RUFINO ANDRES CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS EIRL CONTRA SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS IQUIQUE

Iquique, treinta de junio de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Michael Fajardo Varas, abogado, en representación de la empresa Rufino Arnez Construcciones Electromecánicas EIRL, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos (“SII”), por actos ilegales y arbitrario que afectan gravemente las garantías consagradas en el numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 12 de mayo de 2025, al intentar suscribir un convenio de pago de deudas tributarias ante la Tesorería General, el contador de la sociedad fue informado de que la empresa se hallaba bloqueada por el SII con “bloqueo tipo 6”, impidiéndole realizar cualquier gestión de pago; al requerir mayores antecedentes, se comunicó que dicho bloqueo obedecía a una querella penal entablada contra el representante legal por supuesto uso malicioso de facturas falsas, investigación que se encuentra apenas en etapa preliminar, sin formalización ni notificación alguna al afectado Considera que la medida carece de fundamento legal expreso, vulnera los artículos 6 y 7 de la Constitución—principio de legalidad de los órganos del Estado—y contraviene los derechos del contribuyente previstos en los numerales 14, 15 y 16 del artículo 8 bis del Código Tributario, los cuales prohíben actuaciones que afecten el normal desarrollo de la actividad económica sin previa notificación que informe su naturaleza, alcance y motivación Alega, además, discriminación económica arbitraria y violación del debido proceso, pues la empresa nunca fue notificada de la querella ni de la resolución que dispuso el bloqueo, de modo que no ha tenido oportunidad de ejercer defensa ni de conocer los fundamentos fácticos y jurídicos que lo sustentan.

Sostiene que la restricción aplicada impide cumplir con las obligaciones tributarias, afecta la reputación comercial y paraliza contratos en curso, perturbando ilegítimamente el ejercicio de la actividad económica lícita de la empresa. Solicita que se ordene al SII subsanar todo tipo de restricciones que afecten el acceso del recurrente a su página web del SII, desbloqueando la clave de ingreso a la mentada plataforma, con costas. Acompaña documentos.

Evacúa informe el Servicio de Impuestos Internos, solicita el rechazo íntegro del recurso y, en primer término, alega su extemporaneidad fundado en que la anotación informática 4001—que advierte la existencia de una querella por delitos tributarios—fue incorporada al sistema el 23 de diciembre de 2024 y quedó visible en el portal “Mi SII, por lo que el plazo de treinta días del auto acordado se habría vencido antes de la presentación del recurso el 30 de mayo de 2025. En subsidio alega la improcedencia del recurso por no existir acto ilegal o arbitrario ni afectación de garantías constitucionales.

En cuanto al fondo, sostiene que la anotación 4001 es legal y no constituye “bloqueo” alguno a la actividad del contribuyente ya que se trata de un registro permitido por el artículo 2° del DFL N.º 3 de 1969 y el artículo 6 del Código Tributario, destinado a alertar a los funcionarios sobre procesos penales abiertos; su uso ha sido validado por la jurisprudencia administrativa y judicial. Explica que dicha anotación, no impide pagar impuestos, pero sí excluye—conforme a la Circular N.º 50/2016 y a la política conjunta SII-Tesorería—el acceso a convenios de pago y a condonaciones mientras subsista la querella, de la misma forma que ocurre con cualquier contribuyente querellado.

Detalla que la querella fue presentada el 17 de diciembre de 2024 (RIT O-5700-2024) por uso malicioso de 21 facturas ideológicamente falsas en periodos 2019-2023, con un perjuicio fiscal total de $ 670.096.914; dicha situación genera la causal de exclusión prevista en el numeral 6 del anexo 3 de la Circular 05/2016 de Tesorería, que niega convenios y condonaciones a contribuyentes querellados, sin afectar su facultad de pagar directamente las deudas.

Respecto de las garantías invocadas, el SII sostiene que el recurso no cubre el “debido proceso” salvo en lo relativo a juicios por comisiones especiales, que aquí no se configura; que la libertad de emprendimiento no se ve menguada porque la sociedad sigue operando y puede cumplir sus obligaciones; y que no existe discriminación económica, ya que las exclusiones se aplican objetivamente a todo contribuyente querellado. En consecuencia, concluye que no hay acto ilegal ni arbitrario atribuible al Servicio y que el recurso debe desestimarse. Acompaña documento.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que el recurso se funda, en términos generales, en el actuar ilegal y arbitrario del Servicio de Impuestos Internos consistente en el bloqueo de claves para actuar en los sistemas virtuales de dicha entidad, lo que le impediría concretar un acuerdo de pago por impuestos adeudados con la Tesorería General de la República.

TERCERO: En primer lugar, se desechará la alegación formal de extemporaneidad deducida por el servicio recurrido, toda vez que el actor plantea un acto de bloqueo de claves permanente en el tiempo, manteniéndose la vigencia del presunto acto vulneratorio.

CUARTO: Por otro lado, en cuanto al fondo, cabe destacar que la recurrente está siendo objeto de una investigación penal por delitos tributarios, consistente en el uso de facturas ideológicamente falsas y declaraciones de renta maliciosamente falsas, cuestión que, conforme a la normativa interna y circulares, tanto del Servicio de Impuestos Internos como de la Tesorería General de la República, implica la imposibilidad de llegar a convenios de pago, en los términos que expone en su recurso.

QUINTO: De esta manera, no se advierte de parte del Servicio de Impuestos Internos un actuar ilegal o arbitrario que atente contra alguna de las garantías invocadas por la empresa recurrente, desde que no acreditó la existencia o términos de un convenio de pago con la Tesorería General de la República, que en su escrito supone obstaculizado por el actuar de la recurrida, y, por otro lado, no se demostró en estos antecedentes que, efectivamente, tuviera sus claves bloqueadas, por el contrario, el informe del servicio da cuenta que puede continuar la emisión de documentos tributarios, incluso después de la querella, porque la anotación 4001 no genera restricciones en su ciclo de vida como contribuyente.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°1286-2025 Protección.