Protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique

Iquique, seis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, fonoaudióloga, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, por la decisión de no renovar su contrato a plazo fijo, acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que trabajó desde 2020 en los CESFAM Videla y Guzmán de Iquique, primero a honorarios y luego a contrata plazo fijo, con renovaciones sucesivas desde 2021 hasta 2025, las que se practicaban sin aviso previo. En dicho periodo asegura que mantuvo un buen desempeño puesto que todos los años fue calificada en lista A, por lo que desconoce el fundamento de su desvinculación.

Refiere que se presentó a trabajar el 02 y el 05 de enero del año en curso, y que tomó conocimiento de la decisión impugnada tras realizar consultas respecto a su agenda electrónica, la que no presentaba atenciones agendadas para dicho día. Ante esto y debido a la ausencia de su jefatura directa es derivada a Recurso Humanos de la Corporación quienes tras una espera de cuatro horas no es atendida por la jefatura de la unidad, sino que una secretaria le hacen entrega de la copia de la carta certificada que habría sido enviada a su domicilio y le indica que habría sido desvinculada. Por su parte la recurrente asegura que nunca recibió dicha carta.

Alega que no se le informó anticipadamente los motivos de la desvinculación, que no firmó finiquito, y que la decisión carece de fundamentación suficiente, invocando normas de la Ley N°19.880, del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y doctrina de confianza legítima. Cita jurisprudencia.

Solicita se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, se deje sin efecto el acto administrativo expreso o tácito de no renovación para el período 2026, se ordene dictar un nuevo acto ajustado a derecho y se dispongan medidas para restablecer el imperio del derecho, incluyendo la continuidad en el desempeño de sus funciones. Acompaña documentos.

Evacúa informe la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, solicitando el rechazo íntegro del recurso. Expone que la recurrente funda su acción en la no renovación de un contrato de trabajo de plazo fijo con vencimiento al 31 de diciembre de 2025, e invoca la doctrina de la confianza legítima; sin embargo, sostiene que dicha doctrina es improcedente en la especie, por tratarse de un vínculo regido por la Ley N°19.378 y no de una contrata sujeta al Estatuto Administrativo o al Estatuto de Funcionarios Municipales.

Señala que la finalización se produjo por la causal de vencimiento del plazo del contrato, contemplada en la letra c) del artículo 42 de la Ley N°19.378, y que dicha circunstancia fue comunicada a la recurrente mediante carta certificada enviada al domicilio fijado en el contrato.

Agrega que el hecho de que la recurrente haya concurrido al establecimiento en enero de 2026 no configura el inicio de una nueva relación laboral, pues no se extendió un nuevo contrato de plazo fijo, y que advertido el hecho la recurrente fue citada para aclarar la situación.

Sostiene que la situación jurídica de la actora debe analizarse conforme al estatuto especial de atención primaria de salud municipal contenido en la Ley N°19.378, y no bajo las reglas generales del Estatuto Administrativo Municipal ni de la doctrina de la confianza legítima elaborada para funcionarios a contrata. Expone que el artículo 14 de la citada ley contempla contratación indefinida y a plazo fijo, indicando que esta última tiene una duración igual o inferior a un año, y que la estabilidad propia del régimen indefinido se adquiere por las vías legales previstas, entre ellas concurso público y mecanismos especiales incorporados por la Ley N°21.308.

Añade que, por tratarse de una entidad administradora de salud municipal, con reglas propias sobre dotación anual y financiamiento, resulta aplicable la causal especial de término por vencimiento del plazo prevista en el artículo 42 letra c) de la Ley N°19.378, la que desplaza la aplicación del régimen general invocado por la recurrente. Sobre esa base, afirma que la actora no gozaba de estabilidad asimilable a un contrato indefinido y que el recurso intentaría, en los hechos, construir una vía indirecta de acceso a dicha estabilidad mediante la invocación de la confianza legítima.

Finalmente, reprocha a la acción una fundamentación que estima inconexa, por mezclar argumentos del Código del Trabajo y del régimen estatutario, concluyendo que no se han vulnerado las garantías de igualdad ante la ley ni de propiedad.

