Protección contra Sección de Remuneraciones de dicha institución

Iquique, veinticinco de junio de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Ricardo Figueroa Vilches, abogado, en representación de doña nombre reservado, funcionaria activa de la Policía de Investigaciones de Chile (“PDI"), por quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de dicha institución, por la vulneración de los derechos garantizados en los artículos 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ha prestado servicios en diversas zonas del país que otorgan derecho a la "Gratificación por Zona", específicamente en Iquique desde el 17 de diciembre de 2001 al 28 de enero de 2011 y desde esa fecha al 13 de febrero del 2017, en la ciudad de Calama, siendo posteriormente destinada a la ciudad de La Serena, prestando servicios desde el 13 de febrero de 2017 hasta el 10 de marzo de 2020, cuyos incrementos eran de 40%, 35%, y 15% respectivamente. La controversia surge porque en el cálculo de dicha asignación de zona no se incluyó la "Asignación de Grado Efectivo" (código H0050), la cual, según la actora, constituye parte de la remuneración y debe ser considerada en la base de cálculo. Esta situación resultó en un pago incompleto de sus remuneraciones durante los períodos referidos. Señala que tuvo conocimiento de esta irregularidad el 3 de mayo de 2025, al ser informada por un excolega sobre la existencia de acciones legales similares que habían sido acogidas.

Califica como ilegal y arbitraria la omisión por parte de la Sección de Remuneraciones de la PDI de saldar las diferencias adeudadas por el incorrecto cálculo de la "asignación de zona" durante el período previo al 26 de abril de 2021. Fundamenta la ilegalidad de esta omisión en el incumplimiento de los artículos 97 y 98 del DFL N°1 de 1980, Estatuto del Personal de la PDI, que establecen la obligación del empleador de pagar la remuneración de forma íntegra como contraprestación por los servicios prestados. Sostiene que la PDI realiza una interpretación errónea del Dictamen N°E98928 de 2021 de la Contraloría General de la República, al considerar que este crea un nuevo derecho a partir de su fecha de emisión, cuando en realidad solo aclara una normativa preexistente (DFL N°1 de 1998), cuyo cumplimiento era exigible desde su entrada en vigor.

Asimismo, denuncia que la conducta de la recurrida es discriminatoria, ya que ha procedido a pagar la totalidad de los montos adeudados por el mismo concepto y período a otros funcionarios y exfuncionarios, como don nombre reservado y don nombre reservado. Estos pagos se han realizado en cumplimiento de sentencias judiciales, lo que evidencia un trato desigual ante situaciones idénticas.

Esta omisión priva a la recurrente de una parte de su remuneración, la cual ya se ha incorporado a su patrimonio por el trabajo realizado. En segundo lugar, crea una diferencia injustificada y arbitraria entre la recurrente y otros funcionarios que, estando en la misma posición, sí han recibido el pago íntegro de lo que se les debía.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida regularizar el pago de los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021, más reajustes legales. Acompaña documentos.

Evacúa informe la Policía de Investigaciones oponiendo, en primer lugar, la excepción de prescripción argumentando que, conforme lo dispone el artículo 99 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, el derecho al cobro de asignaciones prescribe en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que se hicieron exigibles, plazo cumplido con creces desde que se produjeron las diferencias en los estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable.

En segundo lugar, reclama la extemporaneidad de la acción fundado en que este asunto no fue conocido como señala la recurrente el 03 de mayo del 2025, por noticia de prefecto inspector en retiro, nombre reservado, quien también presentó recurso de protección por estos mismos hechos, sino que fue un asunto litigioso de público conocimiento dentro de la población policial con la dictación de la sentencia de la Corte Suprema de 15 de diciembre de 2022, excediendo con creces el plazo de 30 días corridos desde que haya tenido conocimiento de los hechos que reclama establecido en el auto acordado que regula la materia.

En tercer lugar, informa sobre el fondo haciendo presente que recientemente la Corte Suprema ha confirmado las sentencias que han rechazado las acciones de protección por estos mismos hechos, estimando que se trata de un asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda, a través de un procedimiento de lato conocimiento, atendido que no le asiste un derecho indubitado.

De esta forma, los pagos solicitados son improcedentes por estar prescritos y no existe acto ilegal o arbitrario de su parte, ni afectación de garantía constitucional alguna, por lo que insta al rechazo de la acción. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, a través de este arbitrio se reclama respecto del saldo de remuneración adeudado por la institución a la recurrente, por no haber calculado correctamente la asignación de zona en relación con su asignación de grado efectivo.

TERCERO: Que en razón de lo que se razonará en las siguientes motivaciones, considerando la naturaleza cautelar de este recurso y la forma en que se planteó el recurso escrito, se rechazará la excepción de prescripción extintiva de la obligación reclamada y de extemporaneidad.

CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, del mérito de autos se colige que la pretensión de la actora dice relación con el pago retroactivo de sus remuneraciones como funcionaria de la institución recurrida, correspondiente al periodo comprendido desde su ingreso hasta el año 2021, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

En efecto, el derecho a percibir una asignación de zona exige la acreditación sus presupuestos fácticos y legales que deben ser verificados por el órgano jurisdiccional de la instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que franquea el ordenamiento jurídico.

QUINTO: Que, por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar, como lo plantea la recurrida, la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspectos que dependen de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.

SEXTO: Que, por los motivos antes indicados, el recurso intentado no podrá prosperar por no asistir un derecho indubitado susceptible de ser tutelado a través de esta vía, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.

En ese sentido ha resuelto recientemente la Excma. Corte Suprema, en sentencia de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, dictada en autos Rol N°8.897-2025.

Por estas consideraciones, y visto lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de Policía de Investigaciones de Chile, Sección de Remuneraciones.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-1253-2025.