nombre reservado CONTRA nombre reservado nombre reservado ALCALDE DE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO Y OTROS

IQUIQUE, doce de marzo de dos mil catorce.

VISTO:

A fojas 33, comparece la abogada doña Daniela Belén Orellana Segovia, domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad, en representación de don nombre reservado, chileno, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección contra del Honorable Concejo de la Municipalidad de Alto Hospicio, y cada uno de sus miembros presentes durante la 1° Sesión Ordinaria, realizada el día 7 de Enero pasado, a la que asistieron los Concejales René Cáceres, Sergio Reyes, Jessica Beccera, María Inés Macchiavello, Orlando Garay y el presidente del Concejo, el Alcalde Sr. nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, por haber emitido, mediante el acuerdo N° 4/14, una decisión arbitraria e ilegal consistente en rechazar infundadamente una solicitud de patente efectuada por su representado que cumplía todas las exigencias y requisitos establecidos por la Ley.

Sostiene, en síntesis, que con fecha 11 de octubre de 2013, su representado presentó la solicitud de patente de alcohol tipo “bar con expendio de bebidas alcohólicas y venta de comida rápida”, acompañando una serie de antecedentes consistentes en formulario de solicitud de patentes; formulario de solicitud de informe previo para patentes (zonificación); título de dominio vigente de la propiedad o contrato de arrendamiento; certificado de antecedentes para fines especiales; certificado de recepción final emitido por la Dirección de Obras Municipales, de la Municipalidad de Alto Hospicio; fotocopia de la cédula de identidad de su mandante; fotocopia de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos; declaración jurada del artículo 4 de la Ley 19.925; y oficios edilicios a Carabineros de Chile y a la Junta de Vecinos del sector, para que ambos se pronunciaran respecto a la factibilidad de otorgar la patente solicitada.

Añade que pese a que cada uno de los organismos sectoriales que debía pronunciarse sobre la solicitud de la patente emitió informes favorables, el 7 de enero último, durante la Primera Sesión Ordinaria del Concejo y mediante el Acuerdo N° 004/2014, éste optó rechazar la solicitud de patente de alcohol solicitada, no dando razones de dicha decisión, limitándose a señalar que previo a tomar la determinación, se revisó los términos en que se encuentra redactado el artículo 33 de la Ordenanza Municipal N° 5 de Alcoholes y su modificación, con el propósito de establecer el verdadero sentido y alcance de la expresión "otras denominaciones análogas" en relación con la Ley de Alcoholes N° 19.925, y la Ley de Rentas Municipales.

Indica que el rechazo es arbitrario e ilegal, dado que su representado cumplió con todas y cada una de las exigencias legales y reglamentarias aplicables, agregando que su solicitud fue rechazada sin fundamentos normativos ni racionales sino en base al mero capricho de la autoridad, vulnerando de esta manera los derechos consagrados en los numerales 2 y 21 del artículo 19 de la carta Fundamental.

Agrega que el Concejo de la Municipalidad de Alto Hospicio violó y omitió el cumplimiento de normas legales expresas, y que además, desconoció informes y pronunciamientos favorables de los órganos competentes que visaron positivamente su solicitud de patente municipal, añadiendo que su acción infringe el principio de legalidad, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, recogido también en el artículo 2 de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, añadiendo que en la especie concurren causales de anulación, revocación o invalidación del acto administrativo impugnado, y que el uso la potestad Municipal debe ser reglada y no discrecional, ya que la ley establece claramente los supuestos de hecho, de derecho y los procedimientos que se deben seguir y bajo los cuales debe emitir su pronunciamiento.

Expone que se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, pues ha recibido un trato “desigual” por parte del Concejo Municipal respecto de otros solicitantes a quienes se les ha otorgado patente, lo que implica una diferencia arbitraria en su contra, añadiendo que además se ha violentado el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, al verse imposibilitado de ejercer la actividad para la cual ha puesto todo su capital.

Finaliza solicitando acoger la acción de protección interpuesta, se deje sin efecto el Acuerdo N° 004/2014, y se ordene la concesión de la patente de alcohol tipo bar con expendio de bebidas alcohólicas y venta de comida rápida a don nombre reservado, y/o se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del Derecho, y asegurar la debida protección de su representado, con costas.

Acompaña los antecedentes que corren agregados de fojas 1 a 32.

A fojas 57, informa la recurrida, alegando en primer término, la ausencia de legitimación pasiva, ya que el recurrente dirige su arbitrio contra el Alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio y el Honorable Concejo Municipal, en circunstancias de que conforme al artículo 2 de la Ley N° 18.565, debió dirigirlo contra la “Municipalidad de Alto Hospicio”, toda vez que conforme la normativa señalada, se considera que es ésta quien toma la decisión.

En cuanto al fondo, indica que el Municipio y el Concejo Municipal no han incurrido en un acto arbitrario o ilegal, ya que conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal de Alcoholes Nº 5, de fecha 4 de febrero del año 2005, la referida patente se otorgará una vez cumplidos todos los requisitos exigidos al usuario, previo acuerdo del Concejo Municipal, de modo que resulta facultativo para éste su otorgamiento, como emana de la propia Ordenanza de Alcoholes, en concordancia con la ley del mismo orden, la que no exige a los Concejales una decisión fundada, haciendo presente las potestades que tienen las Municipalidades conforme al artículo 12 de la Ley N° 18.695, que las faculta a dictar normas de carácter general, obligatorias y permanentes respecto de los habitantes de la comuna, mediante sus ordenanzas.