Evacuado la ampliación del informe ordenado a folio 12, la institución recurrida acompaña la totalidad de los contratos celebrados entre las partes, los cuales totalizan siete instrumentos desglosados de la siguiente forma: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a Honorarios (Ley N° 19.378) iniciado el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, bajo el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial; Contrato de Trabajo a Plazo Fijo (Ley N° 19.378) celebrado el 1 de enero de 2021; Modificación de Contrato de Trabajo de 8 de marzo de 2021; Contratos de Trabajo a Plazo Fijo (Ley N° 19.378) sucesivos, celebrados los días 3 de enero de 2022, 3 de enero de 2023 y 3 de enero de 2024, todos sujetos al programa PRAPS de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial de la red Chile Crece Contigo; y un último Contrato de Trabajo a Plazo Fijo celebrado el 2 de enero de 2025.

Sobre la composición de la dotación de atención primaria de salud, la recurrida informa que durante el año 2025 la dotación alcanzó los 963 dependientes, de los cuales 686 (71,23%) poseían contratos indefinidos y 277 (28,76%) contratos a plazo fijo. Respecto al año 2026, la dotación total asciende a 969 dependientes, manteniéndose en 686 los contratos indefinidos (70,79%) y aumentando a 283 los contratos a plazo fijo (29,20%).

Asimismo, destaca que en el área de Fonoaudiología —disciplina de la recurrente— la dotación para el año 2025 contaba con dos profesionales, mientras que para el año 2026 la planificación contempla únicamente una plaza profesional.

Acompaña además un documento digital denominado "Masivo" que contiene la nómina del personal de salud de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Tal como se desprende del recurso e informe, no se controvierte que la recurrente prestó servicios para la recurrida, bajo contrato de honorarios desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, y que luego fue contratada a plazo fijo desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, así hasta el 31 de diciembre de 2025.

Impugna la actora la decisión de no renovar su contrato a plazo fijo, lo cual puso término a su relación laboral con la recurrida por vencimiento del plazo el 31 de diciembre de 2025, y de la que alegó haber conocido el 5 de enero de 2026.

TERCERO: Del mérito de los antecedentes allegados a la causa, ponderados conforme las reglas de la sana crítica, aparece que el recurrido fundamentó su decisión en la aplicación del artículo 42 letra c) de la Ley N°19.378, esto es, el vencimiento del plazo de contrato, el cual, conforme al artículo 14 de aquel cuerpo legal, que dispone: “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”. En la especie, la actora mantuvo contratos a plazo fijo desde el año 2021.

En tal sentido, el marco fáctico presentado difiere de los presupuestos por los que se ha sustentado la doctrina de la “confianza legítima”, no correspondiendo al caso de marras, por la naturaleza del régimen especial de contratación regulado por la Ley Nº19.378.

Aun soslayando aquello, la recurrente no demostró que su permanencia en el servicio superó los 5 años que se han establecido por la doctrina y jurisprudencia como periodo de continuidad laboral para configurar el señalado instituto.

CUARTO: No siendo controvertidas las circunstancias de la contratación de la actora, corresponde analizar la legalidad y razonabilidad del acto recurrido.

Sobre el primer requisito, se puede concluir que el acto obedece al ejercicio de una facultad legal del órgano administrativo, fundado en la Ley N°19.378, la cual contempla expresamente una causal especial de término por vencimiento del plazo prevista en el artículo 42 letra c).

En cuanto al segundo elemento, luego de los antecedentes aportados en la ampliación de informe, se advierte que la decisión resulta justificada y adecuada, considerando el número total de la dotación, los porcentajes a plazo indefinido y plazo fijo de la Corporación recurrida durante los años 2025 y 2026.

En tal sentido, la no renovación del contrato resulta acorde al cumplimiento de la finalidad legal de ajustarse a los porcentajes del artículo 14 de la mencionada ley; además, conforme a la planificación del servicio para el presente año, no requirió un cargo de fonoaudiólogo adicional, en consecuencia, no se advierte algún atisbo de arbitrariedad en el ejercicio de la potestad legal.

A mayor abundamiento, el acta de comparendo de conciliación ante la Inspección del Trabajo allegado por la recurrente, da cuenta del encause de la presente controversia por la vía ordinaria, elemento que lleva a sostener la ausencia de un derecho indubitado vulnerado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso deducido por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol 109-2026 Protección.