Protección contra Sección de Remuneraciones de dicha institución

Iquique, siete de julio de dos mil veinticinco.

VISTO:

Comparece don Ricardo Figueroa Vilches, abogado, en representación de don nombre reservado, ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile (“PDI"), por quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de dicha institución, por la vulneración de los derechos garantizados en los artículos 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que prestó servicios desde el 02 de enero de 1991 hasta su retiro en 2024 en diversas zonas del país que otorgan derecho a gratificación por zona, en Iquique desde 1993 hasta el 25 de enero de 2000; en Lebu desde el 25 de enero de 2000 hasta el 29 de abril de 2004; en Antofagasta desde el 29 de abril de 2004 hasta el 24 de febrero de 2010 y en Angol, región de Malleco, desde el 23 de noviembre de 2021 hasta el 9 de noviembre de 2022, cuyos incrementos eran de 40%, 25%, 35% y 25% respectivamente.

Explica que la controversia surge porque en el cálculo de dicha asignación de zona no se incluyó la "Asignación de Grado Efectivo" (código H0050), la cual constituye parte de la remuneración y debe ser considerada en la base de cálculo. Esta situación resultó en un pago incompleto de sus remuneraciones durante los períodos referidos. Señala que tuvo conocimiento de esta irregularidad el 19 de abril de 2025, al ser informada por un excolega que ya había obtenido un fallo favorable en una causa idéntica.

Califica como ilegal y arbitraria la omisión por parte de la Sección de Remuneraciones de la PDI de saldar las diferencias adeudadas por el incorrecto cálculo de la "asignación de zona" durante el período previo al 26 de abril de 2021. Fundamenta la ilegalidad de esta omisión en el incumplimiento de los artículos 97 y 98 del DFL N°1 de 1980, Estatuto del Personal de la PDI, que establecen la obligación del empleador de pagar la remuneración de forma íntegra como contraprestación por los servicios prestados. Sostiene que la PDI realiza una interpretación errónea del Dictamen N°E98928 de 2021 de la Contraloría General de la República, al considerar que este crea un nuevo derecho a partir de su fecha de emisión, cuando en realidad solo aclara una normativa preexistente (DFL N°1 de 1998), cuyo cumplimiento era exigible desde su entrada en vigor.

Asimismo, denuncia que la conducta de la recurrida es discriminatoria, ya que ha procedido a pagar la totalidad de los montos adeudados por el mismo concepto y período a otros funcionarios y exfuncionarios, como don nombre reservado y don nombre reservado. Estos pagos se han realizado en cumplimiento de sentencias judiciales, lo que evidencia un trato desigual ante situaciones idénticas.

Esta omisión priva a la recurrente de una parte de su remuneración, la cual ya se ha incorporado a su patrimonio por el trabajo realizado. En segundo lugar, crea una diferencia injustificada y arbitraria entre el recurrente y otros funcionarios que, estando en la misma posición, sí han recibido el pago íntegro de lo que se les debía.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida regularizar el pago de los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021, más reajustes legales. Acompaña documentos.

Evacúa informe don Omar Castro Torres, abogado, en representación del Director General de la Policía de Investigaciones, en primer lugar, alega la prescripción de seis meses establecida en el artículo 99 de la Ley N°18.834 para el cobro de asignaciones.

En segundo lugar, alega la extemporaneidad de la acción interpuesta ya que cuestiona que el actor haya señalado como fecha de conocimiento el 19 de abril de 2025 por referencia de un tercero, sin acreditación objetiva, puesto que los hechos son de público conocimiento desde 2019 y que incluso existen fallos desde diciembre de 2022 y 2023 sobre el mismo tema, por lo que no se puede justificar válidamente el inicio reciente del cómputo del plazo.

En tercer lugar y en subsidio de las alegaciones anteriores, evacúa informe respecto del fondo, sostiene que no ha existido un acto ilegal o arbitrario por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, ya que la institución ha actuado conforme a los dictámenes vinculantes de la Contraloría General de la República. Afirma que el recurso de protección no es la vía adecuada para reclamar el pago retroactivo de remuneraciones, como la gratificación de zona, pues se trata de un conflicto que debe ventilarse en un juicio declarativo. Añade que no se acreditan derechos indubitados, ni se especifican montos ni fundamentos concretos que sustenten la pretensión, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Asimismo, sostiene que no es posible extender el derecho al pago de la asignación de grado efectivo más allá de lo que permite la normativa vigente, recordando que el beneficio fue regulado formalmente en 1998, por lo que no procede aplicarlo a períodos anteriores a su establecimiento legal.

Reitera que el pago no se efectuó al recurrente por encontrarse prescrito el derecho, y concluye que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que, a través de este arbitrio se reclama respecto del saldo de remuneración adeudado por la institución al actor, por no haber calculado correctamente la asignación de zona en relación con su asignación de grado efectivo.

TERCERO: Que, en primer lugar, se rechazará la alegación de extemporaneidad de la acción de protección, atendido el tenor del recurso que plantea una vulneración de carácter permanente, sin perjuicio de lo que se resolverá en cuanto al fondo.

CUARTO: Que, del mérito de autos se colige que la pretensión del actor dice relación con el pago retroactivo de sus remuneraciones como ex funcionario de la institución recurrida, correspondiente al período contemplado desde el 02 de enero de 1991 hasta los que correspondan a la fecha de su retiro, asunto que, por su naturaleza, debe ser objeto de pronunciamiento en la instancia judicial declarativa que corresponda.

En efecto, el derecho a percibir una asignación de zona exige la acreditación sus presupuestos fácticos y legales que deben ser verificados por el órgano jurisdiccional de la instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que franquea el ordenamiento jurídico.

QUINTO: Que, por otro lado, la época en que se habría producido la exigibilidad del derecho que se reclama podría ameritar, como lo plantea la recurrida, la discusión acerca de la prescripción de la acción para exigirlo, aspectos que dependen de un proceso y un pronunciamiento eminentemente declarativos.

SEXTO: Que, por los motivos antes indicados, el recurso intentado no podrá prosperar por no asistir un derecho indubitado susceptible de ser tutelado a través de esta vía, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.

En ese sentido ha resuelto recientemente la Excma. Corte Suprema, en sentencias reciente de 28 de abril, 2, 9 y 30 de mayo, roles 8.897-2025, 14.117-2025, 14.438-2025, 17.441-2025 respectivamente.

Por estas consideraciones, y visto lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de Policía de Investigaciones de Chile, Sección de Remuneraciones.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° Protección-1152-2025.