Añade que la aludida reglamentación municipal de alcoholes, no contempla en caso alguno un procedimiento reglado ni exige una decisión fundada del Concejo o la Municipalidad para rechazar el otorgamiento de una patente de alcoholes, ejecutándose las decisiones edilicias conforme la normativa que regula su actuar, lo que encuentra sustento en la letra ñ) del artículo 65 de la Ley N° 18.565 que le confiere facultades, atribuciones o poder al Alcalde y al Concejo Municipal para poder tomar decisiones sobre las patentes en referencia. Explica que el Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal, y éste, no son una comisión especial, sino que se hayan previamente constituidos y revestidos por el legislador de las facultades necesarias para pronunciarse sobre las patentes de alcoholes que se soliciten, insistiendo en la inexistencia de exigencias de un pronunciamiento fundado.

Concluye manifestando que no existe infracción de garantías constitucionales como se ha manifestado en el recurso, por lo que solicita su rechazo con costas.

A fojas 62, se trajeron estos autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Asimismo, la arbitrariedad o ilegalidad del acto contra el cual se recurre debe aparecer de manifiesto, sin necesidad de que en esta sede pueda rendirse prueba o valorarse otras circunstancias que ameriten un examen de mayor amplitud o profundidad, pues la característica de brevedad e inmediatez del recurso lo impide, existiendo para ello, los procedimientos ordinarios que la ley franquea.

SEGUNDO: Que, previo al análisis del asunto de fondo, se rechazará la alegación de falta de legitimación pasiva esgrimida por el recurrido, pues el presente recurso, atendida su naturaleza, especialidad y finalidad, no se encuentra sujeto a formalidad o requisito alguno respecto del modo en que deba interponerse ni dirigirse contra quien se estima autor de la ilegalidad o arbitrariedad denunciada, primando siempre, como emana del articulado general del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, el principio de conferir a los agraviados la mayor amplitud y facilidad para la defensa de las garantías constitucionales eventualmente amagadas.

TERCERO: Que de los antecedente expuestos, y sobre los cuales deberá determinarse si existió o no la vulneración de garantías acusada, en concordancia con lo expuesto en el motivo primero, debe observarse que la presente acción de protección se funda, en síntesis, en la negativa de la Municipalidad de Alto Hospicio de otorgar una patente de alcoholes a la recurrente, y en la falta de fundamentación de dicha decisión.

CUARTO: Que tal actuación no puede estimarse constitutiva de una infracción de derechos fundamentales, desde que el contexto en que se enmarca se encuentra dentro de las atribuciones propias y exclusivas de las autoridades recurridas.

En efecto, la concesión de una patente de alcoholes no constituye una obligación para la Municipalidad, ni aún en el evento que el solicitante cumpla con todos los requisitos del caso, como emana de los artículos 1° y 20 de la Ordenanza de Alcoholes N° 05, de la Municipalidad de Alto Hospicio, de fecha 4 de febrero de 2005.

Ciertamente, el artículo 1° de la normativa indicada, refiere que las señaladas patentes “podrán” ser otorgadas por la Municipalidad cumplidos los trámites y actuaciones contendidos en dicha ordenanza, mientras que el artículo 20 del mismo estatuto, indica que se otorgará la patente una vez cumplidos todos los requisitos exigidos, “previo acuerdo” del Concejo Municipal.

De este modo, fluye claramente del texto regulatorio que las autoridades edilicias no se encuentran forzadas a acceder a la petición del solicitante, pues para ellas resulta facultativo acceder o no a su pretensión, existiendo en realidad para aquel tan sólo una mera expectativa de llegar obtener el referido permiso, mas no un derecho absoluto por el sólo hecho de cumplir con las exigencias legales y normativas existentes al efecto.

Por otro lado, respecto de la ausencia de fundamentación de la decisión impugnada, valga indicar que efectivamente, como sostiene el recurrido, la Ordenanza en análisis no contempla norma alguna que exija al Municipio dejar constancia de los argumentos de su opción, pudiendo hacer referencia, entonces, solamente a lo resolutivo de su determinación, como de hecho aparece en el acuerdo N° 004/2014, situación que en opinión de los sentenciadores no resulta equivalente a la inexistencia de fundamentos, como pretende establecer la recurrente, desde que entienden que toda decisión es el resultado final de un proceso de razonamiento cuyo caso claramente es el presente, pues fluye de los antecedentes del proceso, que son valorados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que aquella se adoptó en el seno de una sesión ordinaria de un Concejo Municipal, contexto que necesariamente implica una instancia de exposición, discusión y votación de los asuntos sometidos a su conocimiento, y que por tanto descarta desde ya el capricho esgrimido por la recurrente.

QUINTO: Que, finalmente, no se han infringido las garantías fundamentales contempladas en los numerales 2 y 21 del artículo 19 de la Constitución pues, en relación a la primera, la recurrente no acompañó antecedente alguno que permita establecer que efectivamente otro solicitante, en sus mismas condiciones, haya obtenido la patente que reclama, y respecto de la segunda, porque la autoridad Municipal no afecta el libre emprendimiento económico cuando adopta una decisión en pleno uso de las facultades privativas que le asisten.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el recurso deducido en lo principal de fojas 33, por doña Daniela Belén Orellana Segovia en representación de don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del Fiscal Subrogante Sr. Andrés Provoste Valenzuela.

Rol I. Corte Nº 113-2014 Civil (Protección)

Pronunciada por los Ministros Titulares Sra. MIRTA CHAMORRO PINTO, Sr. nombre reservado y el Fiscal Judicial Subrogante Sr. nombre reservado. Autoriza doña nombre reservado, Secretaria Subrogante.

En Iquique, a doce de marzo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.

7