Protección contra Ejército de Chile
- Fecha
- 20 de marzo de 2026
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Iquique, Rol N° 116-2026, sentencia de 20 de marzo de 2026
Resumen
Se rechaza la protección contra el Ejército de Chile: la destinación a Arica es facultad privativa de la autoridad militar, está motivada en necesidades institucionales, mantiene unida a la familia y no impide el acceso a la salud del hijo de los recurrentes.
Texto íntegro
Iquique, veinte de marzo de dos mil veintiséis.
VISTO:
Comparecen los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, ambos Cabos Primero del Ejército de Chile, quienes deducen acción constitucional de protección en contra del Ejército de Chile, representado por el Comandante de la División de Personal, por el acto que califican de ilegal y arbitrario consistente en la orden de destinación de ambos hacia la 1ª nombre reservado "Coraceros" en la ciudad de Arica, para el periodo 2026-2028, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1, 2 y 9 de la Constitución Política de la República.
Exponen que ambos prestan servicios en la zona -Macro Zona de Salud “Iquique” y nombre reservado "Cazadores" respectivamente-, están domiciliados en la ciudad de Iquique, y son padres del menor nombre reservado, de 6 años, quien presenta un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) con compromiso en la comunicación social y patrones de comportamiento restringidos, Trastorno por déficit de atención con hiperactividad; Síndrome Hipotónico Central;
Antecedentes de retraso del desarrollo motor; Hipercemia y Alergias Alimentaria, quien desde temprana edad, ha presentado dificultades para tolerar cualquier tipo de cambios en sus rutinas, relaciones interpersonales y/o cualquier alteración al medio donde regularmente se desenvuelve, razón por la cual, de concretarse esa destinación, obligaría al grupo familiar a radicarse en la región de Arica- Parinacota con el consiguiente grave impacto a su hijo, lo que afectaría en su derecho constitucional a la integridad física y psíquica de las personas y de igualdad ante la ley.
Indican que el niño se encuentra bajo un tratamiento multidisciplinario intensivo en Iquique, que incluye neurología pediátrica, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología en el Centro Terapéutico Infantil “EMUNA”, “AYUN” y el Colegio nombre reservado, único plantel preparado para atender casos de TEA severo, donde cuenta con un programa de integración y acompañamiento que ha permitido avances significativos en su desarrollo, logrando ser promovido a primer año básico.
Expone que fueron notificados que para este año 2026, habían sido destinados a la ciudad de Arica, “por estricta necesidades del servicio”, decisión que no cuestionan y acatan debidamente, dado que, laboralmente, están sujetos a ser destinados a cumplir misiones en cualquier lugar del país. Sin embargo, contactaron establecimientos en la ciudad de Arica, y en todos ellos se indicó la imposibilidad de matricular a su hijo, por no reunir las condiciones de infraestructura y personal, por lo que la destinación sería totalmente contraria a los intereses y bienestar de su hijo.
Señalan que, no obstante haber informado oportunamente la situación de salud de su hijo y la de la propia recurrente señora nombre reservado, quien padece un cuadro de salud mental vinculado al estrés de la situación de Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión, mediante el respectivo recurso de reposición, la institución castrense mantuvo las órdenes de destinación a la Primera nombre reservado "Coraceros" en Arica, según oficio DIVPER II/2b/2 (R) N.°NUM000 de 12 de enero de 2026.
Argumentan que el traslado implica una ruptura crítica en la continuidad del tratamiento del menor, lo cual constituye una amenaza a su integridad psíquica y física, además de una vulneración al derecho de protección de la salud y el interés superior del niño. Refieren que la respuesta administrativa de rechazo a su recurso de reposición, de fecha 12 de enero de 2026, no ponderó debidamente los antecedentes médicos acompañados, alegando falta de fundamentación a su respecto.
Finalmente pide que se deje sin efecto las destinaciones de los recurrentes, manteniéndolos en Iquique, que el acto recurrido carece de fundamentación, reestableciendo el imperio del derecho. Acompaña documentos.
Evacua informe el Ejército de Chile, a través de la División de Personal, solicitando el rechazo del recurso. En primer término, alega que no existen derechos invitados de los recurrentes en el acto de destinación, ya que se motiva en la necesidad institucional de administrar el recurso humano, no pudiendo ser objeto de la presente acción.
Expone la extemporaneidad de la acción respecto del Cabo nombre reservado, por cuanto su destinación fue dispuesta por Resolución Exenta CDO CJE DIVPER II/2/b/1 (R) N°NUM001 de 08 de septiembre de 2025, notificada el 16 de aquel mes y año. Mientras a la Cabo nombre reservado, mediante Resolución Exenta DIVPER II/2/b/2 (R)
N°NUM002 de 24 de Octubre de 2025, notificada con dicha fecha.
Aclara que el Plan anual de destinaciones 2026 que determina el traslado de cientos de suboficiales, se determinó en septiembre de 2025, y que la destinación de la Cabo nombre reservado se produce por arrastre de su cónyuge, para evitar disgregación familiar.
Expone que en virtud del derecho de petición se puede pedir que no se lleve a cabo la destinación, manteniéndose de la unidad militar de origen por situaciones excepcionales o comprometan vida o salud de uno de los miembros, y que dicha solicitud no fue presentada por el Cabo Alarcon, si por la Cabo nombre reservado el 03 de noviembre de 2025, lo cual fue respondido en oficio DIVPER II/2b/2 (R)
N.°NUM000 de 12 de enero de 2026.
