Protección contra Tesorería General de la República Región de Tarapacá

Iquique, veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece doña Paulina Tara Tesorieri, abogada, a favor de don nombre reservado, por quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Tesorería General de la República Región de Tarapacá, por atentar en contra de su garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 24, de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrida compensó ilegalmente la suma de $5.000.000.-, que debía serle pagada por el Fisco de Chile, en virtud de transacción judicial aprobada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, en la causa O-76-2023. El monto fue ordenado a pagar por la Resolución Exenta N°2388, de 12 de agosto de 2024, emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, al momento de realizarse el pago, la TGR compensó la totalidad de la suma en favor del Fisco.

Manifiesta que tomó conocimiento de esta compensación el 28 de octubre de 2024, cuando se le entregó un comprobante de egreso que detallaba la operación.

Argumenta que la compensación realizada por la recurrida es ilegal y arbitraria, ya que vulnera principios fundamentales de seguridad jurídica y excede sus facultades legales. Sostiene que el crédito del recurrente, derivado de una sentencia judicial en materia laboral, no puede ser objeto de compensación tributaria al tratarse de derechos de propiedad protegidos constitucionalmente. Además, resalta que la Tesorería no notificó al recurrente sobre la existencia de la deuda compensada ni realizó un acto administrativo formal que justificara esta acción, incumpliendo con las disposiciones de la Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

Enfatiza que la compensación no puede operar de manera automática en créditos laborales, pues se requiere un procedimiento específico y formal que garantice los derechos del contribuyente, lo cual no se cumplió en este caso.

En suma, pide que se deja sin efecto la retención y posterior compensación de un monto de hasta $5.000.000, debiendo ser la referida suma restituida inmediatamente por la recurrida al recurrente, dentro de tercero día, con los reajustes e intereses legales que procedan en conformidad a lo señalado por la Resolución Exenta N°2388 de 12 de agosto de 2024 y, se adopte toda otra medida o providencia que se juzgue necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, con costas. Acompaña documentos.

Evacúa informe don nombre reservado, director regional tesorero (s) de la Tesorería Regional de Tarapacá – Iquique, quien indica que, si bien mediante Resolución Exenta N°2388 de 12 de agosto de 2024, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ordenó al Servicio de Tesorerías pagar al recurrente la suma de $5.000.000.-, en cumplimiento de la transacción suscrita y presentada por las partes ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, en causa RIT O-76-2023, dicho pago no se verificó por cuanto, a esa data operó una compensación entre deudas reciprocas de la recurrente y del Fisco.

Explica que al momento de verificarse el pago, en uso de sus facultades legales, procedió a compensar la deuda tributaria del recurrente que daba cuenta el formulario 21, folio N°3317700, con el crédito a su favor de que daba cuenta la resolución dictada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ascendió a la suma de $5.000.000.-.

Sostiene que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, pues se encuentra plenamente respaldado por las facultades legales que le otorga el artículo 6 del D.F.L. N°1, de 1994. Según la recurrida, la compensación realizada constituye un legítimo ejercicio de su facultad administrativa para extinguir obligaciones de forma automática, siempre que concurran requisitos de reciprocidad, liquidez y exigibilidad entre las deudas involucradas.

Asimismo, argumenta que no se vulneró el derecho de propiedad de la recurrente, ya que la compensación es un mecanismo legalmente regulado que opera por el solo ministerio de la ley. Invoca precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema que avalan la legalidad de estas actuaciones.

En cuanto a las alegaciones de arbitrariedad e ilegalidad de la compensación, que cuestionan la inexistencia de un procedimiento judicial previo y la ausencia de una norma que permita a Tesorería realizarla, señala en primer lugar, que no es cierto que Tesorería no haya demandado esas deudas, ya que consta en el expediente administrativo Rol N°1021, de la comuna de Iquique, del año 1999, que el recurrente fue notificado y requerido de pago por su deuda tributaria, proceso en el cual no interpuso excepciones, por lo que la deuda era plenamente exigible al momento de la compensación. En segundo lugar, la facultad de Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos contra el Fisco está claramente establecida en el artículo 6° del D.F.L. N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que regula el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías. Esta norma debe interpretarse en conjunto con los principios del Código Civil sobre la compensación como modo de extinguir obligaciones, lo que desvirtúa la afirmación de que no existe base legal para dicha acción.

Por tanto, solicita el rechazo del recurso, señalando que el procedimiento cuestionado responde estrictamente a las competencias conferidas por la ley y no vulnera garantías constitucionales, con costas. Acompaña antecedentes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Del recurso se desprende que lo reprochado a la institución recurrida es la retención y compensación de una suma de dinero que debía pagarse a la recurrente, en virtud de una transacción acordada con el Fisco de Chile en juicio laboral, lo que conculcaría su derecho de propiedad, contenido en artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

A su vez, la institución recurrida sostiene que, en este caso operó una compensación en los términos del artículo 1656 del Código Civil, como modo de extinguir las obligaciones y no retención de devolución de impuesto a la renta, encontrándose facultada para compensar deudas, compensación que opera por el solo ministerio de la ley y, encontrándose la deuda impaga a la época de la compensación.

TERCERO: Que, de lo expuesto y analizadas las normas legales que sustentaría la actuación de la Administración, se divisa un actuar evidentemente ilegal y arbitrario, toda vez que, en primer término, se ha controvertido y cuestionado que la deuda de la recurrente sea actualmente exigible, y, por otro lado, la autoridad recurrida únicamente ha justificado su actuar en la norma general del artículo 1656 del Código Civil, lo que resulta insuficiente ante la entidad del acto reprochado.

CUARTO: Que, asimismo, si bien el Servicio recurrido tiene facultad para compensar deudas, esta compensación no se vincula con créditos impagos, de manera que no es posible entender que, por sí y ante sí, Tesorería pueda aplicar la compensación en términos generales como lo ha hecho, sin perjuicio de ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer efectivo el pago de deudas que los particulares tengan para con el Estado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional de protección deducida a favor de don nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional de Tarapacá y, en consecuencia, se ordena a la recurrida efectuarle el reintegro inmediato de la suma de $5.000.000.- que le fuera indebidamente compensada.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 1276-2024 Protección.