente, refiere que ha emitido sus documentos tributarios electrónicos normalmente, incluso, ha sido el Sr. nombre reservado quien como su representante legal ha continuado emitiéndolos con posterioridad a la fecha que según la recurrente se habría principiado la afectación de garantías constitucionales, así, el 4 de abril de 2022 la sociedad recurrente mediante el Sr. nombre reservado emitió la factura N° 343 y en seguida la sociedad recurrente ha solicitado y obtenido autorización de los folios para la emisión de DTE necesarios para el desarrollo de su giro a través del propio Sr. nombre reservado y los Sres. nombre reservado. Hace presente, que el Sr. nombre reservado se encuentra querellado por la comisión de delitos tributarios, habiéndose registrado en sus sistemas internos de información mediante anotación causal 4001. Precisa que el 17 de marzo de 2022, se levantó la referida anotación, dejando constancia mediante una observación de timbraje, con lo cual, en su calidad de representante legal y autorizado para la emisión de documentos electrónicos, no es posible que actualmente le afecte restricción para solicitar autorización de folios, descargarlos en el Software de mercado y emitir documentación electrónica.

Sostiene la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de su parte en relación a la sociedad recurrente, y precisa que las anotaciones que el Servicio practica en sus sistemas informáticos se sustentan en el artículo 1 del Código Tributario y 1 de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, de manera que se han creado anotaciones en los registros del Servicio, de uso interno, que constituyen alertas respecto de determinados contribuyentes; destaca, que la anotación 4103, por encontrarse la sociedad siendo objeto de un procedimiento de recopilación de antecedentes por delitos tributarios, tan sólo implica que la autorización de folios para la emisión de documentos tributarios electrónicos, que dan derecho a crédito fiscal, la efectuará un fiscalizador, así, efectuar estas anotaciones está justificado, por otro lado, los efectos de dichas anotaciones conllevan únicamente que deberá efectuar una petición administrativa para autorizar la documentación electrónica, tal como si fuese el timbraje de documentos en papel.

Explica en relación con la emisión de DTE, que se requiere usar un sistema de facturación electrónica, existiendo dos, uno proporcionado por el Servicio mediante su descarga gratuita, y otro proporcionado por terceros denominado software de mercado o sistema privado de facturación, y en el caso de estos últimos para la emisión de documentación tributaria electrónica resulta necesario usar pasos previos, tales como la inscripción ante el Servicio, un proceso de certificación con el SII, quien debe verificar que los DTE cumplan las normas, acreditación de actividad, domicilio y autorización de folios electrónicos, entre otros; así, todo contribuyente que usa este tipo de software de mercado debe presentar una solicitud expresa mediante el portal web del Servicio, autenticado con su RUT y clave, el contribuyente solicita el rango de folios de documentación tributaria electrónica, autorizándose de acuerdo con un algoritmo la cantidad necesaria para el desarrollo de su giro, hecho lo anterior, y autorizado un número determinado de folios electrónicos, el sistema proporciona al contribuyente una clave alfanumérica que debe ser cargada en el software de mercado usado por el contribuyente, habilitándose el número de folios siguiendo la numeración correlativa del documento electrónico. Puntualiza que en el caso de la sociedad contribuyente, la necesidad de presentar una petición administrativa por el portal del Servicio, para autorizar los folios requeridos, obedece al procedimiento operativo regulado para el sistema que administra la Factura Electrónica Propia o de Mercado, para mantener una interacción periódica con los contribuyentes autorizados como facturadores electrónicos. Aclara que la necesidad de presentar una petición administrativa, no implica una denegación, limitación o restricción de la autorización de folios para la emisión de DTE, sino que, en consideración al derecho de los contribuyentes a que se le autoricen los documentos tributarios que sean necesarios para su giro, sólo un cambio de canal de atención del contribuyente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del recurso resulta posible deducir que se reclama en contra de la recurrida por dos motivos, a saber, porque el Sr. nombre reservado, socio y representante de la sociedad recurrente, estaría bloqueado para emitir facturas por dicha empresa; y porque las restricciones que impone el Servicio de Impuestos Internos a la misma sería ilegal, desde que se niega el timbraje de facturas y su emisión, requiriéndose que previamente se presente una petición de autorización restringida de folios.

TERCERO: Que de los antecedentes allegados a la presente causa, ponderados conforme a las reglas de la sana crítica, no se advierte la ocurrencia actual de alguna conducta ilegal o arbitraria de la recurrida que afectare los derechos reclamados como conculcados por los recurrentes.

En efecto, en relación al bloqueo alegado respecto del Sr. nombre reservado para solicitar y emitir documentos tributarios aparece, en primer lugar, que aquél no se encuentra habilitado para emitir facturas como persona natural, ya que cesó en sus actividades y dio aviso de término de giro el 9 de junio de 2017, por lo que al carecer de una actividad gravada con el impuesto de las Ventas y Servicios que justifique la emisión de los documentos requeridos, no le está permitido, lo que no obsta a que en su condición de representante de la sociedad recurrente pueda realizarlo, situación que en los hechos ha sucedido, en la medida en que incluso después de la interposición de esta acción de protección, a saber, el 4 de abril de 2022, la sociedad recurrente, mediante el mencionado Sr. nombre reservado, emitió la factura N° 343.

CUARTO: En el mismo sentido, la mencionada sociedad no ha visto mermada su capacidad de actuación, en la medida en que tanto el Sr. nombre reservado, como los Sres. nombre reservado, representantes de aquella para estos efectos, pudieron haber solicitado y obtenido la autorización de los folios para el desarrollo de su gestión, debiendo observarse que si bien la anotación en el sistema interno de información del Servicio, actualmente rebajada, del Sr. nombre reservado, como querellado por delitos tributarios, pudo amagar la actividad la empresa, hoy se encuentra solucionada.

QUINTO: Por otra parte, en relación a la necesidad de autorización del recurrido para el timbraje y emisión de facturas, resulta menester advertir que aquello no resulta más que el proceso necesario en el caso de los sistemas de software de mercado o sistemas privados de facturación, los que se encuentran sujetos al cumplimiento de varios pasos necesarios para su validación y que en definitiva permiten la obtención de una cierta cantidad de folios relacionados con un número aproximado de operaciones a realizar dentro de su giro, circunstancia que, en consecuencia, no implica la denegación o restricción que la recurrente supone, y que por lo mismo no puede ser considerada como un acto arbitrario o ilegal.

SEXTO: Que así las cosas, no apareciendo de las alegaciones de los actores y los antecedentes analizados, que la recurrida haya realizado una acción u omisión arbitraria o ilegal reparable por la vía de esta acción cautelar, y desprendiéndose de los mismos que a la fecha la empresa recurrente no tiene problemas para operar con los documentos tributarios necesarios para ejercer su giro, lo que hace que el presente arbitrio pierda sustento fáctico, es que el mismo no podrá prosperar.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 129-2022 Protección.

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