Refiere que dicho oficio que contiene la decisión de mantener la destinación de la cabo nombre reservado no es un recurso administrativo, sino una respuesta fundada en el derecho de petición. Estimando que las resoluciones de septiembre y octubre no quedan ejecutoriadas por la comunicación de enero, recordando la presunción de legalidad y exigibilidad del acto administrativo, que tomaron conocimiento mediante la notificación de sus actos, por lo que el plazo de 30 días se encuentra latamente sobrepasado.
En cuanto al fondo, sostiene que las destinaciones se enmarcan dentro de la discrecionalidad administrativa y las necesidades del servicio, facultades conferidas por el DFL N° 1 de 1997 Estatuto del Personal de las FF.AA. Asimismo, afirma que no existe arbitrariedad, ya que la institución procuró mantener la unidad del grupo familiar al destinar a ambos cónyuges a la misma guarnición en Arica.
Añade que el cabo nombre reservado, cuya destinación es el principal fundamento de la destinación de su cónyuge no ejerció vías administrativas internas para impugnar o revisar la destinación, lo que a su juicio debilita la acción cautelar conjunta.
Respecto a la salud del menor, argumenta que el diagnostico sostiene la dificultad de adaptación, más no la imposibilidad de insertarse en un nuevo entorno siguiendo las mismas recomendaciones, que con independencia del lugar en que se radiquen, con apoyo y tratamiento respectivo ello se debiese atenuar y evitar, existiendo disposiciones internas para facilitar salida de personas con hijos TEA con crisis o necesidad de asistencia, y que la ciudad de Arica cuenta con la infraestructura médica necesaria, tanto institucional (Centro Clínico Militar) como privada y pública, para asegurar la continuidad del tratamiento. Añade que los recurrentes, al ingresar voluntariamente a la institución, aceptaron el régimen de movilidad que es propio de la carrera militar, y que las necesidades de completar las dotaciones en zonas fronterizas priman sobre los intereses particulares de los funcionarios. Acompaña documentos.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.
SEGUNDO: Que, previo al análisis de fondo, debe examinarse la oportunidad de la interposición del recurso, puesto que el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia establece un plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o desde que se tuvo conocimiento de este.
En este orden de ideas, consta que la Resolución Exenta CDO CJE DIVPER II/2/b/1 (R) N° NUM001, que dispuso las destinaciones, data del 08 de septiembre de 2025, respecto al señor nombre reservado, y Resolución Exenta DIVPER II/2/b/2 (R)
N°NUM002 de 24 de Octubre de 2025, relativa a la señora nombre reservado, de manera que a la luz de estos antecedentes, la pretensión resulta extemporánea.
TERCERO: Ahora bien, la solicitud de 3 de noviembre de 2025 ejercida por la señora nombre reservado, no corresponde a un recurso administrativo sobre aquellos actos, sino una solicitud, la cual se ampara bajo el derecho de petición presentado por sí, en tal sentido, la respuesta emitida el 12 de enero, y notificada el 5 de febrero de los corrientes, no constituye un acto terminal que ordena la destinación de ambos recurrentes, sino sólo una respuesta a la petición de doña nombre reservado.
En consecuencia, considerando los actos que disponen las destinaciones de los recurrentes, y la fecha de presentación de este arbitrio -06 de febrero de 2026-, ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días previsto en la norma, lo que conlleva la inadmisibilidad de la acción por extemporánea.
CUARTO: Sin perjuicio de lo anterior, y entrando en un análisis del acto impugnado, se debe precisar que el personal militar, por la naturaleza de sus funciones y en virtud de lo dispuesto en Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, se encuentra sujeto a un régimen de movilidad institucional.
La destinación es una facultad privativa de la autoridad militar, fundada en la necesidad de asegurar la operatividad y eficiencia de la fuerza en todo el territorio nacional, especialmente en unidades de importancia estratégica como las ubicadas en zonas fronterizas, como es el caso, razón que fundamentó la decisión de la autoridad castrense de disponer la medida recurrida.
QUINTO: Que, en el caso del recurrente nombre reservado, consta que este ha cumplido con los tiempos mínimos de permanencia en su actual unidad, por lo que su rotación se ajusta a la planificación de carrera habitual de la institución, y por tanto, no se observa un trato discriminatorio o arbitrario, sino el ejercicio de una potestad legalmente conferida.
Mientras que, de la recurrente nombre reservado, los antecedentes demuestran que el Ejército de Chile ha obrado precisamente en sentido contrario a la separación familiar, considerando su vínculo conyugal con el señor nombre reservado, y en miras de mantener unida a la familia, la autoridad administrativa ha dispuesto la destinación de ambos cónyuges de manera conjunta a la ciudad de Arica, con el objeto de conciliar la necesidad del servicio con el mantenimiento del núcleo familiar, evitando la separación de los padres o de estos respecto de su hijo.
SEXTO: Finalmente, no se ha acreditado que la ciudad de Arica carezca de una oferta médica para tratar las patologías del menor, por el contrario, al tratarse de una capital regional -al igual que esta ciudad-, cuenta con una red de salud tanto pública, privada y militar, claramente equiparables, asegurando la continuidad de las prestaciones médicas requeridas por el niño.
SEPTIMO: En consecuencia, el acto administrativo impugnado emana de una autoridad facultada por ley, se encuentra debidamente motivado en las necesidades institucionales y no resulta caprichoso, respetando la unidad familiar y no impide el acceso a la salud del hijo de los recurrentes. Por lo anterior, no existe ilegalidad ni arbitrariedad que deba ser corregida por esta vía cautelar.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado y don nombre reservado en contra del Ejército de Chile.
Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.
Rol Corte N° 116-2026 Protección.